¡¡¡Viva el tráfico de influencias!!!
Don José Blanco López (Palas de Rey -Lugo-, 1962), es otro político socialista con la hoja de vida laboral en blanco y cuyo expediente académico también revela que no tiene ningún título universitario, ni falta que le hace.
Pepiño Blanco, que es como popularmente se conoce a este personaje, también comenzó en las Juventudes Socialistas con tan solo 16 años, llegando a ser su secretario general en Galicia, fue miembro de la ejecutiva del PSG-PSOE y finalmente ostentó el cargo de secretario general del partido en la provincia de Lugo. Tras su salto a Madrid, desempeñó en el PSOE los cargos de secretario de organización (2000-2008) y de vicesecretario general (2008-2012).
Paralelamente, fue concejal en su pueblo natal (1991-1999) y sucesivamente senador (1989-1996), diputado (1996-2014) y eurodiputado (2014-2019). Y además tuvo tiempo de ser también Ministro de Fomento (2009-2011).
Sin duda, un ciudadano de lo más aprovechable pero que, como ahora expondré, también tiene su lado de hombre «aprovechado» e incluso insaciable.
Como ya escribí aquí en la entrada “Puertas Giratorias”, en pago por los servicios prestados al partido y dado que por su edad todavía no puede cobrar la pensión de jubilado, Pepiño Blanco fue agraciado hace unos meses por el Gobierno designándolo nada menos que consejero de “ENAGÁS” (acrónimo de Empresa Nacional del Gas S.A.), un sillón que otorga a sus ocupantes un salario anual de 160.000 euros, cantidad a la que hay que sumar los complementos por pertenencia a distintas comisiones internas.
Indudablemente Pepiño Blanco es un ser humano con inquietudes y ambiciones porque, no contento con ese cargo de “florero” en la compañía mercantil que gestiona la infraestructura gasística de España, recientemente ha constituido una empresa de “consultoría” denominada ACENTO.
La cosa tiene su guasa, por no decir otra cosa: la empresa ha sido creada por Pepiño Blanco y por Don Antonio Hernando Vera, ex portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados (2014-2017), siendo ambos su consejero delegado (CEO) y su director general, respectivamente, quienes han fichado como presidente a Don Alfonso Alonso Aranegui, ex presidente del PP del país vasco (2015-2020), como asesora (?) a Doña Elena Valenciano Martínez-Orozco, ex vicesecretaria general del PSOE (2012-2014), y como director de operaciones y jurídico a Don Esteban González Guitar, hijo del eurodiputado del PP Don Esteban González Pons.
En fin, que dios los cría …
Un cóctel de lo más explosivo o, más bien, una caterva de golfos, pues, según ha publicado la prensa nacional, la «consultora» de Pepiño Blanco tiene interlocución permanente con los poderes públicos y diálogo con responsables de las Administraciones en las iniciativas legales que pueden afectar a los intereses e inversiones de compañías cotizadas.
En su aventura empresarial Pepiño Blanco ha llegado a hacer gala de su capacidad de interlocución con los responsables de las carteras del PSOE en el actual Gobierno de coalición.
Así, en los dosieres que la empresa de Pepiño Blanco remite a sus potenciales clientes, tras explicar las actuaciones que puede realizar la «consultora» frente a las Administraciones Públicas, aparecen varios ministros actuales del Gobierno como los interlocutores a nivel estatal a los que tiene acceso. Entre ellos se puede encontrar al ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana Don José Luis Ábalos Meco, la ministra de Industria, Comercio y Turismo Doña Reyes Maroto Illera o la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Doña Teresa Ribera Rodríguez, entre otros.
Sobre la idoneidad de que un ex ministro de un Gobierno del PSOE y el ex portavoz del grupo socialista en el Congreso trabajen haciendo «lobby» para las empresas, tratando de influir en las decisiones políticas, Pepiño Blanco se defiende asegurando que todas las consultoras están cargadas de ex cargos públicos, desde ex ministros del PP a ex altos cargos del PSOE. Los clientes te piden un proceso de negociación, si hay un problema de telecomunicaciones pues habrá que hablar con el secretario de Estado de Telecomunicaciones, no se trata de decir que tienes influencia sino de quién puede ser el interlocutor.
Y respecto al Congreso de los Diputados, Pepiño Blanco reconoce la labor de su empresa en todo el arco parlamentario: Tenemos conversaciones con todos los grupos en el Congreso, si hay un problema legislativo vas a hablar con todos los grupos políticos, con más razón en estos momentos, porque no hay ningún grupo político que sea hegemónico o mayoritario.
Por si alguien tiene interés en los servicios de esta «consultora» aquí pongo el enlace a su página web https://www.acento.es/ en la que la misma se publicita, con absoluta desfachatez y auténtico descaro, como Tu solución en gestión de asuntos públicos. Con dos…
Esto ya no es indecente ni obsceno; esto es manifiestamente asqueroso y guarro.
Pero lo curioso del tema es que el vigente Código Penal (CP) tipifica varios delitos que pueden tener relación con el mismo.
El delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y abuso en el ejercicio de su función de los arts. 439 y ss CP se define como una serie de conductas en las que el bien jurídico protegido es conseguir la imparcialidad de la Administración respecto a los negocios privados, siendo el bien jurídico protegido el correcto funcionamiento de la Administración Pública, bajo los criterios de objetividad e imparcialidad en el ejercicio de la función pública.
El delito de tráfico de influencias de los arts. 428 y ss CP protege la Administración Pública como instrumento al servicio de los ciudadanos en su faceta de imparcialidad en la toma de decisiones por parte de los funcionarios públicos
Y en el delito de información privilegiada del art. 442 CP la conducta típica consiste en el uso de la información privilegiada o secretos por parte de la autoridad o funcionario público, que tiene acceso a ella por razón de su cargo, y con un ánimo de obtener un beneficio económico.
No obstante, he de advertir al ingenuo lector que los políticos, que son los que redactan las leyes que luego los Jueces y Magistrados tienen que aplicar, se han cuidado muy mucho de reservar para estos delitos solo penas de prisión no superiores a los dos años (que normalmente no se cumplen) o simples multas.
¡¡¡ Ay de mi güey !!!
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