En nuestro país los procedimientos judiciales penales se regulan, salvo las especialidades de los que son competencia del Tribunal del Jurado, por la denominada Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr), cuyo texto original data de allá por el año 1882, esto es, de hace 138 años, que se dice pronto.

En el año 2015 el parlamento español aprobó dos reformas de esta LECr que, en lo que aquí nos interesa, supusieron:

• la supresión de la palabra “imputado” y su sustitución por la de “investigado”[1], pues según los legisladores de la época, muy sensibilizados al respecto por sufrirlo muchos de ellos en sus propias carnes, aquella expresión tenía connotaciones negativas y estigmatizadoras; y

• el establecimiento de un plazo máximo para la instrucción (investigación) judicial: 6 meses, salvo en el caso de las causas complejas que será de 18 meses[2], reforma muy criticada por la izquierda caniche con el argumento de que iba a suponer que muchos delitos quedaran impunes, es decir, sin castigo, aunque lo cierto es que la innovadora ley dejaba bien claro que ambos plazos eran susceptibles de prórroga y que el simple transcurso de estos, aun no habiendo sido prorrogados, no daría lugar por sí solo al archivo de las actuaciones.

Pues bien, ayer entró en vigor una nueva reforma de la LECr que afecta a estos plazos de instrucción, unificando los mismos en 12 meses[3], justificándose esta novedad en el preámbulo de la ley en que “… el proceso penal es en sí mismo una pena que comporta aflicción y costes para el imputado …”, es decir, que el legislador actual no solo ha venido a ratificar la necesidad de un plazo para la investigación judicial, otrora tan denostado por los partidos políticos que hoy integran la mayoría parlamentaria (que duda cabe que rectificar es de sabios), sino que ha cometido el tremendo error de desenterrar la expresión “imputado” olvidando que la misma había sido definitivamente desterrada de nuestro Ordenamiento Jurídico en la citada reforma del año 2015 la cual, además, vino impuesta nada menos que por una Ley Orgánica.

Esta es la seriedad y el rigor de nuestros amnésicos legisladores y de sus asistentes, asesores, gabineteros y demás vividores del sector público que los rodean y adulan.

¡¡¡ Ay de mi güey !!!

[1] Ley Orgánica 13/2015 – BOE 6/10/2015

[2] Ley 41/2015 – BOE 6/10/2015

[3] Ley 2/2020 – BOE 28/07/2020

En la entrada «Ingreso Mínimo Vital» (IMV) expliqué sucintamente los términos de esta prestación económica, creada por el Real Decreto-ley 20/2020[1], dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.

La crisis del COVID-19 ya está dando lugar a muchas reclamaciones judiciales por deudas y, lamentablemente, las mismas irán en aumento de manera considerable. Estos pleitos terminan con la ejecución dineraria, que es un proceso judicial en el que una de sus fases es el embargo de bienes del deudor. Y ante ello se plantea el problema de si el IMV es o no embargable.

La ley que regula dichos procesos de ejecución dineraria, denominada Ley de Enjuiciamiento Civil, dispone que son inembargables las cantidades expresamente declaradas como tales por alguna disposición legal, pero lo cierto es que el citado Real Decreto-ley, sorprendentemente, no contiene ninguna previsión específica al respecto o, mejor dicho, sí la contiene pero la misma es absolutamente inoperante.

Me explico: el referido Real Decreto-ley indica textualmente que el IMV “… No podrá ofrecerse en garantía de obligaciones, ni ser objeto de cesión total o parcial, compensación o descuento, retención o embargo, salvo en los supuestos y con los límites previstos en el artículo 44 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social …”, pero el problema es que ese artículo 44 se limita a señalar que «… en materia de embargo se estará a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil.”, es decir, que al final el IMV es embargable a pesar de toda la «palabrería» que el gobierno progresista de España emplea en el preámbulo de dicho Real Decreto-ley.

En fin, una pena, pues estamos hablando nada menos que de una ayuda pública dirigida, insisto, a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social, pese a lo cual, y aun contando esta norma con la práctica unanimidad de los grupos políticos parlamentarios, la triste realidad es que nadie se acordó de declararla inembargable, con lo fácil que hubiese sido hacerlo. Así se legisla en este país de pandereta.

En estas circunstancias, la referida Ley de Enjuiciamiento Civil establece la inembargabilidad de los salarios, sueldos, pensiones, etc. que sean inferiores al salario mínimo interprofesional, que este año está fijado en 950 euros mensuales, es decir, que el IMV será susceptible de embargo en todo lo que exceda de esa cantidad. Esta previsión legal de inembargabilidad del salario mínimo interprofesional no es nueva sino que data del primer Estatuto de los Trabajadores (1980).

Pero, es más, para calcular la parte embargable dicha ley permite acumular al IMV todas las demás percepciones de las que sea beneficiario el deudor o su cónyuge (si no rige en el matrimonio el régimen económico de la separación de bienes), ya que el IMV resulta compatible con otras prestaciones y ayudas públicas e incluso con rentas de trabajo.

