Empleados públicos autonómicos
En España los empleados públicos se clasifican así:
- personal estatutario, que son los que trabajan en los centros e instituciones sanitarias públicas;
- funcionarios de carrera, que es el supuesto normal, y que son los que tienen su plaza en propiedad;
- funcionarios interinos, que son los que están simplemente de paso, porque desempeñan con carácter excepcional las tareas propias de los anteriores;
- personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal; y
- personal eventual, esto es, los enchufados, puesto que tanto su nombramiento como su cese son completamente libres por aquello de que el dedo que te dio el puesto de trabajo será el dedo que en su momento te lo quite.
También existen el personal directivo o “altos cargos”.
Esto sentado, en el informe de personal que contiene el proyecto de ley de presupuestos generales del Principado de Asturias para el año 2022 se contempla que nuestra Administración autonómica tendrá el próximo año la friolera de 37.163 empleados públicos distribuidos así:
ESTATUTARIO | FUNCIONARIO | LABORAL | EVENTUAL | DIRECTIVO |
14.383 | 16.405 | 6.085 | 114 | 176 |
Respecto a la plantilla del año 2021 ha aumentado el personal funcionario (+107), el personal laboral (+17) y el personal eventual (+2).
El incremento de personal se produce en la Consejería de Educación (+84), los Establecimientos Residenciales de Ancianos (+34), el Servicio de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (+18), la Consejería de Presidencia (+17), el Servicio Público de Empleo (+4), la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar (+3), el Servicio de Salud (+1) y la Junta General (+1).
Todo esto tiene un coste total de nada menos que 1.962.356.061 euros (un 37% del presupuesto general), que suponen un aumento interanual de 53,26 millones de euros y un 2,79% más respecto al ejercicio 2021, que ascendió a 1.909.097.786 euros.
Pero al parecer esos 37.163 empleados públicos autonómicos no son suficientes (?). Porque hoy leo en un diario regional que el Principado fichará, a través de la empresa pública estatal “Tragsa”, a otras 178 personas más para gestionar las ayudas de la Unión Europea.
¡¡¡ Ay de mi güey !!!
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