El presupuesto general del Ayuntamiento de Cangas del Narcea para el año 2019, publicado en el BOPA del día 27 de noviembre de 2019, contempla unos ingresos por importe total de 13.086.745,35 euros, que se dice pronto.

Pero, pese a semejante “pastizal” de dinero público, el Ayuntamiento de Cangas se ha convertido en un sempiterno pufista al que los Tribunales de Justicia están aplicando con rigor la normativa de lucha contra la morosidad que establece, con carácter general, un plazo de exigibilidad de intereses de demora, determina su devengo automático, señala el tipo de interés y otorga al acreedor el derecho a reclamar al deudor una indemnización razonable por los costes de cobro.[1]

Tras la información conocida el pasado mes de mayo, de que estaban pendientes de pago más de 2.000 facturas de proveedores por importe total de la friolera de 1,9 millones de euros, últimamente nos hemos enterado de que también hay deudas con contratistas, con suministradores de energía eléctrica y con prestadores de los servicios de ayuda a domicilio.

En fin, un desmadre económico en toda regla en un Ayuntamiento cuyo equipo de gobierno, sin embargo, cobra regularmente sus importantes emolumentos, es decir, que dinero hay pero depende de para qué.

Lo de la empresa pública TRAGSA ya lo he comentado aquí en las entradas “Historia de un despilfarro de dinero público municipal” y “No será prevaricación, pero sí despilfarro de dinero público”, a cuya lectura remito para evitar reiteraciones.

Respecto al suministro de energía eléctrica, dicen las “malas” lenguas que supuso el corte del alumbrado público en varios pueblos del concejo. Y yo me lo creo; porque me consta que durante el año 2016 la empresa Gas Natural Servicios SDG S.A. había efectuado ya al Ayuntamiento de Cangas varias reclamaciones fehacientes por deudas pendientes, hasta que en el verano del año 2018, harta de esperar, decidió acudir a la vía judicial que concluyó por Sentencia nº 6/2019, de 8 de enero, del Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Oviedo, condenando al Ayuntamiento a pagar lo adeudado con sus correspondientes intereses de demora.

Y en cuanto a la empresa de prestación de los servicios de ayuda a domicilio, la Sentencia nº 286/2018, de 29 de noviembre, y la Sentencia nº 78/2020, de 4 de septiembre, de los Juzgados Provinciales de lo Contencioso-Administrativo nº 1 y 6, respectivamente, de Oviedo, han condenado al Ayuntamiento de Cangas a satisfacer a la mercantil Clece, S.A. las facturas pendientes, los intereses de demora de las mismas y de otras facturas pagadas con retraso así como las costas de ambos pleitos.

Pese a este verdadero descontrol de dinero público, el alcalde-abogado, que por lo visto no se calla ni debajo del agua, ha decidido justificar el desatino de su gestión alegando que “algunas” de las facturas impagadas a la citada empresa de prestación del servicio de ayuda domiciliaria datan de la época del anterior alcalde. ¡¡¡Menuda disculpa!!!

Porque si este dato fuera cierto, que no me consta que lo sea, mayor sería la responsabilidad del alcalde-abogado quien, recordemos, ostenta el puesto de primer regidor local desde el mes de junio del año 2015, es decir, desde hace casi 5 años y medio.

Y digo esto porque, cuanto más antigua sea la deuda, mayores intereses de demora habrá generado a su vista, ciencia y paciencia.

El alcalde-abogado, cuando cerró los ejercicios económicos 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 del Ayuntamiento, tuvo que ser plenamente consciente de los débitos existentes con esta empresa, si es que los arrastraba de antes de su toma de posesión, y si no los pagó a su debido tiempo (ni propuso una quita o una espera con la misma) es porque asumió toda su responsabilidad en la gestión.

Lo dicho: dinero hay, pero depende de para qué. El problema está en que los impagos de las deudas municipales generan para los cangueses no solo intereses de demora sino también costas procesales.

¡¡¡Ay de mi güey!!!

[1] Ley 3/2004 – BOE 30/12/2004.

