Desde hace unos años en España está poniéndose muy de “moda” que terceras personas se instalen a vivir en una casa ajena.

En éstos casos, no es lo mismo que el inmueble en cuestión sea la residencia habitual de alguien a que se encuentre sin habitar, pues en el primer caso podríamos estar ante un delito de allanamiento de morada[1] y en el segundo ante un delito de usurpación[2].

Pero, en cualquiera de los dos supuestos, se trata de delitos cuyas penas, en principio, no suponen el ingreso en prisión, por lo que quizá sea este dato el que lo explique todo.

Las penas máximas para los tipos básicos de ambos delitos son 2 años de prisión, en el caso del de allanamiento, y 6 meses de multa, en el de usurpación.

Pero téngase en cuenta que, en este país, los Tribunales de Justicia gozan de la facultad discrecional de dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a 2 años siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos que ahora no vienen al caso. Otro día escribiré sobre esto.

Y la sensación de impunidad del delincuente condenado que no ingresa en prisión es muy mala consecuencia.

Jurídicamente hablando aquí entran en aparente “colisión” tres preceptos constitucionales:

• el artículo 18-2, a cuyo tenor literal “El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”;

• el artículo 33, según el cual “1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. 3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”; y

• el artículo 47 que dice que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

Cohonestar los tres artículos de la Constitución en su “interpretación popular” (?) no es tarea fácil, lo entiendo, pero lo que para mí está clarísimo es que los delitos de allanamiento y de usurpación deberían de tener cuanto antes penas más severas, para que así tuvieran efectos disuasorios.

A este respecto, son los diputados y senadores, en definitiva, los partidos políticos, los únicos responsables de reformar el Código Penal para endurecer las penas previstas para estos delitos. Así de simple y de sencillo. Pero hasta la fecha solo me consta que han movido ficha el PP y C’s, que proponen modificar el delito de usurpación para convertirlo en un delito menos grave, castigado con penas de prisión de 3 meses a 5 años, o incluso grave, lo que implicaría pena de prisión de 5 años en adelante.

De no endurecerse las penas en éste país seguiremos asistiendo a espectáculos tan lamentables como de los que diariamente dan cuenta los medios de comunicación.

Hasta el punto de que en este disparate ya estamos viendo como hay “okupas” tan envalentonados que llegan a amenazar con denunciar a los legítimos dueños por el citado delito de allanamiento de morada, si es que los mismos pretenden recuperar por la fuerza la posesión de sus casas, e incluso a los funcionarios policiales y judiciales que intervengan en su desalojo por el delito de violación domiciliaria,[3] cuando no medie resolución judicial autorizándolo. ¡¡¡El mundo al revés!!!.

Porque, repito, mientras no tenga lugar dicha reforma, los Tribunales de Justicia solo podrán aplicar las penas previstas en la actual redacción del Código Penal, es decir, penas que, insisto, salvo excepciones no suponen el ingreso en prisión.

Y estamos hablando de algo tan serio en cualquier país civilizado como es la protección de la propiedad privada.

¡¡¡Ay de mi güey!!!

[1] Castigado en el Código Penal con la pena de prisión de 6 meses a 2 años, salvo que el hecho se ejecute con violencia o intimidación en cuyo caso las penas serán de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses (art. 202).

[2] Castigado en el Código Penal con la pena de multa de 3 a 6 meses, salvo que el hecho se ejecute con violencia o intimidación en cuyo caso la pena será de 1 a 2 años (art. 245).

[3] Castigado en el Código Penal con las penas de multa de 6 a 12 meses y de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 2 a 6 años (art. 534).

Ayer compareció ante los medios, recién llegado de sus vacaciones estivales, el presidente del Gobierno, esa calamidad que está llevando a este país a la ruina. Se fue con la epidemia por controlar y ha vuelto con la situación descontrolada.

Este charlatán de feria ha dedicado hora y media para decir solo dos cosas: que la declaración del estado de alarma quedaba en manos de las comunidades autónomas y que el Estado ponía a disposición de éstas dos mil militares para ejercer labores de rastreo.

En fin, que el presidente del Gobierno se ha quitado del medio, lavándose las manos, como Judas.

El bronceado Don Perico Pinocho se fue de vacaciones sacando pecho por su liderazgo en la crisis de la pandemia y ha vuelto de las mismas poniéndose de perfil ante la que está cayendo. Increíble pero cierto.

Los ciudadanos hemos padecido las consecuencias de un Estado en el que todos reclaman competencias pero nadie asume responsabilidades.

Nunca en los últimos años la ruina estuvo tan cerca y lo peor es que comparecencias como la de ayer vuelven a confirmar que aquí no hay nadie al timón.

Pero lo de la declaración del estado de alarma está generando tal polémica que merece una puntualización.