Un error imperdonable de la izquierda caniche a la hora de redactar el repetido Real Decreto-ley; con lo sencillo que hubiese sido hacer constar en el mismo simplemente que el IMV era inembargable.

¡¡¡ Ay de mi güey !!!

[1] BOE 1/06/2020

Una de las grandezas del Estado de Derecho es que en el mismo todos, tanto particulares como Administraciones, estamos sometidos al imperio de la ley; y cuando alguien considera que la misma no se respeta entonces puede acudir ante los Tribunales de Justicia para que sean éstos los que obliguen a cumplirla.

Viene esto a colación de aquella entrada (“El mito municipal”) en la que describí el verdadero y real funcionamiento de los Ayuntamientos, donde los alcaldes ostentan unos poderes casi omnímodos en detrimento de los plenos que carecen de competencias decisorias en prácticamente todos los ámbitos.

Escribí entonces que el pleno de un Ayuntamiento se limita normalmente a «tomar razón» de las resoluciones de los alcaldes y que si bien es cierto que una de las atribuciones del pleno es el control y la fiscalización del alcalde y de la junta de gobierno, esto solo es en teoría, porque en la práctica basta ver los apartados “ruegos y preguntas” de las actas de las sesiones plenarias para darse cuenta de que todos los alcaldes, las más de las veces, eluden dichos control y fiscalización con un lacónico y displicente “tomo nota”.

Y resumía la situación gráficamente diciendo que el pleno “toma razón” y el alcalde “toma nota”.

Pues bien, recientemente, el Tribunal Supremo se ha pronunciado en términos que suponen un avance hacia un mejor control interno en el ámbito de la Administración local.

Se trata del caso de un concejal de un Ayuntamiento cántabro que decidió impugnar un acuerdo plenario por entender que no permitió el ejercicio de la función de control y fiscalización.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santander al que correspondió conocer del asunto desestimó la demanda de este concejal, como también la rechazó el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria cuando éste ciudadano recurrió ante el mismo la Sentencia dictada por aquél órgano judicial.

El concejal, por lo visto un hombre perseverante, decidió llevar el caso ante el Alto Tribunal quien en Sentencia de fecha 5 de junio de 2020[1] ha estimado sus pretensiones señalando:

• que la obligada toma de razón de las resoluciones del alcalde por parte del pleno ha de extenderse también a las dictadas por la junta de gobierno, pues sus acuerdos, como órgano delegado del alcalde, tienen el mismo valor que las resoluciones dictadas por éste y por tanto no pueden quedar sin control del pleno; y

• que la fiscalización por el pleno de las decisiones del alcalde y de la junta de gobierno no ha de efectuarse simplemente en el apartado “ruegos y preguntas” del orden del día de sus sesiones, como suele ser práctica habitual, sino que una parte de las reuniones del pleno debe de dedicarse al control, mediante un apartado específico, que tenga sustantividad propia, distinta y al margen del relativo a los “ruegos y preguntas”, es decir, un control con participación de todos sus miembros.

Lo dicho: otra grandeza del Estado de Derecho.

¡¡¡ Ay de mi güey !!!

[1] Sentencia nº 682/2020 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

El espectáculo que desde hace días está dando el Ministerio del Interior en el asunto del cese fulminante del coronel Don Diego Pérez de los Cobos Orihuel como jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, con el magistrado en servicios especiales Don Fernando Grande-Marlaska Gómez al frente, es absolutamente infumable jurídica y políticamente.

Vaya por delante que estoy totalmente en contra de que los miembros de la carrera judicial accedan a cargos políticos, pero comoquiera que esta opinión es de muy dudosa legalidad (pues el art. 23 de la Constitución reconoce como derecho fundamental de todos los ciudadanos el de acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos), al menos debería de instaurarse ya de una vez por todas la prohibición de que finalizado su periplo político puedan volver a ejercer funciones jurisdiccionales, porque en esto ha habido experiencias nefastas por todos conocidas.

Dicho lo anterior, que el ministro del interior, tras interesarse por una investigación judicial que afecta al Gobierno (llegando incluso a cesar a un mando de la Guardia Civil por no haberle advertido de la emisión de un informe ordenado emitir en aquella a la policía judicial de dicho cuerpo), termine mintiendo en sede parlamentaria, ocultando las verdaderas razones para esa destitución y dando hasta tres versiones distintas de lo sucedido, constituye algo intolerable e inadmisible en cualquier democracia que se precie.

Ahora ya sabemos fehacientemente, por el oficio que la directora general de la Guardia Civil envió al secretario de Estado de seguridad, que se cesó al coronel Sr. Pérez de los Cobos, lisa y llanamente, por “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”.

Todas las asociaciones judiciales (no solo la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura sino también la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente), excepto Juezas y Jueces para la Democracia, que hasta la fecha no se ha pronunciado, claman contra su compañero ante la gravedad de su comportamiento.

Y en éstas circunstancias, no seré yo el primer profesional del Derecho en afirmar que, con su actuación en el caso del citado mando policial, el Sr. Grande-Marlaska Gómez podría haber incurrido en diversas modalidades delictivas.

