Sueldos políticos y bonificaciones fiscales
Como ya he hecho constar reiteradamente en esta bitácora, las bonificaciones fiscales que el gobierno regional pretende aplicar para “fijar población” y evitar el despoblamiento son 100 euros por nacimiento o adopción del segundo hijo o sucesivos; 1.000 euros por el establecimiento como autónomo o trabajador por cuenta propia; y un máximo de 50 euros por gastos en abonos de transporte público.
Son deducciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), es decir, descuentos, pero no de la base imponible o de la base liquidable sino de la cuota íntegra autonómica, con lo que al final la deducción, ya de por sí exigua, se queda en nada. Lo dicho: una limosna.
El Principado de Asturias ha anunciado a bombo y platillo esta majadería y además lo ha hecho poniendo de relieve el importantísimo esfuerzo económico que ello le va a suponer, pues esperan que estas deducciones fiscales totalicen 850.000,00 euros, de los que 100.000 irán al capítulo de natalidad; otros 100.000 al de emprendimiento y los 650.000 restantes al transporte.
Los números, por sí solos, son ofensivos, pero resultan insultantes si tenemos en cuenta que, tras su toma de posesión como presidente autonómico, Don Adrián Barbón procedió a remodelar su ejecutivo con dos nuevas consejerías, tres nuevas viceconsejerías, etc., etc., y esta renovación, absolutamente superflua e innecesaria, y mucho más en éstos tiempos de crisis, según toda la prensa regional tendrá un coste de más de 1.000.000 de euros anuales, pues los sueldos de estos limosneros son de 67.776,68 euros/año, en el caso del Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno del Principado, y de 58.130,32 euros/año, en el caso de los secretarios generales técnicos, directores generales y “altos cargos” asimilados, cantidades éstas que no incluyen las cotizaciones a la Seguridad Social (que superan el 40% de los sueldos) ni, por supuesto, las dietas y los gastos de representación y protocolarios, que tampoco son moco de pavo.
Pero no es necesario irse tan lejos para hacer comparaciones: porque, como ya he dicho aquí en reiteradas ocasiones, los salarios y seguros sociales de los cuatro concejales liberados en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea suponen alrededor de 200.000 euros/año, por lo que teniendo en cuenta que su mandato es por cuatro años, al final de este lo gastado en remunerarlos se aproximará bastante a la cantidad total de las deducciones fiscales según los cálculos del Principado.
Resumiendo: las bonificaciones fiscales que ofrece el ejecutivo regional para “fijar población” y evitar el despoblamiento equivalen cuantitativamente a lo que nos cuestan a los cangueses las retribuciones de estos cuatro concejales durante todo su mandato.
Hay que tener poca vergüenza !!!
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