Florentino Quevedo Vega, abogado.
En la sede del ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, tuvo lugar el acto protocolario para la imposición de la Cruz de San Raimundo de Peñafort que, en el pasado mes de agosto, el Ministerio de Justicia le concedió al abogado de Cangas del Narcea Florentino Quevedo Vega, lo que me lleva más allá de una razón de amistad personal, con la cual me honra, a escribir unas líneas breves pero llenas de afecto personal, con que sumarme al reconocimiento público de este buen amigo y enorme letrado. Dígase que aquélla es la distinción otorgada por el Ministerio de Justicia para premiar sobremanera los servicios prestados por los funcionarios de la Administración de Justicia, los miembros de las profesiones directamente relacionadas con ella, y cuantos otros hayan contribuido en su estudio y aplicación al desarrollo del Derecho, sin nota alguna oficial desfavorable en las actividades jurídicas desempeñadas.
Viene esta importante distinción, bien merecida en este caso, precedida de otros recientes reconocimientos profesionales, de los que algunos medios se han hecho eco, señaladamente el periódico La Nueva España. Digo merecida y no creo equivocarme en el caso de Quevedo Vega, ya que en una época como la que nos ha tocado vivir, de éxito en ocasiones fácil y embriagador, a veces conseguido por puro azar o sin mérito reseñable, Quevedo es rara avis en cuanto ejemplo vivo y bien elocuente de hombre hecho a sí mismo, que procedente de una familia humilde de la vecina Galicia, con enorme vocación, espíritu de sacrificio, saber hacer y energía poco común, ha alcanzado un reconocimiento profesional en el mundo del Derecho y, en concreto, de la abogacía más que notable y que le permiten aún hoy, a sus envidiables 91 años, continuar trabajando con un entusiasmo casi juvenil, lo cual debiera servir de estímulo y acicate a aquellas generaciones más jóvenes que buscan hoy, en un entorno social y profesional sin duda muy difícil, su porvenir profesional.
Si bien el Derecho, a través de la abogacía ha marcado la vida profesional de Quevedo, su formación fue originariamente otra muy distinta, ya que, como recordarán muchas personas con mayor experiencia vital que yo, ejerció muchos años ese noble oficio de maestro de escuela llegando a ser ya a finales de los años cuarenta, muy joven por tanto, director de colegio (Nuestra Señora del Carmen). Estudió la carrera de Derecho que simultaneó con el trabajo anterior, habiendo dado clases a varias generaciones de cangueses. Fue asimismo procurador durante nueve años, lo que le permitió conocer los entresijos de la burocracia judicial, como antesala privilegiada para su posterior e inmediata dedicación a la abogacía, que ya no abandonaría hasta hoy, durante prácticamente cincuenta años ininterrumpidos.
Seguramente algunos no sabrán que además, entre tanta ocupación, a Quevedo le dio tiempo a obtener el grado de doctor en Derecho, que lo llevó a, tras varios años de intenso estudio y dedicación al tema, culminar su tesis, publicada después bajo el título de «Derecho español de minas». Esta obra que viene con frecuencia citada entre la bibliografía específica en la materia, tuvo el indudable mérito de abordar sistemáticamente o en conjunto la general problemática jurídica que el Derecho minero planteaba, como rama del ordenamiento, haciéndolo Quevedo además con unos mimbres en la literatura anterior muy rudimentarios.
El doctorado fue una credencial sin duda excelente con la que Quevedo inicia su posterior y exitosa andadura profesional, principalmente aunque no sólo, en el asesoramiento de empresas mineras, algunas de las más importantes a nivel nacional en el sector carbonífero y que continuará ejerciendo al momento actual. No puedo dejar de reseñar que esta obra ha sido en alguna ocasión injustamente tratada, por opiniones cuando menos poco informadas. Huyó Quevedo, al encarar la temática de su tesis doctoral, de elegir un tema fácil o que estuviera previamente trillado en la doctrina anterior. Este libro de Quevedo ha sido valorado más ponderada y justamente en otros lugares importantes, y a título de ejemplo puedo mencionar que no hace mucho, en los Anales de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, nº 37, de 2007 (Madrid), en un trabajo del eximio Díez-Picazo, catedrático de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid, ex magistrado del Tribunal Constitucional y, sobre todo, maestro de una importante escuela de juristas, se refiere al libro de Quevedo en términos elogiosos. O en la más prestigiosa revista científica española de Derecho público, la Revista de Administración Pública, en un extenso trabajo de quien quizá sea el mayor especialista español en Derecho minero, Isidro Arcenegui, que, si no yerro, cita hasta siete veces a Quevedo Vega al abordar diversos aspectos del Derecho de minas.
El doctorado, que le abrió las puertas de una especialidad profesional, la continuada luego y nunca interrumpida experiencia práctica en dicho campo, con su personalidad abierta y autodidacta, lo acreditan como uno de los mayores especialistas a nivel nacional en Derecho minero.
Por todo ello, por ser ejemplo de laboriosidad sin desfallecimiento, por su buen hacer profesional, por su compañerismo, es una distinción oficial del todo merecida, que agranda la ya exitosa trayectoria profesional de Quevedo Vega como abogado, y llena de satisfacción y celebramos cuantos lo conocemos y queremos.
¡Felicidades, Quevedo!
Ricardo Murias García, 28·01·2011
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