El futuro inmediato de Asturias

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias aprobó recientemente la firma de 59 convenios de colaboración entre varios departamentos de la Administración y el Instituto para la Transición Justa (ITJ),[1] con el fin de desarrollar proyectos financiados con fondos mineros, de los cuales 42 corresponden a los ayuntamientos y 17 al Principado.

Estamos hablando de más de 92 millones de euros de fondos mineros, de los que el ITJ financiará un 75% y el Principado el 25% restante.

El citado ITJ es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que desde su creación se encuentra dirigido por una tal Doña Laura Martín Murillo, muy conocida en su casa a las horas de comer y otrora “gabinetera” de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Y con el fin de “… orientarlo en el análisis de las iniciativas que pueden aspirar a fondos europeos y potenciar el diálogo social, además de ahondar en la búsqueda de oportunidades y de vías de financiación …”, el Gobierno autonómico, para a aumentar el ya ciclópeo organigrama regional, acaba de crear el denominado Comité Asesor de Fondos Europeos (CAFE) que, junto con la Oficina de Proyectos Europeos (OPE) y el Mapa de Estrategias de Asturias (MEA), conforman la “arquitectura administrativa” que dotará al Principado de las herramientas oportunas para obtener el máximo rendimiento de los fondos europeos o, como dice la propaganda oficial, se encargará de facilitar la gestión de las ayudas extraordinarias de la Unión Europea (UE) para impulsar la recuperación económica y superar las consecuencias de la pandemia en Asturias.

Según las primeras informaciones facilitadas por el nuevo Organismo, los proyectos a financiar pueden venir de la Administración pública, de sectores privados o del formato de colaboración público-privada, siendo estos últimos los que tendrán preferencia en el acceso a los fondos porque se entienden que tendrán un mayor efecto multiplicador, pues, al contrario de lo que suele ocurrir con los fondos habituales, en este caso no hay una territorialización de estos, sino que todo dependerá de los proyectos y la calidad de los mismos.

El CAFE, cuyos presidente y vicepresidenta serán Don Juan Cofiño González (vicepresidente del Gobierno autonómico) y Doña Ana Cárcaba García (consejera de Hacienda), respectivamente, cuenta, además, con 16 vocales: la mitad a propuesta del Principado y la mitad restante elegidos por UGT y CCOO, la Federación Asturiana de Concejos (FACC), la Asociación de Comarcas Mineras (ACOM), la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), las Cámaras de Comercio y la Universidad de Oviedo.

Aparte de dichos presidente y vicepresidenta, los miembros del CAFE propuestos por el Gobierno regional son la viceconsejera de Medio Ambiente y Cambio Climático, el viceconsejero de Infraestructuras, Movilidad y Territorio, la directora general de Calidad, Transformación y Gestión del Conocimiento de la Consejería de Salud, el director general de Asuntos Europeos, la directora general de Industria, la directora general de Energía, Minería y Reactivación, el director general de Vivienda y el director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital, es decir, más de lo mismo: todos “expertos” procedentes, ¡¡¡ cómo no !!!, de la secta.

Salvo uno, que fue propuesto por la FADE, el resto de los integrantes del CAFE carece de la más mínima experiencia empresarial, así que ya me contará el lector lo que esta gente puede “asesorar” en materia de fondos europeos.

Resumiendo: el futuro de Asturias está en manos del ITJ, el CAFE, la OPE y el MEA.

No es un chiste, pero lo parece.

¡¡¡Ay de mi güey!!!


[1] El Instituto para la Transición Justa, organismo autónomo sucesor del  Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, fue creado por Real Decreto 500/2020 y tiene por objeto la identificación y adopción de medidas que garanticen a trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una economía más ecológica, baja en carbono, un tratamiento equitativo y solidario, minimizando los impactos negativos sobre el empleo y la despoblación de estos territorios.

Mario Gómez Marcos (Cangas del Narcea, 1960 - 2023)
Abogado
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