Uno de los documentos más celosamente guardados en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea es la plantilla, entendiendo por tal la relación de los 166 empleados municipales con especificación de sus nombres y apellidos, puesto de trabajo, grupo de clasificación, nivel de destino, antigüedad, retribuciones tanto básicas como complementarias, etc.

Pero hace unos años, con ocasión de un pleito laboral contra el Ayuntamiento, tuve la oportunidad de hacerme con uno de estos documentos que desde entonces guardo como oro en paño. Al leerlo me quedé estupefacto y comprendí inmediatamente que si esta información no se divulgaba es porque los regidores locales tienen miedo de que se les caiga la cara de vergüenza.

Es más, durante un par de fines de semana tuve la santa paciencia de introducir todos los datos en una hoja “excel”, lo que ahora me permite clasificar a los empleados municipales por orden alfabético, por sueldo, por antigüedad, por complementos, etc.

Si clasifico a los 166 empleados municipales por el importe de sus retribuciones, de mayor a menor, resulta que los puestos 2 y 4 de esta clasificación los ocupan dos auxiliares (C1-22) con unas retribuciones brutas anuales de nada menos que 48.057,20 euros y 37.879,40 euros, respectivamente. Un escándalo.

No acabo de entender por qué este tipo de información no se divulga, si resulta que los recursos económicos que se emplean para retribuir a los empleados municipales son públicos.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno[1], sólo exige la publicación de las retribuciones de los altos cargos (artículo 8.1.f).

No obstante, el día 24 de junio de 2015 el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos, emitieron un criterio interpretativo conjunto (1/2015), no aplicable a la publicidad activa en la web, y con efectos únicamente para la Administración General del Estado, en el que se concluía que, con carácter general, cuando un ciudadano solicite conocer las retribuciones de un funcionario público se tendrá que tener en cuenta la regla de la ponderación de intereses y derechos prevista en el artículo 15.3 de la citada Ley 19/2013.

De otro lado, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público[2], solo contempla la publicación de las retribuciones complementarias (no las básicas) por puestos de trabajo (artículo 74).

A nivel autonómico, la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés,[3] no contiene previsión alguna al respecto.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que el conocimiento de las retribuciones de los empleados públicos “… puede contribuir al debate público relativo a una cuestión de interés general y sirven, por tanto, al interés público …” (STJUE, asuntos acumulados C-465/00, C-138/01 y C-139/01, Caso Rechnungsof y otros contra Österreichischer Rundfunk, de 20 de mayo de 2003).

Así que mas temprano que tarde este tipo de información será pública.

¡¡¡Ay de mi güey !!!

[1] BOE 10/12/2013

[2] BOE 31/10/2015

[3] BOE 19/10/2018

Este paseo de Cangas del Narcea, en mi modesta opinión, es una de las iniciativas municipales más acertadas de los últimos años.

La primera fase, que va de Santiso a La Himera, se construyó bajo el mandato de Cuervo (PSOE) y la segunda, que discurre entre Ambasaguas y Santiso, bajo el de Fontaniella (PP).

No conozco a nadie que haya transitado por este paseo que no lo haya calificado de extraordinario por la belleza del entorno por el que discurre. Recorrerlo en silencio, sin más ruidos que el rumor del río Luiña y el canto de los pájaros, es una verdadera delicia para el caminante.

Y además creo que es otro importante atractivo turístico más de esta zona.

Hacía años que no utilizaba este paseo, pero hace unos días, aprovechando que en agosto toda la actividad judicial está bajo mínimos (es un mes inhábil, salvo para las actuaciones de carácter penal), me decidí a recorrerlo por el tramo Santiso-La Himera.

Y cuál no sería mi sorpresa al comprobar que la fana existente al comienzo de este tramo (que hace que el mismo se convierta de pronto en un peligroso sendero peonil en el que es imposible cruzarse con otro usuario) sigue sin repararse.

