El filósofo Illa y el sabio Simón, ese tándem que tiene más peligro que un mono con dos pistolas, han decido sorpresivamente ahora, a punto de cumplirse setenta días desde la declaración del estado de alarma, que las mascarillas sean no solo de empleo generalizado sino también de uso obligatorio en todo el territorio nacional.

La decisión, a estas alturas de la pandemia, es cuando menos esperpéntica y denota una absoluta irresponsabilidad por parte de esta pareja político-científica.

En estos dos últimos meses los ciudadanos hemos escuchado versiones absolutamente contradictorias sobre el uso de estas protecciones faciales: primero, cuando los mandamases ocultaban que no había existencias en el mercado, las mascarillas eran una protección innecesaria e inútil; pero luego, cuando reconocieron que ya habían llegado (?), entonces empezaron a plantear la conveniencia de su utilización. Pero no ha sido hasta ahora, cuando ya nadie se acordaba de las dichosas mascarillas, cuando este extravagante dúo se arranca por su uso imperativo.

Tanta dubitación, tanta ineptitud, eriza el vello. Porque desde mi más absoluta ignorancia médica, pero desde la lógica mas elemental, no dejo de preguntarme que si esta medida que ahora se califica de tan importante se hubiese decretado desde el minuto uno, ¿cuántos contagiados, cuántos muertos … nos hubiésemos ahorrado, con todas las consecuencias laborales, sociales y económicas que todo ello nos ha supuesto y va a suponer al común de los ciudadanos?.

Tanto el Real Decreto declarando el estado de alarma como toda la normativa dictada en su desarrollo, y estamos hablando de cientos de disposiciones (reales decretos ley, reales decretos, órdenes ministeriales, resoluciones, etc., etc.), comienzan diciendo siempre, como si de un mantra se tratara, que el día 11 de marzo la OMS había declarado la pandemia, cuando lo rigurosamente cierto es que ese día lo único que hizo el organismo internacional fue elevar la situación de emergencia de salud pública ya existente a la categoría de pandemia.

Se trata, lisa y llanamente, de confundir a la ciudadanía, más bien de engañarla, dándole a entender que hasta que la OMS no reconoció el estado mundial de la epidemia, que en definitiva es lo que significa una pandemia, nada se podía haber hecho para combatir el COVID-19.

La autojustificación no deja de ser ingeniosa, pero lamentablemente no pasa de constituir una burda manipulación, cuando no una descarada mentira.

Porque, si uno se toma la molestia de repasar la cinemática de lo acontecido, se encontrará con que la OMS el día 30 de enero ya había declarado el brote del COVID-19 como emergencia de salud pública de importancia internacional y que antes del día 25 de febrero ya había pedido al mundo que se preparara para una pandemia, como hace casi dos meses denuncié aquí en esta misma bitácora (“Datos de un despropósito con resultado mortal”).

Pero, sea como fuere, lo cierto es que, excluyendo a Bélgica, cuyas estadísticas están al margen del protocolo seguido en el resto de Europa, ya somos el país del mundo con mas víctimas mortales por millón de habitantes y esto, evidentemente, debe tener una causa descorazonadora.

Sanitariamente algo se debe de estar haciendo mal, pero que muy mal, cuando el Consejo General de Enfermería se ha querellado contra el Gobierno y el Consejo General de Médicos tiene pensado hacerlo en los próximos días.

Sin ir más lejos, el espectáculo al que hemos asistido estos últimos días sobre la regulación legal de las rebajas en los comercios, creo que da buena cuenta del sainete que diariamente presenciamos.

Y quede claro que no tengo la más mínima duda de que todo esto que estamos padeciendo, con la maquinita de ozono que el alcalde-abogado acaba de adquirir para los afortunados vecinos de Cangas del Narcea por el módico precio de 550 euros, hubiese sido bien distinto y diferente. Qué pena que este hombre no ocupe más altas responsabilidades, incluso en la mismísima OMS, porque sus ocurrencias, aunque tardías, la verdad es que son sumamente baratas. Que sean eficaces es lo de menos.

¡¡¡Ay de mi güey!!!

Los altos cargos de la Administración española perciben sus salarios como si de funcionarios públicos se tratara.

