Parque eólico (y II)

Hace tiempo escribí aquí, en las entradas tituladas Parque eólico (I) y Los ecologistas, sobre un proceso judicial en el que hasta ayer mismo intervine como abogado de la parte demandante y que se siguió primero en el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Oviedo, luego en la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Oviedo y, por último, en la Sala Primera del Tribunal Supremo.

El asunto era que el Ayuntamiento de Allande y el Principado de Asturias habían concedido a una empresa autorización para instalar un parque eólico en la llamada “Sierra de los Lagos” (Allande), que discurre de norte a sur por el cordal que va desde el puerto de El Palo (Allande) hasta el límite con la “Braña de Braniego” (Cangas del Narcea), con base en que todos los terrenos que se iban a ocupar formaban parte del monte de utilidad pública nº 317 del Catálogo, conocido como ”Sierras de Vidajerón, Fonterroxa e Iboyo”.

Pero al comenzar las obras vinieron a verme al despacho un grupo de vecinos de diversos pueblos del concejo de Allande alegando ser propietarios de una parte de los terrenos afectados, zona para ellos denominada “Braña de Soutiel”, motivo por el cual comencé, allá por el año 2003, a realizar en su nombre contra dichos Ayuntamiento y Principado una sucesión de reclamaciones administrativas previas a la vía judicial civil, pues por aquellos tiempos este trámite era obligatorio

Tras numerosas gestiones (notariales, catastrales, etc.) y, al figurar dicha finca inscrita en el Registro de la Propiedad de Tineo a nombre de los antepasados de mis patrocinados, desde nada menos que el año 1871, también promoví en nombre de los mismos un Expediente de Dominio para la reanudación del tracto sucesivo interrumpido ante el Juzgado de Primera Instancia de Tineo y después ante la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Oviedo, hasta que la “Braña de Soutiel” quedó definitivamente registrada a nombre de aquellos pese a la radical oposición del Principado.

Tras todo esto, y al no recibir respuesta a ninguna de las ocho reclamaciones previas presentadas ante ambas administraciones (?), decidimos acudir a dicha vía judicial tanto contra el Ayuntamiento como contra el Principado.

El Juicio Ordinario se siguió en el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Oviedo, porque la Administración autonómica tiene el privilegio legal de litigar siempre en su capital, quien dictó Sentencia declarando que 19 de los 59 molinos o aerogeneradores que en total integran el parque eólico están ubicados total o parcialmente en la citada finca “Braña de Soutiel” y condenando al Ayuntamiento y al Principado a satisfacer a sus dueños el 32,20% de todas las cantidades percibidas por ambos en concepto de canon de ocupación.

Este proceso judicial no estuvo exento de escollos ya desde un principio, pues el Magistrado se declaró incompetente para conocer de muchas (y las más importantes) pretensiones que ejercitamos, motivo por el cual tuvimos que recurrir su decisión, que a la postre fue revocada por la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Oviedo mediante Auto ordenándole conocer de todas ellas.

La cuestión no es baladí puesto que el canon anual es una cantidad considerable y porque, además, la Sentencia condena a devolver dicho porcentaje del 32,20% de la totalidad de aquél desde el año 2003, es decir, desde nuestra primera reclamación previa, más sus intereses.

A día de hoy estamos hablando de más de dos millones (2.000.000) de euros en total pero, suma y sigue, porque la concesión administrativa no acaba hasta el año 2026, aunque luego serán estos señores quienes negocien directamente con la empresa del parque el precio de la ocupación.

Disconforme con dicha Resolución judicial, el Ayuntamiento de Allande la recurrió, conociendo del recurso de apelación la Sección 5ª de la Audiencia Provincial Oviedo, quien dictó Sentencia desestimando el mismo y confirmando aquella.

Pero no contento tampoco con esta segunda Sentencia adversa, el Ayuntamiento de Allande interpuso contra la misma un recurso de casación y extraordinario por infracción procesal ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, quien ayer me notificó el Auto inadmitiendo el mismo “por carecer manifiestamente de fundamento” y por “carencia de interés casacional”, como textualmente se dice en dicha Resolución judicial.

La Sentencia condenatoria del Juzgado es, por fin, firme, definitiva y ejecutoria.

Como ya escribí aquí en la primera de aquellas dos entradas, la tenacidad y pundonor de estos vecinos de Allande es digna de encomio, porque han tenido que sortear demasiados obstáculos, y estas Sentencias y Auto, que tras casi veinte años de lucha han venido a colmar sus aspiraciones, vienen a representar hoy la leyenda bíblica de David contra Goliat, y esto es muy reconfortante no sólo para ellos sino también para sus abogados: Olga Rodríguez, letrada de mi despacho, y yo.

Y por eso escribo hoy esto aquí, con enorme orgullo y completa satisfacción.

El “flan” del suroccidente

Hoy no escribo yo; hoy lo hace mi amigo, el genial Marcos Verano Álvarez, un ciudadano que si no existiera, los cangueses (del Narcea) tendríamos que inventarlo. Muchas gracias, Marcos.

El “Plan de carreteras del suroccidente”, desde la propia presentación del mismo a través de un documento de “powerpoint” de más que dudosa calidad técnica y palpable dificultad interpretativa, hasta que supone en realidad la enumeración de simples labores de mantenimiento obligatorio sin una sola medida tendente a la mejora real de las carreteras o de los tiempos de desplazamiento entre suroccidente y el resto de Asturias, es un verdadero despropósito … o peor, un ejercicio de engaño a los vecinos de esta Comarca.

Tal vez si se hubiesen dignado recibir a la plataforma (a la que quieren negar por todos los medios posibles cualquier atisbo de representatividad), a escuchar a los vecinos, a valorar nuestras propuestas y poner en común posibles soluciones, así como a tratar de establecer un orden de prioridades en cuanto a necesidades, el “plan” podría recibir tal calificativo. “Esto” que nos presentan ni es un proyecto real de mejoras, ni un programa de modernización ni, por supuesto, un verdadero “plan” … más bien es un “flan”: inconsistente y tendente al derrumbe. Un “postre” que por mucho que nos lo quieran vender como plato principal, no deja de ser un intento de endulzar el agua de una piscina olímpica con un par de cucharadas de azúcar.

Querer cerrar la brecha que en materia de comunicaciones padece el suroccidente con simples labores de mantenimiento, incide en el abandono y en la precariedad de nuestras vías de comunicación a las que condena a un eterno parcheo y demuestra, además, un desconocimiento brutal de las medidas necesarias para que este territorio “cohesione” de una vez por todas con el resto de Asturias.

De todo el listado de actuaciones previstas, amén de algunas ya realizadas que parece ser nos quieren “vender” dos veces, no hay una sola acción tendente a reducir los tiempos de desplazamiento con el resto de Asturias, ni una sola de mejora del trazado en cualquiera de las carreteras referidas, nada en cuanto variantes en poblaciones, terceros carriles o asfaltados en carreteras de titularidad municipal inasumibles para los propios Ayuntamientos. No deja de ser un proyecto de labores de maquillaje y limpieza… más parece que de sus propias conciencias políticas que, incluso, de las carreteras en sí mismas.

Es triste que se nos quiera vender, nuevamente, una moto “sin manillar”, pero es más triste aún la aquiescencia de nuestros representantes municipales dando por bueno semejante “plan-fleto”… los alcaldes de la comarca deben decidir, de una vez por todas, si están al lado de sus vecinos o se conforman con seguir siendo los “mamporreros” del Gobierno del Principado de Asturias, que incluso se atreve a hablar de una “discriminación positiva” para con el Occidente, exponiendo cifras que analizadas demuestran todo lo contrario. Sirva de ejemplo que ponen de manifiesto tal discriminación aduciendo que el 30% del total de inversiones en carreteras del Principado se destina para el Occidente… comarca que, si no me equivoco, supone el 50% del territorio de Asturias: el 30% de la inversión para el 50% del territorio. La ecuación está clara.

La inacción de nuestros dirigentes, sumada a la del propio gobierno regional para con esta comarca, ya contribuyó a la pérdida de 20.000 habitantes a lo largo de este siglo… a este paso lo conseguiréis, conseguiréis que de verdad sea innecesaria la adecuación y modernización de nuestras carreteras, porque para el tránsito de osos, lobos, jabalíes y otras especies animales, ni hace falta quitar curvas, ni pintar carreteras, ni mejorar la señalización vertical.

Mañana viernes, 22 de abril, a las 12:30, el consejero de ¿Cohesión? Territorial vendrá a Cangas a pregonar los parabienes del “plan-fleto”, vendrá a intentar aturdir a la “opinión pública/futuros votantes” con cifras que una vez estudiadas y consultadas con empresas del sector, son irrisorias a la hora de intentar afrontar cualquier tipo de mejora real de las comunicaciones suroccidentales.

No sabemos dónde será la presentación a la que invitaron a “TRES” miembros de la ciudadanía. Tal vez están esperando hasta el último momento para impedir que muchos vecinos de la comarca, que una parte de los más de 20.000 firmantes por la mejora de nuestras carreteras, podamos reunirnos para expresar nuestro profundo malestar y, de paso, estropearles el fondo de la foto.

Por cierto… el primer carril de la Autovía a La Espina sigue cortado, las piedras/rocas/fanas siguen cayendo y los “árboles-flecha” de Villanueva apuntando al centro de la AS-15.

¡¡¡ Ay de mi güey !!!

La verdad sobre la “autovía” de La Espina a Ponferrada

El eminente ingeniero de caminos, canales y puertos Don Ignacio García-Arango Cienfuegos-Jovellanos, quien fuera funcionario de carrera de la Demarcación de Carreteras de Asturias del Ministerio de Fomento (1970-2012), de la que llegó a ser su jefe (2004-2012), es decir, de las carreteras del Estado, escribió estos días en su página de Facebook, lo siguiente:

“La primera reivindicación es la de unas carreteras seguras y del siglo XXI, que pasa por llevar a cabo de una vez la Autovía del Suroccidente, que una La Espina con la provincia de León por Tineo y Cangas del Narcea, un proyecto aparcado desde 2010, siendo ministro de Infraestructuras José Blanco (PSOE), y de cuya paralización, otros políticos socialistas, como el alcalde de Cangas del Narcea, José Víctor Rodríguez, culpan a la falta de acuerdo entre Asturias y Castilla y León. Este sería solo uno de los brazos que partirían de La Espina, ya que se preveía otro que uniría con la Transcantábrica.

Lo escrito es una falsedad porque nunca hubo ningún proyecto, o conjunto de proyectos, que fuesen de la Espina a Ponferrada y por ello tampoco el Gobierno Central paró nada. Si hubo, en cambio, un Estudio Informativo desde La Espina a Canero que no rebasó la fase técnica. En él se estudiaron varias soluciones de elevados costos y que captaban un tráfico muy bajo por eso, debido a su absolutamente negativa rentabilidad no se sacó a Información Pública nunca.

Dicho esto voy en los párrafos siguientes a entrar en los detalles del estado de ambas inversiones, tras aclararos que no opino como técnico acerca de la conveniencia superior de hacerlas por motivos políticos o de cohesión territorial (este segundo principalmente la Espina Ponferrada pues la de la Espina Canero es muy discutible frente, tanto a la solución actual por la A-8[1], como a la alternativa de ir desde Cornellana a Soto del Barco) porque sea globalmente interesante para la Sociedad hacer obras económicamente ruinosas por sus posteriores beneficios globales para desarrollar una Misión fundamental para España como es la de su cohesión y articulación territorial.

Hablar hoy de la Autovía La Espina Ponferrada es hacerlo acerca de una entelequia que los responsables del Principado, aunque lo conocen perfectamente, mantienen, tras obviar los comentarios que reflejan la realidad, con el fin de desviar la responsabilidad hacia terceros, ya que nunca estuvo en ninguna planificación estatal de infraestructuras.

La construcción de esta autovía por parte de la Administración Central fue un asunto que planteó el Principado en la época del Presidente Areces que reivindicó ese tramo y transmitió al Estado que valía 500 m€.

En un primer momento el presidente Zapatero contestó que vería si lo podía pagar él, no con los presupuestos ordinarios del Ministerio de Fomento sino con los generales del Gobierno. Del análisis realizado por el equipo de don José Blanco se dedujo que el Principado tenía una idea difusa para hacer una carretera convencional, incluso con un trozo de características si definir, que se calificaba con el nombre de vía verde, sin decirse que se entendía por tal, en el tramo Cangas de Narcea Villablino. Así como un proyecto concreto para una Autovía entre la Espina y Cangas del Narcea. Desde el límite de Asturias hasta Toreno, donde acaba la Autovía desde Ponferrada no había nada, pues nada se pactó con Castilla León.