Esta fana, si no recuerdo mal, data de hace más de 10 años; fue a mediados del mandato del alcalde Martínez (2007/2011). Tras él llegó otro alcalde (2011/2015) y luego el alcalde-abogado (2015/…), que es el actual, y no me consta que ninguno de los tres hayan hecho algo para reparar esta peligrosa fana, salvo señalizarla para que los usuarios no se caigan por el precipicio.

Ya sé que se trata de una obra competencia de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, hasta ahí llego pues la fana está en zona de dominio público hidráulico, pero supongo que en el Ayuntamiento se habrá incoado un expediente al respecto, donde no solo constarán los informes de los técnicos municipales, etc, sino también las solicitudes y requerimientos al organismo de cuenca para que proceda a la reparación de la fana.

Por eso espero que el alcalde-abogado haga público en el Facebook, como es su costumbre habitual cuando le interesa divulgar algo, el texto de dichas solicitudes y requerimientos a la Confederación Hidrográfica para la reparación de esta fana del Paseo del Vino que, amén del peligro que representa, tanto perjudica su indudable atractivo turístico.

¡¡¡Ay de mi güey!!!

Para continuar y completar lo que el otro día escribí aquí bajo el título “El ruido (I)”, he vuelto a la Ordenanza Municipal del Ruido del Ayuntamiento de Cangas del Narcea,[1] que está en vigor desde hace más de 11 años.

Dice esta Ordenanza que “Corresponderá al Alcalde y  por  delegación  a  los  Concejales  de  Medio  Ambiente  y/o  Policía,  conforme  a  sus  respectivos  ámbitos  de  competencia,  la  alta  inspección  de  cumplimiento  de  la  presente  ordenanza,  pudiendo  los agentes  de  Policía  requerir  al  infractor  la  adopción  de  medidas  de  atenuación  para  su  adecuación  a  los  límites recogidos en esta  ordenanza”[2] y también señala que “Corresponderá  al  Alcalde  o  Concejal  por  delegación  adoptar  las  medidas  correctoras  necesarias  según  proceda, imponiendo las sanciones correspondientes.”[3]

Luego la inspección, la adopción de medidas correctoras y la imposición de sanciones, en todo lo relacionado con el ruido, están únicamente en manos de los políticos de turno: el alcalde o, en su caso, el concejal delegado. Mal asunto.

Además establece que “Las normas de esta Ordenanza serán (…) exigibles a (…) toda clase de edificaciones, obras en la vía pública o instalaciones industriales, comerciales y de servicios, así como para su ampliación, reforma o demolición, que se  proyecten, ejecuten o realicen a partir de la vigencia de esta Ordenanza.”[4]

Y acto seguido dispone que “A partir de la presentación del correspondiente certificado de fin de obra, el Ayuntamiento comprobará el cumplimiento de las prescripciones establecidas en la presente Ordenanza.  Sin el informe favorable sobre el cumplimiento de los requisitos acústicos exigidos, no se concederá la licencia de Primera ocupación.”[5]

Pero esto de la “comprobación” y del “informe favorable” en Cangas no se cumple. Sorprendentemente, aquí no hay ni una cosa ni la otra.

Pero el incumplimiento de esta Ordenanza no queda ahí. Qué más quisiéramos.

Cuando la misma se refiere a los “Aparatos e instrumentos musicales” señala que “En  el  caso  de  actividades  sometidas  a  licencia  municipal  de  Apertura  y  con  carácter  previo  a  la  concesión  de  la misma,  el  interesado  estará  obligado  a  acreditar  la  instalación  de  un  sistema  de  limitación  del  equipo  reproductor,  no  manipulable,  con  su  correspondiente  Certificado  de  Verificación  conforme  a  la  normativa  aplicable  para el  control  de  los  instrumentos  destinados  a  la  medición  de  sonido  audible  y  de los  calibradores  acústicos. Dicho equipo limitador impedirá que el nivel sonoro emitido sobrepase los niveles máximos permitidos en la ordenanza según los tramos horarios determinados en la misma.”[6]

Pero esto del “equipo limitador” en Cangas tampoco se cumple. Extrañamente, aquí no se exige como requisito previo a la concesión de las licencias de apertura.

