Caso tarjetas black

Bajo la denominación de “Caso tarjetas black” se conoce popularmente a la investigación judicial sobre un sistema de pagos ilícitos en el que participaron directivos y consejeros de Caja Madrid y de Bankia.

Por Sentencia nº 438/2018, de 3 de octubre, la Sala Segunda del Tribunal Supremo condenó a 64 directivos y ex-miembros del los consejos de administración de ambas entidades bancarias por otros tantos delitos de apropiación indebida, al considerar probado que se beneficiaron de estas tarjetas cuya operativa era opaca a Hacienda.

El Alto Tribunal entiende acreditado que desde 1988, cargos de Caja Madrid, y posteriormente Bankia, planificaron un sistema de tarjetas de funcionamiento opaco para uso del propio presidente, miembros de algunos de sus órganos, Consejo de Administración y Comisión de Control. Las tarjetas tenían límites de disponibilidad mensuales y anuales a cargo de una cuenta de la entidad. A sus titulares no se les exigía justificación alguna del gasto y las cantidades no tenían reflejo alguno en los contratos que suscribían los acusados con la entidad y tampoco formaban parte de las retribuciones pactadas cuando se trataba de directivos, ni de las cantidades que estaban autorizados a recibir en concepto de “dietas” quienes pertenecían a los órganos de gobierno; tampoco aparecían en las declaraciones de los impuestos individuales de cada uno de ellos, ni en las certificaciones de haberes ; si en algún periodo temporal no disponían de alguna de las cantidades dispuestas, éstas no pasaban a ingresar el patrimonio de los acusados sino que permanecían en poder de la entidad; tampoco se aplicaba retención fiscal alguna sobre los importes asignados y no se hacía en ningún momento liquidación alguna de las cantidades dispuestas; no aparecían en ningún documento oficial de la entidad como retribuciones asignadas a cada uno de ellos; y tampoco en ningún momento se requería a los acusados para que justificaran de alguna forma los gastos efectuados. En definitiva, corrobora la Sala, no había más control que “los limites mensuales o anuales establecidos”.

Esta Sentencia confirma en gran parte la de fecha 23 de febrero de 2017, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que había establecido como responsabilidad civil la devolución por los condenados de más de 12 millones de euros gastados con las tarjetas, de los que 9,3 millones fueron en la etapa de Don Miguel Blesa de la Parra como presidente de Caja Madrid (de enero de 2003 a enero de 2010) y 2,6 millones cuando el presidente de dicha entidad o Bankia era Don Rodrigo de Rato y Figaredo (de febrero de 2010 a mayo de 2012).

A esta pareja de banqueros, verdaderos muñidores de todo el «tinglao», se les atribuyen unos gastos con las tarjetas de 436.688 y 99.054 euros, respectivamente.

Pero Don Miguel Blesa de la Parra, que había sido condenado por la Audiencia Nacional a la pena de 6 años de prisión, extinguió su responsabilidad penal al haber muerto antes de recaer la Sentencia del Tribunal Supremo, pues en España dicha responsabilidad se extingue definitivamente con la muerte.[1]

Para mi lo curioso de este asunto tan lamentable es que la mayor parte de los ciudadanos asocia el mismo únicamente a ambos personajes, como si ellos fueran los exclusivos responsables de los delitos cometidos, cuando lo cierto es que fueron condenadas bastantes más personas, algunas de ellas vinculadas a los partidos políticos Izquierda Unida, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español y a los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, porque, como todos sabemos, los sinvergüenzas proliferan por doquier y no conocen de ideologías.

A continuación identificaré uno a uno por sus iniciales a cada condenado, con su vinculación política y la cantidad de dinero que gastó con cargo a las tarjetitas de marras:

El orden de este listado es de mayor a menor, según la importancia de las penas impuestas.

Y ahora vienen las conclusiones, agrupadas según las vinculaciones políticas de los condenados, su número y el monto total de sus gastos:

Pero si sumamos el total de lo gastado por los condenados, según su número y vinculación política, lo correspondiente a los 22 de izquierdas serían 3.114.441 euros y a los 16 de derechas 2.111.177 euros.

La suma de lo gastado por los 13 condenados de IU y PSOE alcanza los 2.058.6792 euros, cantidad muy próxima a los 2.111.177 euros gastado por los 16 condenados dl PP.

Llama la atención que solo los 2 condenados de IU se gastaran un total de 718.796 euros, que es casi la mitad de lo que se gastaron los 11 del PSOE y casi la  tercera parte de lo que se gastaron los 16 del PP.

Y lo de los 9 sindicaleros «de clase», con un gasto total de 1.055.769 euros, tampoco está nada mal.

Pero es que, como acabamos de ver, de todo hay en la viña del señor.

[1] Art. 130-1, 1º del Código Penal.

Mario Gómez Marcos (Cangas del Narcea, 1960 - 2023)

Abogado