El Ministerio continuó el análisis y tras unas suposiciones para la zona de León, una valoración general del espacio y los conocimientos propios sobre costes, se llegó a un precio total que andaba por el orden de 1450 millones de € en dinero de 2008/09. Precio a la baja, pues se dispararía más si para pasar el puerto hubiera que hacer una autovía, no una carretera.

Por ello esa autovía no está en la red estatal, sino en la del Principado, aunque su Gobierno, para crear un ambiente favorable, reiteró repetidamente que era del Estado.

Por otra parte el retomar el asunto exige revisar el esquema anterior pues el dibujar un híbrido que de autovía pasa a carretera y de está a carretera verde, es un oxímoron, pues algo no puede a la vez ser y no ser autovía y estas no pueden diseñarse para no llegar a ninguna parte. Por ello hay que elegir si se hace una autovía que pueda convertirse en un eje vertebrador (muy caro pues el paso de una zona ambientalmente muy valiosa, que hay que respetar a rajatabla, así lo exige lo que implica muchos túneles y viaductos importantes pues tampoco pueden sembrarse los valles de pilas) del Noroeste Ibérico. Otra opción obvia es hacer una carretera de menos prestaciones para tener menos impacto. Ello haría que para Castilla León pudiera ser más razonable ir desde Ponferrada a Villablino y desde allí enlazar con la autovía Ap-66[2] del Huerna. Hago una acotación: estoy partiendo de la base de la necesidad de estas vías, si entrase a plantear y a analizar el asunto desde los nuevos paradigmas desvirtuaría todo este relato: pero téngase en cuenta.

Valorar el asunto exige reflexionar un momento sobre el significado de Ponferrada, que no solo es, la cabecera de una Comarca y ahora un punto en la A-6[3], sino la cabeza de una nueva Autovía, ya en marcha, que va a vertebrar a Galicia por el interior y que conectará a Ponferrada, cuando llegue a través del Valle del Sil con Órense, con Portugal por varios sitios; entre ellos por Chaves.

Si miramos hacia el suroeste existe un fácil trazado para hacer una Autovía que conecte con la A-52[4] a la altura de Rio Negro del Puente que abre (es la actual N-631) directamente hacia Zamora y la Ruta de la Plata; así como llevarnos a Portugal desde Puebla de Sanabria, con un tramo de 22 km, que nos conduce a Braganza y desde ahí a Porto por la A-4[5] portuguesa.

Este último no es un asunto que esté verde, sino que está vivo desde hace tiempo, ya que se ha tratado la Autopista León Braganza como posible en el seno del Programa Interrreg, desde que, en julio de 2017, la provincia leonesa ha sido incluida oficialmente dentro del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza de España y Portugal (POCTEP 2014-2020).

En este contexto si encaja la autovía la Espina Ponferrada, que (a través de la A-63[6]) conecta con toda la red viaria de interés del Estado en Asturias, ya que potencia a la macro región europea, que muchos soñamos, que, como un inmenso rectángulo nace en Porto y llega al límite del País Vasco.

Por otra parte y a otra escala más local, esta apertura al sur favorecería el plan que, suponemos, tendrá el Principado para, en primer lugar estabilizar la población y después abrir nuevos horizontes en el suroccidente. Dentro de esa estrategia suponemos que se habrá considerado la imbricación de la Comarca con la globalidad asturiana, tanto con el polo Oviedo-Grado-Bajo Nalón como con Valdés. Así como que en el plan tendrán un significado (al igual que las restantes) las infraestructuras de transporte.”

Y este señor, por su formación y experiencia, sabe de lo que escribe.

Luego el Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado y el alcalde-abogado, lamentablemente, no nos están diciendo la verdad.

¡¡¡ Ay de mi güey !!!


[1] La A-8 es la conocida como Autovía del Cantábrico que va desde Irún (Guipúzcoa) hasta Baamonde (Lugo).

[2] La AP-66 es la conocida como autopista Ruta de la Plata que va desde Campomanes (Asturias) hasta La Virgen del Camino (León).

[3] La A-6 es la conocida como autovía del Noroeste que va desde Madrid a La Coruña.

[4] La A-52 es la conocida como autovía de las Rías Bajas que va desde Benavente (Zamora) a Vigo (Pontevedra).

[5] La A-4 portuguesa es la conocida como autoestrada Trasmontana que va desde Quintanilla (Braganza) a Oporto.

[6] La A-63 es la autovía que va desde Oviedo a La Espina (Salas).

Patrimonio inmobiliario municipal

En el BOPA del pasado día 11 se publicó un anuncio del Ayuntamiento de Cangas del Narcea sometiendo a información pública el expediente de desafectación de 35 escuelas públicas ubicadas en otros tantos pueblos del Concejo repartidos a lo largo y ancho de su extensa geografía: desde Villar de Lantero hasta Leitariegos y desde Genestoso hasta Las Defradas de las Montañas.

El anuncio en cuestión revela el importante cambio de sistema educativo que ha sufrido el Concejo: a lo largo de los años las 35 escuelas rurales han terminado siendo sustituidas por eso que ahora denominan Colegio Rural Agrupado (CRA), de los que actualmente aquí tenemos el CRA Coto Narcea (La Regla de Perandones), el CRA Río Cibea (Limés), el CRA Santana (Llano), el CRA Santarbás (Bruelles) y el CRA Valle de Naviego (Regla de Naviego),  completándose la oferta educativa con los colegios Públicos de Vega de Rengos y de Obanca y con los cuatro centros escolares de la villa (las Escuelas de Educación Infantil de El Fuejo y Los Gigantinos y los Colegios Públicos Alejandro Casona y Maestro Casanova).

Pero el anuncio también pone de relieve los significativos cambios tanto demográficos (la población infantil y juvenil de los pueblos ha disminuido considerablemente) como sociológicos (el despoblamiento de los núcleos rurales es alarmante) experimentados por este Concejo.

Este anuncio del Ayuntamiento se refiere a un expediente para alterar la calificación jurídica de las 35 escuelas rurales a que el mismo se contrae y así poder transformarlas de bienes de dominio público en bienes patrimoniales, con todo lo que ello comporta como aquí trataré de explicar someramente.

Los bienes de los Ayuntamientos se encuentran regulados por el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,[1] complementado por la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas.[2]

Según esta normativa dichos bienes se clasifican en:

  • bienes de dominio público, que a su vez pueden ser de uso público (caminos, plazas, calles, paseos, parques, etc.), de servicio público (casas consistoriales, mercados, museos, escuelas, cementerios, etc.) o comunales, que son aquellos cuyo aprovechamiento corresponde al común de los vecinos; y
  • bienes patrimoniales, que son los que no están destinados a uso público ni afectados a algún servicio público y pueden constituir fuente de ingresos para el erario municipal.

La alteración de la calificación jurídica de los bienes de los Ayuntamientos, que es lo que ahora está haciendo el de Cangas con estas 35 escuelas, requiere de un expediente en el que se acrediten su oportunidad y legalidad y que deberá de ser resuelto, previa información pública durante un mes, por la Corporación local respectiva mediante acuerdo adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de esta, es decir, la mitad más uno de sus concejales.

Además, en relación con sus propios bienes, los Ayuntamiento tienen una serie de prerrogativas como son la potestad de investigación, la potestad de deslinde, la potestad de recuperación de oficio y la potestad de desahucio administrativo.

Voy a dejar de lado los bienes comunales, pues los mismos no tiene ninguna relación con el caso que nos ocupa.

En cuanto a los bienes de dominio público, su utilización se considerará:

  • uso común (el correspondiente por igual a todos los ciudadanos indistintamente, de modo que el uso de unos no impida el de los demás interesados), que a su vez puede ser general (cuando no concurran circunstancias singulares) o especial (si concurrieran circunstancias de este carácter por la peligrosidad, intensidad del uso o cualquiera otra semejante);
  • uso privativo (el constituido por la ocupación de una porción del dominio público, de modo que limite o excluya la utilización por los demás interesados);
  • uso normal (el que fuere conforme con el destino principal del dominio público a que afecte); y
  • uso anormal (si no fuere conforme con dicho destino).

El uso común general se ejercerá libremente, el uso común especial normal se sujetará a licencia y los usos privativos y anormal requerirán de una concesión administrativa.

Los bienes de dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno.

Y respecto a los bienes patrimoniales, el arrendamiento y cualquier otra forma de cesión de uso de los mismos se regirá, en todo caso, en cuanto a su preparación y adjudicación por la normativa reguladora de contratación de las Entidades locales, siendo necesaria la realización de subasta siempre que la duración de la cesión fuera superior a cinco años o el precio estipulado exceda del 5 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto y, además, el usuario habrá de satisfacer un canon no inferior al 6 por 100 del valor en venta de los bienes.

Pero, a diferencia de los bienes de dominio público, los bienes inmuebles patrimoniales si podrán enajenarse, gravarse o permutarse, con autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma, cuando su valor no exceda del 25 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la Corporación. Estos bienes no podrán cederse gratuitamente sino a Entidades o Instituciones públicas para fines que redunden en beneficio de los habitantes del término municipal, así como a las Instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro, pero la cesión requerirá acuerdo adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación y de la misma también se dará cuenta a la autoridad competente de la Comunidad Autónoma.

Espero que al lector le hayan quedado claras las diferencias entre los bienes de dominio público y los bienes patrimoniales, porque, de prosperar el expediente de desafectación incoado por el Ayuntamiento, las 35 escuelas rurales a que se refiere el anuncio del BOPA podrán enajenarse, gravarse o permutarse, lo que hasta entonces no se podría haber hecho legalmente, y por supuesto arrendarse o ceder su uso por cualquier otra forma prevista en la ley.


 

[1] Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio – BOE 7/07/1986

[2] Ley 33/2003, de 3 de noviembre – BOE 4/11/2003

Los comienzos del hospital comarcal

El Hospital Comarcal “Carmen y Severo Ochoa” de Cangas del Narcea, que da servicio a la población de este concejo así como a las de Allande, Degaña, Ibias y Tineo, es decir, a todo el suroeste asturiano, donde residimos los ciudadanos más alejados del centro de Asturias, fue inaugurado el día 27 de junio de 1986 por el entonces Ministro de Sanidad y Consumo Don Ernest Lluch Martín (años mas tarde vilmente asesinado por la banda terrorista ETA), con la presencia del premio Nobel e importantes autoridades nacionales, autonómicas y locales.

Este centro hospitalario, cabecera del Área Sanitaria II del Principado, da empleo a cerca de 500 personas y hoy por hoy constituye la mayor “empresa” de todo el suroccidente asturiano. En mi modesta opinión, se trata de la infraestructura más importante, y por supuesto más trascendental, de las construidas en esta comarca durante toda su historia.

Pero el hospital comarcal no siempre funcionó como lo conocemos hoy, sino que al principio su organización distaba mucho de ser la actual. Baste decir que por entonces los médicos especialistas no tenían guardias de presencia física, sino localizadas, de suerte que el centro les facilitaba un aparatito (entonces todavía no había móviles) conocido como “buscapersonas” que hacía que, al recibir el aviso, el médico acudiese al hospital. Pero como había médicos que no residían en la villa de Cangas, sino en núcleos próximos (Corias, Limés, etc.), el centro también tenía contratado un servicio de taxis que se encargaba de ir a buscar al médico a su domicilio y trasladarlo al hospital. Y en estas circunstancias ocurrió lo que ahora voy a relatar.

En la tarde del sábado día 28 de febrero de 1987, es decir, hace hoy exactamente 34 años, una joven embarazada, cuya gestación había sido completamente normal y además controlada en el servicio de ginecología del propio hospital cangués, acudió a su servicio de urgencias ante los primeros síntomas del parto.

Inicialmente esta chica fue atendida por una matrona-comadrona (sorprendentemente por aquél entonces el servicio de urgencias no contaba con ningún médico adscrito), no haciendo acto de presencia el ginecólogo hasta una hora después, quien tras la correspondiente exploración decidió practicarle una cesárea de urgencia. Pero comoquiera que el anestesista no acababa de ser localizado, el ginecólogo inició la intervención con anestesia local (?), extrayéndose el niño muerto, tras lo cual fue cuando el anestesista apareció en el quirófano.

Hay que aclarar que el taxista que esa tarde estaba de servicio para el hospital no residía en la localidad de Cangas, sino en un núcleo próximo, y lo mismo sucedía con el ginecólogo y el anestesista, con el agravante de que los núcleos en cuestión se encontraban en carreteras distintas, lo que aumentaba las distancias y, en consecuencia, el tiempo en llegar al centro sanitario.