En esto los políticos son sumamente escrupulosos, pues se están remunerando a sí mismos, de suerte que, como ya expliqué aquí en otras ocasiones, existen determinados cargos cuyos salarios sin embargo se corresponden con los de otros de distinto nivel, lógicamente superior, como son todos los que al definirlos se añade aquello tan malévolo de “con rango de”.

Los salarios de los funcionarios públicos, personal eventual, etc. se estructuran en dos partes, la básica y la complementaria, a saber:

1. la básica, es la que retribuye según la adscripción de su cuerpo o escala a un determinado grupo de clasificación profesional, y se compone de:

1.1. sueldo;

1.2. antigüedad (“trienios”); y

1.3. pagas extraordinarias; 

2. y la complementaria, es la que retribuye las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el empleado, y está integrada por:

2.1. complemento de destino, que varía en función del nivel atribuido a cada puesto;

2.2. complemento específico, que va aparejado a las especiales condiciones de cada puesto; y

2.3. complemento de productividad, destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo.

Ya expliqué en otra ocasión que los funcionarios están clasificados por grupos (que en sentido ascendente son E, C2, C1, B, A2 y A1) y ordenados por niveles (que en el mismo sentido van del 1 al 30), siendo el grupo el que determina el sueldo y el nivel el que fija el complemento de destino.

Así las cosas, y con el fin de no descontextualizar la información y perder la necesaria referencia comparativa, resulta que un funcionario público clasificado en el grupo mas alto (A1) y con el máximo nivel (30), por ejemplo, nada menos que el Abogado General del Estado y Jefe de toda su Asesoría Jurídica, tiene un sueldo de 13.780,08 euros/año, unas pagas extraordinarias de 708,61 euros/mes y un complemento de destino de 12.036,72 euros/año. No hago constar los complementos específicos y de productividad, porque los desconozco por completo, pero si puedo afirmar que el total de sus retribuciones por todos los conceptos, al igual que sucede también con los jueces y magistrados de cualquier juzgado, está muy por debajo, pero mucho, de lo que ahora voy a relatar.

Todas las cantidades a las que aquí haré mención son las fijadas en los Presupuestos Generales del Estado, que si mal no recuerdo en el ejercicio 2020 son los del 2018[1] prorrogados.

En el caso de los altos cargos de la Administración, las retribuciones son las siguientes:

Ahora bien, si descendemos en la jerarquía administrativa vemos que las retribuciones anuales comienzan a aumentar. Y así nos encontramos:

Tengo asimismo que aclarar que, cada vez que aquí me refiera a los secretarios de estado, subsecretarios y directores generales, retributivamente hablando han de entenderse incluidos también bajo dichas denominaciones los puestos correspondientes a sus asimilados (?), los de “con rango de”, porque para eso se asimilan, para cobrar más.

Pero los presupuestos ya empiezan a ser más espléndidos en éste nivel, al decir que las pagas extraordinarias de los meses de junio y de diciembre incluirán, cada una de ellas, aparte de la cuantía del complemento de destino mensual que se perciba de acuerdo con lo dispuesto en el cuadro anterior, el importe en concepto de sueldo que se recoge en el siguiente:

En éste nivel de alto cargo los presupuestos contemplan igualmente que los secretarios de estado, subsecretarios y directores generales perciban un complemento por “productividad”, que es donde el mamoneo empieza a alcanzar ya tintes incalificables, pues su cuantía no se especifica, limitándose la ley a decir que ese complemento será el que, en su caso, “… les asigne el titular del Departamento, dentro de los créditos previstos para tal fin…”.

Pero además de todo lo hasta ahora expuesto, esto es, del sueldo, del complemento de destino, del complemento específico y del complemento de productividad, los presupuestos también prevén que los altos cargos perciban “gratificaciones” por servicios extraordinarios, cuya cuantía tampoco determinan, pues la ley vuelve simplemente a decir que “… se concederán por los Departamentos ministeriales u Organismos públicos dentro de los créditos asignados a tal fin …”.

Ahora saque el amable lector su calculadora y póngase a hacer números teniendo en cuenta la legión de altos cargos estatales y autonómicos a los que he venido refriéndome últimamente en varias entradas.