La ley reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio[1], que data de cuando el presidente del gobierno era Don Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo, dispone claramente que la competencia para declarar el estado de alarma es exclusiva del Gobierno, mediante Decreto del que dará cuenta al Congreso de los Diputados.

La norma condiciona esta declaración a que se produzcan una serie de “alteraciones graves de la normalidad” que la misma enumera.

Y cuando alguno de esos supuestos afecten exclusivamente a todo o parte del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma su presidente podrá solicitar del Gobierno la declaración del estado de alarma.

Luego una Comunidad Autónoma no puede declarar el estado de alarma sino únicamente solicitar del Gobierno que lo haga.

Por último, la norma establece que a efectos del estado de alarma la Autoridad competente será el Gobierno o, por delegación de éste, el presidente de la Comunidad Autónoma cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una Comunidad.

¡¡¡Ay de mi güey!!!

[1] Ley Orgánica 4/1981 – BOE 5/06/1981.

El Consejo de Ministros celebrado el pasado día 19 de mayo aprobó remitir al Parlamento el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (PLCCTE) con el fin de alcanzar la neutralidad de emisiones antes de 2050.

Según fuentes gubernamentales tal decisión se adopta “en coherencia con el criterio científico y las demandas de la ciudadanía”.

Lo que esta ley persigue no es otra cosa que España alcance la neutralidad de emisiones antes de llegar a la mitad de siglo, de manera que el país solo emitirá la cantidad de gases de efecto invernadero que sus sumideros puedan absorber.

Como ya ha sucedido con otros temas (descarbonización, etc.), España se adelanta así en este punto al cumplimiento del denominado Acuerdo de París, que obliga a los estados a ser neutrales en emisiones en la segunda mitad de siglo.

El texto del proyecto, que incorpora a todos los sectores económicos a la acción climática, desde la generación de energía y las finanzas a los sectores primarios, pasando por el transporte, la industria o las administraciones públicas, es fruto de un proceso de participación pública y revisión iniciado en febrero de 2019 y que ha contado con las aportaciones, entre otras instituciones, del Consejo Asesor del Medio Ambiente, el Consejo Nacional del Clima, la Comisión de  Coordinación de Políticas de Cambio Climático, la Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Consejo de Estado.

Una vez aprobada esta ley se podrá alcanzar el objetivo de neutralidad climática, lo que permitirá a dichos sectores adaptarse a la nueva revolución industrial asociada a la economía baja en carbono.

Todo ello obligará, de acuerdo con la normativa europea, a adoptar las medidas necesarias para que muchos de los nuevos vehículos no destinados a usos comerciales, excluidos los matriculados como vehículos históricos, reduzcan paulatinamente sus emisiones.

Una vez más y van… el Gobierno ha cambiado de planes, dando marcha atrás en su anuncio de que a partir del año 2040 no se podrían comercializar vehículos con propulsión de gasolina y diésel.

Veremos en qué queda todo esto.

¡¡¡Ay de mi güey!!!

Cuando un ciudadano, una empresa e incluso una Administración, no está de acuerdo con una decisión administrativa, una disposición reglamentaria o una norma legal, puede impugnarla ante los Tribunales de Justicia del orden contencioso-administrativo para que sean éstos quienes decidan si el acto en cuestión es o no ajustado al Ordenamiento Jurídico. Es otra de las grandezas del Estado de Derecho: todos estamos sometidos al imperio de la ley.

En ese tipo de procedimientos la parte que impetra la tutela judicial puede solicitar al Tribunal que adopte una medida cautelar que asegure la efectividad de la Sentencia o que suspenda la vigencia de la norma y en ambos casos el órgano judicial, oídas las partes, resolverá lo que proceda sin esperar al dictado de la Sentencia. Por eso se llama precisamente medida cautelar. Pero eso también se puede solicitar, cuando concurran circunstancias de especial urgencia, como medida cautelarísima, supuesto en el que el Tribunal resolverá sin oír a las partes.

Traigo esto a colación con motivo de un caso que acaba de resolver el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

El Gobierno de dicha comunidad autónoma dictó el pasado día 28 de julio una Orden que limitaba el horario del ocio nocturno en todo Euskadi a las 1:30 horas y con un aforo máximo del 60%. El mismo horario de cierre era también de aplicación a bares, restaurantes, txokos y sociedades gastronómicas.

Ante ello, las asociaciones de hosteleros guipuzcoanos y vizcaínos decidieron impugnar judicialmente dicha Orden y solicitar como medida cautelar la suspensión de su vigencia.

Pues bien, el viernes día 14, esto es, antesdeayer, el TSJPV emitió un Auto suspendiendo la efectividad de la Orden y volviendo a instaurar el horario normal.