Pero para contrarrestar esta alarmante situación, nunca mejor dicho, la izquierda caniche ha puesto en marcha toda su maquinaria propagandística y manipuladora denunciando que las injerencias del Ministerio del Interior en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vienen de lejos, desempolvando asuntos que actualmente se encuentran sub iudice, como son los relacionados con el extesorero del Partido Popular, con un exministro del interior del mismo partido o con el comisario Villarejo, todo ello en un nuevo desprecio a las más elementales reglas de un Estado de Derecho, pues si éstos casos están siendo investigados judicialmente (sin que por tanto haya de momento ni inocentes ni culpables) lo más respetuoso con aquellas reglas es dejar que la instrucción judicial finalice.

En definitiva, es el famoso “y tu más” que tanto daño hizo y está ocasionando en éste país. Porque al final, entre acusaciones recíprocas, las responsabilidades de unos y otros quedan sin depurar, lo que me hace sospechar que quizá sea esto precisamente de lo que se trate: cerrarlo todo en falso.

Y, puestos a elucubrar, el Gobierno y sus adláteres tampoco han dudado en adelantarse a calificar el citado informe de la policía judicial de la Guardia Civil, cuya difusión urbi et orbi, por cierto, corrió a cargo de los medios de comunicación «amigos» (la copia que a mí me llegó a través del WhatsApp tenía una marca de agua de la “Cadena Ser”), como una verdadera y auténtica chapuza porque, al parecer, uno de los testigos interrogados por aquella niega ahora lo que este informe pone en su boca, como si desdecirse de lo dicho fuera novedad en España, país en el que el «donde dije digo, digo Diego» es disculpa inveterada.

Yo soy de la opinión, y supongo que la mayoría de los lectores también, de que todos los actos de los políticos que puedan ser constitutivos de delito tienen que ser investigados judicialmente y que, en aplicación del principio de división de poderes, dicha instrucción ha de desarrollarse en los Juzgados sin interferencias de ningún tipo. Ni siquiera periodísticas.

Otra cosa es que, debido al garantista sistema procesal español, estas investigaciones se vuelvan interminables, lo que yo creo que siempre ha interesado a la clase política gobernante, del signo que sea, pues remedios “haylos” si se dotara a la Administración de Justicia de los recursos con los que cuenta, por ejemplo, la tributaria.

Pero, con independencia de lo hasta aquí expuesto, no creo que el PSOE esté en estos temas como para muchas florituras teniendo en cuenta que, durante el primer gobierno socialista de Don Felipe González Márquez, desde el Ministerio del Interior se crearon nada mas y nada menos que los Grupos Antiterroristas de Liberación (los famosos «GAL»), lo que motivó una investigación judicial por parte del magistrado Don Baltasar Garzón Real (quien previamente se había presentado a diputado como candidato independiente en las listas del PSOE de 1993), hasta que finalmente, en el denominado “Caso Marey”, recayó la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29 de julio de 1998[1] condenando a penas de prisión por los delitos de secuestro, malversación de caudales públicos, etc. a Don José Barrionuevo Peña (ministro de Interior), Don Rafael Vera Huidobro  (secretario de Estado para la seguridad), Don Julián Sancristóbal Iguarán (gobernador civil de Vizcaya), Don Ricardo García Damborenea (secretario general del PSOE en Vizcaya), Don Francisco Álvarez Sánchez (jefe de la lucha antiterrorista), Don Miguel Planchuelo Herresánchez (jefe de la brigada de información de Bilbao), Don José Amedo Fouce (subcomisario de policía), entre otros, todos ellos defendidos por lo más granado de la abogacía patria. Un caso de políticos socialistas y policías metidos en el mismo saco delictivo.

Y esto que cito aquí no es una investigación judicial en curso y de final incierto, sino una Sentencia firme y definitiva dictada por el mas alto Tribunal español, compuesto entonces para enjuiciar dicho caso por nada menos que once magistrados (sin duda, la élite de la Justicia nacional), y cuya Sentencia sería luego confirmada por el Tribunal Constitucional en el año 2001 y mas tarde por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Tribunal de Estrasburgo) en el año 2010.

Entre las decenas de periodistas que cubrieron aquellas largas jornadas en el Tribunal Supremo estaba el conocido y nada sospechoso escritor Don Antonio Muñoz Molina, quien asistió a las veintiún sesiones que duró la vista judicial y que darían lugar a otras tantas crónicas suyas en el diario «El País» luego recopiladas por el mismo en el libro «La puerta de la infamia», de muy recomendable lectura.

Así que, como dicen ahora los “modelnos”, un poco de por favor.

¡¡¡ Ay de mi güey !!!

[1] Como dato anecdótico, en mi idea de que todo se explica desde Cangas, diré que esta Sentencia contó con el voto particular parcialmente discrepante del magistrado Don Joaquín Martín Canivell, quien fuera juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cangas del Narcea en los años 50/60.

“ENAGÁS”, acrónimo de Empresa Nacional del Gas S.A., es una compañía mercantil que gestiona la infraestructura gasística de España, que está participada por el Estado y que se consolida como el grupo del “IBEX 35” (principal indice bursátil de referencia de la bolsa española) con mayor número de expolíticos colocados por los partidos.