Las Ordenanzas Municipales son disposiciones administrativas de carácter general, de rango inferior a la ley, elaboradas por los Ayuntamientos en la esfera de su competencia, siendo manifestación de su potestad reglamentaria, resultando cuando menos extravagante que, habiendo sido el propio Ayuntamiento de Cangas el que aprobó esta Ordenanza Municipal del Ruido allá por el año 2010, sin embargo sea el primero en no cumplirla.

Y ya lo escribí aquí el otro día: si el Ayuntamiento incumple su propia normativa esto es un aquelarre.

¡¡¡Ay de mi güey!!!

[1] BOPA 19/8/2010

[2] Artículo 4-1.

[3] Artículo 4.2.

[4] Artículo 5.1.

[5] Artículo 6.1.

[6] Artículo 14.1.

Como todos sabemos, la frase apócrifa que titula esta entrada no tiene nada que ver con los perros, sino que es una expresión muy empleada para señalar que algo o alguien avanza a pesar de las críticas.

Nunca sabrá el lector la satisfacción que me produce esta bitácora, al comprobar que la misma causa furor entre muchos cangueses y que a otros, los menos, les provoca escozores. Misión cumplida.

Hace unos días, en la entrada titulada “Más sobre la contratación pública local”, me referí a dos (2) contratos suscritos por el Ayuntamiento de Cangas del Narcea a través del alcalde-abogado.

Un par de días después, la segundo teniente alcalde y Concejal de Desarrollo Rural, Turismo, Hacienda y Régimen Interior de dicho Ayuntamiento, sin encomendarse ni a dios ni al diablo, escribió en su muro de la red social Facebook una breves líneas para tratar de desprestigiarnos tanto a mi como al blog.

Los políticos que ejercen cargos públicos tienen una afición casi enfermiza por las redes sociales, porque en ellas siempre cuentan con adeptos y seguidores, pues todos sabemos que los españoles son muy dados a la adulación, pero la concejala tenía que haber escrito sus alegatos en este blog, que está completamente abierto para que quien quiera pueda hacer comentarios en él, siempre desde el respeto y la educación, claro, y lo lógico es que el suyo se hubiese escrito en el mismo y no en una red social con la que lo único que se pretende es ampararse en el “jaleo” de los palmeros, todos ellos también militantes de la secta, aunque, como siempre digo, a mí los palmeros ni me asustan ni me amedrentan.

La concejala escribió entonces que en el caso de dicha entrada del blog el autor “… se ha colao …”, pues se ha limitado a hacer un “… corta y pega …” de una revista del PP local, concluyendo que “… Con toda la información, todos podemos ponernos a reflexionar. Cuando se omite parte de la misma, o se falsea por parte de quién la expone, la reflexión siempre será errónea …”. Tal cual.

Me sorprendió esta reacción por parte de una persona que, pese a tener cierta amistad conmigo, sin embargo no me hubiese comentado directamente nada al respecto en las diversas ocasiones en las que coincidimos por entonces. Porque si hubiese habido algo erróneo en el blog, yo rápidamente lo subsanaría y pediría disculpas. No olvidemos que errar es de humanos y rectificar de sabios.

Pero la salida de pata de banco de la concejala no viene por esa concreta entrada del blog, sino por todo el en sí mismo, pues “Desde el corazón de Cangas” es lo último que se hubiesen imaginado los miembros del actual equipo de gobierno municipal.

Esta bitácora se nutre de información emanada de los boletines oficiales, de documentación procedente del Ayuntamiento y de las pocas resoluciones que éste dicta, de ahí que sus datos sean irrefutables y nunca nadie se haya atrevido a contradecirlos.

En las 267 entradas que el blog tiene hasta ahora prácticamente la mitad se refieren al Ayuntamiento de Cangas y sus ocupantes políticos. En este año y medio he escrito sobre deudas, contratos, juicios, problemas de personal, etc., etc., y la circunstancia de que haya sido ahora (entrada nº 259) la primera vez que un regidor local escribe contra el blog me lleva a concluir que todo lo que dije en las demás sobre el equipo de gobierno municipal es rotundamente cierto e incontestable.

