Nombramiento de altos cargos ministeriales: “salvo que” o el coladero.

/0 Comentarios/en /por Mario Gómez Marcos (Cangas del Narcea, 1960 - 2023)

En el año 2015 se aprobó en España una ley[i] que regula el nombramiento de los altos cargos de la Administración General del Estado, introduciendo nuevos mecanismos para asegurar la idoneidad de los candidatos sobre la base de que, como se dice en su preámbulo, un alto cargo, por la responsabilidad que conlleva y la relevancia de las funciones que desempeña, sólo puede ser ejercido por personas que, constatada su competencia personal y profesional, respeten el marco jurídico que regule el desarrollo de su actividad, garantizando así que el ejercicio del cargo se realice con las máximas condiciones de transparencia, legalidad y ausencia de conflictos entre sus intereses privados y los inherentes a sus funciones públicas.

La ley aclara las condiciones para proceder al nombramiento de un alto cargo e introduce como novedad la idoneidad como requisito, pero tomando como referencia los criterios de mérito y capacidad, así como el de honorabilidad.

Esta ley, aplicable solo a los denominados altos cargos, considera como tales, en lo que se refiere a un ministerio, a los ministros, secretarios de estado, subsecretarios y asimilados, secretarios generales, secretarios generales técnicos y directores generales y asimilados. Lo de los “asimilados”, la verdad, a mí no me gusta nada, porque me huele a chanchullo.

Los ministros y los secretarios de estado, aun siendo altos cargos, son puestos políticos cuyo nombramiento es discrecional y por tanto únicamente han de cumplir con el requisito de la idoneidad (?).

Sentado lo anterior, la ley dispone que el nombramiento de los demás altos cargos se hará también siempre entre personas idóneas, pero señalando a continuación:

  • que los subsecretarios y secretarios generales técnicos deberán nombrarse en todo caso entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, pertenecientes a cuerpos clasificados como A1, esto es, el nivel más alto que puede alcanzarse en la carrera administrativa o, dicho en otras palabras, la élite de la Administración Pública; y
  • que idéntico requisito se exigirá también en el nombramiento de los directores generales, salvo que, dice esta ley, el Real Decreto de estructura del Departamento permita que, en atención a las características específicas de las funciones del cargo, su titular no reúna dicha condición de funcionario, debiendo entonces motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional.

Idéntica regulación también se contiene ahora en la legislación básica del sector público[ii] y quede claro, para que nadie me tilde de sectarismo, que toda esta normativa data de cuando en España gobernaba el PP.

Esta ley me parece todo un acierto porque, efectivamente, profesionaliza la cúpula de la Administración estatal con personas que han superado con éxito cualquiera de los sistemas de selección propios de los funcionarios públicos (la oposición o el concurso-oposición) y, en consecuencia, que han cumplido con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, tratándose por tanto de empleados públicos altamente cualificados e independientes.

Pero, como hemos visto, la ley tiene una “válvula de escape” cuando regula el nombramiento de los directores generales, a los que permite zafarse del requisito de la funcionarización solo con que se “motive” que en el cargo concurren características específicas que justifican esa circunstancia excepcional, es decir, todo un coladero de personas del más variado pelaje, siendo muy triste que el legislador permita este subterfugio pese a reconocer expresamente que un alto cargo, por la responsabilidad que conlleva y la relevancia de las funciones que desempeña, sólo puede ser ejercido por personas en las que se constate su competencia personal y profesional.

Y así, para consumar la “trampa legal”, en el mes de enero de este año y tras el nombramiento por parte de Don Perico Pinocho del actual gobierno, ya se dictó un Real Decreto[iii] que contiene una disposición adicional que exime de la condición de funcionarios públicos a los titulares de nada menos que la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes, Dirección General de Infraestructura, Dirección General de Tráfico, Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura, Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, Dirección General de Política Energética y Minas, Oficina Española de Cambio Climático, Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación,  Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, Dirección General de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030, Dirección General de Derechos de los Animales, Dirección General de Migraciones, Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, Dirección General para la Igualdad de trato y Diversidad Étnico Racial, Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, Dirección General de Consumo, Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales y Dirección General de Ordenación del Juego. Y, por si todo esto no fuera suficiente, y circunscribiéndose ahora a los organismos autónomos y entidad gestora de la Seguridad Social, también dispensa del mismo requisito a los titulares de la Dirección General del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), Dirección General del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas, Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Dirección General del Instituto de la Juventud y Dirección General del Instituto para la Transición Justa. En total, 24 altos cargos degradados por arte de birlibirloque.

No he tenido paciencia para leerme las normas estructurales de la presidencia del Gobierno y de los 22 ministerios que actualmente hay en España, pero estoy completamente seguro de que en las mismas también se contienen otras excepciones al requisito general de la funcionarización.