A título meramente orientativo, y para evitarle al lector engorrosas operaciones aritméticas, tengo que decir que los salarios de los secretarios de estado, subsecretarios y directores generales (y sus asimilados) alcanzan cifras totales que se mueven entre los 92.000 y los 115.000 euros/año, más otras prestaciones complementarias como trienios por antigüedad si proceden de la Administración, etc., etc.

No obstante, hay altos cargos que incluso superan dichas cantidades, como ya expuse en la entrada “Las cloacas del poder”.

Pero, en mi modesta opinión, existe una diferencia más que sustancial: mientras que el funcionario ocupa su puesto tras haber aprobado unas oposiciones libres, en las que se sometió a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, compitiendo y superando a otros aspirantes que también decidieron presentarse a las mismas pruebas, por el contrario el cargo político lo desempeña simplemente por haber sido elegido a dedo o, más claramente, por su fidelidad al partido gobernante.

En fin, un mamoneo en toda regla y, lo que es peor, escrupulosamente regulado en la ley o, dicho en otras palabras: una putrefacción administrativa con amparo legal y todo. ¡¡¡Tócate los nísperos!!!

Y aquí no pasa nada y además nadie se ruboriza: yo soy un alto cargo socialista (un rojo, que dicen los más osados) y punto; porque, como piensan muchos de ellos, solo con eso ya estoy moralmente justificado.

Mientras en España, durante el pasado año 2019, el salario mínimo interprofesional fue de 12.600,00 euros/año y los trabajadores y pensionistas tuvieron unas retribuciones anuales medias de 24.808,00 y 13.893,00 euros/año, respectivamente, por el contrario los altos cargos de la Administración socialista, muchos de los cuales en los mítines electorales se desgañitan proclamando a los cuatro vientos la austeridad, el recorte del gasto público, la lucha contra la desigualdad salarial, etc., etc., esos, como se puede ver, viven en otro mundo y lo que ocurra “por debajo” les trae completamente sin cuidado.

Pero yo les replico a esa caterva de sátrapas que, un país donde se permite que el importe de la pensión media de sus ciudadanos (la inmensa mayoría tras toda una vida de esfuerzo y privaciones) sea de poco más de mil euros al mes y que, al mismo tiempo, los altos cargos elegidos por el partido gobernante cobren miles y miles de euros, es cualquier cosa menos un país socialista; al menos como yo entiendo lo que es el socialismo.

Una somera comparación entre las retribuciones de los altos cargos y los sueldos y pensiones del personal de a pie permite sacar conclusiones aterradoras, dejando bien claro por mi parte que no voy a ser tan demagogo como para sostener que aquellos tendrían que ganar lo mismo que cualquier trabajador o pensionista, pero el lector convendrá conmigo en que siempre existe un término medio y, como suele decirse coloquialmente, en el punto medio está la virtud.

Termino volviendo a lo de siempre. Estamos ante una verdadera y singular distinción de clases: los que están dentro de la “nomenclatura” y los que no. Una suerte de aristocracia intelectual y política, o modelo revolucionario de castas, que resulta un auténtico escándalo.

En fin, las dos “Españas” en versión siglo XXI.

Y a mí todo esto me recuerda la conocida anécdota de la II República, cuando en un mitin donde el orador insistía en aquello de que “la tierra para el que la trabaje”, un paisano se puso en pie preguntándole sagazmente: “¿y el fruto?”.

¡¡¡ Ay de mi güey !!!

[1] Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (BOE 4/07/2018).

[2] Doce mensualidades sin derecho a pagas extraordinarias.

En el año 2015 se aprobó en España una ley[i] que regula el nombramiento de los altos cargos de la Administración General del Estado, introduciendo nuevos mecanismos para asegurar la idoneidad de los candidatos sobre la base de que, como se dice en su preámbulo, un alto cargo, por la responsabilidad que conlleva y la relevancia de las funciones que desempeña, sólo puede ser ejercido por personas que, constatada su competencia personal y profesional, respeten el marco jurídico que regule el desarrollo de su actividad, garantizando así que el ejercicio del cargo se realice con las máximas condiciones de transparencia, legalidad y ausencia de conflictos entre sus intereses privados y los inherentes a sus funciones públicas.

La ley aclara las condiciones para proceder al nombramiento de un alto cargo e introduce como novedad la idoneidad como requisito, pero tomando como referencia los criterios de mérito y capacidad, así como el de honorabilidad.