Porque no me baso ni en chismes ni en cotilleos, sino exclusivamente en información que leo y veo personalmente con mis propios ojos, que contrasto prudentemente y de la que luego escribo bajo el tamiz jurídico que me facilitan mis 37 años de ejercicio libre de la abogacía.

Puedo hacer comentarios más o menos jocosos pero, eso sí, siempre desde el respeto y la educación e, insisto, en todo momento sobre datos irrebatibles y completos.

No soy el correveidile de nadie, no nos equivoquemos. Que algún político local coincida a veces con lo que aquí escribo, no deslegitima para nada mis opiniones. Es más, estoy completamente convencido de que si el equipo de gobierno municipal estuviese integrado por los concejales que hoy están en la oposición, este blog sería lectura de cabecera y preferida de esta concejala y del resto de la “progresía” canguesa.

Creo que todo el debate sobre la citada entrada del blog proviene de la opacidad, el oscurantismo y la falta de información y transparencia en las que permanentemente incurren los regidores locales cangueses.

Y no se escude la concejala en la Sede Electrónica del Ayuntamiento porque parece hecha a propósito para no encontrar nada o lograrlo tras no poco tiempo y dificultad. Si hubiese un verdadero interés por la transparencia, sería mucho más sencillo y accesible informar directamente en la portada de la página web municipal, que informáticos para hacerlo no les faltan.

Pero vayamos al grano:

• Primer contrato:

Sobre el mismo la concejala escribió textualmente en la red social que “… duró de abril a julio del año 2020, y como todo contrato finalizó. 4.235 € bimensuales durante 4 meses …”.

Y previamente yo había escrito en el blog lo siguiente, que también transcribo al pie de la letra: “… Este contrato, parece ser, supuso un gasto de 8.470 euros y, ante la opacidad informativa municipal, estoy en mi perfecto derecho de sospechar sobre el mismo y sus circunstancias …”.

Teniendo en cuenta que 4.235 x 2 = 8.470, ¿cuál es la discrepancia entre la concejala y yo?. Pues ninguna.

• Segundo contrato:

Sobre el mismo la concejala escribió textualmente en la red social que “… Este contrato de publicidad se ha adjudicado hace pocos días a la empresa IMPACT 5 por importe de 91.500 € para dos años …”.

Y anteriormente yo había escrito en el blog lo siguiente, que igualmente transcribo al pie de la letra: “… el alcalde-abogado acaba de firmar otro contrato (…) por una duración de 2 años y un precio total de 75.619,84 euros…”

Y vuelvo a preguntarme, ¿cuál es la diferencia entre la concejala y yo?. Pues que ella pone el precio con IVA y yo sin IVA, es decir, que en este caso tambien coincidimos.

Luego la entrada nº 259 de este blog, la de la polémica, al igual que todas las demás sin excepción, también es cierta e incontestable.

Creo que me merezco una disculpa, pero la modestia y la humildad escasean.

Y, por cierto, la concejala facilita información de la Plataforma de Contratación del Sector Público pero únicamente en cuanto al segundo contrato, pero no sobre el primero, por lo que sigue moviéndose en el oscurantismo, la opacidad y la falta de información y transparencia y, en consecuencia, reafirma mis sospechas al respecto.

Ahora que cada lector saque sus propias conclusiones. Pero, eso sí, yo no miento.

Yo solo puedo reiterarme en lo ya dicho: ladran, luego cabalgamos.

¡¡¡Ay de mi güey!!!

En la entrada titulada “Transparencia y buen gobierno” escribí que en España hace años que está en vigor una ley dedicada a la transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno[1] (qué bonito suena todo esto) y que, según se dice en su Exposición de Motivos, tiene un triple alcance:

• incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública -que se articula a través de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades públicas-;

• reconoce y garantiza el acceso a la información -regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo-; y

• establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento -lo que se convierte en una exigencia de responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de relevancia pública-.