Así las cosas, la puerta para que los enchufados accedan a los altos cargos de la Administración estatal ha vuelto a quedar abierta de par en par. ¡¡¡Viva la mamandurria!!!

El escándalo ha llegado a los cuerpos superiores de la Administración del Estado (abogados del estado, inspectores de hacienda, etc.), la élite de la función pública y cuyos miembros están llamados a ocupar esos puestos directivos como culminación de su carrera profesional, quienes han observado los nombramientos masivos de directores generales ajenos a la escala funcionarial no sólo como un abuso de lo que la legislación fija como una excepción sino como un incumplimiento flagrante de los principios de profesionalidad, imparcialidad y competencia que deben de regir en este tipo de nombramientos, por lo que la asociación que agrupa a estos colectivos (“Fadeca”) ya ha solicitado la tutela judicial ante el Tribunal Supremo contra 26 nombramientos “excepcionales”.

En un contexto en el que la forma de gestionar de Portugal se ha convertido en un referente casi ineludible en España (¡¡¡quién nos iba a decir a los soberbios españoles que al final tendríamos que seguir la senda de los humildes portugueses!!!), los cuerpos superiores de la Administración del Estado han mirado también al país vecino para importar un modelo de selección de altos cargos en virtud del cual los puestos de escala directiva hasta director general, incluido ese nivel, se hacen públicos cuando quedan vacantes y se abren a todos los candidatos que crean cumplir los requisitos exigidos. A partir de ahí, una comisión independiente evalúa los méritos y la capacidad de los funcionarios presentados y elige una terna de candidatos. Ésta se presenta al ministerio que ha sacado la vacante, que entonces ya puede elegir libremente entre los candidatos seleccionados por la comisión independiente.

Pero, claro, esto no le interesa al PSOE, ni mucho menos a Unidas Podemos, cuyos “cachorros” les exigen poder pisar alfombra, aunque sea mediante su designación a dedo y saltándose las reglas más básicas de la gestión pública.

El gobierno progresista (?) ha optado por desplazar a los funcionarios de élite (los que en su día se mataron estudiando y superaron un duro proceso selectivo de carácter abierto y con libre concurrencia, los que accedieron a la función pública cumpliendo los repetidos principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad y los que, en definitiva, hubiesen servido mucho mejor a los intereses públicos) y ha preferido decantarse por el nepotismo, por el trato de favor hacia sus amiguetes y correligionarios por el solo hecho de serlo y, por supuesto, sin tener en cuenta ningún otro mérito porque, sencillamente, esos pelanas no lo tienen.

Esto es a lo que ellos llaman regeneración democrática, aunque yo creo que es más correcto denominarlo degeneración del sistema.

Así que, amigo lector, el aterrizaje en los altos cargos ministeriales de los enchufados de los partidos gobernantes ya es una irresponsable realidad.

¡¡¡SON UNOS SINVERGUENZAS!!!

[i] Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

[ii] Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

[iii] Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

Asistentes parlamentarios

/2 Comentarios/en , /por Mario Gómez Marcos (Cangas del Narcea, 1960 - 2023)

En varias ocasiones prometí que algún día trataría aquí sobre los asistentes, los asesores, los gabineteros … y otras inmundicias, es decir, sobre los vividores del sector público. Pero vayamos por partes.

Los asistentes, asesores y gabineteros, tienen tantas características en común que para mí son lo mismo y presentan como única diferencia la ubicación del lugar desde el que prestan sus servicios. En lo demás todo es exactamente igual: son unos enchufados que acceden a esas plazas, remuneradas con cargo al erario, sin previo sometimiento al más mínimo control. No necesitan cumplir con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, propios de la función pública, ni tampoco con los estrictos requisitos que rigen en la contratación del sector público. Trabajan para la Administración, pero en puestos “de confianza”, así como suena. Para mí, mamandurria pura y dura.

Dicho esto, hoy voy a referirme exclusivamente a los primeros, a los “asistentes”, que constituyen una figura propia del europarlamento pero que, como todas estas sinecuras, ya ha sido importada a España.

En una entrada anterior (“Europarlamentarios: lo que se le oculta al pueblo”) dije que los eurodiputados tienen, entre otros privilegios, el de contar con hasta cuatro “asistentes”, para los que hay prevista una asignación mensual total de nada menos que 24.943,00 euros que, si dividimos entre cuatro, ya estamos hablando de 6.235,75 euros al mes por barba.

Estos “asistentes” pueden ser de dos tipos: acreditados (que son contratados en Bruselas y que dependen directamente de la administración del Parlamento, pudiendo cada eurodiputado contratar a tres, e incluso a cuatro en determinadas condiciones) o locales (que “asisten” al eurodiputado en el Estado en que ha sido elegido, mediante contratos gestionados por un agente pagador cualificado y que pueden ser contratos de trabajo o contratos de prestación de servicios).