El TSJPV determina que el ocio nocturno apenas tiene incidencia en el imparable repunte de casos registrados en las últimas fecha al señalar, de un lado, que, en el caso de Euskadi, «los brotes de pubs y discotecas no representan un número especialmente significativo», y, de otro, que las decisiones que limitan la actividad de estos establecimientos conllevan «un perjuicio de muy difícil o imposible reparación» para estos locales, que «puede llevar incluso a cierres».

El TSJPV también rebate el argumento del Gobierno vasco, de que la reducción del horario se fija como medida preventiva por el mayor relajamiento a avanzadas horas de la noche, señalando que «se trata de una presunción con cierta lógica pero que no tiene en cuenta que se limita el aforo de estas actividades y que, en las que tienen un horario de cierre más tardío (discotecas), existe personal de seguridad que tiene la posibilidad de hacer cumplir el resto de medidas preventivas» para evitar contagios. Y apostilla “a esto añadiremos que el horario que se fija para pubs y discotecas en la orden se solapa con el de bares y restaurantes sin dejar franja específica alguna para el ocio nocturno».

Aun considerando «cierto» el argumento del Gobierno vasco de que la mala situación económica del sector «no deriva solo de la orden impugnada, sino de las medidas adoptadas durante el estado de alarma», el TSJPV resalta que la Orden «introduce las limitaciones de horario y no uso de pistas de baile que superan, con mucho, las limitaciones de aforo y la necesidad de distanciamiento que se imponen al resto de actividades hosteleras y que permiten el desarrollo a las demás actividades de hostelería en el horario y con las características propias del servicio que prestan, lo que no ocurre con las aquí recurrentes».

De otro lado, el pasado día 7 de agosto, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) también dio la razón a los hosteleros maños en su demanda de dejar sin efecto de manera cautelar la medida que establecía el horario de cierre de los establecimientos de hostelería a las 1:00 horas.

En Asturias, las dos asociaciones provinciales de hostelería existentes, impugnaron igualmente la norma autonómica que redujo dicho horario a las 2:00 horas y solicitaron como medida cautelarísima la suspensión de su vigencia, pero el Tribunal Superior de Justicia del Principado (TSJPA) acaba de rechazar la misma por entender que no existía urgencia, pues la Resolución del Gobierno asturiano había entrado en vigor el día 29 de julio y el recurso no se interpuso hasta el día 12 de agosto, pero en breve el TSJPA tendrá que resolver la petición como medida cautelar ordinaria y ya veremos cual será su decisión.

No obstante, tengo que decir que tanto las Resoluciones del TSJPV y del TSJA como la que próximamente tendrá que adoptar como medida cautelar el TSJPA es probable que en la práctica pierdan su eficacia para los hosteleros cuando los gobiernos vasco, aragonés y asturiano dicten las nuevas Ordenes acordadas por el Ministerio de Sanidad con las Comunidades Autónomas en la reciente reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para hacer frente a la pandemia.

Ahora bien, estas Ordenes actualmente pendientes de ser dictadas pos los gobiernos autonómicos podrán ser objeto de control judicial en nuevos procedimientos y, ojo, los argumentos de los Magistrados también podrían volver a ser los mismos.

¡¡¡Ay de mi güey!!!

En España la potestad legislativa del Estado, es decir, el poder de elaborar y aprobar válidamente las normas con rango de ley, se ejerce por las Cortes Generales formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.[1]

No obstante, existe la posibilidad de que las Cortes Generales deleguen en el Gobierno la potestad de dictar eses tipo de normas, lo que deberá hacerse de forma expresa, para materias concretas y con fijación de un plazo para su ejercicio, debiendo delimitarse con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio.[2]

Pero en casos de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno puede dictar por sí mismo disposiciones legales provisionales, que tomarán la forma de Decretos-leyes[3], no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general, Decretos-leyes que deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación en el Congreso de los Diputados (en estos casos el Senado no interviene) dentro de los treinta días siguientes a su promulgación, plazo en el que el Congreso habrá de pronunciarse entonces expresamente sobre su convalidación o derogación, bien entendido que durante dicho plazo las Cortes podrán tramitar estos Decretos-leyes como proyectos de ley (aquí ya intervendría también el Senado) por el procedimiento de urgencia.[4]

Aun cuando la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso de los Diputados y al Senado, también está prevista la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley siempre y cuando las mismas estén avaladas por 500.000 firmas acreditadas.[5]

Pero volviendo a los citados casos de extraordinaria y urgente necesidad, en los que el Gobierno puede dictar disposiciones legislativas provisionales, se trata precisamente de lo que ha sucedido en España desde que se decretó el estado de alarma, momento a partir del cual el Gobierno no ha parado de dictar Reales Decretos-leyes y Decretos-leyes con el fin de regular las distintas situaciones derivadas de la crisis de la pandemia y otros temas que nada tienen que ver con la misma, incluso en supuestos que no cumplen el requisito de ser casos de extraordinaria y urgente necesidad.