Una especie de “luz y taquígrafos” a toda la actividad pública que, sin embargo, muchos políticos, de todo signo, no acaban de aceptar y por ello se resisten a cumplir.

Esta ley, ni que decir tiene, es directamente aplicable a todas las Administraciones Públicas (estatal, autonómica, provincial y local) pero igualmente a los organismos autónomos, entidades públicas empresariales, entidades y corporaciones de Derecho Público, fundaciones del sector público, etc., etc.

Asimismo a los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales.

Y, por supuesto, también al Ayuntamiento de Cangas del Narcea.

Pero, como ya escribí entonces, el “portal de transparencia” de nuestro Ayuntamiento tiene la información desfasada y sin actualizar. A los «progres» no les interesa que los ciudadanos estemos informados; mejor que no sepamos nada. ¡¡¡ Quién nos lo iba a decir !!!.

No solo eso sino que, además, el alcalde-abogado se niega a facilitar la información cuando algún ciudadano se la solicita expresa y formalmente, negativa que es a todas luces ilegal.

Me explico: el día 5 de agosto de 2015 presenté en el registro general del Ayuntamiento (entrada nº 5915) un escrito donde en mi propio nombre, como ciudadano y contribuyente que soy, solicitaba se me “… facilitara por escrito …” la siguiente información: “… de manera individualizada y desglosada el importe de cuantas cantidades hayan percibido por todos los conceptos (retribuciones, indemnizaciones, asistencias, dietas, gastos, etc.) cada uno de los miembros de esa Corporación Local durante el año natural 2014 …”.

Se trataba de una información que, en principio, era inocua e intranscendente para el Ayuntamiento y que, además, en nada afectaba ni comprometía al alcalde-abogado, dado que este fue proclamado alcalde en el mes de junio de 2015, que fue la primera vez que el mismo formó parte de la Corporación municipal.

Y, obviamente, tampoco estamos hablando de información comprometida relativa a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública… como para limitar su acceso a la misma.

Según esta ley, la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante en el plazo máximo de un (1) mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, plazo que podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario, pero siempre previa notificación al solicitante.

Pues bien, el día 16 de septiembre de 2015, es decir, fuera del citado plazo legalmente previsto y sin habérseme notificado la prórroga del mismo, como claramente exige la ley, recibí por correo postal una Resolución del alcalde-abogado en la que, tras exponer que mi solicitud había sido informada favorablemente por el Interventor Municipal (solo faltaría, tratándose de dinero público), me indicaba “… que para hacer efectivo el derecho a la consulta, habrá de señalar el día en que desea realizarla, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, a efectos de no distorsionar el funcionamiento de las dependencias municipales …”.

No me diga el lector que esto no resulta simpático y gracioso: yo solicito que una concreta información me sea facilitada “… por escrito …” y el alcalde-abogado transmuta mi petición en una “… consulta …”, que es cosa bien distinta y diferente. En fin, todo un pitorreo.

El alcalde-abogado pretendía que yo me desplazara al Ayuntamiento a revisar personalmente los expedientes (los que pusieran a mi disposición, claro, que seguro que no serían todos), localizara la información, tomara nota de los datos correspondientes, sumara las cantidades por conceptos, las clasificara por personas, etc., etc., labor farragosa que, obviamente, no estaba dispuesto a llevar a cabo.

En definitiva, una especie de «auto-información» que yo mismo me proporcionaría pero sin ninguna garantía oficial sobre su veracidad, que es lo que yo pedía y además lo que dice la ley, con lo cual la información por mi obtenida no serviría para nada; sería mi información, pero no la del Ayuntamiento, que es de lo que se trata.

Por supuesto que no acudí a las dependencias municipales y, en consecuencia, me quedé sin la información solicitada y que, insisto, había pedido para que me fuese facilitada “… por escrito …”.

Otro flagrante incumplimiento de la normativa legal sobre transparencia por parte del regidor local.