En una entrada anterior (“El parque público de El Fuejo”) ya expliqué con detalle muchos de los pormenores del expediente administrativo incoado en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea para la expropiación forzosa de los terrenos que luego ocuparía esta infraestructura municipal.

En los primeros días del año 2011, nada más tener conocimiento del resultado judicial del proceso expropiatorio, Don José Manuel Martínez González, el inefable Martínez, por entonces alcalde de Cangas (estamos en lo que yo denominé aquí como “El cuatrienio negro”, el período más nefasto de la democracia municipal canguesa),  saltó a la escena mediática sosteniendo que él no tenía absolutamente nada que ver en todo éste desaguisado y que toda la responsabilidad en el mismo era únicamente de su antecesor en el cargo.

Pero lo que menos se esperaba Martínez, tan acostumbrado como estaba a emplear impunemente esa estrategia de echar siempre la culpa de todo al alcalde anterior, es que, como ahora expondré, hubiera abundantes pruebas de que él también fue responsable de éste proceso expropiatorio que a la postre supuso un importante desembolso de dinero público municipal.

La secuencia temporal de los hechos podría estructurarse en tres fases sucesivas, en función de las distintas responsabilidades políticas del personaje en el Ayuntamiento de Cangas.

1 – El referido expediente expropiatorio se inició por acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Cangas de fecha 31 de octubre de 2002, una época (1989-2003) en la que la corporación municipal estaba integrada por un total de 17 miembros de los que 9 eran del PSOE (incluido el entonces alcalde Don José Manuel Cuervo Fernández), 5 del PP, 1 de IU (que era el propio Martínez), 1 de URAS y 1 del Conceyu.

Una vez aprobado el proyecto de expropiación el Ayuntamiento formuló sus correspondientes hojas de aprecio valorando el suelo a razón de 18,85 euros/m2 con base en un informe técnico suscrito por un arquitecto superior y por un ingeniero agrónomo que, en contra de lo que entonces dijo Martínez, no calificaron dichos terrenos como suelo rústico sino como suelo urbano, como es fácilmente comprobable con una somera lectura de dicho documento.

Muy al contrario de lo que estuvo pregonando impunemente, lo cierto es que la actitud de Martínez en el asunto del parque público de El Fuejo comenzó siendo demasiado errática, para pasar luego a mucho más que sospechosa y terminar convirtiéndose en absolutamente determinante.

Porque si bien es cierto que, en la citada sesión del pleno de fecha 31 de octubre de 2002, se acordó el inicio del expediente de expropiación, con los votos a favor de todos los concejales de la Corporación excepto el suyo propio, y que en la sesión del pleno de fecha 27 de febrero de 2003, en la que se aprobó inicialmente el proyecto de expropiación forzosa, también votó en contra, sin embargo en la sesión del pleno de fecha 8 de mayo de 2003, en la que se aprobaron los informes de los servicios municipales y la remisión del expediente a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (en adelante, la CUOTA), Martínez ya no votó en contra del acuerdo sino que se abstuvo, lo que es tanto como decir que de repente (?) dejó de estar en contra de la expropiación, siendo los hechos que acto continuo relataré los que mejor contribuyen a explicar su sorprendente metamorfosis.

2 – Unos días más tarde de aquella abstención, concretamente el día 25 de mayo de 2003, se celebraron elecciones locales, resultando en Cangas una nueva corporación municipal que quedó integrada por los siguientes concejales: 7 del PSOE, 7 del PP, 2 de IU y 1 de URAS.

Y ante el empate entre el PSOE y el PP surgió un gobierno de coalición PSOE-IU que rigió los destinos del Ayuntamiento durante los cuatro años siguientes (2003-2007) en los que la alcaldía continuó siendo desempeñada por el Sr. Cuervo Fernández quien delegó todas las competencias urbanísticas en Martínez, y no precisamente ‘gratis et amore’, sino que en sesión del Pleno de fecha 4 de junio de 2003 se acordó, con los votos a favor del PSOE y por supuesto de IU, ponerle a Martínez un sueldo mensual de 2.551,23 euros brutos a percibir en 14 pagas, lo que hace un promedio de nada más y nada menos que 2.976,43 euros mensuales cuando el salario mínimo interprofesional de entonces era de exactamente 451,20 euros al mes. ¡¡¡Sin comentarios!!!