En mi opinión, el Gobierno ha abusado de esta excepcionalidad legislativa, lo que no deja de ser una anomalía del principio de separación de poderes.

Sirva de ejemplo el Real Decreto-ley 27/2020,, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, que ha venido a plasmar el polémico acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias sobre el llamado “superávit municipal”, y que seguramente no será convalidado por el Congreso (350 diputados) dada la oposición a dicho acuerdo por parte de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, salvo el PSOE (120 diputados) y Unidas-Podemos (35 diputados), lo que en principio impediría a estos dos partidos alcanzar por sí solos la mayoría simple exigida para la convalidación y que requiere que en la votación la disposición legislativa gubernamental obtenga más “síes” que “noes”.

Luego es bastante probable que ese controvertido Real Decreto-ley, que, como ya escribí aquí, ni siquiera respeta los términos del citado acuerdo (“Disciplina de partido vs intereses locales”), sea derogado por el Congreso de los Diputados.

Según el Tribunal Constitucional, el Decreto-ley es utilizable cuando una necesidad caracterizada por las notas de lo extraordinario y lo urgente reclama una acción normativa que ordinariamente compete al legislador, pero que precisamente por esta necesidad y no poder ser atendida por una ley de Cortes se autoriza al Gobierno a emitir. No basta con una situación de necesidad, sino que ésta ha de ser extraordinaria y urgente, es decir, todos los requisitos deben de cumplirse simultáneamente. Y no se darían todos los requisitos en los casos de “ordinaria y urgente necesidad” o de “extraordinaria y no urgente necesidad”, e incluso de “extraordinaria y urgente oportunidad”.

Si la memoria no me falla, hasta el momento sólo hay cuatro precedentes de disposiciones legales gubernamentales “tumbadas” por el Congreso de los Diputados:

• el primero fue en el año 1979, durante el Gobierno de Don Adolfo Suárez González, cuando decayó la convalidación de las Juntas de Acuartelamiento, un organismo militar creado en 1956;

• el segundo tuvo lugar en el año 2006, y fue fruto de un error, cuando 30 diputados socialistas votaron contra la subida de impuestos al tabaco del Gobierno de Don José Luis Rodríguez Zapatero (el Consejo de Ministros tuvo que reunirse al día siguiente para volver a aprobar la medida y poder llevarla de nuevo al Congreso, lo que retrasó su aplicación);

• el tercero se produjo en el año 2017, con el Decreto-ley sobre los estibadores del Gobierno de Don Mariano Rajoy Brey, una norma que se vio obligado a modificar en un nuevo Decreto-ley después de que el Parlamento lo rechazara; y

• el cuarto y último sucedió en el año 2019, con motivo del Real Decreto-ley 21/2018, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, aprobado por el Gobierno de Don Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Y es que, como ya dije, la potestad legislativa de un Gobierno es excepcional, aunque casi todos ellos han abusado de la misma[6], olvidando que la última palabra la tiene siempre el Congreso de los Diputados.

La Constitución permite al Gobierno dictar, solo en casos de extraordinaria y urgente necesidad, disposiciones legislativas provisionales que toman la forma de Decreto-ley, otorgándole un auténtico poder de legislar. Pero le impone, a su vez, determinados límites para que no se rompa el equilibrio constitucional existente, ni se pretenda sustituir la función del Parlamento.

¡¡¡Ay de mi güey!!!

[1] Art. 66 de la Constitución.

[2] Art. 82 de la Constitución.

[3] Como España es una monarquía parlamentaria, cando los Decretos-leyes son sancionados por el Rey, quien los promulga y ordena su publicación, pasan a denominarse Reales Decretos-leyes.

[4] Art. 86 de la Constitución.

[5] Art. 87 de la Constitución

[6] Todos menos los de Don Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo, Don Felipe González Márquez y Don José María Aznar López.

Jamás fui monárquico, ni mucho menos “juancarlista”.

Tampoco he aceptado de ningún modo que Don Juan Carlos de Borbón y Borbón haya sido el artífice de la «transición», porque ese mérito entiendo que nos corresponde a los españoles.

Y no he olvidado nunca que la presencia de este señor en la jefatura del Estado es una herencia de Franco, por mucho que algunos se empeñen en decir que, cuando el día 6 de diciembre del año 1978 se celebró el referéndum tras el que se sancionó y promulgó la Constitución, implícitamente se estaba legitimando a la monarquía.