Esta ley, aplicable solo a los denominados altos cargos, considera como tales, en lo que se refiere a un ministerio, a los ministros, secretarios de estado, subsecretarios y asimilados, secretarios generales, secretarios generales técnicos y directores generales y asimilados. Lo de los “asimilados”, la verdad, a mí no me gusta nada, porque me huele a chanchullo.

Los ministros y los secretarios de estado, aun siendo altos cargos, son puestos políticos cuyo nombramiento es discrecional y por tanto únicamente han de cumplir con el requisito de la idoneidad (?).

Sentado lo anterior, la ley dispone que el nombramiento de los demás altos cargos se hará también siempre entre personas idóneas, pero señalando a continuación:

• que los subsecretarios y secretarios generales técnicos deberán nombrarse en todo caso entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, pertenecientes a cuerpos clasificados como A1, esto es, el nivel más alto que puede alcanzarse en la carrera administrativa o, dicho en otras palabras, la élite de la Administración Pública; y

• que idéntico requisito se exigirá también en el nombramiento de los directores generales, salvo que, dice esta ley, el Real Decreto de estructura del Departamento permita que, en atención a las características específicas de las funciones del cargo, su titular no reúna dicha condición de funcionario, debiendo entonces motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional.

Idéntica regulación también se contiene ahora en la legislación básica del sector público[ii] y quede claro, para que nadie me tilde de sectarismo, que toda esta normativa data de cuando en España gobernaba el PP.

Esta ley me parece todo un acierto porque, efectivamente, profesionaliza la cúpula de la Administración estatal con personas que han superado con éxito cualquiera de los sistemas de selección propios de los funcionarios públicos (la oposición o el concurso-oposición) y, en consecuencia, que han cumplido con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, tratándose por tanto de empleados públicos altamente cualificados e independientes.

Pero, como hemos visto, la ley tiene una “válvula de escape” cuando regula el nombramiento de los directores generales, a los que permite zafarse del requisito de la funcionarización solo con que se “motive” que en el cargo concurren características específicas que justifican esa circunstancia excepcional, es decir, todo un coladero de personas del más variado pelaje, siendo muy triste que el legislador permita este subterfugio pese a reconocer expresamente que un alto cargo, por la responsabilidad que conlleva y la relevancia de las funciones que desempeña, sólo puede ser ejercido por personas en las que se constate su competencia personal y profesional.

Y así, para consumar la “trampa legal”, en el mes de enero de este año y tras el nombramiento por parte de Don Perico Pinocho del actual gobierno, ya se dictó un Real Decreto[iii] que contiene una disposición adicional que exime de la condición de funcionarios públicos a los titulares de nada menos que la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes, Dirección General de Infraestructura, Dirección General de Tráfico, Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura, Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, Dirección General de Política Energética y Minas, Oficina Española de Cambio Climático, Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación,  Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, Dirección General de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030, Dirección General de Derechos de los Animales, Dirección General de Migraciones, Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, Dirección General para la Igualdad de trato y Diversidad Étnico Racial, Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, Dirección General de Consumo, Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales y Dirección General de Ordenación del Juego. Y, por si todo esto no fuera suficiente, y circunscribiéndose ahora a los organismos autónomos y entidad gestora de la Seguridad Social, también dispensa del mismo requisito a los titulares de la Dirección General del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), Dirección General del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas, Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Dirección General del Instituto de la Juventud y Dirección General del Instituto para la Transición Justa. En total, 24 altos cargos degradados por arte de birlibirloque.

No he tenido paciencia para leerme las normas estructurales de la presidencia del Gobierno y de los 22 ministerios que actualmente hay en España, pero estoy completamente seguro de que en las mismas también se contienen otras excepciones al requisito general de la funcionarización.

Así las cosas, la puerta para que los enchufados accedan a los altos cargos de la Administración estatal ha vuelto a quedar abierta de par en par. ¡¡¡Viva la mamandurria!!!

El escándalo ha llegado a los cuerpos superiores de la Administración del Estado (abogados del estado, inspectores de hacienda, etc.), la élite de la función pública y cuyos miembros están llamados a ocupar esos puestos directivos como culminación de su carrera profesional, quienes han observado los nombramientos masivos de directores generales ajenos a la escala funcionarial no sólo como un abuso de lo que la legislación fija como una excepción sino como un incumplimiento flagrante de los principios de profesionalidad, imparcialidad y competencia que deben de regir en este tipo de nombramientos, por lo que la asociación que agrupa a estos colectivos (“Fadeca”) ya ha solicitado la tutela judicial ante el Tribunal Supremo contra 26 nombramientos “excepcionales”.

