COVID-19: políticos, pensionistas y empleados públicos

No descubriré nada diciendo que la pandemia provocada por esta nueva variedad del coronavirus está arrasando con todo lo que encuentra a su paso salvo, de momento, con los políticos, los pensionistas y los empleados públicos.

Lo de los políticos, me parece una verdadera indecencia que la crisis no les esté afectando absolutamente para nada. Ellos siguen cobrando sus retribuciones, e incluso sus dietas, sin ni siquiera acudir a sus “puestos de trabajo”, resucitando así, de una manera grosera e insultante, una novedosa versión del mito de las dos “Españas”: la suya y la de los demás.

De los pensionistas, me refiero a los que ya no pueden trabajar porque se lo prohibe la ley, nada tengo que decir porque, en la mayoría de los casos, bastante tienen sobreviviendo con lo poco que les paga la Seguridad Social, que vergüenza tenía que darnos a todos.

Ahora bien, lo de los empleados públicos (salvo los sanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y todos aquellos que durante los momentos mas duros del estado de alarma han estado siempre al pie del cañón), está dando lugar a una situación que exige una reacción ciudadana, al menos por dos razones fundamentales: porque provoca un anormal funcionamiento de los servicios públicos y por el agravio comparativo que su estatus supone respecto de los empleados privados.

Hace unas semanas, aprovechando la cantidad de tiempo libre que me está dejando el estado de alarma, decidí hacer un muestreo telefónico en las administraciones estatal, autonómica y local. Y de todas las personas por las que pregunté, en las tres oficinas a las que me dirigí, ninguna de ellas se encontraba en su puesto de trabajo porque, según me dijeron los interlocutores, todas estaban “teletrabajando”.

Sobre el trabajo a distancia ya me pronuncié aquí en anterior ocasión (“A vueltas con el teletrabajo”) y a lo que entonces escribí remito ahora al lector para evitar reiteraciones.

Esto es otra impudicia. Porque no es que los empleados públicos tengan o no en sus domicilios equipos informáticos susceptibles de servir para el trabajo a distancia, de lo que albergo mis más serias dudas, es que las Administraciones públicas carecen por completo de sistemas de funcionamiento normalizados mínimamente adecuados para desarrollar el “teletrabajo” que, en consecuencia, lo que en la práctica está suponiendo no es más que un absentismo laboral puro y duro, impensable en el caso de los empleados privados.

Con motivo de la pandemia, en las Administraciones públicas se ha dejado de trabajar o, en el mejor de los casos, se está trabajando muy poco. Así como suena.

Y las consecuencias de este desbarajuste administrativo las estamos sufriendo todos los ciudadanos y las podremos comprobar de primera mano cuando la situación se normalice y el retraso endémico de nuestras Administraciones públicas vuelva a aflorar.

Porque, con la mayoría de las oficinas cerradas al público y sus empleados “trabajando” en casa, después de dos meses desde que se decretó el estado de alarma no deberían de existir tareas pendientes y todo tendría que estar perfectamente al día, pero estoy más que convencido de que no será así y de que no seguiremos como siempre sino incluso peor, bastante peor. Al tiempo.

Pero ya no es solo el trabajo a distancia. Es que, sin ir más lejos, el otro día me encontré en el supermercado a un empleado público en horario laboral quien, ante mi sorpresa, me espetó sin ningún rubor que en su oficina estaban trabajando a turnos: una semana uno y otra semana su compañero. Y se quedó tan campante. Para mí, unas vacaciones a costa del erario.

No dudo de que entre la legión de empleados públicos habrá muchos que estén trabajando ahora tanto o incluso más que antes, qué menos, pero también estoy seguro de que, por desgracia, esos son minoría.

Numerosos empleados privados están actualmente en casa por haber sufrido un ERTE, pero como las Administraciones públicas no pueden hacer ese tipo de regulaciones laborales, porque la ley no se lo permite (“Empleados públicos: cosas veredes”), entonces para muchos de sus empleados se han inventado el “teletrabajo” o los turnos de trabajo. ¡¡¡Total, qué más da, si al final sus sueldos los pagamos todos!!!.

Y a mí, que en el siglo XXI siga existiendo esta discriminación entre empleados públicos y empleados privados, y no lo digo solo por lo de los ERTE, me resulta odioso e intolerable.

¡¡¡Ay de mi güei!!

Mario Gómez Marcos (Cangas del Narcea, 1960 - 2023)

Abogado