El presidente ejecutivo de la empresa es Don Antonio Llardén Carratalá[1] y su consejero delegado Don Marcelino Oreja Arburúa[2], vinculados al PSOE y PP, respectivamente.

En el año 2014, el PP convirtió en consejeros a personajes tan conocidos de la derecha nacional como Don Antonio Hernández Mancha (presidente de Alianza Popular entre 1987 y 1989), Doña Isabel Tocino Biscarolasaga (ministra de medio ambiente entre 1996 y 2000), Doña Ana de Palacio y del Valle Lersundi (ministra de asuntos exteriores entre 2022 y 2004) y Don Gonzalo Solana González (presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia entre los años 2000 y 2005).

Y ahora, con la que está cayendo, se acaba de acordar el nombramiento como nuevos consejeros de dos destacados dirigentes del PSOE como son Don José Montilla Aguilera (ministro de industria, turismo y comercio entre los años 2004 y 2006) y Don José Blanco López (ministro de fomento entre los años 2009 y 2011).

No voy a entrar aquí en la comparación entre los currículos (académicos, profesionales, etc.) de unos y otros porque causa estupor. Pero da exactamente igual. Lo importante no es la formación ni la experiencia sino los servicios prestados al partido, por lo que vaya preparándose el lector para en unos años ver sentada en el consejo de administración de “ENAGÁS” (o en el de “GAS NATURAL FENOSA”, donde ya tuvo sus posaderas Don Felipe González Márquez), a la gran Doña Adriana Lastra Fernández, la que tiene las hojas académica y laboral en blanco y, quizá por ello, se confunde al pulsar los botones de votación del Congreso de los Diputados.

El sillón en “ENAGÁS” otorga a sus ocupantes un salario anual de 160.000 euros como consejeros rasos, cantidad a la que hay que sumar los complementos por pertenencia a distintas comisiones internas.

Nuevamente tengo que traer aquí el marco socioeconómico español durante el pasado año: el salario mínimo interprofesional anual fue de 12.600 euros y los trabajadores y pensionistas tuvieron unas retribuciones anuales medias de 24.808 y 13.893 euros, respectivamente.

En estas circunstancias, creo que el PP y el PSOE (y cito por estricto orden alfabético) son desde hace años un par de escondites para personajes carentes por completo de la más mínima vergüenza, partidos en los que, por desgracia, sus afiliados (unos por acción y los más por omisión) tienen que aceptar estoicamente, “por disciplina” que dicen ellos, cuanto se decide en los mismos, sea lo que fuere y sin rechistar.

No pasa nada, entre otras cosas porque los militantes, si es que se atrevieran, ni siquiera tendrían donde ir a protestar. No hay nada previsto al respecto. Estos temas no se tratan ni en las juntas locales ni en las asambleas (cuyas reuniones, por lo demás, siempre han de ajustarse a un riguroso orden del día que viene precocinado “de arriba” y no permite intervenciones espontáneas) sino que se deciden en las altas esferas y al margen por completo de las bases. Y todos felices y contentos.

Ambos partidos practican idéntica política en lo que a “puertas giratorias” se refiere, ante la tolerancia cómplice de sus miembros, partidarios y simpatizantes que cuando no callan como mudos, avergonzados por la situación, se envalentonan defendiendo el nepotismo, en sus distintas modalidades y variantes, con los más disparatados argumentos.

Pero, puestos a comparar, tampoco encuentro absolutamente ninguna diferencia entre el PP y el PSOE en cualquier otro aspecto de la política. Ninguna. Dicen que uno es el partido de las clases altas y que el otro es el partido de las clases populares (ricchi e poveri, que dirían los italianos) pero, aparte de que semejante clasificación me provoca de inmediato la sonora carcajada, la verdad es que no veo discrepancia alguna entre las jerarquías de estos dos partidos: ambas son insaciables y carecen de escrúpulos.

Estamos, como siempre digo, ante una verdadera y singular distinción de clases: los que están dentro de la “nomenclatura” y los que no; una suerte de aristocracia intelectual y política, o modelo de castas, que resulta un auténtico escándalo.

Y todo esto, insisto, en una España en la que mucha gente lo está pasando realmente muy mal.

¡¡¡Son unos sinvergüenzas!!!

[1] Ejecutivo cuya carrera profesional y política está relacionada con gobiernos del PSOE, en los que ocupó, entre otros cargos, el de subsecretario de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, en el gobierno de Felipe González, y vicepresidente de Caixa Catalunya en representación del Ayuntamiento de L´Hospitalet de Llobregat, gobernado entonces por el PSC.

[2] Eurodiputado del PP entre los años 2002 y 2004 e hijo de Don Marcelino Oreja Aguirre (ministro de asuntos exteriores entre 1976 y 1980 y eurodiputado y diputado del PP entre los años 1979 y 1994).

