El rey emérito

Jamás fui monárquico, ni mucho menos “juancarlista”.

Tampoco he aceptado de ningún modo que Don Juan Carlos de Borbón y Borbón haya sido el artífice de la «transición», porque ese mérito entiendo que nos corresponde a los españoles.

Y no he olvidado nunca que la presencia de este señor en la jefatura del Estado es una herencia de Franco, por mucho que algunos se empeñen en decir que, cuando el día 6 de diciembre del año 1978 se celebró el referéndum tras el que se sancionó y promulgó la Constitución, implícitamente se estaba legitimando a la monarquía.

Pero dicho todo esto, me parece lamentable y vergonzoso lo que está pasando actualmente con el rey emérito y las desaforadas reacciones que están surgiendo a su alrededor.

El rey Juan Carlos I abdicó el día 2 de junio del año 2014, haciéndose la misma efectiva mediante la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, lo que le supuso automáticamente la pérdida de la inviolabilidad constitucional («La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad», dice textualmente el art. 56-3 de la Constitución), aunque una reforma legislativa aprobada un mes después le otorgó la condición de aforado, lo que quiere decir que desde la abdicación responde penalmente de sus actos (lógicamente, los posteriores a la misma) como cualquier otro ciudadano más, pero sus delitos solo pueden ser investigados y enjuiciados por el Tribunal Supremo, sin que ello suponga un “privilegio real”, pues también sucede con todos los diputados y senadores, entre otros (no olvidemos que en éste país hay unos 10.000 aforados, que se dice pronto).

Uno de los derechos fundamentales que rigen en España, y del que gozamos todos los ciudadanos sin excepción, es el de la presunción de inocencia, que supone que todo el mundo es inocente hasta que no exista una sentencia condenatoria y que además la misma sea firme.

Pero en el caso del rey emérito algunos quieren despojarlo de esa garantía constitucional e incluso condenarlo inaudita parte (sin ni siquiera ser oído) cuando todavía no ha adquirido la condición de investigado, presupuesto previo para luego ostentar la de encausado o procesado, más tarde la de acusado y, por último, la de condenado.

Lo único que hasta el momento hay contra este señor son unas diligencias de investigación abiertas en la Fiscalía del Tribunal Supremo, a resultas de las cuales el Ministerio Público formulará la correspondiente denuncia o querella ante el Alto Tribunal (que, de ser admitida a trámite, será la que determine su condición de investigado) o dictará Decreto archivando las mismas. Todo es posible, que para eso estamos en un Estado de Derecho.

Eso sí, la Fiscalía General del Estado, con el fin de darle mayor velocidad a la investigación, ha reforzado al equipo de cuatro fiscales del Tribunal Supremo que está llevando a cabo la misma, lo que es de agradecer en aras de la certidumbre y la seguridad jurídicas.

De otro lado, la pretensión de la entidad soberanista catalana Ómnium Cultural (la presidida por el preso independentista Don Jordi Cuixart i Navarro) de que el Alto Tribunal adoptara medidas cautelares penales contra el monarca, tales como la retirada del pasaporte para que no pueda salir del país o, de haberlo hecho ya, su búsqueda y captura a nivel internacional, me resulta esperpéntica. Y me gustaría conocer al abogado que firmó tal petición para recordarle que en este país, como sabe cualquier estudiante de Derecho, no se pueden adoptar ese tipo de medidas contra quien todavía no tiene la condición de investigado.

Ayer también me quedé estupefacto al leer en la prensa regional que el presidente autonómico, “Adrián el de la muda”, considera que los ciudadanos tenemos derecho (?) a saber dónde está el rey emérito. Un indocumentado más que, pese a ser licenciado en Derecho, o eso dicen, tampoco se ha leído el art. 19 de la Constitución, que proclama bien claro otro derecho fundamental: que todos los españoles podemos circular por el territorio nacional y entrar y salir libremente de España, sin que este derecho pueda ser limitado por motivos políticos o ideológicos.

Y, por último, lo de los Ayuntamientos de Cádiz y Gijón, anunciando que van a retirar el nombre de Juan Carlos I de sus vías públicas, me parece grotesco.

No tengo la mas mínima duda de que si, efectivamente, hay materia penal, este señor se sentará en el banquillo como un ciudadano más. Pero mientras no sea judicialmente encausado o procesado creo que lo constitucional y democráticamente correcto es dejarlo en paz. Como nos gustaría a todos si estuviéramos en su misma situación.

Con el presidente del Gobierno rumbo a disfrutar de sus «merecidas» vacaciones de verano en las residencias palaciegas propiedad del Patrimonio Nacional, como si aquí no estuviera pasando nada, no considero serio que el rey emérito sirva de chivo expiatorio para entretenimiento estival de la plebe.

Y estoy convencido de que ese interés político por avivar ahora el asunto del monarca no tiene otra finalidad que la de desviar la atención sobe la crisis de la pandemia y los rebrotes de la COVID-19 a lo largo y ancho de todo el país.

¡¡¡ Ay de mi güey !!!

Mario Gómez Marcos (Cangas del Narcea, 1960 - 2023)

Abogado