Pero dicho todo esto, me parece lamentable y vergonzoso lo que está pasando actualmente con el rey emérito y las desaforadas reacciones que están surgiendo a su alrededor.

El rey Juan Carlos I abdicó el día 2 de junio del año 2014, haciéndose la misma efectiva mediante la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, lo que le supuso automáticamente la pérdida de la inviolabilidad constitucional («La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad», dice textualmente el art. 56-3 de la Constitución), aunque una reforma legislativa aprobada un mes después le otorgó la condición de aforado, lo que quiere decir que desde la abdicación responde penalmente de sus actos (lógicamente, los posteriores a la misma) como cualquier otro ciudadano más, pero sus delitos solo pueden ser investigados y enjuiciados por el Tribunal Supremo, sin que ello suponga un “privilegio real”, pues también sucede con todos los diputados y senadores, entre otros (no olvidemos que en éste país hay unos 10.000 aforados, que se dice pronto).

Uno de los derechos fundamentales que rigen en España, y del que gozamos todos los ciudadanos sin excepción, es el de la presunción de inocencia, que supone que todo el mundo es inocente hasta que no exista una sentencia condenatoria y que además la misma sea firme.

Pero en el caso del rey emérito algunos quieren despojarlo de esa garantía constitucional e incluso condenarlo inaudita parte (sin ni siquiera ser oído) cuando todavía no ha adquirido la condición de investigado, presupuesto previo para luego ostentar la de encausado o procesado, más tarde la de acusado y, por último, la de condenado.

Lo único que hasta el momento hay contra este señor son unas diligencias de investigación abiertas en la Fiscalía del Tribunal Supremo, a resultas de las cuales el Ministerio Público formulará la correspondiente denuncia o querella ante el Alto Tribunal (que, de ser admitida a trámite, será la que determine su condición de investigado) o dictará Decreto archivando las mismas. Todo es posible, que para eso estamos en un Estado de Derecho.

Eso sí, la Fiscalía General del Estado, con el fin de darle mayor velocidad a la investigación, ha reforzado al equipo de cuatro fiscales del Tribunal Supremo que está llevando a cabo la misma, lo que es de agradecer en aras de la certidumbre y la seguridad jurídicas.

De otro lado, la pretensión de la entidad soberanista catalana Ómnium Cultural (la presidida por el preso independentista Don Jordi Cuixart i Navarro) de que el Alto Tribunal adoptara medidas cautelares penales contra el monarca, tales como la retirada del pasaporte para que no pueda salir del país o, de haberlo hecho ya, su búsqueda y captura a nivel internacional, me resulta esperpéntica. Y me gustaría conocer al abogado que firmó tal petición para recordarle que en este país, como sabe cualquier estudiante de Derecho, no se pueden adoptar ese tipo de medidas contra quien todavía no tiene la condición de investigado.

Ayer también me quedé estupefacto al leer en la prensa regional que el presidente autonómico, “Adrián el de la muda”, considera que los ciudadanos tenemos derecho (?) a saber dónde está el rey emérito. Un indocumentado más que, pese a ser licenciado en Derecho, o eso dicen, tampoco se ha leído el art. 19 de la Constitución, que proclama bien claro otro derecho fundamental: que todos los españoles podemos circular por el territorio nacional y entrar y salir libremente de España, sin que este derecho pueda ser limitado por motivos políticos o ideológicos.

Y, por último, lo de los Ayuntamientos de Cádiz y Gijón, anunciando que van a retirar el nombre de Juan Carlos I de sus vías públicas, me parece grotesco.

No tengo la mas mínima duda de que si, efectivamente, hay materia penal, este señor se sentará en el banquillo como un ciudadano más. Pero mientras no sea judicialmente encausado o procesado creo que lo constitucional y democráticamente correcto es dejarlo en paz. Como nos gustaría a todos si estuviéramos en su misma situación.

Con el presidente del Gobierno rumbo a disfrutar de sus «merecidas» vacaciones de verano en las residencias palaciegas propiedad del Patrimonio Nacional, como si aquí no estuviera pasando nada, no considero serio que el rey emérito sirva de chivo expiatorio para entretenimiento estival de la plebe.

Y estoy convencido de que ese interés político por avivar ahora el asunto del monarca no tiene otra finalidad que la de desviar la atención sobe la crisis de la pandemia y los rebrotes de la COVID-19 a lo largo y ancho de todo el país.

¡¡¡ Ay de mi güey !!!

Los Ayuntamientos tienen el gasto constreñido desde el año 2013, cuando el ministro de Hacienda Don Cristóbal Montoro Romero impuso una “regla de gasto” que limita sustancialmente su capacidad inversora.