Semanas después, esta joven y su esposo vinieron a verme al despacho y, ante el oscurantismo de la situación y con el fin de lograr ventaja dividiendo al “enemigo”, que en estos casos suele dar muy buenos resultados, decidimos interponer ante el Juzgado de Instrucción de Cangas una querella contra el jefe de urgencias, el anestesista, la matrona-comadrona, el ginecólogo y el director del hospital, pero una vez concluida la investigación penal recayó el Auto de fecha 15 de noviembre de 1988 decretando el sobreseimiento y archivo de la actuaciones por no ser los hechos constitutivos de delito.

Dejando a un lado las cuestiones penales, que siguen siendo preferentes a cualquier otro orden jurisdiccional, hoy en día un caso como este constituye un claro supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria, cuyo conocimiento en vía judicial corresponde a los Tribunales del orden contencioso-administrativo, pero entonces la legislación y la jurisprudencia remitían directamente a la jurisdicción civil.

Así las cosas, con la valiosa información obtenida en las diligencias penales incoadas a raíz de dicha querella, interpusimos ante el Juzgado de Primera Instancia de Cangas una demanda civil en reclamación de los daños y perjuicios ocasionados, demanda que fue estimada por Sentencia de fecha 28 de febrero de 1991 (justo 4 años después de ocurrir los hechos) condenando al Instituto Nacional de la Salud a indemnizar a esta chica con una importante cantidad de dinero.

El organismo sanitario, disconforme con dicho pronunciamiento judicial, recurrió el mismo ante la Audiencia Provincial de Oviedo, cuya Sección Quinta dictó Sentencia de fecha 26 de febrero de 1992 desestimando el recurso y confirmando íntegramente la dictada por el Juzgado de Cangas.

El INSALUD, que seguía en desacuerdo con las decisiones judiciales, interpuso recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia Provincial, pero luego no lo mantuvo ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, que era a quien le correspondería resolver el mismo, por lo que el pronunciamiento de aquella devino firme y definitivo.

La condena al INSALUD se basó, según la Sentencia de la Audiencia Provincial, en “… una inadecuada prestación asistencial, o lo que es lo mismo, debido a ese conjunto de deficiencias asistenciales …”.

Pero la judicialización de este caso no solo benefició a la familia perjudicada sino que también tuvo favorables consecuencias para todos los usuarios del centro hospitalario pues, a raíz del primer fallo judicial, los médicos especialistas comenzaron a cumplir sus guardias con presencia física y no meramente localizados como hasta entonces.

Los ecologistas

Actualmente hay en Asturias 22 parques eólicos en funcionamiento y 47 solicitudes de nuevos proyectos.

Los ecologistas piden una moratoria eólica pues, según explican diez “oenegés” en un comunicado conjunto, «el impacto ambiental y paisajístico de todas estas instalaciones eólicas, unido a los impactos de sus infraestructuras asociadas, como pistas de acceso, subestaciones eléctricas, líneas de evacuación, etcétera, está causando una gran preocupación y alarma entre los colectivos ambientales y la comunidad científica en Asturias”. Estas diez entidades reconocen que es necesario impulsar la industria eólica en el país, habida cuenta de lo igualmente necesario que es lograr reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, “pero esta necesidad indiscutible de avanzar de forma rápida con la implantación de las energías renovables y la reducción de las emisiones (…) no debe ir en detrimento de la preservación del rico patrimonio natural asturiano, y, especialmente, de la protección de su diversidad biológica».

Desde la Administración autonómica se replica a los ecologistas diciendo que este es el recurso energético renovable más importante de la comunidad y el que puede reemplazar, al menos parcialmente, a las centrales térmicas de carbón, resaltando el volumen de creación de empleo que conllevan estos proyectos durante la fase de construcción y su importancia como fuente de recursos financieros para los concejos afectados.

Y entre estos concejos se encuentra el de Cangas del Narcea, en el que hace unos veinte años se trató de instalar un parque eólico en los terrenos de la denominada “Sierra Maldita” (Parroquia de Santiago de Sierra), perteneciente a los vecinos de los pueblos de Becerrales, Cadrijuela, La Castañal, Mendiello y Parrondo, lo que al final, sin embargo, no se logró.

Tengo que reconocer que no me considero capacitado para pronunciarme ahora sobre qué es lo mejor para el futuro del concejo de Cangas: si apostar por las energías renovables o preservar el importante ecosistema que hemos heredado de nuestros ancestros. Pero, aún a riesgo de pecar de ingenuo, creo que ambas finalidades se podrían compatibilizar perfectamente.

Como consecuencia de lo que aquí conté hace casi un año, en la entrada titulada Parque eólico (I)“, me consta fehacientemente que estamos hablando de verdaderos dinerales en los términos que ahora expondré para que el lector pueda hacerse una composición de lugar.

El parque eólico “Sierra de los Lagos”, que discurre por el cordal que va desde el puerto de El Palo (Allande) hasta el límite con la Braña de Braniego (Cangas del Narcea), está compuesto de un total de 59 aerogeneradores, y se trata de un gran negocio para el Ayuntamiento vecino.

El Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Allande partieron de la base de que los terrenos sobre los que se iba a instalar este parque eólico pertenecían al Monte de Utilidad Pública nº 317 del Catálogo, denominado “Sierras Vidajerón, Fonterroxa e Iboyo”, que había sido declarado como tal en el año 1901.

La premisa era errónea pues, como ya expliqué en la referida entrada “Parque eólico (I) de esta bitácora, en el año 2019 un Juzgado de Oviedo declaró que 19 de los 59 aerogeneradores estaban ubicados en una finca privada.

No obstante, ambas administraciones alcanzaron un acuerdo con la empresa que iba a instalar y explotar el parque, firmando el día 13 de junio de 2002 un convenio en virtud del cual aquellas vienen percibiendo desde entonces un canon de ocupación de los terrenos que actualmente supera los 250.000 euros anuales.

Pero resulta que, además, Don Jesús Jardón Rodríguez, por entonces alcalde socialista de Allande, con fecha 11 de julio de 2000 había suscrito con dicha empresa otro convenio para que su Ayuntamiento percibiera también desde aquel día, amén de su parte en el citado canon de ocupación, otra cantidad en “compensación” (?) por haber modificado las normas urbanísticas del concejo con el fin de posibilitar la instalación del parque, cantidad ésta que hoy excede de los 225.000 euros anuales.

La suma de ambas cifras asciende a la friolera de 475.000 euros/año, es decir, mas de 79 millones de las antiguas pesetas. Y esto por un solo parque eólico.

El tema no es baladí, ni mucho menos.

Y entre las solicitudes de nuevos parques eólicos existen algunas que afectan al concejo de Cangas pero, visto lo visto, habrá que esperar a lo que diga y haga el alcalde-abogado.

¡¡¡Ay de mi güey!!!

 

Curiosidades estadísticas canguesas

Como ya he escrito aquí en no pocas ocasiones, Cangas del Narcea es un concejo con una superficie de 823,6 Km², nada menos que 311 pueblos agrupados en 55 parroquias y una población que, según el último padrón municipal (2019), la componen 12.347 habitantes (232 menos que el año anterior) de los que 6.070 son hombres y 6.277 mujeres.

¡¡¡Qué lejos quedan aquellas 23.688 personas que llegaron a habitar este concejo hace ahora 100 años!!!.

La media de edad de los habitantes del concejo de Cangas es de 49,69 años (casi 2 años más que hace un lustro, que era de 47,70 años).

De los citados 12.347 habitantes resulta que 1.444 son menores de 18 años, 7.448 tienen entre 18 y 65 años y 3.455 son mayores de 65 años.

A su vez, de dichos 12.347 habitantes resulta que solo 9.812 han nacido en el concejo, pues el resto está integrado por “inmigrantes” procedentes de otros municipios asturianos (1.340), de otras comunidades autónomas (708) y de otros países (487).

Y de los mencionados 487 habitantes procedentes del extranjero: 258 nacieron en Europa, 138 en América, 72 en África, 16 en Asia y 3 en Oceanía. Mas concretamente, el origen de estos “extranjeros” es el siguiente: 112 de Rumanía, 54 de Marruecos, 45 de Portugal, 44 de Polonia, 29 de Argentina, 28 de Colombia, 18 de Brasil, 15 de Venezuela, 12 de China, 10 de Cuba, 10 de República Dominicana, 7 de Alemania, 7 de Paraguay, 6 de Francia, 4 de Reino Unido, 3 de Bolivia, 3 de Perú, 2 de Rusia, 2 de Ucrania, 1 de Chile, 1 de Ecuador, 1 de Italia, 1 de Senegal y 7 de otros.

Ejemplos de la evolución de la estructura de la población son:

  • que si los datos del año 2019 los comparamos con los del año 2018 vemos que disminuyen los habitantes nacidos en el concejo (-221), los habitantes nacidos en el resto de Asturias (-14) y los habitantes nacidos en otros países (-12), aumentando solo los habitantes nacidos en el resto de España (+15); y
  • que si los datos del año 2019 los comparamos con los del año 1996 vemos que disminuyen los habitantes nacidos en el concejo (-5.010), los habitantes nacidos en el resto de Asturias (-644) y los habitantes nacidos en el resto de España (-334), aumentado solo los habitantes nacidos en otros países (+225).

El crecimiento natural de la población, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística para el año 2018, ha sido negativo (114 defunciones más que nacimientos), aunque la mayor diferencia tuvo lugar en el año 2015 (133 defunciones más que nacimientos).

En el año 2018 hubo un total de 46 matrimonios, siendo el mayor número desde el año 2009, en el que se contrajeron 48.

Según los datos hechos públicos por el Ministerio de Hacienda para el año 2018, la renta bruta media por declarante en el concejo fue de 22.772 euros (232 euros menos que en el año 2017) y, una vez descontada la liquidación por IRPF y lo aportado a la Seguridad Social, la renta disponible media por declarante se situó en 19.140 euros (115 euros menos que en el año 2017).

Los habitantes de Cangas liquidaron 15.561.464 euros en concepto de IRPF en el año 2018 y recibieron por parte de las diferentes administraciones de forma directa en el presupuesto municipal 4.497.989 euros, es decir, un 28,90% de lo aportado.

Conforme a los datos del segundo trimestre del año 2020 publicados por el Ministerio de Vivienda, el número de transacciones inmobiliarias en el concejo asciende a un total de 9 (un 25.00% menos que en el segundo trimestre del año 2019), de las cuales 0 son transacciones de viviendas nuevas y 9 de segunda mano. El número total de transacciones de viviendas hasta el segundo trimestre del año 2020 ha sido de 17 (un -29.17% menos que en el mismo periodo de 2019, que fueron 24).

En el mes de octubre del año 2020 el número de afiliados a la Seguridad Social fué de 3.487 personas distribuidas en los siguientes regímenes: 1.750 general, 1.645 autónomos, 20 agraria, 63 empleadas de hogar y 9 minería del carbón.

Según los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal, en el mes de octubre del año 2020 el número de parados subió en 43 personas (27 hombres y 16 mujeres), siendo el número total de parados de 695 (319 hombres y 376 mujeres).

Las personas mayores de 45 años, con 323 parados, son el grupo de edad más afectado por el paro, seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años, con 316 parados; el grupo menos numeroso son los menores de 25 años, con 56 parados.

Por sectores, el de servicios es donde mayor número de parados existe en el concejo, con 440 personas, seguido de la industria, con 100 parados, la construcción, con 58 parados, las personas sin empleo anterior, con 50 parados, y por último la agricultura con 47 parados.

Y, por último, en el mes de noviembre de 2020 se matricularon un total de 14 vehículos: 5 turismos, 1 camión, 1 tractor, 5 motocicletas y 5 otros.

Desgraciadamente, malos tiempos; pero que muy malos. Y de ahí la importancia de que nuestros regidores locales estén a la altura de las circunstancias.

¡¡¡ Ay de mi güey !!!

Pueblos deshabitados

Como ya escribí en otra ocasión, esta bitácora nació para llamar la atención y protestar contra la galopante despoblación de Cangas del Narcea, y sus lamentables consecuencias, ante la pasividad y desidia de nuestros responsables políticos, a los que parece que esta sangría demográfica, que ya nos está pasando factura y que terminará por hundirnos irremediablemente, les trae por completo sin cuidado.

Don Adrián, “el de la muda”, al poco de tomar posesión de su cargo de presidente autonómico, tuvo la genialidad (?) de crear un puesto con el rimbombante nombre de Comisionado para el Reto Demográfico. Pero, desengáñese el lector, su titular ni está ni se le espera; cobra su sueldo por divagar, lanzando soflamas como que “Hay que reconquistar la aldea” y quedándose tan campante. ¡¡¡Tremendo!!!

Así, y todo, para el presidente del Principado, la puesta en marcha de este Comisionado no puede verse como un gasto de la Administración, sino como una inversión. ¡¡¡Sin comentarios!!!

