En la entrada titulada “Estatuto de los miembros y ‘miembras’ de las Corporaciones Locales” escribí que la legislación vigente impone a alcaldes y concejales el cumplimiento estricto de los deberes y obligaciones inherentes a su cargo, entre los que se encuentran:

• El de hacer declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos;

• El de formular asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las autoliquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades.

A éste respecto, la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, a la que tantas veces me he referido en esta bitácora, establece imperativamente en su artículo 8 que los Ayuntamientos, el de Cangas del Narcea también, deberán de hacer pública, como mínimo, la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria que se indican a continuación: “… h) Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Cuando el reglamento no fije los términos en que han de hacerse públicas estas declaraciones se aplicará lo dispuesto en la normativa de conflictos de intereses en el ámbito de la Administración General del Estado.”

A su vez, el artículo 75 de dicha Ley de Bases dispone textualmente: “7. Los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos. Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las autoliquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades. (…) Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con carácter anual…»

Esta nueva realidad nos sitúa ante dinámicas de publicidad electrónica que difieren frente a los medios tradicionales de publicidad utilizados en el ámbito local, que básicamente se concentraban en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y el Tablón de Edictos de cada Ayuntamiento, a los que debemos añadir, ahora, la sede electrónica y, en la materia que nos ocupa, el Portal de Transparencia de la respectiva entidad.

Si bien el BOP y el Tablón de Edictos continúan siendo, en gran medida, medios de publicación obligatorios, su formato ha pasado a ser también digital, aunque a efectos informativos no resultan el mejor medio, pues la publicación suele limitarse a una mera reproducción de los acuerdos municipales, en el no siempre sencillo lenguaje administrativo, sin introducir elementos de simplificación y facilidad para su mejor comprensión. Sin embargo, la información objeto de publicidad activa en el Portal de Transparencia ha de ser información accesible, estructurada, de ser posible en formatos reutilizable, lo que aconseja llevar a cabo un proceso de simplificación previa a su inserción en el Portal.

Pero a mí todo esto no me consta que se esté cumpliendo en el Ayuntamiento de Cangas.

Así que el alcalde-abogado ya está tardando en publicar las declaraciones anuales de bienes y derechos suyas y del resto de los miembros de su equipo de gobierno correspondientes a los cinco últimos años.

No es un capricho mío; lo obliga la ley.

¡¡¡Ay de mi güey!!!

En los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos cuando así lo disponga su Reglamento Orgánico o lo acuerde el Pleno, en sus Ayuntamientos existirán unos órganos colegiados que tendrán por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como al seguimiento de la gestión del Alcalde, la Comisión de Gobierno y los concejales con delegaciones.[1]

Estos órganos, denominados Comisiones Informativas Municipales, salvo casos de urgencia, emiten dictámenes preceptivos, aunque no vinculantes[2], de los asuntos a los que anteriormente me referí, e, igualmente, informan de aquellos asuntos de la competencia propia de la Comisión de Gobierno y Alcalde que le sean sometidos a su conocimiento por expresa decisión de aquellos.

Todos los grupos políticos integrantes de la Corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos, y su composición se acomodará a la proporcionalidad entre los distintos grupos políticos representados en aquella.

Tras el escándalo provocado por la propuesta por escrito del alcalde-abogado de reconocer la dedicación parcial a otros 4 concejales del PSOE, para que así puedan percibir también las correspondientes remuneraciones del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, lo que ya expliqué aquí mas ampliamente en la entrada titulada “Sueldos políticos municipales (II)”, el regidor local ha salido a contraatacar desde su página de la red social Facebook.

Y así, sin ir más lejos, ayer en su muro reprochó a los concejales de la oposición que se hubiesen abstenido en la Comisión Informativa de Desarrollo Local, Turismo, Hacienda y Régimen Interior del Ayuntamiento, en la que se debatió sobre el incremento de las ayudas municipales a APESA y a la Asociación de Turismo Rural Fuentes del Narcea así como la firma de un convenio con la Cámara de Comercio de Oviedo, y de no haber votado a favor de dichos incremento y convenio.

Trata de provocar un enfrentamiento de ambas asociaciones y Cámara con la oposición.

Pero no ha reparado en que abstenerse no es lo mismo que votar en contra, pues la abstención puede deberse, sin ir más lejos, a que el importe de las subvenciones se considera muy bajo, y así es la única manera de dejar constancia de la protesta, sin que ello suponga una actitud obstaculizadora a su concesión cuando por la composición de la Comisión se sabe de antemano que la propuesta sometida a la misma va a salir adelante.