Jamás acusaría al Gobierno de haber traído a España el COVID-19, ¡¡¡no, por dios!!!, pero lo que nadie me puede impedir es responsabilizarlo de la nefasta gestión de la pandemia y, más exactamente, de haberse desentendido en gran parte del problema, ninguneándolo imprudentemente, cuando el mismo podía y debía de haber sido combatido antes, reduciendo así las catastróficas consecuencias que actualmente estamos padeciendo.

En una entrada anterior (“Datos de un despropósito con resultado mortal”) realicé una pormenorizada cronología de todo lo sucedido en España desde que el día 31 de enero se detectó el primera caso de COVID-19 y a ella me remito para evitar reiteraciones.

Desde entonces hemos asistido a espectáculos grotescos e hilarantes: test sí, test no; guantes si, guantes no; máscaras si, máscaras no … Pero lo que menos esperaba o, mejor dicho, lo que jamás hubiera imaginado, es que el Gobierno llegara incluso a “trapichear” con el número de muertos de la pandemia.

Primero se disculpó diciendo que los 3.929 registros civiles que en total hay en España, y que es donde se inscriben los fallecimientos, están transferidos a las comunidades autónomas. Cierto. Pero también lo es que desde que se declaró el estado de alarma dichos registros estaban obligados a facilitar la información a un organismo centralizado en Madrid cuyos responsables, sin embargo, no se percataron nunca, hasta que saltó el escándalo, claro, de que las cifras eran desproporcionadas en relación con las estadísticas de otros años: un 55% más de sobremortalidad, que se dice pronto.

Y ahora, tras el “redondeo” del sabio Simón, explicándonos hace unos días en una de sus ruedas de prensa que había existido un error de cómputo que reducía el número de muertos en exactamente dos mil (ni uno más ni uno menos), para dejar la cifra total en 27.118 fallecidos, ahora, digo, nos hemos enterado de que los números están manipulados y los decesos por el COVID-19 pueden superar los cuarenta mil.

En efecto, ha quedado reflejado en la última actualización del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria («MoMo»), dependiente del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III y que es un método que compara los fallecimientos previstos para un periodo concreto de tiempo con los fallecimientos que realmente se han producido en el mismo, que el exceso de mortalidad hasta el pasado día 22 de mayo ascendió a las 43.034 muertes.

Los técnicos del “MoMo” calculan el exceso de mortalidad tomando como referencia las medias de otros años, para sacar la diferencia entre la mortalidad que se podía esperar para unas semanas concretas y la que ha sucedido realmente. Por esta razón, se calcula que prácticamente todo ese exceso de mortalidad está de un modo u otro relacionado con el COVID-19, ya que ha sido el factor determinante.

Los nuevos datos del “MoMo” implican un fuerte incremento sobre los manejados hasta la fecha, hasta el punto de que esta actualización ha incorporado 13.250 muertes que no se habían incluido hasta ahora por retrasos en los registros civiles durante los peores momentos de la pandemia.

Se estimaba que entre el 13 de marzo y el 22 de mayo iban a producirse en España 77.817 muertes, pero el sistema ya ha contabilizado 120.851.

La mayor diferencia corresponde a Cataluña, que ha agregado al cómputo 8.514 muertes que no se habían notificado aún. En esta comunidad autónoma, el exceso de mortalidad durante la pandemia es del 96%: se esperaban 12.195 fallecimientos y se han registrado realmente 23.860.

Pero la mayor sobremortalidad se localiza en Castilla-La Mancha, con un 206%, seguida por la Comunidad de Madrid, que tiene un 162% de muertes más sobre las esperadas, Navarra, que tiene un exceso del 137%, y Castilla y León, donde la sobremortalidad es del 114%.

Resumiendo: los registros civiles están apuntando a que hay unos 16.000 muertos más por el COVID-19 de los que nos dicen el filósofo Illa y al sabio Simón.

Todo esto ya lo había denunciado hace días Don José Luis Concepción Rodríguez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y a punto estuvo de ser “fulminado”. Este magistrado, ex-juez de Grado por cierto, llegó a acusar al Gobierno de estar utilizando el estado de alarma “para legislar extramuros de la necesidad que provoca la epidemia”, asegurando que además de la crisis sanitaria, también le preocupaba mucho la crisis económica y la “política derivada de un Gobierno que está utilizando esta paralización del país para fines distintos que salvar a la población de la crisis del coronavirus” y concluyendo lapidariamente que “De acuerdo con la Constitución, el estado de alarma permite al Gobierno restringir derechos, pero los españoles tenemos suspendidos algunos derechos fundamentales como la libertad ambulatoria”.

Estoy completamente de acuerdo con el magistrado Sr. Concepción Rodríguez, al que tuve el gusto de conocer con ocasión del ejercicio por su parte en la villa moscona de la función jurisdiccional.

Y lo de «trapichear» nada menos que con el número de muertos de la pandemia, como ha hecho el Gobierno para tratar de engañarnos a los ciudadanos y de minimizar el problema, es una bajeza en toda regla y una ruindad sin precedentes que dejan al descubierto la catadura moral de los citados filósofo y sabio.

¡¡¡ Ay de mi güey !!!