Como pontificar resulta que no cuesta nada, se insiste en la importancia de dar cobertura de banda ancha a todo el territorio, algo que ya estaba previsto hace tiempo en la Agenda Digital Europea 2020. Se deja claro que los servicios básicos deben prestarse en condiciones de equidad en todo el territorio. Se habla de redistribución y cohesión territorial, de simplificar la burocracia en los ayuntamientos pequeños y de implicar a la iniciativa privada para crear oportunidades en las esquinas más olvidadas de la región. Y apoyar el relevo generacional en las actividades económicas de la Asturias vacía, así como asegurar que la crianza de los hijos pueda realizarse con garantías en cualquier parte. ¡¡¡Todo muy bonito pero, lamentablemente, en la práctica no se está haciendo nada de nada!!!

En el concejo de Cangas, con una superficie de nada menos que 823,6 Km², existen 311 pueblos agrupados en 55 parroquias.

En una entrada titulada “El suroccidente vaciado escribí que, según un diario regional, en Cangas había 14 pueblos deshabitados y 57 pueblos con menos de 5 habitantes.

Pero repasando los datos compruebo que deshabitados, entre los que incluyo los no habitados durante la mayor parte del año, a mí me salen los siguientes pueblos que enumero señalando entre paréntesis, para los despistados y los foráneos, la zona del concejo en la que se encuentran:

  • Brañameana (Acebo)
  • Brañas de Abajo (Leitariegos)
  • Brañas de Arriba (Leitariegos)
  • Cabuezos (Leitariegos)
  • Cadaleito (Coto)
  • Cerveriz (Coto)
  • Corros (Leitariegos)
  • Cubopuerto (Besullo)
  • Faidiel (Besullo)
  • La Artosa (Coto)
  • Los Llanos de Porciles (Sierra)
  • Porciles (Sierra)
  • San Martín de los Eiros (Rengos)
  • Vegalapiedra (Acebo)
  • Villar de Arbas (Leitariegos)

En total, 15 pueblos. Y la lista aumentará.

Por ello quisiera saber que es lo que se está haciendo desde el Ayuntamiento de Cangas para combatir este gravísimo problema. ¿O no se está haciendo absolutamente nada, como sospecho?.

¡¡¡Ay de mi güey!!!

PD. El pueblo de San Martín de los Eiros desapareció en el año 2003 como consecuencia de su expropiación (y posterior derribo de todos sus edificios) por parte del Principado a instancia de una empresa minera de la zona. Al parecer solo queda en pie un hórreo.

Concentraciones parcelarias y postureo político

Para mí las concentraciones parcelarias son, sin ninguna duda, la base del futuro de los pueblos del concejo de Cangas del Narcea.

Una concentración parcelaria, como su propio nombre indica, tiene como finalidad la constitución y mantenimiento de explotaciones de estructura y dimensiones adecuadas, que permitan su mejor aprovechamiento en atención a su destino agrícola, ganadero o forestal, cualquiera que sea la titularidad de su dominio, posesión o disfrute. Mas claramente: dentro del perímetro de la concentración parcelaria de que se trate, los diferentes propietarios del terreno aportan sus fincas, que son valoradas y clasificadas por los técnicos redactores del proyecto, quienes proponen luego devolverles sus derechos mediante las denominadas “fincas de reemplazo”, que son las nuevas propiedades resultantes del proceso de concentración.

La pérdida de población que desde hace años asola al concejo obliga a estructurar el territorio y conseguir que las explotaciones agrarias puedan ser rentables y eficientes y para ello la mejor solución son las concentraciones parcelarias. Gracias a ellas se pueden dinamizar las zonas rurales, se eleva el nivel de vida, se solucionan muchos de los problemas de vecindad relativos a las lindes, se contribuye al equilibrio territorial y, en definitiva, permite que los propietarios puedan negociar con el terreno a la hora de vender, comprar o arrendar de un modo mucho más sencillo, pues la concentración conlleva también el otorgamiento de nuevas escrituras debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad a nombre de los actuales dueños.

Dicho esto, no soporto, que le voy a hacer, el continuo postureo que sobre las concentraciones parcelarias de Cangas del Narcea practica constantemente el alcalde-abogado y algún miembro de su equipo de gobierno, arrogándose en las mismas un protagonismo del que carecen por completo. Porque, como recientemente hemos visto en los medios de comunicación, si se presentan las bases, allí están ellos; si se publica el proyecto, allí están ellos; si se entregan los títulos de propiedad, allí están ellos … foto va y foto viene. Y no solo esto, es que cuando el alcalde-abogado se refiere a una concentración parcelaria, habla en primera persona, como si el tuviera algo que ver en la misma. ¡¡¡Hay que tener cara!!!

Me niego a aceptar que los políticos locales quieran aprovecharse de lo que no deben porque, en definitiva, eso es engañar a los ciudadanos con el único y exclusivo fin de conseguir réditos electorales donde nada se hizo para obtenerlos.

Y la mejor prueba de que el Ayuntamiento de Cangas no tiene la más mínima implicación en las concentraciones parcelarias del concejo es que las mismas, como todas las demás de Asturias, se rigen por el criterio de la Administración del Principado, que es la única competente en la materia, por lo que si los Ayuntamientos no pintan nada en las concentraciones parcelarias, es evidente que sus regidores tampoco y, en consecuencia, el postureo no viene a cuento.

Me explico. En Asturias existen dos tipos de concentraciones parcelarias:

  • las de carácter privado, en las que la iniciativa es siempre de los particulares, con todo lo que ello comporta (contratación de técnicos, pago de los honorarios por la redacción del proyecto, etc., etc.), y en las que la Administración autonómica (y no los Ayuntamientos) se limita a autorizar el inicio del expediente, aprobar el proyecto que a tal efecto le presenten los interesados, declarar la utilidad pública de la concentración, subvencionarla y controlar su ejecución[1]; y
  • las de carácter público, en las que la iniciativa puede ser tanto de los particulares como de la Administración autonómica, pero siendo ésta (y no los Ayuntamientos) la responsable de su tramitación así como la que corre con todos los gastos de estudios, proyectos, ejecución, etc., etc.[2]

Pero, volviendo a la cuestión municipal, que es la que motiva esta entrada:

  • en las concentraciones parcelarias de carácter privado lo único que podría hacer un Ayuntamiento es subvencionar los proyectos, con el consiguiente ahorro para los propietarios que tienen que pagarlos de su bolsillo, pero en el caso del de Cangas del Narcea, hasta la fecha y en los más de veinte años transcurridos desde la entrada en vigor de la normativa que las regula, no consta que lo haya hecho nunca; y
  • en las concentraciones parcelarias de carácter público, si bien es cierto que en cada una de ellas existe la figura de la Comisión Local de Concentración Parcelaria, se trata de una institución compuesta por un total de ocho miembros, uno de los cuales es el alcalde, cuyo voto tiene exactamente el mismo valor que los del resto de sus miembros, dándose la circunstancia de que el alcalde no es ni el presidente ni el secretario de la comisión, por lo que su presencia en la misma es, por decirlo de alguna forma, meramente testimonial.

Por eso digo que todo esto del alcalde-abogado y las concentraciones parcelarias no es más que un puro postureo.

En definitiva, lo que debería de hacer el equipo de gobierno municipal, si es que quiere realmente apostar por el desarrollo del concejo y luchar contra su despoblación, es ponerse a patear los pueblos explicando las ventajas de las concentraciones parcelarias, ayudando a sus vecinos a promoverlas, en el caso de las privadas, o solicitando enérgicamente de la Administración autonómica que las ejecute cuanto antes, en el caso de las públicas.

Todo lo demás, insisto, es simple postureo y, en consecuencia, puro engaño.

¡¡¡Ay de mi güey!!!


[1] Decreto del Principado 80/1997 – BOPA 9/01/1998.

[2] Ley del Principado 4/1989 – BOPA 21/08/1989.

Adaptarse a la “nueva normalidad”

El presidente regional Don Adrián Barbón Rodríguez ha comparecido ante los medios de comunicación para manifestar que, tras la finalización del estado de alarma, las prioridades de su gobierno son ahora la reforma de la Administración autonómica y la cohesión territorial.

La reforma de la Administración la pretende efectuar “Adrián el de la muda” con una reorganización del ejecutivo asturiano mediante la creación de dos nuevas consejerías:

  • la de infraestructuras, medio ambiente y cambio climático, titulada por Don Juan Cofiño González, pasa a denominarse Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático; y
  • la de desarrollo rural, agroganadería y pesca, cuyo titular es nuestro paisano Don Alejandro Calvo Rodríguez, cambia ese nombre por el de Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial.

Pero si esta es toda la reforma de la Administración asturiana, apaga y vámonos.

Con la que está cayendo la Administración autonómica no puede tener 37.000 empleados y, como ya denuncié anteriormente en ésta bitácora (La “otra” Asturias y La Asturias “oficial”), más de 40 fundaciones, sociedades, empresas y consorcios públicos. Un maremágnum de chiringuitos hoy, más que nunca, insostenibles, pues nos cuestan en total a los asturianos, según los últimos presupuestos aprobados, la friolera de trescientos cincuenta millones trescientos ochenta y cuatro mil seiscientos noventa y ocho euros (350.384.698 €) al año[1]. ¡¡¡ Total nada !!!

El conglomerado de direcciones generales, servicios, institutos, consejos, comisiones, consorcios, etc., etc. que plagan la Administración regional no es que me parezca excesivo, es que me resulta completamente exagerado y desproporcionado, mírese como se quiera, y mucho más tratándose de Asturias, una comunidad autónoma uniprovincial, de apenas un millón de habitantes, que lleva años en franca regresión económica y sin visos de recuperarse.

Y sus presupuestos para el año 2020 alcanzan nada menos que los cuatro mil setecientos cincuenta y siete millones doscientos setenta y tres mil setecientos cuarenta y cinco euros (4.757.273.745 €)[2], que se dice pronto, pero la verdad es que no me extraña, viendo el dispendio que se trae la clase política.

La Administración regional tiene que ponerse “a dieta” para “adelgazar” porque el gasto que comporta es desde hace años inasumible y buena prueba de ello son los recortes en infraestructuras, enseñanza, sanidad, servicios sociales, etc., etc. que si bien no se reconocen oficialmente están ahí para ver.

Téngase en cuenta que, como señalé en aquellas entradas anteriores, Asturias es una comunidad autónoma que en el año 2019, es decir, antes de desatarse la crisis del COVID-19, ya tenía una tasa del 14% de desempleados, otro porcentaje similar en riesgo de pobreza y más de un 25% de su población superaba los 64 años.

Nuestro déficit público lleva siendo insostenible desde hace más de una década y la pandemia no ha hecho más que agravarla.

Y lo de la cohesión territorial es, como sucede también con la lucha contra el despoblamiento, el cuento de nunca acabar. Ahora se dice que el medio rural ha salido revalorizado de esta crisis y que es necesaria la mejora de las comunicaciones y la conexión con el centro de Asturias, pero esto llevo oyéndolo desde hace años y ahí está el estado de conservación de la carretera AS-15 Cornellana-Puerto de Cerredo para comprobar la cruda realidad.

Porque con el objetivo de lograr una adecuada articulación y coherencia territoriales, ya se aprobó el Reglamento (UE) n° 1303/2013, de los fondos de cohesión para el periodo de programación 2014-2020, que contempla de forma explícita la ordenación y promoción del desarrollo de cada espacio a partir de la formulación de unas estrategias territoriales, haciendo de la definición de estos planes estratégicos territoriales de carácter integral la pieza clave de la nueva política de cohesión. Detrás de ellos se encuentra el objetivo de la cohesión territorial a través de la cooperación territorial, el policentrismo y las asociaciones urbano-rurales (nuevas regiones urbanas). Y todo ello mediante el recurso a nuevas prácticas de gobernanza con que poder lograr consensos capaces de impulsar la sostenibilidad, la actividad, la equidad y un adecuado acceso y proximidad a los servicios y equipamientos.

Pura palabrería. Todo muy bonito, pero nada práctico; o al menos yo no veo que lo sea ante la absoluta falta de resultados tangibles.

¡¡¡ Ay de mi güey !!!


[1] Cincuenta y ocho mil doscientos noventa y nueve millones ciento ocho mil trescientos sesenta y una pesetas.

[2] Casi ochocientos mil millones de pesetas.

Aniversario trimestral

Hoy hace exactamente tres meses que inauguré esta bitácora con aquella entrada titulada El despoblamiento de Cangas del Narcea, que tanto éxito tuvo.

Todo comenzó cuando, al cansarme de esperar a que dicho texto se publicara en la sección de cartas al director de un diario regional, el día 1 de febrero acudí a “Blogger” y creé la bitácora en la que lo difundí.