No se pretenda engañar a la gente, porque no creo que nadie en su sano juicio esté en contra del progreso del Concejo, así que no nos pongamos «medallitas».

El alcalde-abogado, al recriminar la actitud de la oposición, se pone en modo pavo real y afirma sin rubor “Pero me da igual, ellos podrán seguir poniendo palos en las ruedas que mi Equipo de Gobierno y yo seguiremos luchando por quienes viven y creen en el territorio donde trabajan”, cuando todos sabemos que al contratar, por ejemplo, abogados externos para el Ayuntamiento, lo hace con bufetes foráneos próximos a su partido, en detrimento de los que están abiertos en Cangas, como ya relaté aquí en las entradas tituladas “Externalización de servicios públicos” y “Contratos municipales a la medida”.

Y el alcalde-abogado nuevamente falta a la verdad:

• Porque, como ya dije antes, los dictámenes de las Comisiones Informativas Municipales no son vinculantes, por lo que los alcaldes, los plenos y las juntas de gobierno de cualquier Ayuntamiento son libres de decidir lo que quieran sin tener que sujetarse a aquellos.

• Porque los presidentes de esas Comisiones tienen voto de calidad, es decir, que deciden los empates,[3] que fue precisamente lo que aquí sucedió.

• Y porque, y esto ya no es grave sino gravísimo, en algunos de estos expedientes existen informes desfavorables de los propios servicios jurídicos municipales por no haberse respetado los trámites legalmente previstos al respecto.

Por cierto, y dicho sea con el debido respeto, ninguno de estos expedientes fue informado por un Interventor Municipal profesional.

Yo creo que el alcalde-abogado debería de hacérselo mirar.

¡¡¡Ay de mi güey!!!

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[1] Art. 20-1, c) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

[2] Art. 126-1 del Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

[3] Art. 135-3 del Real Decreto 2568/1986, citado en la nota anterior.

Inmediatamente después de las elecciones municipales del año 2019 todos los Ayuntamientos de España, salvo contadas excepciones, convocaron el correspondiente Pleno para acordar lo de la mamandurria: la principal preocupación.

Y en Cangas del Narcea no íbamos a ser menos, así que tras el Pleno del día 15 de junio, que fue el “constituyente” (en el que se eligió el nuevo alcalde, en contra del voto del pueblo, porque en éste país a los alcaldes no los elegimos los ciudadanos sino los concejales), se celebró el Pleno del día 5 de julio, sesión en la que el alcalde-abogado se reservó para sí los actos meramente folklóricos y protocolarios pues en el mismo delegó en varios concejales y encomendó a otros todas las competencias en materia de:

• Desarrollo Local, Turismo, Hacienda y Régimen Interior;
• Obras, Urbanismo, Medio Ambiente y Festejos;
• Medio Rural y Agro-ganadería;
• Salud pública, Igualdad, Mujer y Derechos Sociales;
• Cultura, Patrimonio y Alcaldes de Barrio;
• Deportes, Mayores, Infancia y Energía;
• Educación, Juventud y Consumo; y
• Participación Ciudadana, Innovación e Información.

Y así el alcalde-abogado, por decisión propia, quedó convertido en un florero, pero, eso sí, con “sueldín”.

Porque en esa misma sesión plenaria, no hubo debates sobre el futuro del Concejo, con la crisis que ya estaba asolando al mismo antes de la pandemia,  sino que los concejales del PSOE y de IU decidieron, sin el más mínimo pudor, coaligarse (o como se llamen esos acuerdos espurios que en éste caso también podríamos denominar como “pacto del duerno” por aquello del comedero) y rápidamente ejecutaron lo que ya traían consensuado: que el alcalde-abogado y tres concejales (2 de IU y 1 del PSOE) percibieran un “sueldín” de 36.500 euros/año por barba.

Para entendernos: lo que, salvo contadísimas excepciones, no cobra en este Concejo ningún trabajador por cuenta ajena.

Todo ello supone para los cangueses la suma de 146.000 euros/año, Seguridad Social aparte, que es otro 40% más aproximadamente, y que también paga el Ayuntamiento.