Lo del sabio Simón no tiene precio. Tras semanas y semanas resistiéndose, al fin ha terminado por reconocer que si antes no se había recomendado el uso obligatorio de las mascarillas fue porque había problemas de stock, pues todos los países las estaban pidiendo al mismo tiempo, dado que ya en la reunión mantenida los días 18 y 19 de febrero en Estocolmo por el Centro de Prevención de Enfermedades Infecciosas de la Unión Europea, a la que el mismo asistió personalmente, se había valorado esta medida como conveniente para prevenir la transmisión del COVID-19 en Europa.

Como todos sabemos, el Gobierno ha ido dando bandazos sobre el uso de las mascarillas hasta que, finalmente y a pesar de que el sabio Simón había insistido una y otra vez en sus habituales ruedas de prensa en que no era necesario, aunque sí recomendable, acaba de establecer su uso obligatorio.

En estas circunstancias es necesario destacar que no existe ningún informe científico que desaconsejara el uso obligatorio de mascarillas desde el inicio de la crisis, hace más de dos meses, como tampoco lo hay actualmente avalando su obligatoriedad.

La medida, que, inexplicablemente, no se adoptó entonces, se justifica ahora (?) no solo por la alta transmisibilidad del virus, sino también por la capacidad que han demostrado las mascarillas para bloquear la emisión de gotas infectadas, muy importante cuando no es posible mantener la distancia de seguridad.

Esta súbita confesión, cuando habían transcurrido sesenta y ocho días desde que se declaró el estado de alarma, y que por otra parte ya era un secreto a voces, pone los pelos de punta solo con pensar en que simplemente empleando las mascarillas desde un principio se hubiesen reducido considerablemente la morbilidad y la mortalidad asociadas al virus, lo que constituye una negligencia de la que alguien tendrá que responder.

En fin, vamos a aceptar aquello de que nunca es tarde si la dicha es buena, porque lo cierto es que desde el pasado jueves día 21 el uso de las mascarillas por parte de las personas de seis años en adelante, como textualmente exige la orden ministerial, es “obligatorio” en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros.[1]

Lo de obligatorio lo pongo entrecomillado por la defectuosa redacción de la norma, fallo imperdonable en un Estado de Derecho en el que la seguridad jurídica es uno de sus principios fundamentales, máxime tratándose de intervenciones de este tipo.

Me explico: la norma en cuestión contempla, entre otros, dos supuestos en los que las personas no están obligadas al uso de la protección, a saber:

• las que “… presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla …”; y

• las que “… el uso de mascarilla resulte contraindicado por motivos de salud debidamente justificados …”.

El avispado lector habrá notado la sustancial diferencia entre uno y otro caso: solo necesita justificarse el segundo, el primero no.

Además, la fórmula de anudar la obligación a que sea o no posible mantener la distancia de seguridad entre las personas, es de tal ambigüedad que no solo pugna aún más, si cabe, con el citado principio de seguridad, sino que está abierta a las más variadas interpretaciones y, en consecuencia, a las soluciones más dispares.

Pero, con independencia de este absurdo legal, lo cierto es que el uso obligatorio de las mascarillas puede llegar a afectar a la seguridad pública, máxime en estos días tan soleados. Digo esto porque me he cruzado con infinidad de gente que no solo se protegían con las mascarillas sino que también llevaban puestas gafas de sol, resultando así absolutamente irreconocibles, incluso tratándose de personas más o menos cercanas, por lo que los delincuentes ya no tienen necesidad de hacer nada especial para ocultar sus rostros y evitar ser identificados.

Es más, las mascarillas ya están dando lugar a distinciones sociales, pues los tipos, modelos, colores, etc. varían considerablemente de unas personas a otras, bastando con darse un garbeo para comprobarlo: que si con filtro, que si con la banderita de España, que si con el logotipo de la marca de moda o la marca más cara … (la imagen que ilustra esta entrada vale mas que mil palabras). En fin, una nueva forma de jerarquizarse, aunque es de esperar que este «clasismo mascaril» que se avecina no termine también en otra lucha entre patricios y plebeyos.

A éste respecto es de advertir que las mascarillas han venido para quedarse y que el nuevo look revolucionará la moda española. Habrá que asomarse a la cultura oriental (es notorio que en Japón las mascarillas son desde hace años una prende de vestir como cualquier otra) para atisbar como va a evolucionar esta nueva tendencia estética e incluso hasta donde podemos llegar con la misma. La verdad es que todo esto promete ser sociológicamente muy interesante.

Bromas aparte, la norma es aún más defectuosa, si cabe, al circunscribir la obligatoriedad del uso a “… cualquier tipo de mascarilla, preferentemente higiénicas y quirúrgicas, que cubra nariz y boca …”, cuando todos sabemos que hoy en día el mercado ofrece distintos modelos de mascarillas (ya las he visto anunciar hasta motorizadas y todo) con diferentes grados de eficacia.

En efecto, según un informe técnico del Consejo General de Farmacéuticos existen dos tipos principales de mascarillas: :las quirúrgicas y las filtrantes, aunque también están las llamadas mascarillas higiénicas. Pero vayamos por partes.