Tras comenzar a percibir esta retribución Martínez ya no volvió a rechistar, desempeñando desde entonces la concejalía de urbanismo con una lealtad y fidelidad inquebrantables hacia el alcalde Cuervo, haciendo frente sin inmutarse a los principales escándalos urbanísticos de la democracia (es la época en la que Martínez comienza a adquirir popularidad apareciendo en los medios de comunicación empleando afirmaciones tales como, por ejemplo, que si no se tiraba el famoso “Muro de La Cogolla” que entonces dimitiría de su cargo de concejal de urbanismo, amenaza que, como todos sabemos, no llegó a cumplir nunca por la prosaica razón de que de hacerlo se hubiese quedado sin sueldo), permitiendo seguir adelante la expropiación del parque público de El Fuejo (cuyas obras se iniciaron y concluyeron bajo su mandato como primer responsable del urbanismo local) e impulsando la ejecución del archiconocido PERI de La Cortina e incluso la gestión y promoción urbanística como área residencial de la zona de Obanca, como sucedió en la sesión del Pleno de fecha 26 de febrero de 2004 donde Don Samuel Antonio Areces Álvarez, a la sazón su compañero de filas, votó a favor de ambas actuaciones urbanísticas (es cierto que a dicha reunión plenaria no acudió Martínez, pero a los efectos prácticos su ausencia resulta del todo intranscendente dada la presencia en la misma de su correligionario coadyuvando con su voto a que el PSOE obtuviera la mayoría legalmente exigida para llevar adelante todos sus propósitos).

Dicho en román paladino: los “pelotazos” de Obanca y de La Cortina, como luego denominó Martínez a estas dos actuaciones urbanísticas con las que sin embargo colaboró tan activamente, nunca hubiesen salido adelante sin un voto favorable de IU, pues por aquellas fechas el PSOE tenía los mismos concejales que el PP y por tanto no podía por sí solo contar con la mayoría suficiente para su aprobación.

Pero, volviendo al parque público de El Fuejo, en cumplimiento del acuerdo adoptado en la mencionada sesión del Pleno de fecha 8 de mayo de 2003 en la que, insistimos, Martínez no votó en contra sino que se abstuvo, el expediente se remitió a la CUOTA cuya comisión ejecutiva, en sesión de fecha 5 de diciembre de 2003, acordó aprobar el proyecto de expropiación y valorar el suelo afectado en la cantidad de 25,90 euros/m².

De las 23 parcelas que resultaron expropiadas los dueños de 12 de ellas no impugnaron en tiempo y forma esta valoración de la CUOTA, por lo que la misma devino firme y definitiva para ellos que por tanto fueron indemnizados con dichos 25,90 euros/m²; pero, sin embargo, los dueños de las 11 parcelas restantes manifestaron por escrito su disconformidad a la anterior valoración lo que obligó a remitir el expediente al Jurado de Expropiación del Principado de Asturias para la fijación del justiprecio de sus terrenos.

Durante los años 2003 a 2007, en que formó parte del equipo de gobierno municipal ocupando la concejalía de urbanismo, Martínez pudo haber exigido perfectamente, y no consta que lo haya hecho nunca, el desistimiento del expediente expropiatorio (lo que no hubiese costado un duro a las arcas públicas, dado que nada se había gastado hasta entonces, pues téngase en cuenta que el proyecto del parque fue redactado por técnicos de la Agencia de Desarrollo Local), e incluso que no se iniciaran las obras de construcción del parque (cuyo concurso fue publicado en el BOPA del día 3 de octubre de 2005) pero Martínez prefirió adoptar la cómoda postura del silencio cómplice para así poder seguir percibiendo su soberbio sueldo hasta el final de su mandato.