Se trata de una fauna integrada por el personal más variopinto, y que, para mayor cachondeo y descontrol, es libremente elegido por los propios europarlamentarios que los contratan, lo que no tiene parangón en España.

Además, no están sometidos a requisito alguno, de manera que “asistente” puede serlo cualquiera, incluso careciendo de la formación más elemental, aunque oficialmente se trata de justificar la arbitrariedad del reclutamiento en que para su selección se buscan personas altamente competitivas, que sean ciudadanos de la Unión Europea y que tengan una comunicación excelente, así como habilidades de organización, que es lo mismo que no decir nada y que todo el mundo vale para el puesto, lo que no sucede ni en la Legión.

Del total de 4.060 “asistentes” registrados ante el parlamento europeo (de momento los eurodiputados son 785 en total), 1.416 de ellos son acreditados, mientras que el resto son locales. Los números ya revelan una ratio de nada menos que 5,17 “asistentes” por cada eurodiputado. ¡¡¡ Tócate los nísperos con el mamoneo !!!.

Pero ¿es un día igual a otro en el trabajo de un “asistente”? La respuesta es no. Cada día pueden presentarse novedades y, por supuesto, las labores varían entre trabajar para un europarlamentario u otro, lo que explica la “flexibilidad” laboral reinante.

Ahora bien, además de los trabajos que pudiéramos llamar estándar, el “asistente” también asume otras funciones más peculiares. La relación que se establece entre éste y el eurodiputado es tan cercana que no es de extrañar que le ayude también en otras tareas de carácter más personal.

Sin entrar en profundidades de otro tipo, algunos “asistentes” confiesan haber cuidado a los hijos del europarlamentario o comprado una corbata para el Pleno. [“La diputada tuvo que traer a su hijo a Bruselas y no pudo encontrar a nadie que lo cuidara mientras ella trabajaba, así que me lo llevé a la oficina y jugué con él”, cuenta un “asistente”. Otro relata que “la maleta de mi jefe se perdió y necesitaba una corbata para un pleno, así que fui a comprarla”]. Un “asistente” francés tuvo que encontrar un sitio donde el diputado pudiera alquilar un esmoquin, “y sólo tenía un día, me parecía imposible. pero lo conseguí”. Entre las variadas funciones atípicas enumeradas por los “asistentes” también se encuentra la de hacer de guía turístico. [“Tras llevar dos años como diputada, mi jefa decidió que era hora de conocer un poco más de Bruselas que el Parlamento Europeo y el hotel, así que la llevé a dar un paseo por el centro y probar los típicos mejillones con patatas fritas”, relata una asistente irlandesa]. ¡¡¡Cuánto “glamú”!!!

De todo lo hasta aquí expuesto el lector podrá deducir rápidamente la importancia, trascendencia y seriedad del trabajo de los “asistentes”, lo que explica que su reclutamiento se anude en exclusiva a la afinidad política, o encanto personal, de los interfectos.

En Cangas del Narcea lo más próximo que tenemos al parlamento europeo es a un eurodiputado socialista casado en un pueblo del concejo, quien desempeñó el cargo durante el período 2004-2014, y que en su día se llevó como “asistente” a Bruselas a un sobrino suyo. Tal cual. Pero es lógico, digo yo, tratándose de puestos de confianza, lo que me recuerda lo que pasó con Don Josep Lluís Carod Rovira, aquél político catalán (hoy en paradero desconocido) que tras el “Pacto del Tinell” entró a formar parte del famoso tripartito y que al ser sorprendido por los medios de comunicación con un hermano colocado de “asistente” suyo en la Generalitat manifestó sin el más mínimo rubor: “si se trata de un puesto de confianza, que mejor que un hermano.” Razón que convence.

Estos son los “asistentes” de los europarlamentarios, pero, reitero, la figura ha sido importada a España y, como escribí aquí en “Los diputados y las diputadas (o viceversa)”, en el Congreso de los Diputados ya tenemos también “asistentes”. ¡¡¡ Lo que nos faltaba !!!.

Porque, como para ciertas cosas en este país somos unos exagerados, resulta que en la cámara legislativa madrileña hay previstas las siguientes plazas de “asistente”: 6 para la presidencia, 8 para las vicepresidencias, 8 para las secretarías, 1 por cada presidente de comisión (que son, ni se sabe) y 318 para los 350 diputados. Total: más “asistentes” que escaños.