Pero resulta que ahora, como el Ayuntamiento funciona tan estupendamente bien, como sus cuentas están absolutamente saneadas y su economía sin deudas, como las calles y parques públicos están tan excelentemente conservados, como las carreteras y caminos locales están perfectamente arreglados y cuidados, como el agua de la red pública municipal nos llega a nuestras casas tan pura y cristalina, como el suministro de luz pública a los pueblos es una verdadera maravilla … ahora el alcalde-abogado ha decidido avanzar en lo de la mamandurria y además, para despistar al personal, pretende consumarlo en el mes de agosto, que es casi como hacerlo con nocturnidad.

Y por ello, tras la correspondiente propuesta por escrito del alcalde-abogado a la Comisión de Hacienda y Régimen Interior del Ayuntamiento (actualmente compuesta por 5 concejales -3 del PP, 2 del PSOE y 1 de IU- pero cuyos dictámenes, por cierto, no son vinculantes), propuesta que se supone que fue previamente consensuada con los agraciados y, por supuesto, con los socios de gobierno, es probable que en el próximo Pleno la coalición local de la izquierda caniche apruebe, a sabiendas de que por lo tiene muy fácil por aquello de la “aritmética parlamentaria” (9 votos del PSOE e IU contra 8 del PP), que otros 4 concejales del PSOE que hasta ahora no cobraban sueldo también perciban retribuciones a cargo del erario municipal, supongo que para acabar con las desigualdades y los agravios comparativos, lo que es sumamente reconfortante, al menos para los beneficiarios de este maná «caído» no precisamente del cielo sino del pueblo cangués.

La idea del alcalde-abogado es que a esos 4 concejales socialistas se les reconozca la dedicación parcial para que así puedan percibir de todos los cangueses otros 38.933,32 euros/año (más Seguridad Social), a razón de 695,24 euros mensuales por barba, en 14 pagas iguales (en total 9.733,33 euros/año por concejal), a cambio de dedicar al Ayuntamiento 2 horas al día durante 20 días al mes.

Si, el lector ha entendido bien: una jornada de trabajo de 2 horas al día durante 20 días al mes.

Una verdadera tomadura de pelo, cuando no una absoluta desvergüenza, por lo demás claramente discriminatoria respecto de los ciudadanos de a pie.

Porque tenga en cuenta el lector, para no descontextualizar la información, que, según publica hoy la página “web” de La Moncloa, sede de la presidencia del Gobierno de España, con referencia a lo que va del presente año 2021:

• la pensión media se situó en 1.032,33 euros mensuales. Esta cuantía media comprende las distintas clases de pensiones (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares);

• en concreto, la pensión media de jubilación fue de 1.187,80 euros mensuales;

• por su parte, la pensión media de viudedad fue de 739,19 euros al mes; y

• por regímenes, la pensión media de jubilación más alta correspondió al Régimen General, con 1.333,60 euros al mes, mientras que la más baja la registró el Régimen de Autónomos, 792,08 euros/mes.

A lo que yo añado que el salario mínimo interprofesional para este año 2021 es de 1.108,30 euros mensuales, pero, eso sí, trabajando 8 horas al día y 22 días al mes.

Sin embargo, insisto, estos 4 concejales socialistas, solo por dedicarle al Ayuntamiento 2 horas al día durante 20 días al mes, cobrarán 695,24 euros mensuales por barba, en 14 pagas iguales (en total 9.733,33 euros/año por concejal), mas la Seguridad Social por la que también cotiza aquél.

Parecido a lo que cobran en España los pobres jubilados y viudos tras años y años de trabajo y cotización. ¡¡¡ Vivan el rojerío y los progres de salón !!!

En consecuencia, en las próximas fechas, y pese a la que nos está cayendo encima, en nuestro Ayuntamiento, que no se olvide que es de todos, habrá nada más y nada menos que 8 políticos liberados a costa de todos los cangueses, a saber:

• el acalde-abogado;

• 5 concejales del PSOE (de un total de 6); y

• 2 concejales de IU (todos los electos).

En otras palabras, que a partir de ahora, el alcalde-abogado, todos los concejales de IU y todos los del PSOE, excepto 1, cobrarán un sueldo del Ayuntamiento.

Y lo dicho:

• 4 a razón de 36.500 euros/año cada uno; y

• 4 a razón de 9.733,33 euros/año cada uno.

En total 184.933,32 euros/año, más otro 40% aproximadamente de cotización a la Seguridad Social, que también corre a cargo de los cangueses.

Y todo esto, para mayor escarnio y desfachatez, en plena crisis de la pandemia donde hay muchísimos ciudadanos que lo están pasando francamente mal.