3 – El día 16 de junio de 2007 se constituyó la nueva Corporación Municipal de Cangas, integrada por 8 concejales del PSOE, 6 del PP y 3 de IU, naciendo un gobierno de coalición PP-IU que rigió los destinos de este municipio durante los cuatro años siguientes (2007-2011), siendo elegido alcalde Martínez. Todo ello como consecuencia de lo que aquí escribí bajo el título “Estafa electoral”.

Por oficios de fechas 27 de septiembre de 2007 y 29 de noviembre de 2007 el Jurado de Expropiación del Principado de Asturias solicitó del Ayuntamiento de Cangas que nombrara un representante ante el mismo para intervenir en la resolución de éste expediente expropiatorio, lo que hizo el alcalde Martínez mediante resoluciones de fechas 16 de noviembre de 2007 y 7 de febrero de 2008, quedando al final designadas por éste las arquitectos superiores Doña Emma Barrio Rubio, como titular, y Doña Carmen Muñoz Muñiz, como suplente, y ambas, insisto, como representantes del Ayuntamiento.

El Jurado de Expropiación del Principado de Asturias, en sesión de fecha 19 de septiembre de 2008 en la que intervinieron, entre otros asistentes, un total de cuatro arquitecto superiores, uno de los cuales fue precisamente la mencionada Doña Carmen Muñoz Muñiz como representante del Ayuntamiento de Cangas designada por el alcalde Martínez, decidió por unanimidad fijar como justiprecio de los terrenos expropiados la suma de 123,20 euros /m².

Recordemos: la hoja de aprecio del Ayuntamiento de Cangas valoró los terrenos en 18,85 euros/m2, la CUOTA elevó el precio a los 25,90 euros/m² y el Jurado de Expropiación, con el voto a favor de la representante municipal nombrada por el alcalde Martínez, fijó el justiprecio en dichos 123,20 euros/m².

No obstante lo expuesto, y haciendo caso omiso de la conocida doctrina judicial de los actos propios, el alcalde Martínez ordenó recurrir los acuerdos del Jurado de Expropiación ante la jurisdicción contencioso-administrativa (en la que defendió una valoración de 62,21 euros/m²), siendo el Tribunal Superior de Justicia de Asturias quien rechazó sus extravagantes pretensiones y confirmó la valoración en dichos 123,20 euros/m².

En consecuencia:

• Nos encontramos ante una expropiación urbanística cuyos principales trámites se llevaron a cabo durante el gobierno de coalición PSOE-IU y siendo Martínez concejal de urbanismo.

• Las obras de construcción del parque público de El Fuejo se ejecutaron íntegramente también durante el gobierno de coalición PSOE-IU y por tanto siendo Martínez concejal de urbanismo.

• El alcalde Martínez fue el que designó la representante del Ayuntamiento de Cangas ante el Jurado de Expropiación del Principado de Asturias.

• El acuerdo del Jurado de Expropiación del Principado de Asturias, por el que se fijó el justiprecio de la expropiación por un valor 6,5 veces por encima de la hoja de aprecio inicial, fue adoptado con el voto favorable de la representante del Ayuntamiento de Cangas nombrada por el alcalde Martínez.

• Una vez fijado el justiprecio de los terrenos, lo prudente hubiese sido que el Ayuntamiento de Cangas pagara o consignara su importe, como así establece la Ley de Expropiación Forzosa para evitar el devengo de intereses, pero sin embargo el alcalde Martínez no hizo ni una cosa ni la otra, con lo cual la deuda municipal fue aumentando considerablemente.

• Por orden del alcalde Martínez, el Ayuntamiento de Cangas recurrió judicialmente las Resoluciones del Jurado de Expropiación del Principado de Asturias (pese al voto favorable de la citada arquitecto superior que representó al mismo en dicho órgano) sosteniendo, en contra de su acto propio, una nueva valoración de los terrenos por la mitad del justiprecio fijado por aquél.

• Y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias rechazó las pretensiones del Ayuntamiento de Cangas y ratificó el justiprecio fijado el Jurado de Expropiación del Principado de Asturias.