Empecé tímidamente, pero, poco a poco, debido a la resonancia local que iban alcanzando los sucesivos comentarios, fui haciéndolos diarios.

El día 28 de marzo decidí trasladarme con todos los bártulos a “WordPress”, por sus ventajas técnicas, hoy indudables.

En este trimestre la bitácora superó las diecisiete mil visitas en “Blogger”, lleva ya cerca de diez mil en “WordPress” y tiene actualmente más de ochenta suscriptores. Diariamente el promedio de visitas no baja de las trescientas.

Su título, DESDE EL CORAZÓN DE CANGAS (yo no quiero que mi concejo se muera), explica perfectamente su razón de ser: llamar la atención y protestar contra la galopante despoblación de Cangas, y sus lamentables consecuencias, ante la pasividad y desidia de nuestros responsables políticos, a los que parece que esta sangría demográfica, que ya nos está pasando factura y que terminará por hundirnos irremediablemente, les trae por completo sin cuidado. Una situación intolerable desde cualquier punto de vista.

Pero, por desgracia, el despoblamiento, aunque siempre latente, ha pasado a un segundo plano con la llegada de esta pandemia del COVID-19 que mucho me temo que, si no andamos aliechos, nos dé el aldabonazo definitivo y final.

Lo que le hace falta a Cangas, hoy más que nunca, es gente decidida a emburriar; y cuántos más seamos, mejor. Si ahora no estamos unidos en pro del concejo mucho me temo que ya no lo estaremos jamás, entre otras cosas porque con el tiempo aquí no quedará casi nadie. Toca pues reinventarnos, empezar a tener conciencia local y, por supuesto, apoyar todo lo nuestro, lo de aquí, lo que supondrá una radical modificación de hábitos en la producción, en el consumo, etc. Cangas tiene que ser nuestra preferencia absoluta.

Aunque los que me conocen saben perfectamente que no soy nada “canguesón“ o chauvinista, lo cierto es que desde hace ya años sostengo que todo se explica desde Cangas, en el sentido de que cualquier cosa que ocurra en España (e incluso en el mundo) tiene su correspondiente referencia local a escala infinitamente menor, claro, y que a mí, particularmente, me permite una mejor comprensión del suceso de que se trate.

Por eso, con el devenir del tiempo, la bitácora ha pasado de tratar del despoblamiento a abordar múltiples temas que, en mi opinión, tienen su resonancia en el concejo. Porque, insisto, para mí todo se explica desde aquí, por lo que mientras tenga fuerzas seguiré escribiendo de todo un poco, aunque siempre con dicha referencia local.

Muchas gracias a todos los lectores y, como dice el himno de “El Tous pa Tous”, cuya letra ahora recuerdo especialmente dada la gravísima situación que estamos atravesando, que no nos falte de nada cuando volvamos a venos.

Burocracia y desarrollo

Días atrás, un importante empresario local que quiere abrir un negocio en un bajo comercial ya existente en el centro de la villa de Cangas del Narcea, lo que supondrá la creación de los correspondientes puestos de trabajo, me comentó que llevaba esperando por la licencia urbanística municipal desde el mes de junio, esto es, desde hace nada menos que ocho meses.

Una licencia urbanística municipal es el acto administrativo de carácter reglado por el cual el Ayuntamiento competente otorga un permiso para la ejecución de cualquier tipo de obra, siendo la finalidad de dicha autorización la adecuación de la misma a lo establecido en la normativa urbanística, de suerte que su denegación ha de ser siempre motivada con expresión de la norma que esté en contracción con la obra que se pretende ejecutar.

Por ello, en todos los expedientes de otorgamiento de este tipo de licencias es preceptiva la presentación de un proyecto suscrito por técnico competente, que defina gráficamente que es lo que se quiere hacer, y que habrá de contar con informes técnicos y jurídicos favorables por parte de los servicios municipales.

Una vez emitidos ambos informes, si los mismos son favorables a la obra pretendida, la licencia será otorgada por el alcalde, aunque en el caso de Cangas quien debe de concederla es la concejala de obras, urbanismo, medio ambiente y festejos, que es una de esas políticas liberadas con dedicación exclusiva de las que tantas veces he escrito aquí, en virtud de la delegación de competencias efectuada por el alcalde en Resolución de la que se dio cuenta al Pleno celebrado el día 5 de julio de 2019.

Como ya expuse en una entrada anterior (“Distribución de los empleados municipales”), el Ayuntamiento de Cangas, en lo que aquí respecta, cuenta en su plantilla de empleados con un arquitecto y dos aparejadores, siendo cualquiera de ellos el encargado de emitir el informe técnico según el tipo de obra de que se trate, y con dos abogadas, cualquiera de las cuales sería la competente para formular el informe jurídico.

Así las cosas, y en mi modesta opinión, el otorgamiento de una licencia urbanística municipal para efectuar obras de reforma interior de un local comercial ya existente no puede tardar ocho meses, con la ralentización que ello supone en la actividad empresarial y de creación de nuevos puestos de trabajo.

Y frente a ello no se me diga que es que, en supuestos como este, la licencia de obras tiene que ir precedida de la licencia de actividad, que exige una tramitación específica en la que incluso interviene un organismo de la Administración del Principado de Asturias, porque si los regidores locales quisieran este requisito podría ser rápidamente cumplido.

Por eso creo que el caso de este emprendedor pone claramente de relieve en manos de quien estamos y su nulo interés por el desarrollo económico del concejo y, en definitiva, por acabar con el despoblamiento y “fijar población”.

Y no descubriré nada nuevo si digo que para alcanzar dichos objetivos es necesario, entre otras cosas, flexibilizar la burocracia, lo que solo está en manos de los políticos.

El juzgado de Cangas del Narcea

El Juzgado de Cangas, cuyo nombre oficial es Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, es un órgano judicial de carácter mixto porque tiene dos competencias distintas: las civiles y las penales.

Las competencias civiles no tienen límite, porque puede entender y resolver cualquier pleito civil, que por razón territorial le corresponda conocer, sea cual sea su cuantía, es decir, que un juicio civil de miles de millones de euros se tramitará y resolverá siempre en primera instancia (de ahí su denominación) en el Juzgado de Cangas. Y las resoluciones que decidan los litigios de los que conozca serán susceptibles de recurrirse en apelación ante la Audiencia Provincial de Oviedo, salvo los de cuantía inferior a los tres mil euros que no tendrán recurso y por eso el Juzgado los resuelve no en primera sino en única instancia.

En materia penal, la competencia básica de este Juzgado es la de instruir las causas penales (de ahí su nombre de Instrucción), es decir, efectuar las investigaciones correspondientes a las infracciones penales cometidas en su ámbito territorial, al final de las cuales decidirá si las archiva o si las envía a un Juzgado de lo Penal de Oviedo o a la Audiencia Provincial, según el tipo de delito, o al Tribunal Superior de Justicia, si se tratara de un aforado. Pero el Juzgado de Cangas, además de instruir, también enjuicia y sentencia los juicios por delitos leves (antiguas faltas) y los denominados juicios rápidos (para unos determinados delitos).

Tiene igualmente competencias, tanto civiles como penales, en cuestiones de violencia sobre la mujer.

Y, por supuesto, adscrito al mismo se encuentra un Registro Civil en el que se inscriben los nacimientos, los matrimonios, las defunciones, las incapacidades y tutelas, etc., etc.

De otro lado, el Juzgado de Cangas colabora con el resto de los órganos judiciales de España mediante un mecanismo que se denomina auxilio judicial.

Actualmente en el Juzgado de Cangas trabajan un total de nueve personas, todo mujeres menos una (para que luego digan que somos machistas), que son una jueza (con categoría de magistrada), una letrada de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales), dos gestoras (antiguos oficiales), tres tramitadoras (antiguos auxiliares) y dos auxiliares judiciales (antiguos agentes o alguaciles), agrupados todos ellos en lo que ahora se denomina oficina judicial.

Aparte de fiscales, peritos, equipos técnicos, intérpretes, policías, etc., que acuden al Juzgado esporádicamente, amén de los procuradores y abogados que ocasionalmente asisten a desempeñar las tareas propias de sus profesiones, en el Juzgado de Cangas también trabaja con cierta regularidad un médico forense dependiente del Instituto de Medicina Legal de Asturias, órgano técnico adscrito a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de Asturias.

Las resoluciones que emanan del Juzgado de Cangas se denominan Providencias, Autos y Sentencias, que son las que dicta el juez, o Decretos y Diligencias, que las dicta el letrado de la Administración de Justicia.

El Juzgado de Cangas extiende su competencia territorial a los concejos de Cangas, Ibias y Degaña, existiendo en éstos dos últimos municipios sendos juzgados de paz y registros civiles, formando todo este territorio lo que se conoce como Partido Judicial. Entre los años 60 y 90 el partido judicial de Cangas llegó a ser el mas extenso de España, pues comprendía también los municipios de Allande, con su Juzgado de Paz y su registro civil, y Tineo, con su registro civil y su Juzgado de Distrito, que era un órgano judicial con competencias limitadas tanto en materia civil (solo juicios de menos de 800.000 pts. de cuantía y de arrendamientos urbanos) como en penal (solo instrucción, enjuiciamiento y resolución de los juicios de faltas) porque el resto de las competencias correspondían al Juzgado de Cangas. Pero a primeros de los años noventa Tineo recuperó su partido judicial y su Juzgado de Primera Instancia, comprendiendo dicho partido ese concejo y el de Allande.

No obstante, la Junta Electora de Zona sigue teniendo su sede en Cangas del Narcea, y a ella pertenecen como vocales judiciales los jueces de paz de Allande, Degaña e Ibias y los jueces de primera instancia de Cangas y Tineo. La presidencia de esta Junta Electoral siempre recae en el juez de Cangas, porque tiene a favor de su elección el voto los jueces de Degaña e Ibias, en tanto que el de Tineo solo cuenta con el voto del juez de Allande, siendo esta elección siempre polémica dado que el presidente percibe un importante sobresueldo por desempeñar dicha función.

Según la última Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (2018) el Juzgado de Cangas registró durante dicho año:

  • Civil: 343 asuntos, dictándose 106 sentencias, 111 autos y 249 decretos;
  • Penal: 737 asuntos, dictándose 50 sentencias, 569 autos y 13 decretos.
  • Violencia de género: 4 asuntos civiles y 23 penales, dictándose en materia civil 1 sentencia y 1 auto.
  • Registro Civil: 89 nacimientos, 224 defunciones, 86 matrimonios y 6 tutelas.
  • Auxilio judicial: 75 asuntos civiles y 247 penales.

¿Y todavía hay alguien que se plantee suprimir este Juzgado?

Los Fondos Mineros

El dinero que llovió en Asturias gracias al Plan del Carbón (4.484 millones de euros) fue una millonada, gestionada por los gobiernos central y autonómico, y los propios sindicatos mineros, que tendría que haber servido para la reindustrialización de las comarcas mineras y la sustitución del carbón por otras actividades productivas.

Sin embargo, nada de ello se produjo. Las inversiones se dedicaron a alimentar la corrupción con infraestructuras y servicios en gran parte perfectamente prescindibles y, lo que es peor, hoy económicamente insostenibles en su mayoría.

Ahora, en un demoledor informe del Tribunal de Cuentas, se concluye que las subvenciones asignadas al carbón para el periodo 2006/2017 se gestionaron de forma irregular, sin control interno y de forma ineficiente.

Este informe del Tribunal de Cuentas no deja lugar a dudas y refleja con una contundencia inusual el descontrol en las ayudas a la minería del carbón. En total, 1.786 millones de euros que se han movido de forma “ineficiente”, “irregular”, “discrecional” o, incluso, de forma opaca. En todos los casos, al margen de las mínimas normas de contabilidad pública. De esa cantidad, 1.105 millones de euros fueron destinados a infraestructuras y 681 millones a proyectos empresariales “sin que se elaboraran estudios, análisis o memorias que facilitasen información sobre el impacto de los fondos aplicados”.

El Tribunal de Cuentas se refiere al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, que era el encargado de gestionar los fondos públicos pese a que carecía de medios técnicos y humanos suficientes para gestionar tantos cientos de millones de euros.

El Tribunal de Cuentas pone como ejemplo la inexistencia de exámenes de viabilidad de las actuaciones a financiar, pero es que tampoco se fiscalizó si en la selección de las transferencias se tuvieron en cuenta ayudas previas en la ejecución de la misma infraestructura. Es decir, sí se cobraba dos veces o más por el mismo proyecto. Igualmente, tampoco se concretó la documentación técnica a aportar en relación con cada proyecto.

Entre las múltiples deficiencias se destaca el excesivo grado de discrecionalidad en la política de subvenciones, lo que unido al hecho de que el instituto para la reestructuración de la minería renunciara a las labores de comprobación e inspección, alimentó ese descontrol.