La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, prohíbe a las administraciones aumentar el gasto público más allá de una tasa de referencia basada en el crecimiento de la economía española, lo que se conoce como «regla de gasto». Esto impide a los ayuntamientos incrementar la inversión a pesar de que cierren sus cuentas con superávit: obligatoriamente el remanente de tesorería debe emplearse en amortizar deudas y no se permite que estos gobiernos puedan apostar por unos presupuestos expansivos.

Como consecuencia de esta normativa, el superávit actual de los Ayuntamientos españoles asciende a unos 14.000 millones de euros.

Durante el Gobierno de Don Mariano Rajoy Brey, los Ayuntamientos del PSOE clamaban sin cesar poder disponer de su parte en dichos ahorros, pero con la llegada al poder de Don Pedro Sánchez Pérez-Castejón se invirtieron los papeles, siendo entonces los Ayuntamientos del PP los que comenzaron a hacer tal reivindicación. En fin, lo de siempre en España y no aprendemos.

A raíz de decretarse el estado de alarma, el Gobierno del Sr. Sánchez Pérez-Castejón pretendió apropiarse temporalmente de la totalidad de dichas reservas, para lo que tanteó a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que es otro chiringuito del que forman parte alcaldes y presidentes de diputación pertenecientes a los grandes partidos, pero, ante el escándalo que se avecinaba, comenzaron las negociaciones para ver cuánto de ese dinero se liberaba.

Al final, la junta de gobierno de la FEMP, compuesta de 25 miembros, aprobó la propuesta del Ministerio de Hacienda gracias al voto de calidad de su presidente, el socialista Don Abel Caballero Alvarez, alcalde de Vigo.

La proposición aprobada supone que el Estado entregará a los Ayuntamientos en éstos dos años 5.000 millones de euros a fondo perdido y les devolverá en los próximos diez años los citados 14.000 millones de euros del superávit.

En fin, todo un enredo económico que los representantes del PSOE votaron a favor, los del PP, Cs y JuntsxCat en contra y el de IU se abstuvo.

¡¡¡ Ay de mi güey !!!

En nuestro país los procedimientos judiciales penales se regulan, salvo las especialidades de los que son competencia del Tribunal del Jurado, por la denominada Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr), cuyo texto original data de allá por el año 1882, esto es, de hace 138 años, que se dice pronto.

En el año 2015 el parlamento español aprobó dos reformas de esta LECr que, en lo que aquí nos interesa, supusieron:

• la supresión de la palabra “imputado” y su sustitución por la de “investigado”[1], pues según los legisladores de la época, muy sensibilizados al respecto por sufrirlo muchos de ellos en sus propias carnes, aquella expresión tenía connotaciones negativas y estigmatizadoras; y

• el establecimiento de un plazo máximo para la instrucción (investigación) judicial: 6 meses, salvo en el caso de las causas complejas que será de 18 meses[2], reforma muy criticada por la izquierda caniche con el argumento de que iba a suponer que muchos delitos quedaran impunes, es decir, sin castigo, aunque lo cierto es que la innovadora ley dejaba bien claro que ambos plazos eran susceptibles de prórroga y que el simple transcurso de estos, aun no habiendo sido prorrogados, no daría lugar por sí solo al archivo de las actuaciones.

Pues bien, ayer entró en vigor una nueva reforma de la LECr que afecta a estos plazos de instrucción, unificando los mismos en 12 meses[3], justificándose esta novedad en el preámbulo de la ley en que “… el proceso penal es en sí mismo una pena que comporta aflicción y costes para el imputado …”, es decir, que el legislador actual no solo ha venido a ratificar la necesidad de un plazo para la investigación judicial, otrora tan denostado por los partidos políticos que hoy integran la mayoría parlamentaria (que duda cabe que rectificar es de sabios), sino que ha cometido el tremendo error de desenterrar la expresión “imputado” olvidando que la misma había sido definitivamente desterrada de nuestro Ordenamiento Jurídico en la citada reforma del año 2015 la cual, además, vino impuesta nada menos que por una Ley Orgánica.

Esta es la seriedad y el rigor de nuestros amnésicos legisladores y de sus asistentes, asesores, gabineteros y demás vividores del sector público que los rodean y adulan.

¡¡¡ Ay de mi güey !!!

[1] Ley Orgánica 13/2015 – BOE 6/10/2015

[2] Ley 41/2015 – BOE 6/10/2015

[3] Ley 2/2020 – BOE 28/07/2020

En la entrada «Ingreso Mínimo Vital» (IMV) expliqué sucintamente los términos de esta prestación económica, creada por el Real Decreto-ley 20/2020[1], dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.

La crisis del COVID-19 ya está dando lugar a muchas reclamaciones judiciales por deudas y, lamentablemente, las mismas irán en aumento de manera considerable. Estos pleitos terminan con la ejecución dineraria, que es un proceso judicial en el que una de sus fases es el embargo de bienes del deudor. Y ante ello se plantea el problema de si el IMV es o no embargable.