Las mascarillas quirúrgicas protegen más al resto de personas que a quienes las lleva puestas. Esto es así porque ejercen fundamentalmente de barrera al estornudar o toser. Por tanto, tienen la finalidad de evitar la transmisión de agentes infecciosos por parte de las personas que las utilizan, pero no son efectivas para prevenir el contagio de las mismas.

A su vez, las mascarillas higiénicas no son un equipo de protección individual, en el sentido técnico de la expresión, sino que también protegen más al resto de personas de transmisión si las llevamos puestas que al revés, lo que, como ya dije, también sucede con las mascarillas quirúrgicas. 

Y, por último, las mascarillas filtrantes (las famosas FFP1, FFP2 o FFP3), que cuando no tienen válvula evitan tanto el contagio del usuario como la transmisión, pero cuando la tienen, cuando están dotadas de válvula, no impiden que el que la lleve puesta pueda transmitir el virus. 

Pues bien, pese a lo expuesto, el Ministerio de Sanidad ha simplificado la cuestión, recomendando el uso de cualquier mascarilla (?), con preferencia de las higiénicas, en el caso de población no vulnerable, o de las quirúrgicas, en el de las personas con síntomas o con diagnóstico de COVID-19 o que hubiesen estado en contacto estrecho con alguien con COVID-19 en los últimas 14 días y, en general, la población vulnerable (personas mayores, con hipertensión, diabetes o enfermedades cardiovasculares, etc.), pero, eso sí, sin la más mínima alusión a las mascarillas filtrantes, una de cuyas variantes es la única que evita tanto el contagio como la transmisión.

A mayor abundamiento, cualquier tipo de mascarilla, como dice la norma, permite el uso de las que estén sin homologar (?) y tampoco se repara en que todas las mascarillas, hasta las más sofisticadas, tienen una eficacia temporalmente limitada y su uso también se recomienda que sea durante un tiempo concreto. Y excuso referirme al tema de la desinfección de las mascarillas, que también es asunto polémico. Sin embargo, de todo esto la orden ministerial nada especifica; pareciera que con limitarse a llevar un trapo cualquiera en la cara fuera profilaxis suficiente.

En definitiva, en tanto que alguien no me demuestra lo contrario creo que estamos ante un control absolutamente descontrolado.

¿Un nuevo despropósito del Gobierno?.

¡¡¡Ay de mi güey!!!

[1] Orden SND/422/2020, de 19 de mayo (BOE 20/05/2020).

Estamos perdiendo calidad democrática a pasos agigantados, y eso no solo es muy mal síntoma sino presagio de una deriva que jamás podría haberme imaginado.

Desde hace varias semanas, ciudadanos de diferentes puntos de España han estado saliendo a las calles para expresar con cacerolas sus discrepancias con la política del Gobierno en el asunto de la pandemia.

Ayer las concentraciones tuvieron lugar en todas las capitales del país y, según qué medio de comunicación, fueron más o menos multitudinarias.

Los arts. 16 y 20 a 22 de la Constitución consagran como derechos fundamentales de TODOS los ciudadanos los de libertad ideológica, expresar y difundir libremente los pensamientos, reunión y asociación, y si bien es cierto que estos derechos no son ilimitados, como es lógico, su ejercicio solo está condicionado al cumplimiento de las leyes orgánicas que los regulan y desarrollan. Nada más.

Todo empezó en la calle Núñez de Balboa de Madrid, ubicada en su barrio de Salamanca, epicentro de la alta burguesía y aristocracia españolas, y, precisamente por ello y nada más que por ello, a las personas que asisten libremente a esas concentraciones la patulea ha decidido denominarlas ahora como los “ricos” o los “cayetanos”, aplicándoles así una especie de rodillo de desprecio que no repara en el origen y condición de los que protestan cacerola en mano.

No obstante, tengo que aclarar, que para mí el calificativo de rico no es ofensivo, ni mucho menos despectivo. Creo que la palabra nunca tuvo nada que ver con el dinero sino con la cultura o, más gráficamente, es el lamento del ignorante hacia aquél a quien considera con mayor formación que la suya, lo que no deja de ser un complejo más, porque al final de lo que estamos hablando no es de otra cosa que de la envidia, verdadero “motor” nacional.

Estas concentraciones callejeras podrán ser más o menos molestas, gustar a unos sí y a otros no… pero no dejan de ser expresión de los derechos fundamentales que antes cité. A pesar de ello, la izquierda caniche no las tolera, no respeta que los concentrados exhiban públicamente su disconformidad con el poder político, ¡¡¡hasta ahí podíamos llegar!!!. ¿Y por qué? Pues única y exclusivamente porque las convoca VOX. Nadie ha esgrimido ninguna otra razón, por mucho que la misma se trate de aderezar con la fragilidad argumental a la que más adelante me referiré.

Para empezar, conviene no perder de vista que VOX, hasta el momento, es un partido político completamente legal; y no solo eso, es que además en las últimas elecciones generales obtuvo en total nada menos que 3.640.063 votos (el 15,09% de todos los emitidos), lo que lo ha convertido en la tercera fuerza política nacional con 52 diputados en el Congreso.