Y entre las irregularidades se encuentra la existencia de obras subvencionadas que se ejecutaron sobre terrenos de los que el ayuntamiento beneficiario “no era propietario”, lo que incumplía uno de los requisitos para obtener la subvención. Y se pone como ejemplo un caso en el que se descubrió la adquisición, financiada con cargo a las subvenciones de infraestructuras, por un ayuntamiento de un inmueble a una institución sin fin de lucro ajena al sector público. Esta operación, según el Tribunal de Cuentas, supuso un triple incumplimiento de la contabilidad pública.

Por todo ello, el secretario general de Podemos en Asturias, Daniel Ripa, ha puesto el grito en el cielo y anunciado que exigirán responsabilidades políticas ante la Fiscalía. Y yo me pregunto: esto es un chiste?, porque no hace falta ser ningún jurista para percatarse de que los fiscales solo están para depurar responsabilidades penales. Al menos hasta ahora.

Esto, en un “librín” que tengo yo en el despacho, se denomina delito de malversación y está castigado con penas de prisión. Pero no pasa nada, absolutamente nada, porque para eso somos todos de “izquierdas” y, además, bien sabido es que entre bomberos no se pisan las mangueras.

Sociedad de Artesanos

Ayer asistí a la asamblea anual de la Sociedad de Artesanos de Nuestra Señora del Carmen, asociación privada que desde hace mas de cien años organiza “La Descarga”, ese espectáculo pirotécnico indescriptible en el que cuatrocientos tiradores a mano disparan al unísono sus voladores al cielo en recuerdo de sus seres queridos que ya no están entre nosotros, y que hace más de cincuenta años glosó magistralmente y para la eternidad el inolvidable Tino Chichapán: “La Descarga es el cumplimiento del mandato de nuestros muertos”.

Comoquiera que la reunión se celebró en el auditorio de la Casa de Cultura, y era sábado, sucedió lo que ya denuncié aquí en una entrada anterior (“La cultura constreñida”): que el acceso al auditorio hubo que hacerlo a través de las escaleras de emergencia. Todo un desprecio a esta centenaria sociedad que aglutina a cientos de cangueses. Así que lo primero que le pedí a la Junta Directiva es que planteara la correspondiente queja ante el Ayuntamiento para que esta humillante situación no vuelva a repetirse.

Para mi sorpresa, el Tesorero de la asociación nos dijo que la recaudación de cuotas de los socios (9 y 18 euros al año, según se sea menor o mayor de edad) no daba para sufragar cada edición de este espectáculo. Mal asunto. Porque la masa social no quiere que se suban las cuotas, lo que me hizo pensar que para algunos el “canguesismo” se mide en monedas.

Al final, en ruegos y preguntas, pedí la palabra para decir que me resultaba insólito que la Sociedad de Artesanos no tuviera su propia página web, máxime cuando desde hace años existen plataformas que permiten su creación de forma totalmente gratuita. No podemos presumir de ser una asociación con cerca de tres mil socios, repartidos por los cinco continentes, sin proporcionar a los mismos un acceso a toda la información de la entidad (estatutos, balance de cuentas, actas de las reuniones de la Junta Directiva y de las asambleas, convocatoria de éstas últimas, etc., etc.). Pero me temo que mi sugerencia quedará una vez más en el olvido, porque esto mismo ya lo solicité hace más de diez años en otra asamblea sin resultado alguno hasta la fecha. No acabo de entender esta reticencia a los actuales canales de información.

Saqué a colación el tema de los seguros, tan importantes dado el enorme riesgo que genera “La Descarga”, tanto en sus protagonistas como en sus espectadores y en los bienes ajenos. Hace unos pocos años cayó en mis manos una de las pólizas contratadas al efecto y quedé estupefacto al comprobar que dentro del farragoso texto de su condicionado se escondía una cláusula que excluía, nada mas y nada menos, los siniestros derivados de la manipulación de explosivos. P’habernos matao. Dije que no me parecía bien que las pólizas nos las trajesen los corredores de seguros estandarizadas sino que tenía que ser la propia Sociedad de Artesanos la que decidiera los elementos principales del contrato de seguro (interés, riesgo, capitales, etc., etc.) y a partir de ahí solicitar propuestas a las diferentes compañías que aseguran este tipo de riesgos y añadí que, dado que a la Sociedad debemos de pertenecer decenas de abogados, la decisión final se adoptara previo informe de un comité de éstos. El tema es muy serio como para dejarlo solo en manos de las compañías. Las pólizas de seguros son todas estupendas hasta que se produce el siniestro. El ejemplo está bien próximo en el tiempo.

Y por último lancé una propuesta que fue recibida por alguno de los presentes con cierta jocosidad. Siendo evidente que este concejo se está hundiendo cada día más rápidamente, y visto que a nuestros representantes en el Ayuntamiento esta catástrofe les trae absolutamente al pairo, creo que la Sociedad de Artesanos, que dado su elevado número de socios puede constituir todo un grupo de presión en defensa de los intereses locales, debería de concurrir a las próximas elecciones municipales. No se trata de hacer política sino de defender a Cangas y a los cangueses.

Como era de esperar, salió a colación el tan manido tema de la presencia de las mujeres en Artesanos, lo que me hizo volver a intervenir para aclarar lo que ya dictaminé por escrito para la Junta Directiva de la Sociedad cuando en el año 2006 surgió esta absurda polémica que actualmente es más teórica que práctica pues todos hemos visto que muchas mujeres ya participan como tiradoras en “La Descarga”. En mi modesta opinión una cosa es que las mujeres sean socias de Artesanos (que no lo pueden ser porque sus estatutos, que son fruto de la potestad de autoorganización legalmente reconocida, no lo permiten) y otra que puedan intervenir en “La Descarga” (teniendo en cuenta que la Sociedad de Artesanos tiene una “hermana” que se llama Sociedad de Bienhechoras de Nuestra Señora del Carmen una buena solución sería que sus socias pudieran participar también en el espectáculo) pero creo que mi razonamiento no convenció.

Así fue y así lo cuento para evitar equívocos.

Parque eólico (I)

Estos días los medios de comunicación regionales están dando cuenta de un pronunciamiento judicial en virtud del cual una tercera parte del “Parque Eólico de la Sierra de los Lagos – Allande” se asienta sobre terrenos propiedad particular cuyos dueños, sin embargo, fueron preteridos en todo lo relacionado con dicha instalación.

Traigo hoy aquí esta noticia por tres razones:

  • porque los parques eólicos van a ser un de las alternativas de futuro de la zona, lo que enlaza directamente con el contenido de esta bitácora;
  • por puntualizar aspectos que los medios de comunicación han omitido; y
  • por la vanidad que todos tenemos dentro, pues este asunto lo hemos llevado desde mi despacho durante casi 20 años, que se dice pronto, mi colega Olga Rodríguez y yo, y, lógicamente, estamos orgullosísimos del resultado obtenido.

A finales del año 2000 varios vecinos del concejo de Allande acudieron a mi despacho ante el rumor de que en la “Sierra de Los Lagos” se iba a construir un gran parque eólico y que dicha instalación podía a afectar a terrenos de su propiedad integrantes de la finca llamada “Braña de Soutiel”, que se encuentra aguas vertientes de dicho cordal y, más exactamente, a su viento oeste. Ante ello lo primero que hicimos fue dirigirnos por escrito tanto al Ayuntamiento de Allande como a la propia empresa instaladora, poniendo en su conocimiento que en la zona existía dicha finca privada y que, en consecuencia, para proceder a su invasión era necesario el consentimiento expreso de estos señores.

Esta gestión extrajudicial no obtuvo respuesta alguna por parte de sus destinatarios, de suerte que las obras comenzaron a ejecutarse como si nada, como si estos señores no existieran, lo que nos llevó a interponer el día 8 de octubre de 2003 las correspondientes reclamaciones previas a la vía judicial civil ante el referido Ayuntamiento y ante el Principado de Asturias, reclamaciones éstas que tampoco fueron contestadas.

El conflicto se suscitó porque dichas Administraciones entendían que el terreno en el que luego se ubicó el parque eólico forma parte del Monte de Utilidad Pública nº 317 del Catálogo, denominado “Sierras Vidajerón, Fonterroxa e Iboyo” y declarado como tal en el año 1901, en tanto que estos vecinos consideraban que pertenece a la “Braña de Soutiel”, inscrita como finca privada nada menos que en el año 1871 en el Registro de la Propiedad de Tineo a nombre de 32 personas que, lógicamente, hacía muchos años que habían fallecido.

Estos señores que vinieron al despacho eran los descendientes de 20 de dichos 32 propietarios, con tres o cuatro generaciones de por medio, lo que nos obligó a actualizar sus títulos de propiedad tratando de demostrar no solo su titularidad actual sino que la misma traía causa de los titulares inscritos, trabajo arduo y complejo que nos llevó varios años dado que cada uno de ellos tenía su propia historia, siendo pues muy abundante y variada la documentación que tuvimos que manejar.

Una vez dotados éstos señores de la pertinente documentación, comoquiera que la misma no podía inscribirse directamente en el Registro de la Propiedad, porque la legislación española exige que las inscripciones registrales sean sucesivas, sin saltarse a propietarios intermedios, promovimos en su nombre un Expediente de Dominio ante el Juzgado de Primera Instancia de Tineo, para que fuera el Juez quien ordenara la inscripción registral. Pero en dicho expediente compareció el Principado de Asturias oponiéndose a nuestra pretensiones, por lo que al final las mismas fueron rechazadas por el órgano judicial. Primer revés. Pero recurrimos dicha decisión y en el año 2010 la Audiencia Provincial de Oviedo (Sección 1ª) nos dio la razón y ordenó la tan ansiada inscripción registral.

En todo este tiempo, y para que las acciones no prescribieran, cada cuatro años volvíamos a formular reclamaciones previas a la vía judicial civil ante el Ayuntamiento y el Principado que, ni que decir tiene, nunca fueron contestadas.

Así las cosas, con el parque eólico funcionando a pleno rendimiento y tras contratar los servicios de un técnico que, previo reconocimiento de la zona, estudio de la documentación registral y notarial, catastro, etc, etc., emitió un dictamen expresivo del número de aerogeneradores que se ubicaban dentro de los terrenos de la “Braña de Soutiel”, promovimos contra el Ayuntamiento de Allande y el Principado de Asturias un Juicio Ordinario del que conoció el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Oviedo (el Principado, al igual que el Estado, tiene el privilegio de que hay que demandarlo en Oviedo para que sus letrados no tengan que andar de excursión por los distintos juzgados asturianos) quien, en una primera decisión, consideró que no era competente para conocer de todas nuestras pretensiones por entender que muchas de ellas tenían que formularse ante los juzgados de lo contencioso-administrativo. Segundo revés. Pero recurrimos dicha decisión y en el año 2018 la Audiencia Provincial de Oviedo (Sección 6ª) nos dio la razón y ordenó que el pleito continuara su sustanciación ante el mencionado Juzgado ovetense, quien en el año 2019 dictó Sentencia declarando que el suelo donde se asientan 19 aerogeneradores de los 59 que integran en total el denominado “Parque Eólico de la Sierra de los Lagos- Allande”, pertenece a estos 20 vecinos, con derecho a percibir el canon devengado por dicha ocupación desde el día 8 de octubre de 2003 hasta la actualidad, con sus correspondientes intereses legales desde entonces, y el canon que se devengue en lo sucesivo. Esta Sentencia fue recurrida por el Ayuntamiento de Allande y ahora la Audiencia Provincial de Oviedo (Sección 5ª) acaba de dictar Sentencia desestimando el recurso y confirmando en todos sus términos la del Juzgado.

La tenacidad y pundonor de estos vecinos es digna de encomio, porque han tenido que sortear demasiados obstáculos, y esta Sentencia, que tras casi veinte años de lucha ha venido a colmar sus aspiraciones, viene a representar hoy la leyenda bíblica de David contra Goliath, y esto es muy reconfortante no solo para ellos sino también para sus abogados.

Era de Justicia.

Sueldos políticos y bonificaciones fiscales

Como ya he hecho constar reiteradamente en esta bitácora, las bonificaciones fiscales que el gobierno regional pretende aplicar para “fijar población” y evitar el despoblamiento son 100 euros por nacimiento o adopción del segundo hijo o sucesivos; 1.000 euros por el establecimiento como autónomo o trabajador por cuenta propia; y un máximo de 50 euros por gastos en abonos de transporte público.

Son deducciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), es decir, descuentos, pero no de la base imponible o de la base liquidable sino de la cuota íntegra autonómica, con lo que al final la deducción, ya de por sí exigua, se queda en nada. Lo dicho: una limosna.