En fin, un formidable escándalo a la vista, ciencia y paciencia de todos los cangueses.

Yo creo que si los electores del Concejo de Cangas votaron mayoritariamente una determinada candidatura, pero los concejales decidieron en virtud del citado “pacto del duerno” que el alcalde fuera otro distinto del que encabezaba aquella, al menos ahora deberían de tener la gallardía  de preguntarle al pueblo llano y soberano si está de acuerdo con ésta obscenidad de sueldos públicos.

¡¡¡Ay de mi güey!!!

Hoy es la festividad católica de Santa Rita de Casia, por ser el aniversario de la muerte de esta religiosa italiana bautizada como Margherita Lotti, fallecida en el año 1457, beatificada por el Papa Urbano VIII en el año 1627 y finalmente canonizada por el Papa León XIII en el año 1900.

En España se la llama la Santa de los imposibles y abogada de sus causas, pero también es conocida como Patrona de los funcionarios municipales, aunque, probablemente el origen de ello no sea religioso ni tenga que ver con su vida, sino con el refrán popular «Santa Rita, Rita…. lo que se da, no se quita» en alusión a que en este país las plazas de aquellos, como las del resto de los funcionarios públicos, son vitalicias y, una vez conseguidas, resulta casi imposible perderlas.

Aun cuando, como ya escribí aquí alguna vez, la plantilla del Ayuntamiento de Cangas del Narcea está integrada por un total de 166 empleados, de los cuales 65 son funcionarios y los 101 restantes laborales, lo cierto es que tanto el Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario como el Convenio Colectivo del Personal Laboral (publicados ambos en el BOPA 31/01/2019) contemplan como festivo y no laborable, para todo el personal municipal sin excepción, el Día de Santa Rita, con la matización de que si el día 22 de mayo cayera en sábado o domingo la celebración se trasladará al viernes mas próximo a dicha fecha.

Según éstos, Acuerdo Regulador y Convenio Colectivo, todas las dependencias del Ayuntamiento de Cangas permanecen cerradas no sólo los 8 días de fiestas nacionales, los 2 días de fiestas autonómicas y los 2 días fiestas de locales sino, además, los días 24 y 31 de diciembre y el Día de Santa Rita.

Así las cosas, y de conformidad con la citada normativa de personal, ayer viernes en Cangas todas las dependencias municipales estuvieron cerradas al público por celebrarse Santa Rita, festividad de la que, lamentablemente, no se informó a los ciudadanos ni en la página web ni en la centralita telefónica, lo que no me parece normal.

Tengo constancia de que en otros Ayuntamientos en los que también se reconoce el Día de Santa Rita como festivo y no laborable el mismo no se celebra ni el día 22 de mayo ni el viernes mas próximo a dicha fecha sino que lo que se hace es reconocer a cada empleado municipal un día libre que podrá disfrutar cuando más le convenga y siempre que no comprometa las necesidades del servicio, de manera que en esos ayuntamientos las dependencias no se cierran con motivo de la festividad de la Santa, lo que me parece mucho más racional de cara a la atención ciudadana que, en definitiva, ha de ser lo prioritario cuando de servicios públicos se trata.

En el caso de Cangas, desde hace años los regidores municipales tienen por costumbre condecorar el Día de Santa Rita a los empleados del Ayuntamiento que cumplen 25 años de servicio, pero este año el alcalde-abogado, el sabrá por qué, tuvo la ocurrencia de que el homenaje a esos trabajadores municipales no tuviera lugar ni el día de la Santa (hoy sábado) ni el viernes (festivo para ellos), sino el jueves anterior y, además, fuera de las dependencias municipales y dentro del horario laboral. Y a mí esto ya me parece excesivo.

¡¡¡Ay de mi güey!!!

La representación y defensa técnica de las partes ante los Tribunales de Justicia la ostentan un procurador y un abogado, respectivamente.

Este requisito, conocido como postulación procesal, es la regla general en el caso de los particulares, existiendo, no obstante, excepciones que pueden afectar a la representación o a la defensa e incluso a ambas.

Pero, sin embargo, en el caso de las Administraciones Públicas el requisito de la postulación procesal es diferente y tiene peculiaridades.

Traigo esto aquí a colación porque, leyendo el acta de la sesión del Pleno del Ayuntamiento de Cangas del Narcea celebrada el pasado día 7 de agosto, me entero de que se han contratado los servicios de una procuradora (que, por cierto, tampoco es de este concejo), por el plazo de 2 años y un precio total de 10.800 euros, para representar al Ayuntamiento en todo tipo de procedimientos judiciales, sea cual sea el número de estos.