En un contexto en el que la forma de gestionar de Portugal se ha convertido en un referente casi ineludible en España (¡¡¡quién nos iba a decir a los soberbios españoles que al final tendríamos que seguir la senda de los humildes portugueses!!!), los cuerpos superiores de la Administración del Estado han mirado también al país vecino para importar un modelo de selección de altos cargos en virtud del cual los puestos de escala directiva hasta director general, incluido ese nivel, se hacen públicos cuando quedan vacantes y se abren a todos los candidatos que crean cumplir los requisitos exigidos. A partir de ahí, una comisión independiente evalúa los méritos y la capacidad de los funcionarios presentados y elige una terna de candidatos. Ésta se presenta al ministerio que ha sacado la vacante, que entonces ya puede elegir libremente entre los candidatos seleccionados por la comisión independiente.

Pero, claro, esto no le interesa al PSOE, ni mucho menos a Unidas Podemos, cuyos “cachorros” les exigen poder pisar alfombra, aunque sea mediante su designación a dedo y saltándose las reglas más básicas de la gestión pública.

El gobierno progresista (?) ha optado por desplazar a los funcionarios de élite (los que en su día se mataron estudiando y superaron un duro proceso selectivo de carácter abierto y con libre concurrencia, los que accedieron a la función pública cumpliendo los repetidos principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad y los que, en definitiva, hubiesen servido mucho mejor a los intereses públicos) y ha preferido decantarse por el nepotismo, por el trato de favor hacia sus amiguetes y correligionarios por el solo hecho de serlo y, por supuesto, sin tener en cuenta ningún otro mérito porque, sencillamente, esos pelanas no lo tienen.

Esto es a lo que ellos llaman regeneración democrática, aunque yo creo que es más correcto denominarlo degeneración del sistema.

Así que, amigo lector, el aterrizaje en los altos cargos ministeriales de los enchufados de los partidos gobernantes ya es una irresponsable realidad.

¡¡¡SON UNOS SINVERGUENZAS!!!

[i] Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

[ii] Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

[iii] Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

Dejando a un lado a los funcionarios, que se rigen por una normativa específica mucho más tuitiva y protectora, los empleados laborales de las Administraciones Públicas están sometidos al conocido Estatuto de los Trabajadores, uno de cuyos preceptos regula la suspensión de los contratos de trabajo y la reducción de la jornada laboral, en ambos casos por las concretas causas que el mismo contempla, lo que tiene lugar a través del denominado expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

Todos hemos oído hablar éstos días de que, a raíz de la declaración del estado de alarma, las empresas pueden promover estos ERTE, siendo precisamente la pandemia una de las causas que los justifican, de manera que el alcance y duración de las medidas de suspensión de los contratos o de reducción de la jornada se adecuarán al nuevo escenario derivado del COVID-19.

En éste contexto, que es temporal, el trabajador no podrá acudir a su puesto de trabajo ni percibir su salario durante el tiempo que dure la suspensión (salvo que se trate de un ERTE de reducción de jornada, en cuyo caso trabajará solo durante el horario de la jornada reducida y percibirá la parte proporcional de su salario original), ni tampoco indemnización alguna por parte de la empresa, sino que cobrará la correspondiente prestación por desempleo hasta que la situación se normalice.

Sin embargo, durante el mandato de Don Mariano Rajoy Brey (años 2011 a 2018) tuvo lugar la denostada reforma laboral, que aun siendo tan criticada por la izquierda caniche resulta que hoy continúa en vigor y, además, aplicándose en toda España un día sí y otro también (baste decir que actualmente es la base legal de cualquier ERTE), pero, para sorpresa de todos, es precisamente debido a la reforma laboral de Rajoy por lo que ni a los Ayuntamientos ni al resto de las Administraciones Públicas se les permite  promover un ERTE contra sus empleados laborales: ni por el COVID-19 ni por ninguna otra causa.