Uno puede estar o no de acuerdo con VOX, lógico, pues en una verdadera democracia hay libertad ideológica, pero creo que las más de 3,5 millones de personas que lo votaron en los últimos comicios se merecen un mínimo respeto; por lo menos, el mismo que se les brinda a los votantes de los demás partidos con representación parlamentaria, muchos de los cuales para mí son bastante más antisistema que el que aquí nos ocupa.

Para torpedear estas concentraciones se ha llegado a decir que las mismas incumplen las medidas sanitarias dictadas con ocasión del COVID-19, lo que sin embargo no he oído señalar nunca de muchedumbres de otro signo, como las del entierro de Don Julio Anguita González, sin ir más lejos.

Y también se reprocha a los participantes la “apropiación” de la bandera roja y amarilla, esa que el art. 4 de la Constitución establece como enseña de España, argumento recurrente y trivial, máxime viniendo de gente que no quiere saber nada de dicha bandera, pero que además constituye una justificación fácilmente rebatible. Porque si a partir de ahora todos los ciudadanos empezáramos a normalizar el uso de esta bandera, la de todos los españoles sin distinción, rápidamente se acabaría con la simbología que se predica de la misma. Si, por poner un ejemplo, el PSOE, que ya hace años que dejó de ser un partido republicano, diera instrucciones a sus militantes para que la llevaran puesta y además comenzara a exhibirla y repartirla en todos y cada uno de sus actos políticos, el mito de la bandera “facha” caería fulminantemente y sin dejar rastro.

Como es obvio, al menos hasta el momento, la bandera de un país puede ser utilizada libremente por cualquiera; y si algunos, los menos, la han monopolizado, indudablemente es porque otros, los más, la han preterido. Y como estos prejuicios con la bandera nacional, hasta donde yo llego, carecen de precedentes en el mundo occidental, no estaría mal que, como se dice ahora, nos lo hiciéramos mirar.

Pero los demócratas «de toda la vida” no se conforman con referirse a los afiliados y simpatizantes de VOX empleando genérica y despectivamente los citados calificativos de ricos o cayetanos (ahora todos han pasado a ser oriundos del madrileño barrio de Salamanca) sino que, pese a que estas concentraciones han estado autorizadas por los Tribunales de Justicia, también las quieren hasta prohibir, tratando así de impedir a los que no piensan como ellos ejercer algo tan elemental como son los invocados derechos fundamentales, lo que a su vez supone el intento de conculcar otro derecho constitucional como es el de la igualdad del art. 14, todo ello en una versión de la democracia sin precedentes, porque mayor muestra de intolerancia resulta imposible con nuestra Constitución en la mano.

Por aquello de que todo se explica desde Cangas, y para que se me entienda mejor, es como si a los residentes en El Cruce de la villa, verdadero cardo máximo de la localidad, les aplicáramos un estatuto distinto al del resto de los vecinos del concejo, de manera que solo aquellos tuvieran prohibido el ejercicio de tal o cual actividad. ¡¡¡Tremendo!!!

Pero la verdad es que ya no me extraña nada. Este es un país donde los escraches (que, a diferencia de las caceloradas, no dejan de constituir SIEMPRE expresiones de acoso e intimidación en toda regla) pasan  a la velocidad del rayo de ser jocosamente celebrados a estar seriamente censurados solamente en función de la ideología de sus víctimas (?), de manera que lo que Don Pablo Iglesias Turrión ha estado denominando con sorna durante años como “jarabe democrático” de pronto, cuando es precisamente a él a quien le toca tomarse un par de cucharadas de su propio brebaje, se convierten en una inadmisible reacción de índole fascista, no dudando entonces, haciendo uso de su privilegiada situación de vicepresidente del Gobierno, de echar mano de los recursos públicos para “protegerse” de tanto crítico desaprensivo (recuérdese que varios efectivos de la Benemérita montan guardia las 24 horas del día en los alrededores de su chalet, llegando incluso a cortar la calle de acceso al mismo). Y por esta misma línea de actuación y pensamiento no me extrañaría nada que este personaje sostuviera también aquello tan grotesco de que “lo mío es mío y lo de los demás de todos”.

Que el Sr. Iglesias Turrión y compañía no son demócratas, en el sentido europeo de la expresión, no me pilla de sorpresa pues se les veía venir. Lo que me asombra es que el legendario socialismo español, con un discurso siempre tan distinto y distante al de aquellos, sin embargo, los haya aceptado como “animales de compañía” únicamente para poder gobernar. ¡¡¡Y mira que lo negaron veces!!!

Los socialistas sabrán, pero en mi modesta opinión esta extraña alianza ejerciendo el poder (“Gobierno Frankenstein”, que diría el difunto Sr. Pérez Rubalcaba), con esa inexplicable bicefalia subyacente, no creo que sea precisamente como para sacar pecho. Como también pienso que en estos dramáticos momentos semejante coalición gubernamental sea lo mejor para España, sino más bien todo lo contrario.

¡¡¡Ay de mi güey!!!