Pero un Ayuntamiento no necesita de ningún procurador para que lo represente ante los Tribunales de Justicia en aquellos procesos judiciales en que sea parte.

En efecto, el art. 551 de la Ley Orgánica del Poder Judicial[1], dedicado a regular la representación y defensa del Estado y demás entes públicos, dispone textualmente lo siguiente:

“3. La representación y defensa de las comunidades autónomas y las de los entes locales corresponderán a los letrados que sirvan en los servicios jurídicos de dichas Administraciones públicas, salvo que designen abogado colegiado que les represente y defienda.”

Como ya escribí aquí en otras ocasiones, el Ayuntamiento de Cangas cuenta con dos abogadas en plantilla, una funcionaria y otra en régimen laboral, que a la vista de lo expuesto están legalmente facultadas para representar al mismo ante los Tribunales de Justicia.

En consecuencia, la contratación de esta procuradora por parte del Ayuntamiento de Cangas es un gasto superfluo por innecesario.

Pero me asalta una duda: ¿esto lo sabría el alcalde-abogado cuando procedió a convocar la licitación para contratar los servicios de procuraduría?. Porque si no lo sabía, malo; pero si encima lo sabía, todavía peor.

El atento lector me dirá que solo se trata de 10.800 euros, que son el chocolate del loro, a lo que yo le replico diciendo que sea cual sea el quantum se trata de dinero público y que esa cantidad daría, por ejemplo, para mas de 30 de esas ayudas municipales pomposamente denominadas «cheque impulso empresarial», esas que el Ayuntamiento convocó allá por mayo para la reactivación y la regeneración económicas del concejo y que, a punto de finalizar el año, no acaba de pagar a los autónomos y pequeños empresarios del mismo.

¡¡¡Ay de mi güey!!!

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[1] Ley Orgánica 6/1985

En el mes de noviembre del año 2008, el Gobierno de Don José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo, popularmente conocido como “Plan E”, con el objetivo de impulsar la actividad económica del país, movilizando grandes cantidades de dinero público, para hacer frente a la crisis económica originada tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y financiera global del año 2007.

Y los más de 30.000 proyectos del “Plan E” trajeron un diluvio de dinero a los ayuntamientos: 8.000 millones de euros, cifra que duplicó la inversión de todos los municipios de España al año.

Uno de los beneficiados por ese chaparrón de dinero público fue el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, que en aquellos tiempos estaba gobernado por el alcalde Don José Manuel Martínez González (IU), tras un estrafalario pacto con el PP local que dio lugar al que tantas veces he denominado aquí como “El cuatrienio negro” (2007-2011).

Pues bien, con cargo a dichos fondos públicos, el exalcalde Martínez y sus adláteres sufragaron una serie de obras públicas entre las que se encuentran las de

• depuración, saneamiento y pavimentación del pueblo de Fondos de Villa;

• saneamiento y pavimentación del pueblo de Villar de Naviego;

• acondicionamiento y mejora de camino entre los pueblos de Besullo y Pumar de las Montañas;

• mejora de la red de distribución del pueblo de Las Cuadriellas de Villaláez;

• nuevo depósito regulador del pueblo de Besullo;

• camino entre los pueblos de Gedrez, Piedrafita y Jalón; y

• ahorro energético en varios pueblos del Concejo.

Tras la llegada de la nueva corporación municipal (2011-2015), cuyo alcalde fue Don José Luis Fontaniella Fernández (PP), algunos vecinos de los pueblos en los que se ejecutaron las obras en cuestión acudieron al Ayuntamiento para expresar sus quejas por su resultado, ordenándose entonces por parte de aquél y de Don José Ramón Puerto Alvarez, concejal delegado de Urbanismo, Infraestructuras y Medio Ambiente entre los años 2011 y 2013, que los servicios técnicos municipales comprobaran in situ la situación, lo que motivó una serie de inspecciones -verdaderas auditorías de las obras públicas- a resultas de la cuales los técnicos locales emitieron los correspondientes informes poniendo de relieve que dos empleados del Ayuntamiento habían certificado en su día la realización de obras sin ejecutar, lo que supuso un derroche de dinero público superior a los 600.000,00 euros de los de entonces o, más exactamente, se había dispuesto de semejante cantidad de dinero sin más justificación que unas certificaciones de obra que luego se demostró que no se ajustaban a la realidad.