La ley que regula dichos procesos de ejecución dineraria, denominada Ley de Enjuiciamiento Civil, dispone que son inembargables las cantidades expresamente declaradas como tales por alguna disposición legal, pero lo cierto es que el citado Real Decreto-ley, sorprendentemente, no contiene ninguna previsión específica al respecto o, mejor dicho, sí la contiene pero la misma es absolutamente inoperante.

Me explico: el referido Real Decreto-ley indica textualmente que el IMV “… No podrá ofrecerse en garantía de obligaciones, ni ser objeto de cesión total o parcial, compensación o descuento, retención o embargo, salvo en los supuestos y con los límites previstos en el artículo 44 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social …”, pero el problema es que ese artículo 44 se limita a señalar que «… en materia de embargo se estará a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil.”, es decir, que al final el IMV es embargable a pesar de toda la «palabrería» que el gobierno progresista de España emplea en el preámbulo de dicho Real Decreto-ley.

En fin, una pena, pues estamos hablando nada menos que de una ayuda pública dirigida, insisto, a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social, pese a lo cual, y aun contando esta norma con la práctica unanimidad de los grupos políticos parlamentarios, la triste realidad es que nadie se acordó de declararla inembargable, con lo fácil que hubiese sido hacerlo. Así se legisla en este país de pandereta.

En estas circunstancias, la referida Ley de Enjuiciamiento Civil establece la inembargabilidad de los salarios, sueldos, pensiones, etc. que sean inferiores al salario mínimo interprofesional, que este año está fijado en 950 euros mensuales, es decir, que el IMV será susceptible de embargo en todo lo que exceda de esa cantidad. Esta previsión legal de inembargabilidad del salario mínimo interprofesional no es nueva sino que data del primer Estatuto de los Trabajadores (1980).

Pero, es más, para calcular la parte embargable dicha ley permite acumular al IMV todas las demás percepciones de las que sea beneficiario el deudor o su cónyuge (si no rige en el matrimonio el régimen económico de la separación de bienes), ya que el IMV resulta compatible con otras prestaciones y ayudas públicas e incluso con rentas de trabajo.

Un error imperdonable de la izquierda caniche a la hora de redactar el repetido Real Decreto-ley; con lo sencillo que hubiese sido hacer constar en el mismo simplemente que el IMV era inembargable.

¡¡¡ Ay de mi güey !!!

[1] BOE 1/06/2020

El espectáculo que desde hace días está dando el Ministerio del Interior en el asunto del cese fulminante del coronel Don Diego Pérez de los Cobos Orihuel como jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, con el magistrado en servicios especiales Don Fernando Grande-Marlaska Gómez al frente, es absolutamente infumable jurídica y políticamente.

Vaya por delante que estoy totalmente en contra de que los miembros de la carrera judicial accedan a cargos políticos, pero comoquiera que esta opinión es de muy dudosa legalidad (pues el art. 23 de la Constitución reconoce como derecho fundamental de todos los ciudadanos el de acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos), al menos debería de instaurarse ya de una vez por todas la prohibición de que finalizado su periplo político puedan volver a ejercer funciones jurisdiccionales, porque en esto ha habido experiencias nefastas por todos conocidas.

Dicho lo anterior, que el ministro del interior, tras interesarse por una investigación judicial que afecta al Gobierno (llegando incluso a cesar a un mando de la Guardia Civil por no haberle advertido de la emisión de un informe ordenado emitir en aquella a la policía judicial de dicho cuerpo), termine mintiendo en sede parlamentaria, ocultando las verdaderas razones para esa destitución y dando hasta tres versiones distintas de lo sucedido, constituye algo intolerable e inadmisible en cualquier democracia que se precie.

Ahora ya sabemos fehacientemente, por el oficio que la directora general de la Guardia Civil envió al secretario de Estado de seguridad, que se cesó al coronel Sr. Pérez de los Cobos, lisa y llanamente, por “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”.

Todas las asociaciones judiciales (no solo la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura sino también la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente), excepto Juezas y Jueces para la Democracia, que hasta la fecha no se ha pronunciado, claman contra su compañero ante la gravedad de su comportamiento.

Y en éstas circunstancias, no seré yo el primer profesional del Derecho en afirmar que, con su actuación en el caso del citado mando policial, el Sr. Grande-Marlaska Gómez podría haber incurrido en diversas modalidades delictivas.

