Hasta con los muertos «trapichean»

Jamás acusaría al Gobierno de haber traído a España el COVID-19, ¡¡¡no, por dios!!!, pero lo que nadie me puede impedir es responsabilizarlo de la nefasta gestión de la pandemia y, más exactamente, de haberse desentendido en gran parte del problema, ninguneándolo imprudentemente, cuando el mismo podía y debía de haber sido combatido antes, reduciendo así las catastróficas consecuencias que actualmente estamos padeciendo.

En una entrada anterior (“Datos de un despropósito con resultado mortal”) realicé una pormenorizada cronología de todo lo sucedido en España desde que el día 31 de enero se detectó el primera caso de COVID-19 y a ella me remito para evitar reiteraciones.

Desde entonces hemos asistido a espectáculos grotescos e hilarantes: test sí, test no; guantes si, guantes no; máscaras si, máscaras no … Pero lo que menos esperaba o, mejor dicho, lo que jamás hubiera imaginado, es que el Gobierno llegara incluso a “trapichear” con el número de muertos de la pandemia.

Primero se disculpó diciendo que los 3.929 registros civiles que en total hay en España, y que es donde se inscriben los fallecimientos, están transferidos a las comunidades autónomas. Cierto. Pero también lo es que desde que se declaró el estado de alarma dichos registros estaban obligados a facilitar la información a un organismo centralizado en Madrid cuyos responsables, sin embargo, no se percataron nunca, hasta que saltó el escándalo, claro, de que las cifras eran desproporcionadas en relación con las estadísticas de otros años: un 55% más de sobremortalidad, que se dice pronto.

Y ahora, tras el “redondeo” del sabio Simón, explicándonos hace unos días en una de sus ruedas de prensa que había existido un error de cómputo que reducía el número de muertos en exactamente dos mil (ni uno más ni uno menos), para dejar la cifra total en 27.118 fallecidos, ahora, digo, nos hemos enterado de que los números están manipulados y los decesos por el COVID-19 pueden superar los cuarenta mil.

En efecto, ha quedado reflejado en la última actualización del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria («MoMo»), dependiente del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III y que es un método que compara los fallecimientos previstos para un periodo concreto de tiempo con los fallecimientos que realmente se han producido en el mismo, que el exceso de mortalidad hasta el pasado día 22 de mayo ascendió a las 43.034 muertes.

Los técnicos del “MoMo” calculan el exceso de mortalidad tomando como referencia las medias de otros años, para sacar la diferencia entre la mortalidad que se podía esperar para unas semanas concretas y la que ha sucedido realmente. Por esta razón, se calcula que prácticamente todo ese exceso de mortalidad está de un modo u otro relacionado con el COVID-19, ya que ha sido el factor determinante.

Los nuevos datos del “MoMo” implican un fuerte incremento sobre los manejados hasta la fecha, hasta el punto de que esta actualización ha incorporado 13.250 muertes que no se habían incluido hasta ahora por retrasos en los registros civiles durante los peores momentos de la pandemia.

Se estimaba que entre el 13 de marzo y el 22 de mayo iban a producirse en España 77.817 muertes, pero el sistema ya ha contabilizado 120.851.

La mayor diferencia corresponde a Cataluña, que ha agregado al cómputo 8.514 muertes que no se habían notificado aún. En esta comunidad autónoma, el exceso de mortalidad durante la pandemia es del 96%: se esperaban 12.195 fallecimientos y se han registrado realmente 23.860.

Pero la mayor sobremortalidad se localiza en Castilla-La Mancha, con un 206%, seguida por la Comunidad de Madrid, que tiene un 162% de muertes más sobre las esperadas, Navarra, que tiene un exceso del 137%, y Castilla y León, donde la sobremortalidad es del 114%.

Resumiendo: los registros civiles están apuntando a que hay unos 16.000 muertos más por el COVID-19 de los que nos dicen el filósofo Illa y al sabio Simón.

Todo esto ya lo había denunciado hace días Don José Luis Concepción Rodríguez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y a punto estuvo de ser “fulminado”. Este magistrado, ex-juez de Grado por cierto, llegó a acusar al Gobierno de estar utilizando el estado de alarma “para legislar extramuros de la necesidad que provoca la epidemia”, asegurando que además de la crisis sanitaria, también le preocupaba mucho la crisis económica y la “política derivada de un Gobierno que está utilizando esta paralización del país para fines distintos que salvar a la población de la crisis del coronavirus” y concluyendo lapidariamente que “De acuerdo con la Constitución, el estado de alarma permite al Gobierno restringir derechos, pero los españoles tenemos suspendidos algunos derechos fundamentales como la libertad ambulatoria”.

Estoy completamente de acuerdo con el magistrado Sr. Concepción Rodríguez, al que tuve el gusto de conocer con ocasión del ejercicio por su parte en la villa moscona de la función jurisdiccional.

Y lo de «trapichear» nada menos que con el número de muertos de la pandemia, como ha hecho el Gobierno para tratar de engañarnos a los ciudadanos y de minimizar el problema, es una bajeza en toda regla y una ruindad sin precedentes que dejan al descubierto la catadura moral de los citados filósofo y sabio.

¡¡¡ Ay de mi güey !!!

Mario Gómez Marcos (Cangas del Narcea, 1960 - 2023)

Abogado