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Sin ánimo de discutir las bondades y buenas intenciones de la Red Natura y de la Directiva Hábitats de la Unión Europea, hay un análisis sobre la materia que pocas veces se encuentra en la opinión pública.

España es el país de la Unión Europea que más aporta a Red Natura 2000, tanto en términos absolutos (número de hectáreas) como en términos relativos (%), seguido en segundo lugar por Francia (que es el mayor país de la Unión), que aporta cinco puntos porcentuales menos que España. El total de Red Natura 2000 está constituido por 101 millones de hectáreas aproximadamente, de las cuales España aporta el 15% del total, mientras Francia aporta el 10,96 % del total.

¿Qué hay detrás de todo esto?. Desde mi condición de letrada en ejercicio y defensora de los afectados por este tipo de normas, conozco la otra cara del paraíso.

La condición de espacio protegido supone una enorme limitación para los territorios a los que afecta, tanto en lo que se refiere a la propiedad como a cualquier actividad que pretenda desarrollarse en su ámbito. Las limitaciones abarcan, desde la declaración de utilidad pública a los efectos expropiatorios de todo el territorio, hasta el reconocimiento a favor de la Administración de un derecho de retracto, en cualquier compraventa que se realice del terreno, o el establecimiento de condiciones que devalúan y dejan vacío de contenido el derecho de propiedad. A pesar de ello, se ha instalado en nuestra sociedad una interpretación maniquea de la realidad, que rechaza como negativa cualquier opinión crítica a la desmesura conservacionista.

Caso paradigmático de esta política, paraíso natural por excelencia, es Asturias. Esta región, que en otros tiempos fue motor de la economía española, hoy es un paraíso tendente al despoblamiento (su población en 2012 es la misma que en 2000 y una de las más envejecidas, mientras que en el resto de España crece un 16%); inmersa en una enorme crisis (crece por debajo de la media nacional, registra el peor PIB de España, tiene un paro cercano al 25% y un gasto en I + D del 0,89, frente al 1,3 del resto de España) y con una emigración de jóvenes cualificados verdaderamente dolorosa.

Las bondades del “paraíso natural” que se nos vendían, han quedado en una sociedad dependiente del subsidio y de la subvención, cautiva y carente de iniciativa, mientras se destruyen el tejido industrial y la actividad creadora de riqueza.

En Asturias, sin contar el litoral, más del 40% de su territorio está declarado espacio protegido. Si se incluye el litoral y, según datos de la propia Administración Asturiana en su documento “Estrategia RIS3”, el 83,32% del territorio es espacio protegido. Las declaraciones de estos espacios recaen indiscriminadamente sobre pueblos, montes, fincas, bosques y prados de propiedad privada, y suponen una expropiación encubierta, sin ningún tipo de compensación o justo precio, en contra de lo que establece el artículo 33 de nuestra Constitución y el artículo 1 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Hoy tenemos el último ejemplo. El día 23 de abril de 2014 se ha sometido a información pública el nuevo Instrumento de Gestión Integrada de los Espacios Protegidos de Asturias y, entre ellos, los del concejo de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias, de propiedad privada en un 95%, que prohíbe, limita o restringe en su territorio, entre otras actividades, la entrada libre en fincas privadas, cualquier actuación de molestia o persecución a los animales, las actividades agrícolas y ganaderas, las actividades cinegéticas, las actividades forestales, las actividades industriales, las infraestructuras de transito y acceso, de comunicación, transporte, energía e hidráulicas, los vertederos y plantas de tratamiento de aguas residuales, los vallados de las fincas, la investigación científica, la enajenación y traslado fuera del territorio del patrimonio cultural y etnográfico, las actividades piscícolas, en general, el uso público del territorio y el turismo, el urbanismo, llegando a convertir en delito, lo que en otros territorios es una simple infracción administrativa.