Luego, Martínez mintió deliberadamente para esconder su propia responsabilidad en todo este asunto de las expropiaciones de El Fuejo y, en general, en todo lo relacionado con el urbanismo local entre los años 2003 y 2011, período en el que fue su máximo responsable.

Y toda esta información, aunque Martinez no lo crea, es perfectamente constatable al estar debidamente documentada.

¡¡¡Ay de mi güey!!!

Hace unas semanas escribí aquí una entrada (“Historia de un despilfarro de dinero público”), referida a un caso más de desperdicio económico en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea y que ahora, tras la decisión adoptada por la Fiscalía Superior del Principado de Asturias, ha llevado a la “progresía” local a salir en tromba en defensa del responsable de semejante despropósito, confundiendo así una vez más la gestión de los recursos públicos con la ideología o, mejor dicho, con el partido político en el que milita el regidor municipal, como si éste gozase de patente de corso y le estuviera permitido todo.

Bajo el mandato del alcalde popular Don José Luis Fontaniella Fernández (2011-2015) el Ayuntamiento de Cangas del Narcea suscribió con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente un convenio de colaboración para acometer las obras de construcción de un matadero municipal en el polígono industrial de Tebongo, adjudicándose su ejecución a la empresa pública TRAGSA por un presupuesto de 863.633,73 euros, precio éste que, como suele ser habitual en los contratos administrativos de obras, se iría pagando por certificaciones expedidas por la dirección facultativa de las mismas, por cierto designada por el propio Ayuntamiento, quien durante su ejecución ordenó una modificación del proyecto original que supuso un ligero cambio en la alineación de una esquina del edificio (de 3,26 a 3,54 m) pero sin ningún sobrecoste y, lo que es más importante, sin infringir la normativa urbanística.

Todo discurría normalmente hasta que en el año 2015 el Ayuntamiento pasó a estar presidido por el alcalde-abogado quien, comoquiera que no estaba interesado en el matadero, porque había sido idea y decisión de un alcalde del PP, decidió en el año 2017 negarse sorpresiva e inexplicablemente al pago de las últimas certificaciones de obra emitidas por la empresa TRAGSA por importe total de 710.280,48 euros, basándose en que, según los técnicos municipales, la alineación del edificio no se ajustaba al plan urbanístico, y ello pese a que dichas certificaciones, insisto, estaban debidamente conformadas por el técnico director de las obras designado por el propio Ayuntamiento.

Así las cosas, en el mes de septiembre del año 2018 la empresa TRAGSA, harta de esperar, decidió reclamar judicialmente al Ayuntamiento el pago de dichos 710.280,48 euros, mas 76.464,87 euros de intereses de demora, es decir, los generados por la incomprensible negativa del alcalde-abogado a abonar en tiempo y forma las certificaciones de obra pese a contar las mismas con el visto bueno del técnico director designado por el propio Ayuntamiento, reclamación judicial que dio lugar al Procedimiento Ordinario nº 263/2018 del Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Oviedo.

Este pleito resultó suspendido provisionalmente a instancia de ambas partes litigantes, al reconocer el Ayuntamiento la realidad, certeza y validez de las cantidades que le reclamaba TRAGSA, aunque alegando que, “debido a las dificultades presupuestarias y de tesorería del Ayuntamiento”, no podía hacer frente a las mismas, lo que el día 14 de enero de 2019 había llevado a firmar un acuerdo entre el alcalde-abogado y dicha empresa (“calendario de pagos”) para satisfacer la deuda y sus intereses a lo largo de los seis años siguientes.

Ni que decir tiene que, cuando alguien firma un reconocimiento de deuda, no puede luego negarse a cumplirlo con base en argumentos que datan de fecha anterior al mismo pues, lógicamente, el acuerdo supone un “borrón y cuenta nueva”.

Para dar cumplimiento a este acuerdo de pagos el alcalde-abogado dictó la Resolución 164/2019, de 5 de febrero, pero nada más tener conocimiento de la misma la secretaria municipal informó desautorizándola por ilegal (la competencia no era del alcalde sino del Pleno), lo que obligó al alcalde-abogado a dejarla inmediatamente sin efecto aunque, eso sí, sin revocar el acuerdo de pagos.