El Principado de Asturias ha anunciado a bombo y platillo esta majadería y además lo ha hecho poniendo de relieve el importantísimo esfuerzo económico que ello le va a suponer, pues esperan que estas deducciones fiscales totalicen 850.000,00 euros, de los que 100.000 irán al capítulo de natalidad; otros 100.000 al de emprendimiento y los 650.000 restantes al transporte.

Los números, por sí solos, son ofensivos, pero resultan insultantes si tenemos en cuenta que, tras su toma de posesión como presidente autonómico, Don Adrián Barbón procedió a remodelar su ejecutivo con dos nuevas consejerías, tres nuevas viceconsejerías, etc., etc., y esta renovación, absolutamente superflua e innecesaria, y mucho más en éstos tiempos de crisis, según toda la prensa regional tendrá un coste de más de 1.000.000 de euros anuales, pues los sueldos de estos limosneros son de 67.776,68 euros/año, en el caso del Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno del Principado, y de 58.130,32 euros/año, en el caso de los secretarios generales técnicos, directores generales y “altos cargos” asimilados, cantidades éstas que no incluyen las cotizaciones a la Seguridad Social (que superan el 40% de los sueldos) ni, por supuesto, las dietas y los gastos de representación y protocolarios, que tampoco son moco de pavo.

Pero no es necesario irse tan lejos para hacer comparaciones: porque, como ya he dicho aquí en reiteradas ocasiones, los salarios y seguros sociales de los cuatro concejales liberados en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea suponen alrededor de 200.000 euros/año, por lo que teniendo en cuenta que su mandato es por cuatro años, al final de este lo gastado en remunerarlos se aproximará bastante a la cantidad total de las deducciones fiscales según los cálculos del Principado.

Resumiendo: las bonificaciones fiscales que ofrece el ejecutivo regional para “fijar población” y evitar el despoblamiento equivalen cuantitativamente a lo que nos cuestan a los cangueses las retribuciones de estos cuatro concejales durante todo su mandato.

Hay que tener poca vergüenza !!!

Un panorama inquietante que exige ponerse a actuar

Transcribo a continuación el editorial de hoy del diario “La Nueva España”.

Un panorama inquietante que exige ponerse a actuar

El Principado cuenta con potencial para reinventarse y capear los temporales: el sector agroalimentario progresa con mucha solidez y la marca Asturias como imagen natural y saludable cotiza al alza

23/02/2020

A perro flaco todo son pulgas y no hay mal que por bien no venga. Ambas expresiones del refranero popular sirven para la actual situación de Asturias. La repentina coincidencia de circunstancias adversas convierte este momento en inquietante para la región. Al cambio energético que tambalea el actual modelo económico se le unen un severo recorte de los fondos europeos, los próximos aranceles de EE.UU. a determinados productos, el veto a la industria armamentística y nuevas demandas de las autonomías nacionalistas, insaciables a la hora de obtener privilegios. Pero estos procesos –más que un cambio, otra época– también están abriendo oportunidades que hay que ayudar a nacer. A los asturianos y a los políticos concierne apuntalarlas para transmitir esperanza.

A la región se le acumulan las dificultades. Si negativas son las perspectivas de conseguir con la rebaja eléctrica planteada una igualdad competitiva de las multinacionales del metal frente a las europeas, el encubierto veto español a las exportaciones de armas compromete el panorama de otra rama industrial asturiana altamente especializada. Las complicaciones a este sector llegan por razones puramente ideológicas, no de rentabilidad económica o de ineficiencia de los trabajadores. A la par se incendia el campo. La reducción del presupuesto comunitario por el Brexit y la reorientación de las ayudas hacia otras prioridades deja tocados los fondos agrarios. De ellos depende entre el 30% y el 40% de la renta de los agricultores.

Salvar el medio rural y evitar el despoblamiento de las aldeas, de lo que tanto se habla, depende en gran medida de mantener las actividades agrícolas y ganaderas. Los agricultores de todo el país se han hartado de tanta demagogia. Nadie se da por aludido con su lamento. En una supina hipocresía, muchos de los culpables de su desesperada situación, empezando por los políticos, agarran incluso la pancarta de la protesta. Y restan escasos días para que llegue otro hachazo: la entrada en vigor de los aranceles de EE.UU. por la guerra comercial emprendida por Trump. Aunque el vino y el aceite van a ser los productos más damnificados, los quesos, la carne de cerdo y la sidra espumosa sufrirán aquí las consecuencias.

Por si fuera poco, las autonomías nacionalistas no dejan de pegar dentelladas a la tarta que suponen una amenaza para la igualdad entre los ciudadanos de un mismo país. Desinflamar el “procés” y “reencontrarse” con los independentistas va camino de costar muchos millones. Si se comprometen para Cataluña será a costa de dejar de invertir en otras partes. Asturias no puede tolerar más retrasos en sus infraestructuras básicas. Y el PNV acaba de lograr una aspiración histórica: la gestión de los 9.500 millones de las pensiones vascas. El Estado, todos los españoles, pone el dinero y el Gobierno vasco paga.

Viendo la habilidad de Euskadi en el manejo de cuentas como las del cupo acabarán obteniendo algún beneficio económico con esta operación. Pero lo decisivo de la cesión de competencias de la Seguridad Social a otra administración es que, a largo plazo y por la puerta de atrás, posibilita que el Ejecutivo de Ajuria Enea pueda incrementar los ingresos de sus jubilados, por cierto, los más beligerantes del país a la hora de exigir revalorizaciones. Un agravio, si eso llegara, para el resto de pensionados españoles, como también lo fue en su día la hacienda foral.

El Principado cuenta con potencial para reinventarse y capear los temporales. El sector agroalimentario progresa con mucha solidez. La marca Asturias como imagen natural y saludable cotiza al alza. El turismo tiene recorrido ofreciendo calidad, experiencias inéditas y aventura. El sector biosanitario está por desarrollar. En el ámbito tecnológico y científico, el incipiente polo consolidado constituye una buena base para despegar. Las multinacionales tradicionales investigan para convertirse en limpias. La transición verde descubre otros nichos en fabricación y diseño: molinos de viento, plataformas eólicas marinas y barcos que las asistan, estructuras para parques solares, biomasa, aprovechamiento forestal, almacenamiento de energía… Mismamente la cultura puede convertirse en una industria poderosa, al igual que la “economía plateada”, la asistencia específica a un segmento de población maduro de alto poder adquisitivo.

Para que el discurso positivo arraigue hacen falta dirigentes con criterio propio, ideas claras y un plan creíble en varios frente que una fuerzas.

Hay dos formas de afrontar las situaciones delicadas. O lamiéndose las heridas y paralizándose, añorando cualquier tiempo pasado que, aunque fuera mejor, nunca volverá, o poniéndose con valentía en marcha y pasando rápidamente a la acción. A los asturianos les toca exigir soluciones realistas y vigilar por su cumplimiento. Pero también implicarse en ellas con una actitud receptiva a los cambios, sin recelar de lo desconocido ni miedo a fracasar. La región necesita sacudirse el pesimismo. Para que el discurso positivo arraigue hacen falta dirigentes con criterio propio, nunca subordinados a otra causa que no sean los intereses de la región, ideas claras y un plan de actuación en varios frentes que resulte creíble y una fuerzas. Ante lo que está ocurriendo, caben muchas respuestas excepto una: el inmovilismo.

Bonificaciones fiscales para la Asturias vaciada

A través del periódico digital La Voz de Asturias he podido aproximarme a los parámetros con los que el gobierno autonómico está trabajando para repartir las prometidas limosnas con las que pretende “fijar población” y combatir el despoblamiento. Recordemos: deducciones fiscales de 100 euros por nacimiento o adopción del segundo hijo o sucesivos; de 1.000 euros por el establecimiento como autónomo o trabajador por cuenta propia; y de un máximo de 50 euros por gastos en abonos de transporte público.

Tras cruzar miles de datos de los padrones municipales, y valorar decenas de criterios de aplicación, la Administración del Principado de Asturias ha elaborado un censo con 2.500 núcleos de población repartidos en unos 50 concejos, la inmensa mayoría de menos de 5.000 habitantes, pueblos que tienen en común que sus habitantes subsisten con una renta media inferior a la media de Asturias, aunque curiosamente la renta no ha sido uno de los criterios establecidos a la hora de elegirlos.

Son núcleos que tienen menos de 10 vecinos o que están entre 10 y 50 pero que han perdido el 20% de su padrón después del cambio de siglo. No hay ningún concejo entero, es decir, que haya colocado en este listado todos y cada una de sus localidades.

Se cogieron los padrones y se empezaron a ver qué variables se podrían analizar, si el envejecimiento, la pérdida de población, la dispersión, la densidad de población, la renta, … Finalmente, los técnicos optaron por quedarse con los municipios de menos de 5.000 habitantes, con la densidad de población -es decir, un máximo de habitantes por kilómetro cuadrado- y esa pérdida de población.

Hay algún núcleo que cumplía con creces los criterios de dispersión y pérdida de población y sin embargo se incluyó a pesar de formar parte de entidades municipales con más de 5.000 habitantes. Algo similar ha sucedido con el tema de la renta. Se descartó utilizarlo como elemento clave para determinar cuáles son las zonas rurales en riesgo de despoblación pero, al repasar el listado provisional, los técnicos han comprobados que todos están por debajo de la media asturiana.

No se sabe el número de beneficiarios pero sí el perfil de los que se podrán acoger a las limosnas, que no estarán abiertas a todos los habitantes de los 2.500 núcleos de población elegidos sino a unos concretos.

En fin, toda una incógnita que hace ponerme en lo peor, pues sospecho que estamos ante una nueva chapuza administrativa.

El suroccidente vaciado

Leo hoy en el diario El Comercio un trabajo muy interesante de Octavio Villa sobre demografía y despoblación en Asturias, dos conceptos tan íntimamente unidos, que trataré de extractar en lo que nos concierne a los habitantes de esta comarca.

Los datos que se manejan son los facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, organismo que se basa en el concepto “entidades singulares de población” (ESP), entendiendo por tales cualquier área habitable del término municipal, habitada o excepcionalmente deshabitada, claramente diferenciada dentro del mismo, y que es conocida por una denominación específica que la identifica sin posibilidad de confusión.

En Asturias hay un total de 6.955 ESP de las que 776 están deshabitadas y 1.416 no superan los 5 habitantes.

Las tasas anuales de natalidad son de 5 nacimientos por cada 1.000 habitantes y de 13 fallecimientos por cada 1.000 habitantes.

El trabajo se ilustra con un cuadro explicativo y estremecedor:

CONCEJO DESHABITADAS -5 HABITANTES
ALLANDE 18 42
CANGAS DEL NARCEA 14 57
DEGAÑA 1
IBIAS 5 19
TINEO 34 72

A su vez, el periódico La Nueva España publica hoy un artículo de Marcos Palicio titulado “Las ventajas fiscales de la Asturias vacía llegarán a pequeños núcleos de 50 concejos” en el que se afirma, al hilo de lo que el otro día puse en esta bitácora, que los habitantes de los núcleos que se incluyan podrán optar a deducciones en la cuota autonómica del IRPF de acuerdo a un mecanismo criticado por poco ambicioso desde una parte de la oposición que ofrece 100 euros por hijo a partir del segundo, 1.000 euros por establecimiento como autónomo o 50 euros por gastos de transporte público.

Se dice en éste artículo que los municipios destinatarios se cuentan en casi todos los casos entre los menos poblados de Asturias. Según una estimación preliminar de la Consejería de Hacienda, sujeta aún a cambios en el proceso de tramitación del decreto que regulará la iniciativa, en la lista de concejos con pueblos beneficiados estarán casi todos los que rebajan los 5.000 residentes -más de cuarenta de los 48 que están en total por debajo de esa cifra-, pero habrá excepciones significativas, áreas específicamente castigadas por la despoblación que están incrustadas en municipios de censo todavía superior a esa barrera, como Cangas del Narcea, Valdés o Tineo.

Y el periodista concluye afirmando que las previsiones del Gobierno autonómico (ojo, solo son simples cábalas, suposiciones, hipótesis o conjeturas que suelen magnificarse por aquello del autobombo), hablan de bonificar hasta mil nacimientos o adopciones de segundo hijo o posteriores en la zona de referencia, así como el inicio de actividad de unos 150 trabajadores por cuenta propia y de ayudar a pagar el transporte a unas 20.000 personas.

En fin, lo dicho, que se están riendo de nosotros.