Y digo yo: ¿Pero tan complicado es que los servicios de la tesorería o intervención municipal, que están informatizados, expidan un listado de todos los pagos realizados al alcalde y a los concejales del año 2014 a lo largo de dicho ejercicio?.

Y también me pregunto: ¿el alcalde-abogado tendrá algo que ocultar para no accede a mi solicitud o simplemente lo hará por aquello de que entre bomberos no se pisan las mangueras?.

Hoy volveré a pedir la misma información, pero esta vez referida al año natural 2020. A ver lo que pasa. Manténganse los lectores alerta. Les iré informando puntualmente.

¡¡¡Ay de mi güey!!!

[1] Ley 19/2013, de 9 de diciembre (BOE 10/12/2013)

Inmediatamente después de las elecciones municipales del año 2019 todos los Ayuntamientos de España, salvo contadas excepciones, convocaron el correspondiente Pleno para acordar lo de la mamandurria: la principal preocupación.

Y en Cangas del Narcea no íbamos a ser menos, así que tras el Pleno del día 15 de junio, que fue el “constituyente” (en el que se eligió el nuevo alcalde, en contra del voto del pueblo, porque en éste país a los alcaldes no los elegimos los ciudadanos sino los concejales), se celebró el Pleno del día 5 de julio, sesión en la que el alcalde-abogado se reservó para sí los actos meramente folklóricos y protocolarios pues en el mismo delegó en varios concejales y encomendó a otros todas las competencias en materia de:

• Desarrollo Local, Turismo, Hacienda y Régimen Interior;
• Obras, Urbanismo, Medio Ambiente y Festejos;
• Medio Rural y Agro-ganadería;
• Salud pública, Igualdad, Mujer y Derechos Sociales;
• Cultura, Patrimonio y Alcaldes de Barrio;
• Deportes, Mayores, Infancia y Energía;
• Educación, Juventud y Consumo; y
• Participación Ciudadana, Innovación e Información.

Y así el alcalde-abogado, por decisión propia, quedó convertido en un florero, pero, eso sí, con “sueldín”.

Porque en esa misma sesión plenaria, no hubo debates sobre el futuro del Concejo, con la crisis que ya estaba asolando al mismo antes de la pandemia,  sino que los concejales del PSOE y de IU decidieron, sin el más mínimo pudor, coaligarse (o como se llamen esos acuerdos espurios que en éste caso también podríamos denominar como “pacto del duerno” por aquello del comedero) y rápidamente ejecutaron lo que ya traían consensuado: que el alcalde-abogado y tres concejales (2 de IU y 1 del PSOE) percibieran un “sueldín” de 36.500 euros/año por barba.

Para entendernos: lo que, salvo contadísimas excepciones, no cobra en este Concejo ningún trabajador por cuenta ajena.

Todo ello supone para los cangueses la suma de 146.000 euros/año, Seguridad Social aparte, que es otro 40% más aproximadamente, y que también paga el Ayuntamiento.

Pero resulta que ahora, como el Ayuntamiento funciona tan estupendamente bien, como sus cuentas están absolutamente saneadas y su economía sin deudas, como las calles y parques públicos están tan excelentemente conservados, como las carreteras y caminos locales están perfectamente arreglados y cuidados, como el agua de la red pública municipal nos llega a nuestras casas tan pura y cristalina, como el suministro de luz pública a los pueblos es una verdadera maravilla … ahora el alcalde-abogado ha decidido avanzar en lo de la mamandurria y además, para despistar al personal, pretende consumarlo en el mes de agosto, que es casi como hacerlo con nocturnidad.

Y por ello, tras la correspondiente propuesta por escrito del alcalde-abogado a la Comisión de Hacienda y Régimen Interior del Ayuntamiento (actualmente compuesta por 5 concejales -3 del PP, 2 del PSOE y 1 de IU- pero cuyos dictámenes, por cierto, no son vinculantes), propuesta que se supone que fue previamente consensuada con los agraciados y, por supuesto, con los socios de gobierno, es probable que en el próximo Pleno la coalición local de la izquierda caniche apruebe, a sabiendas de que por lo tiene muy fácil por aquello de la “aritmética parlamentaria” (9 votos del PSOE e IU contra 8 del PP), que otros 4 concejales del PSOE que hasta ahora no cobraban sueldo también perciban retribuciones a cargo del erario municipal, supongo que para acabar con las desigualdades y los agravios comparativos, lo que es sumamente reconfortante, al menos para los beneficiarios de este maná «caído» no precisamente del cielo sino del pueblo cangués.