El día 27 de marzo de 2019 la empresa TRAGSA, cansada de esperar por los tejemanejes del alcalde-abogado, solicitó del Juzgado el levantamiento de la suspensión del pleito, dictándose seguidamente la Sentencia nº 225/2019, de 12 de noviembre, condenando al Ayuntamiento a pagar todo lo reclamado por TRAGSA en su demanda (710.280,48 + 76.464,87 euros), más el resto de los intereses devengados a partir de entonces, y hasta el completo pago de la deuda, así como las costas procesales.

Resumiendo: a los 710.280,48 euros adeudados inicialmente por el Ayuntamiento a la empresa TRAGSA hay que añadir que, única y exclusivamente por el mero capricho del alcalde-abogado, ahora es necesario pagarle a aquella otros 199.401,04 euros de intereses y 53.282,23 euros de costas, es decir, un “sobrecoste “de 252.683,27 euros que los cangueses debemos de agradecer a la irresponsabilidad del regidor local.

Todo esto el exalcalde Don José Luis Fontaniella Fernández lo puso en conocimiento de la Fiscalía Superior del Principado de Asturias, como yo creo que era su obligación, procediendo la misma a incoar las Diligencias de Investigación nº 10/2020 que fueron archivadas por Decreto de fecha 15 de octubre de 2020 al aplicar el principio de intervención mínima (última ratio) propio del Derecho Penal español, es decir, que las irregularidades cometidas por el alcalde-abogado, y que la Fiscalía no niega en absoluto, han de quedar reducidas al ámbito administrativo.

Y entonces el alcalde-abogado, aprovechando la benevolencia de la Fiscalía dirigida por su compañera de partido Doña Dolores Delgado García, ha salido a los medios sacando pecho: “Siempre hice caso a los informes municipales”. ¡¡¡Mentira!!!.

Los “progresistas” locales, en un alarde no ya de sectarismo sino de obnubilación (mas bien de ceguera), a la vista de la decisión de la Fiscalía no dudan, de un lado, en arremeter contra el Sr. Fontaniella Fernández, calificándolo de “carroñero” (?), y, de otro, en dar por bueno este inexplicable despilfarro del dinero de todos los cangueses por importe de la friolera de 252.683,27 euros (más de 42 millones de las antiguas pesetas).

Pero a mí, que soy un bicho raro donde los haya, me hubiese gustado mucho más que esta importante cantidad no se desperdiciara, como celebran los “progres”, sino que se destinara a ayudar, por ejemplo, a los sectores de la hostelería y el comercio minorista locales que tan mal lo tienen que estar pasando con sus negocios cerrados por el capricho de otros irresponsables.

Recuerdo ahora que, como ya escribí aquí en la entrada “Ayudas municipales para la reactivación y la regeneración económicas del Cangas del Narcea”, en primavera el alcalde-abogado prometió a los autónomos y pequeños empresarios individuales del concejo unas ayudas por importes de 300,00 y 350,00 euros a percibir de una sola vez por quienes resultaran beneficiario de las mismas, según las bases de su convocatoria aprobadas en un Pleno celebrado el pasado día 12 de mayo, pero lo cierto es que a día de hoy, transcurridos más de 6 meses desde entonces, no consta que las haya cobrado todavía nadie. Otro despropósito del regidor local y van…

Dicho en otras palabras: mientras el alcalde-abogado dilapida 252.683,27 euros de dinero público los empresarios de la hostelería y el comercio minorista del concejo languidecen con sus negocios cerrados ante un futuro mas negro que el carbón.

Pero si todo lo expuesto resulta obsceno y escandaloso, más lo es que la obra del matadero de Tebongo permanezca en el olvido más absoluto por un simple antojo del alcalde-abogado, a quien no le gusta continuar con las infraestructuras contratadas por su predecesor, y pese a que, entre pitos y flautas, hasta la fecha esta obra nos ha costado a todos los cangueses (de derechas y de izquierdas) más de un millón de euros. ¿Y aquí no pasa nada?.

¡¡¡Ay de mi güey!!!