Nos siguen tomando el pelo

Según el informe ‘Datos Básicos de Asturias 2019’, editado por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI), en el Principado hay 857 parroquias y 6.342 entidades singulares (cualquier parte habitable de un municipio con denominación específica). El problema es que, de todas ellas, 755 están completamente deshabitadas, mientras que 5.595 no logran pasar del centenar de empadronados. Más en detalle, el SADEI indica que en la región hay 303 lugares con un solo residente, 3.129 con diez o menos y una parroquia entera en la que no vive nadie. Otros datos llamativos recopilados por el SADEI apuntan que en 156 entidades singulares de población asturianas solo residen mujeres, mientras que en 281 solo lo hacen hombres. En cuanto a las localidades más pobladas, hay 532 entre 101 y 1.000 habitantes. Entre 1.001 y 50.000 se contabilizan 57 y solo son tres (Gijón, Oviedo y Avilés) las que superan los 50.000 empadronados. El 22% de los concejos asturianos tiene menos de 1.000 habitantes y las cifras oficiales sitúan al Principado como la comunidad que más pueblos pierde por la despoblación. Un total de 696 núcleos rurales han sido abandonados en los últimos años.

El panorama es desolador; y no descubriré nada nuevo diciendo que para luchar contra el despoblamiento hay que aplicar medidas sociales, fiscales y económicas.

Pues bien, al hilo de lo anterior, he tenido la oportunidad de leer un folleto, editado por la FSA-PSOE bajo el rimbombante título de “400 MEDIDAS PARA LA MEJOR ASTURIAS”, en el que a lo largo de sus 70 páginas los socialistas asturianos presentan “…las soluciones y respuestas para poder seguir construyendo una Asturias mejor, una Asturias más justa que pueda seguir avanzando sin dejar a nadie atrás …”.

En su apartado 227, dentro del capítulo dedicado al reto demográfico, se dice textualmente lo siguiente: “Pondremos en marcha incentivos fiscales en distintos tributos como complemento y refuerzo de las medidas de gasto público destinadas a luchar contra el despoblamiento y hacer frente al reto demográfico, favoreciendo también la puesta en marcha de proyectos empresariales en la zona rural. • Impulsaremos deducciones en el IRPF por nacimiento de hijo o adopción que tendrán un mayor importe cuando se produzcan en el medio rural, tal y como recoge el Plan demográfico del Principado. • Impulsaremos deducciones en el IRPF por compra y rehabilitación de vivienda habitual en el medio rural.”

Esta es la teoría, pero ahora vayamos a la práctica.

El diario “El Comercio” publicaba ayer día 13 unas declaraciones de Doña Ana Cárcaba (https://www.elcomercio.es/politica/deducciones-fiscales-asentar-poblacion-2500-pueblos-asturias-20200213001626-ntvo.html), la flamante Consejera de Hacienda del gobierno socialista autonómico, en las que, como gran noticia y sin el más mínimo rubor, la política regional anunciaba a bombo y platillo:

  • Que las deducciones fiscales en el IRPF, recogidas en los presupuestos de 2020 para tratar de combatir la despoblación en la zona rural, se aplicarán en 2.500 pueblos asturianos.
  • Que las medidas para asentar población se aplicarán en las unidades de población de menos de 10 habitantes, o en aquellas que, sumando no más de 50 vecinos, hayan experimentado una disminución igual o superior del 20% de su población entre 2000 y 2019.
  • Y que las deducciones fiscales serian de 100 euros por nacimiento o adopción del segundo hijo o sucesivos; de 1.000 euros por el establecimiento como autónomo o trabajador por cuenta propia; y de un máximo de 50 euros por gastos en abonos de transporte público.

Así las cosas, creo que nuestros gobernantes autonómicos continúan tomándonos el pelo… y nuestro regidor municipal, a pesar de este insulto a la inteligencia, sin gorgutar no vaya a ser que desde Oviedo lo llamen a capítulo y vea así frustrado su porvenir político.

Plan suroccidental y despoblación

En el Apartado 3.7.7. del rimbombante PLAN ESPECIAL PARA LOS CONCEJOS DEL SUROCCIDENTE ASTURIANO (págs. 66 y ss.), redactado en el mes de octubre de 2016 y con el que la Administración del Principado de Asturias pretende solventar todos los problemas de la zona, se puede leer lo siguiente:

“Según la proyección de población que el INE hace para la región, en el horizonte 2020, la población regional descendería a 1.023.882 habitantes, es decir, un incremento de -3,36 %. Ese mismo organismo estima que para 2029 la población del Principado de Asturias se situaría en torno a los 971.009 habitantes, lo que supone una merma superior al 8 %. En este contexto regional, y a tenor de los datos ofrecidos por todos los indicadores analizados para la comarca del Suroccidente, todo parece indicar, a grandes rasgos, que la tendencia (salvo que se realicen actuaciones concretas que sean capaces de invertirla) será la misma, si bien los peores indicadores que presenta la comarca con respeto a la región hacen pensar que esta dinámica presente un escenario más negativo a escala comarcal. Este hecho se fundamentaría en dos aspectos básicos como son, por un lado, las propias razones biológicas derivadas de unas excesivamente bajas tasas de natalidad combinadas con otras muy elevadas de mortalidad. Mientras que por otro se encontrarían las razones de índole laboral, que continuaran estimulando las migraciones tanto interiores como las exteriores, con población que se traslade a vivir desde los municipios de la comarca hasta las localidades Área Metropolitana regional, así como a otros puntos fuera de propia región.

Tanto a nivel comarcal como municipal, el escenario que se plantea a futuro es el de la continuidad de unas tasas muy bajas de natalidad y muy elevadas mortalidad, todo unido al incremento, aunque moderado, de la esperanza de vida de la población. Este escenario se ve agravado por una emigración constante, la cual arroja unas cifras superiores a las de la inmigración, generándose de este modo también unas tasas migratorias negativas. La sinergia de todos estos factores, directamente relacionados con la dinámica demográfica, apunta hacia una notable reducción de la población así como a un incremento del envejecimiento de la estructura demográfica municipal y por tanto comarcal.

Para conocer el comportamiento de la dinámica demográfica de la comarca se ha recurrido a la realización de proyecciones de población, las cuales se realizan mediante la aplicación de un método matemático que permita conocer, de forma aproximada, la evolución de la población de un lugar determinado para un año futuro concreto. Estos métodos se fundamentan en ecuaciones que expresan las variaciones demográficas en función de un periodo cronológico, e incluyen unas serie de variables básicas de población, siendo su objetivo pronosticar la dinámica demográfica de un determinado territorio en función del comportamiento de los últimos años, y no la obtención de una predicción exacta de los efectivos para un año concreto, lo cual resultaría imposible debido a la cantidad de factores que influyen en la evolución de una determinada población durante un intervalo de tiempo y lo hasta cierto punto impredecible de su comportamiento (natalidad, mortalidad y migración).

Según los cálculos realizados para un horizonte fijado en el año 2020, y de no poner remedio, la tendencia demográfica de la comarca podría hacer caer su población en torno a un 11,7 %. Por municipios, y para ese mismo año, todos presentarían caídas por encima del 10 %, siendo Tineo el que en principio en un menor porcentaje de población perdería, aproximadamente un 10,7 %, le seguirían Degaña con un 13,8 %, Allande con un 14,6 % y Cangas de Narcea con aproximadamente un 15,2 %, siendo Ibias el municipio que unas peores perspectivas presentaría para ese año, al ver mermada su población en torno a una cifra en torno al 19,7 %.

Si bien estos resultados a corto plazo son notablemente negativos, el escenario se complica aún más si se establece el horizonte una década más tarde. Así, para el año 2030, la población comarcal podría descender, en torno a un 28,1 %, siendo Tineo nuevamente el concejo que en menor medida vería disminuida, en términos porcentuales su población, con aproximadamente un 25,8 %. Tras él, Cangas del Narcea, Allande y Degaña, con unos porcentajes comprendidos entre el 32 y el 35 %, mientras que Ibias sería nuevamente el municipio que peor parado saldría, al ver reducida su población por encima del 40 %.

Cabe apuntar que este escenario contempla únicamente variables demográficas y su evolución en las condiciones actuales. No se valoran las influencias que en uno otro sentido tendrán los cambios de índole económica que se puedan presentar (actividad económica, evolución el empleo, etc.), puesto que son impredecibles.”

Dicho en otras palabras: al menos desde el año 2016 la Administración autonómica es plenamente consciente de lo que se nos viene encima, pero a nuestros gobernantes les da exactamente igual.

Y tras esta dato, objetivo e imparcial, otro día habrá que reflexionar sobre si lo que interesa a Cangas es que el Alcalde sea de la misma “cuerda” que los gobernantes autonómicos y estatales.

El despoblamiento de Cangas del Narcea

Los habitantes del concejo de Cangas del Narcea, que en los años 20 del pasado siglo llegaron a ser casi 24.000 personas y que hoy en día superamos escasamente las 12.000, llevamos años viendo su progresivo despoblamiento mientras escuchamos a nuestros gobernantes el manido mantra de que hay que fijar población, pero sin que hasta el momento los mismos hayan concretado nada efectivo al respecto. Cangas del Narcea se hunde día a día, en caída libre, a la vista, ciencia y paciencia de su Alcalde y demás responsables municipales, pese al suculento salario que se autoimpusieron cuatro de los integrantes del denominado equipo de gobierno local (36.500 euros anuales por barba) y que hay que suponer que se paga por algo más que por limitarse a asistir, como simples espectadores, a esta hecatombe que se nos viene encima de forma imparable y con consecuencias irreversibles.

Señor Alcalde de Cangas del Narcea: todo está en la Historia, así que aprendamos de ella. En el siglo XIV la ruta de comunicación de Asturias con Castilla y Galicia a través de Leitariegos era una cuestión primordial. Para mantenerla transitable en los meses de invierno se requería de población en El Puerto de Leitariegos y pueblos próximos, y para ello el rey Alfonso XI (1311-1350) otorgó a sus pobladores el 14 de abril de 1326 un privilegio con el fin de favorecer el asentamiento permanente de una población que mantuviese abierto el paso por el puerto; es el conocido como “Privilegio de Leitariegos” que, entre otros beneficios, eximía a sus habitantes del pago de impuestos, alcabalas y portazgos. Y con esto consiguió que se estableciese población en esta zona, en algunos casos a más de 1.500 m. de altitud, y que se mantuviese hasta finales del siglo XIX. Hoy, sin ese privilegio, la situación es muy distinta y muchos de esos pueblos están casi abandonados.

La medida seguida por Alfonso XI “El Justiciero” hace casi setecientos años debería de aplicarse hoy a Cangas del Narcea. A los habitantes de este territorio, en el que solo se están quedando a vivir los que no tienen la oportunidad de establecerse en otros lugares más prósperos, deberían dárseles unos “privilegios” con el fin de mantener su población e incluso repoblar.

Señor Alcalde de Cangas del Narcea: proponga Vd al Pleno del Ayuntamiento la supresión (total o parcial) de los impuestos municipales sobre bienes inmuebles –“IBI”-, vehículos de tracción mecánica -“viñeta”-, incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana -“plusvalía”-, etc., de esa infinidad de tasas municipales que gravan las actividades más variopintas (por expedición de licencias y otros documentos, por apertura de establecimientos, por recogida de basuras, por servicios del cementerio municipal, por tenencia de animales domésticos, por alcantarillado, por ocupación de terrenos públicos municipales, por vados de acceso a los garajes, por suministro de agua potable, etc.), del precio público municipal por las escuelas infantiles de 0-3 años, etc.

Señor Alcalde de Cangas del Narcea: dígale Vd a su amigo don Adrián Barbón que exima (total o parcialmente) a los habitantes de este municipio del pago de los impuestos autonómicos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, de patrimonio, de sucesiones y donaciones, de la cuota autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas –“IRPF”-, etc.

Señor Alcalde de Cangas del Narcea: pídale Vd a su jefe don Pedro Sánchez que exima (total o parcialmente) a los residentes en este concejo del pago del impuesto estatal sobre el valor añadido –“IVA”-, de la cuota estatal del impuesto sobre la renta de las personas físicas –“IRPF”-, etc., y a las empresas radicadas en dicho municipio del impuesto estatal sobre sociedades, etc.

Solo así podremos combatir el creciente despoblamiento del concejo y contribuiremos a fijar población. Todo lo demás, en las actuales circunstancias socioeconómicas, serán simples brindis al sol.

Es hora de dejarse de cantos de sirena. Hay que tomar urgentemente, cuanto antes, decisiones prácticas y efectivas, y ésta de la fiscalidad reducida, avalada por importantes estudios sobre el despoblamiento, es, sin duda, la más eficaz. Lógicamente, esta solución tiene un coste económico para el erario, pero sería mínimo y además susceptible de recuperarse a medio plazo con la actividad económica que se generaría en este territorio. La fiscalidad diferenciada, como instrumento de discriminación positiva, cada vez es más evidente que no solo es posible sino muy necesaria, por no decir imprescindible.