La idea del alcalde-abogado es que a esos 4 concejales socialistas se les reconozca la dedicación parcial para que así puedan percibir de todos los cangueses otros 38.933,32 euros/año (más Seguridad Social), a razón de 695,24 euros mensuales por barba, en 14 pagas iguales (en total 9.733,33 euros/año por concejal), a cambio de dedicar al Ayuntamiento 2 horas al día durante 20 días al mes.

Si, el lector ha entendido bien: una jornada de trabajo de 2 horas al día durante 20 días al mes.

Una verdadera tomadura de pelo, cuando no una absoluta desvergüenza, por lo demás claramente discriminatoria respecto de los ciudadanos de a pie.

Porque tenga en cuenta el lector, para no descontextualizar la información, que, según publica hoy la página “web” de La Moncloa, sede de la presidencia del Gobierno de España, con referencia a lo que va del presente año 2021:

• la pensión media se situó en 1.032,33 euros mensuales. Esta cuantía media comprende las distintas clases de pensiones (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares);

• en concreto, la pensión media de jubilación fue de 1.187,80 euros mensuales;

• por su parte, la pensión media de viudedad fue de 739,19 euros al mes; y

• por regímenes, la pensión media de jubilación más alta correspondió al Régimen General, con 1.333,60 euros al mes, mientras que la más baja la registró el Régimen de Autónomos, 792,08 euros/mes.

A lo que yo añado que el salario mínimo interprofesional para este año 2021 es de 1.108,30 euros mensuales, pero, eso sí, trabajando 8 horas al día y 22 días al mes.

Sin embargo, insisto, estos 4 concejales socialistas, solo por dedicarle al Ayuntamiento 2 horas al día durante 20 días al mes, cobrarán 695,24 euros mensuales por barba, en 14 pagas iguales (en total 9.733,33 euros/año por concejal), mas la Seguridad Social por la que también cotiza aquél.

Parecido a lo que cobran en España los pobres jubilados y viudos tras años y años de trabajo y cotización. ¡¡¡ Vivan el rojerío y los progres de salón !!!

En consecuencia, en las próximas fechas, y pese a la que nos está cayendo encima, en nuestro Ayuntamiento, que no se olvide que es de todos, habrá nada más y nada menos que 8 políticos liberados a costa de todos los cangueses, a saber:

• el acalde-abogado;

• 5 concejales del PSOE (de un total de 6); y

• 2 concejales de IU (todos los electos).

En otras palabras, que a partir de ahora, el alcalde-abogado, todos los concejales de IU y todos los del PSOE, excepto 1, cobrarán un sueldo del Ayuntamiento.

Y lo dicho:

• 4 a razón de 36.500 euros/año cada uno; y

• 4 a razón de 9.733,33 euros/año cada uno.

En total 184.933,32 euros/año, más otro 40% aproximadamente de cotización a la Seguridad Social, que también corre a cargo de los cangueses.

Y todo esto, para mayor escarnio y desfachatez, en plena crisis de la pandemia donde hay muchísimos ciudadanos que lo están pasando francamente mal.

En fin, un formidable escándalo a la vista, ciencia y paciencia de todos los cangueses.

Yo creo que si los electores del Concejo de Cangas votaron mayoritariamente una determinada candidatura, pero los concejales decidieron en virtud del citado “pacto del duerno” que el alcalde fuera otro distinto del que encabezaba aquella, al menos ahora deberían de tener la gallardía  de preguntarle al pueblo llano y soberano si está de acuerdo con ésta obscenidad de sueldos públicos.

¡¡¡Ay de mi güey!!!