Así las cosas, el alcalde Fontaniella puso los hechos en conocimiento:

• del Tribunal de Cuentas, cuya sección de fiscalización hasta la fecha ha dictado varias Sentencias condenando al exalcalde Martínez a reintegrar a las arcas públicas importantes sumas de dinero (en total más de 90 mil euros) de las que, dicho sea de paso, todavía no ha pagado ni un céntimo; y

• de la Fiscalía Superior del Principado de Asturias, que terminó querellándose contra el exalcalde Martínez, dos empleados municipales (uno de ellos ya no trabaja para el Ayuntamiento) y los responsables de todas las empresas que ejecutaron las obras, por los delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial y mercantil.

A las actuaciones seguidas ante el citado órgano de fiscalización del Estado ya me referí en la entrada titulada “El Tribunal de Cuentas”, donde dejé bien claro que esa había sido la primera -y única- vez que en Cangas se había auditado la obra pública, práctica que tendría que ser siempre obligatoria en todas las Administraciones para evitar la dilapidación del dinero de todos los ciudadanos y de cuyos polvos, entre otros, tenemos ahora este lodazal de país.

Pero de lo que no recuerdo haber escrito aquí nunca es sobre la querella del Ministerio Fiscal, que dio lugar a una investigación penal en el Juzgado de Instrucción de Cangas del Narcea que desembocó en el Procedimiento Abreviado nº 89/2018 de la Audiencia Provincial (Sección Tercera) de Oviedo, cuya vista oral estaba señalada para los próximos días 14, 15, 16, 17 y 18 de diciembre pero que acaba de ser suspendida sine die por problemas logísticos: el Tribunal no encuentra una sala de vistas que permita mantener las medidas sanitarias preventivas derivadas de la pandemia  ante la afluencia de las personas que deben intervenir en el juicio oral (miembros del Tribunal, Ministerio Fiscal y demás partes, funcionarios de la Administración de Justicia, testigos y peritos, etc.).

En este proceso penal se encuentran personados como acusación no solo el Ministerio Fiscal sino también la Abogacía del Estado y el Ayuntamiento de Cangas, éste último defendido por un abogado de Oviedo, pues para éste procedimiento judicial al alcalde-abogado tampoco le valen ni las letradas consistoriales -que están en nómina- ni, como siempre, ninguno de los diez abogados con despacho abierto en la villa y que pagamos los impuestos en éste municipio.

Los acusados son 9 en total (el exalcalde Martínez, los dos empleados municipales y los seis gerentes de las empresas contratistas) y por parte del Ministerio Fiscal se están solicitando para los mismos las siguientes penas:

• para el exalcalde Martínez, las de 8 años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y 20 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo o empleo público;

• para los dos empleados municipales, las de 8 años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y 20 años de inhabilitación absoluta para el ejercicio de cargo o empleo público;

• para dos de los empresarios, las de 3 años y 6 meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y 8 años y 11 meses de inhabilitación absoluta para el ejercicio de cargo o empleo público;

• para otros dos empresarios, las de 3 años y 11 meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y 9 años y 11 meses de inhabilitación absoluta para el ejercicio de cargo o empleo público;

• para otro empresario, las de 2 años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y 4 años de inhabilitación absoluta para el ejercicio de cargo o empleo público; y

• para otro empresario, las de 2 años y 11 meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y 5 años y 11 meses de inhabilitación absoluta para el ejercicio de cargo o empleo público.

Y las responsabilidad civiles, es decir, las indemnizaciones que en total los acusados tienen que satisfacer al Ayuntamiento de Cangas por los daños y perjuicios ocasionados con su proceder, superan en conjunto los 510 mil euros (sin computar los citados mas de 90.000,00 euros del Tribunal de Cuentas), cantidades de las que las empresas contratistas responderán subsidiariamente.

Como verá el lector, por esta entrada y por otras anteriores, lo del Ayuntamiento de Cangas es de Juzgado de Guardia, nunca mejor dicho.

Pero que no cunda el pánico por lo elevado de las penas solicitadas; porque éstas cosas al “cocer” menguan.

Como en este país a este tipo de investigaciones se les suelen poner curiosos nombres, yo he decidido bautizar a ésta como “Operación Furaco”. Seguro que muchos lectores lo entenderán.

¡¡¡Ay de mi güey!!!