Los intermediarios

Ahora entiendo perfectamente las misteriosas reticencias del Gobierno a facilitar la identidad de las empresas intermediarias en la adquisición del material sanitario preciso para hacer frente al COVID-19, aunque ello haya supuesto una inexplicable y flagrante violación de toda la normativa legal sobre transparencia y contratación pública.

Tengo que reconocer humildemente que, ante semejante opacidad, bien pensé que no existían tales intermediarios, lo que sin embargo me sigue pasando con los “expertos”, que a estas alturas todavía seguimos sin saber quiénes son.

Por fin, nos hemos enterado de en qué manos se puso el Gobierno para comprar las mascarillas, test, respiradores, etc., etc.

Y la primera sorpresa con la que me encuentro es que la mayoría de los intermediarios que actuaron para traer este material tan importante son empresas sin ninguna relación con la sanidad pero que, conociendo el percal, estoy seguro de que si la tienen con algún miembro del Gobierno o de las formaciones políticas que los sustentan.

Hasta el momento se tiene conocimiento de que el Gobierno ha celebrado, al menos, los siguientes contratos:

  • Con una empresa catalana dedicada a la importación, exportación y distribución de productos relacionados con la alimentación, así como a elaborar artículos de marketing para los mismos, para el suministro de mascarillas, guantes y gafas de protección; en total, más de 263 millones de euros.
  • Con una firma que se dedica a elaborar productos de dermocosmética, contratada para traer los test rápidos que luego se demostró que no disponían de la sensibilidad necesaria para detectar al coronavirus, contrato por importe de 17 millones de euros, de los que el Gobierno pagó por adelantado algo más de 7,1 millones y que, eso sí, la empresa ha devuelto aunque seguimos sin los test.
  • Con una sociedad guipuzcoana para el suministro de respiradores, tratándose de una consultoría dedicada a la inteligencia competitiva transaccional (bonitos “palabros”) y su actividad más común es la filtración de bases de datos; en total se le pagaron 15,4 millones de euros por adelantado.
  • Y con una compañía que se dedica a la fabricación de yeso para la construcción, para la compra de más respiradores, por un valor de 3,3 millones de euros que también se pagaron por adelantado, y comoquiera que, tras haber “trincado”, la empresa reconoció que no podía cumplir con el pedido, ahora el Gobierno está sin respiradores y la espera de la devolución del importe adelantado.

Todo ello explica perfectamente que, nada menos que 40 días después de decretarse el estado de alarma, en España sigamos estando tan escasos de mascarillas, test, respiradores, etc., etc.

Pues bien, a pesar de tan nefastos antecedentes, hoy el diario El País (y esto, para los tifosi del Gobierno, supongo que será irrefutable) nos cuenta que el Ministerio de Sanidad adjudicó el pasado viernes día 17 un contrato de nada menos que 4,2 millones de euros para el suministro de reactivos e hisopos (bastoncillos para tomar las muestras de las pruebas). Según el periódico progubernamental, la empresa “agraciada” con este contrato no solo es una firma sin trabajadores (?) sino que además, en el último año que declaró sus cuentas, registró pérdidas, resultando sorprendente, cuando no inaudito, que se trate de una sociedad dedicada al asesoramiento legal, laboral y tributario con un capital social de cuatro mil euros.

A ver lo que argumentan ahora los palmeros del Gobierno ante este esperpento propio de un cómic de “Pepe Gotera y Otilio”.

Yo me limito a pronosticar, aunque para aquellos incurra en “antipatriotismo”, que no nos pase nada.

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