En definitiva, en España todos los trabajadores sin excepción son susceptibles de quedar sometidos a un ERTE, salvo los empleados laborales de las Administraciones Públicas.

Privilegios de la reforma de Rajoy.

Quién les iba a decir a los empleados públicos en régimen laboral que sus contratos de trabajo, a diferencia de los del resto de los mortales, quedarían blindados frente a todos los ERTE debido precisamente a esa reforma de la “derechona”.

Lo dicho: cosas veredes.

El impacto del COVID-19 será de una brutalidad sin precedentes para la economía española; hasta el punto de que, según el propio Gobierno, la misma se desplomará un 18,2%, el déficit público alcanzará el 10,3% y el empleo caerá un 9,5%, elevando así la tasa de paro hasta el 19%.

Pero que nadie se asuste; no pasa nada. Absolutamente nada.

Hace unos días, cuando ya llevábamos más de un mes en estado de alarma, se aprobaron unas subvenciones para los partidos y formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados (BOE de 24/04/2020).

Se trata de dos subvenciones trimestrales distintas: una por gastos de funcionamiento ordinario y otra por gastos de seguridad.

Su distribución es la siguiente:

Me llama la atención que el Partido Socialista de Cataluña (PSC) reciba ambas subvenciones aparte y por importe de otros 447.447,96 y 22.975,11 euros, respectivamente.

Pero estas subvenciones también las perciben Esquerra Republicana de Cataluña, Junts, Comú, PNV, EH-Bildu, Mas País-Equo, Unidad Popular, Foro, Coalición Canaria, UPN, Compromís, BNG, PRC y Teruel Existe, cuyos importes he sumado a los del PSC y puesto en la última fila del cuadro anterior. Y como puede verse son otro pastizal importante.

La suma de estas dos subvenciones trimestrales asciende a los 13.171.318,00 euros.

Insisto en lo de trimestrales, porque durante el resto del año se pagarán a todos estos partidos y formaciones políticas (en total nada menos que 20) otras tres tandas más de subvenciones por los mismos conceptos y por importes similares, lo que en total nos sitúa casi en los cincuenta y tres millones de euros anuales.

Esto solo para funcionamiento y seguridad porque, como ya expuse en una entrada anterior –“Los diputados y las diputadas (o viceversa)”-, aparte van los sueldos, dietas y gastos de diputados, asesores, asistentes y resto del personal “de confianza” y, además, estos partidos y formaciones políticas también perciben una subvención fija cuya cuantía para cada grupo parlamentario es de 29.606,56 euros mensuales[i], más otra subvención variable, en función del número de diputados de cada uno, a razón de 1.703,57 euros mensuales por escaño[ii].

Comoquiera que todo lo hasta ahora expuesto se limita al Congreso de los Diputados, otro tanto de gasto (?) habrá para los partidos y formaciones con representación en el Senado y, por supuesto, también en los 17 parlamentos autonómicos.

Sin desmerecer los beneficios de los demás, que no son broma, es evidente que los grandes partidos y formaciones, los que cuentan con representación en todas estas instituciones, tienen que estar haciendo el gran negocio a costa del erario.

¡¡¡Esto es un verdadero escándalo!!!

Pero, por desgracia, no he visto nunca a ningún partido político renunciar a estas prebendas, por lo que entre todos terminan haciendo buena esa frase tan triste y demoledora en una democracia de que “son todos iguales”, pues, mientras que en cuestiones de lo más baladí surgen disputas absurdas, por el contrario, en lo tocante al reparto de este “botín”, existe un sospechoso consenso.

La mamandurria no conoce de creencias, convicciones e ideologías, así que este despilfarro de dinero público tiene mal arreglo. Los partidos son felices con este statu quo.

¡¡¡Son unos sinvergüenzas!!!

Por eso yo no dejo de preguntarme: ¿el pueblo hasta donde tiene que aguantar?, ¿cuál es el límite para lanzarnos a saltar la valla y acabar de una vez con este putiferio?.

[i] Teniendo en cuente que en la actual legislatura existen 10 grupos parlamentarios, esta subvención asciende en total a 592.131,20 euros mensuales, es decir, 7.105.574,40 euros al año.

[ii] Al existir 350 diputados, esta subvención asciende en total a 596.249,50 euros mensuales, esto es, 7.154.994,00 euros al año.