Pero para contrarrestar esta alarmante situación, nunca mejor dicho, la izquierda caniche ha puesto en marcha toda su maquinaria propagandística y manipuladora denunciando que las injerencias del Ministerio del Interior en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vienen de lejos, desempolvando asuntos que actualmente se encuentran sub iudice, como son los relacionados con el extesorero del Partido Popular, con un exministro del interior del mismo partido o con el comisario Villarejo, todo ello en un nuevo desprecio a las más elementales reglas de un Estado de Derecho, pues si éstos casos están siendo investigados judicialmente (sin que por tanto haya de momento ni inocentes ni culpables) lo más respetuoso con aquellas reglas es dejar que la instrucción judicial finalice.

En definitiva, es el famoso “y tu más” que tanto daño hizo y está ocasionando en éste país. Porque al final, entre acusaciones recíprocas, las responsabilidades de unos y otros quedan sin depurar, lo que me hace sospechar que quizá sea esto precisamente de lo que se trate: cerrarlo todo en falso.

Y, puestos a elucubrar, el Gobierno y sus adláteres tampoco han dudado en adelantarse a calificar el citado informe de la policía judicial de la Guardia Civil, cuya difusión urbi et orbi, por cierto, corrió a cargo de los medios de comunicación «amigos» (la copia que a mí me llegó a través del WhatsApp tenía una marca de agua de la “Cadena Ser”), como una verdadera y auténtica chapuza porque, al parecer, uno de los testigos interrogados por aquella niega ahora lo que este informe pone en su boca, como si desdecirse de lo dicho fuera novedad en España, país en el que el «donde dije digo, digo Diego» es disculpa inveterada.

Yo soy de la opinión, y supongo que la mayoría de los lectores también, de que todos los actos de los políticos que puedan ser constitutivos de delito tienen que ser investigados judicialmente y que, en aplicación del principio de división de poderes, dicha instrucción ha de desarrollarse en los Juzgados sin interferencias de ningún tipo. Ni siquiera periodísticas.

Otra cosa es que, debido al garantista sistema procesal español, estas investigaciones se vuelvan interminables, lo que yo creo que siempre ha interesado a la clase política gobernante, del signo que sea, pues remedios “haylos” si se dotara a la Administración de Justicia de los recursos con los que cuenta, por ejemplo, la tributaria.

Pero, con independencia de lo hasta aquí expuesto, no creo que el PSOE esté en estos temas como para muchas florituras teniendo en cuenta que, durante el primer gobierno socialista de Don Felipe González Márquez, desde el Ministerio del Interior se crearon nada mas y nada menos que los Grupos Antiterroristas de Liberación (los famosos «GAL»), lo que motivó una investigación judicial por parte del magistrado Don Baltasar Garzón Real (quien previamente se había presentado a diputado como candidato independiente en las listas del PSOE de 1993), hasta que finalmente, en el denominado “Caso Marey”, recayó la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29 de julio de 1998[1] condenando a penas de prisión por los delitos de secuestro, malversación de caudales públicos, etc. a Don José Barrionuevo Peña (ministro de Interior), Don Rafael Vera Huidobro  (secretario de Estado para la seguridad), Don Julián Sancristóbal Iguarán (gobernador civil de Vizcaya), Don Ricardo García Damborenea (secretario general del PSOE en Vizcaya), Don Francisco Álvarez Sánchez (jefe de la lucha antiterrorista), Don Miguel Planchuelo Herresánchez (jefe de la brigada de información de Bilbao), Don José Amedo Fouce (subcomisario de policía), entre otros, todos ellos defendidos por lo más granado de la abogacía patria. Un caso de políticos socialistas y policías metidos en el mismo saco delictivo.

Y esto que cito aquí no es una investigación judicial en curso y de final incierto, sino una Sentencia firme y definitiva dictada por el mas alto Tribunal español, compuesto entonces para enjuiciar dicho caso por nada menos que once magistrados (sin duda, la élite de la Justicia nacional), y cuya Sentencia sería luego confirmada por el Tribunal Constitucional en el año 2001 y mas tarde por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Tribunal de Estrasburgo) en el año 2010.

Entre las decenas de periodistas que cubrieron aquellas largas jornadas en el Tribunal Supremo estaba el conocido y nada sospechoso escritor Don Antonio Muñoz Molina, quien asistió a las veintiún sesiones que duró la vista judicial y que darían lugar a otras tantas crónicas suyas en el diario «El País» luego recopiladas por el mismo en el libro «La puerta de la infamia», de muy recomendable lectura.

Así que, como dicen ahora los “modelnos”, un poco de por favor.

¡¡¡ Ay de mi güey !!!

[1] Como dato anecdótico, en mi idea de que todo se explica desde Cangas, diré que esta Sentencia contó con el voto particular parcialmente discrepante del magistrado Don Joaquín Martín Canivell, quien fuera juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cangas del Narcea en los años 50/60.