Algunos tribunales españoles, particularmente el Tribunal Supremo, se han pronunciado al respecto y así declararon en su día nulos los planes siguientes: el Plan de Uso y Gestión del Parque Picos de Europa, por falta de aprobación del régimen económico y de compensaciones del área de influencia socio económica; el Plan de Conservación del Hábitat del Urogallo, por falta de participación y audiencia a los interesados afectados (el 80% de los empresarios del sector de la madera en Asturias) y, más recientemente, el Plan de Uso y Gestión del Parque Natural de las Fuentes del Narcea y del Ibias, por falta de participación de los intereses afectados en la elaboración de la norma; por falta de zonificación que garantizase la seguridad jurídica y por falta de presupuesto para atender a las indemnizaciones derivadas de las limitaciones impuestas por esta norma. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía-Granada tiene declarado el derecho de los afectados por la ampliación del Parque de Cabo de Gata-Nijar a ser expropiados, por no ser de recibo que se cargue sobre las economías particulares el coste de protección de dicho interés público. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia anuló el Plan de Uso y Gestión del Parque Natural de la Font Roja, por inexistencia de estudio económico financiero.

No obstante, la Administración Asturiana, lejos de dar cumplimiento a estas sentencias las obvia y saca a información pública, con la firma de la Consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado, doña María Jesús Álvarez González, un nuevo instrumento de gestión para el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, que sustituye al anulado por el Tribunal Supremo y que adolece de los mismos defectos que llevaron al alto Tribunal a anular el anterior. Es decir, burla la Administración Asturiana la sentencia del Supremo y aboca a los ciudadanos a la interposición de nueva demanda, en una suerte de desgaste económico y moral para la reclamación de derechos fundamentales, que sí se reconocen y respetan en otro países europeos.

Nadie por supuesto ha considerado, aunque se sabe en el Principado de Asturias, que los montes de propiedad privada, en comunidad romana o en cuotas pro indiviso, que pervivieron como una joya en ese rincón de Asturias a lo largo de los siglos, constituyen el motor de la economía familiar de la zona y el medio de provisión, ante necesidades económicas imprevistas o extraordinarias, además de tratarse de la figura jurídica, que mejor cumple la función social de la propiedad y contribuye al reparto de la riqueza y a la conservación.

Si sabemos que la Directiva Hábitats no exige tal nivel de sacrificio a ciudadanos europeos. ¿Cuál es la razón de lo que está ocurriendo en España?. No nos cabe duda, una ideológica, la intervención de la propiedad privada, en la que no creen, y otra práctica, el enorme poder que da la posibilidad de reparto, casi discrecional, de las ayudas y subvenciones que, provenientes de la Unión Europea, permiten estas normas a la Administración. Ni que decir tiene, que tales ayudas no van a parar a los ciudadanos privados de sus bienes, sino a todo un conjunto de actividades vinculadas de alguna forma al mundo conservacionista.

Claro reflejo de lo expuesto es el procedimiento seguido en Asturias para la elaboración del RIS3 (Estrategia regional para distribución de los fondos Feder para el período 2014-2020), en el que, sin participación ciudadana alguna, se elaboraron las directrices previa encuesta de 59 empresas seleccionadas en su mayor parte entre las que habían recibido ayudas públicas previamente. Mientras que en otras comunidades se contó con 240 agentes, empresas, fondos de inversión, centros de investigación y 25.000 ciudadanos. ¿Tiene verdaderamente la Unión Europea conocimiento de esta situación? ¿Sabe a dónde ha ido a parar la ingente cantidad de ayudas y subvenciones europeas, que se han recibido en algunas regiones y que en nada han parecido contribuir al crecimiento y desarrollo sostenible de todo el territorio protegido que tienen? Quizás sería una buena forma de iniciar la campaña a las elecciones europeas, el que algún candidato se pronunciase sobre esto.

En Madrid a 24 de abril de 2014

Pilar Martínez Rodríguez
Abogada


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