Y no se crea el ingenuo lector que estamos hablando de una nadería. Porque, como ya escribí en aquella entrada, el coste medio de todo este “personal de confianza” del Congreso de los Diputados supera ampliamente el medio millón de euros al mes, bien entendido que no vale lo mismo contratar a un “asesor” que a un “asistente”. Mientras estos últimos cobran 2.027,00 euros mensuales, los asesores perciben el doble, 4.054,00 euros cada mes, por lo que un asesor equivale a dos asistentes. Entre medias, hay otros cargos de libre designación: asistente “A” (2.533,00 euros/mes), asistente técnico (3.040,00 euros/mes) y asistente técnico “A” (3.547,00 euros/ mes). Es tremendo: ¡¡¡ hasta los enchufados están jerarquizados !!!.

Yo, por poner un ejemplo, para ser Abogado del Estado, Juez, Notario, etc. sé perfectamente lo que tengo que hacer: estudiar, estudiar y estudiar durante años y luego aprobar unas oposiciones libres en las que no solo tendré que competir en pie de igualdad con el resto de los opositores sino, además, superarlos en conocimientos. Pero, para ocupar una de las plazas que copan los asistentes, asesores o gabineteros, ¿qué tengo que hacer?.

Esta es la situación de nuestro Estado social y democrático de Derecho a la que nos han llevado nuestros políticos: los progresistas y los conservadores. Y esto, la verdad sea dicha, no tiene mucha pinta de mejorar sino mas bien todo lo contrario.

La vajilla del monasterio de Corias (Asturias) en Época Moderna a partir del registro arqueológico y los libros de gastos

/0 Comentarios/en /por @touspatous

Estudio publicado sobre los materiales extraídos de las excavaciones arqueológicas que se hicieron en el monasterio de Corias durante las obras para convertirlo en Parador Nacional. Los autores son Alejandro García Álvarez-Busto, Noelia Fernández Calderón y Miguel Busto Zapico. En él se estudian los restos cerámicos que abarcan desde el siglo XVI al XIX, y se analiza la evolución de las diferentes vajillas para comer y de los recipientes para guardar alimentos que usaban los monjes benedictinos: cerámicas de basto de Faro (Oviedo), Miranda de Avilés, Llamas del Mouro y Zamora; lozas finas de Talavera de la Reina (Toledo), portuguesas, holandesas e inglesas, porcelana italiana, etc. Un estudio muy interesante y revelador de la vida del monasterio de Corias. Ha sido publicado en la revista “Nailos”, n.º 6, diciembre de 2019, y está disponible en nuestra biblioteca digital:

Enlaces

Un diputado, dos diputados, tres diputados …

/1 Comentario/en /por Mario Gómez Marcos (Cangas del Narcea, 1960 - 2023)

No piense el amable lector que estamos en “Barrio Sésamo”, en absoluto, sino ante un tema que revela una vez más como se las gastan nuestros políticos en lo tocante a la mamandurria.

En la Junta General del Principado de Asturias, que por si alguien no lo recuerda es el órgano legislativo de esta Comunidad Autónoma, la normativa siempre exigió que para tener un grupo parlamentario propio cada formación política debía de contar con un mínimo de tres diputados.

En este parlamento regional, en el que dicen que es donde reside la soberanía popular asturiana, cada grupo parlamentario percibe una asignación fija de 19.680 euros al mes para su “funcionamiento”, más una variable de 2.500 euros mensuales por cada diputado (la cámara la componen un total de 45), así que vaya el lector haciendo números teniendo en cuenta que los sueldos, dietas, etc. de los diputados van aparte.

En las últimas elecciones autonómicas (2019) resultó que FORO, IU y VOX solo obtuvieron dos diputados cada uno, con lo cual no podían formar grupo parlamentario propio, sino que todos los diputados de las tres formaciones debían de integrarse en el denominado grupo mixto.

Sin embargo, por aquello de que “entre bomberos no se pisan la manguera”, el pasado mes de septiembre esos tres partidos consiguieron, con el voto favorable del PSOE y la abstención de PODEMOS, la reforma “exprés” de la normativa interna, reduciendo a dos el requisito de los tres diputados, de suerte, nunca mejor dicho, que a partir de entonces todos tienen grupo parlamentario propio: PSOE (20 diputados), PP (10 diputados), CIUDADANOS (5 disputados), PODEMOS (4 diputados), FORO (2 diputados). IU (2 diputados) y VOX (2 diputados).

Y aquí todos felices y contentos. El parlamento asturiano se ha convertido así en el primero de España en permitir la constitución de grupos de tan solo dos diputados.

Como asturiano que soy, me emociona profundamente ver cómo todos estos partidos proclives a la indicada reforma (unos votándola a favor y otro absteniéndose para no obstaculizarla), pese a estar ideológicamente tan distantes entre sí y tener discursos tan diferentes, rápidamente se ponen de acuerdo cuando se trata … de sus “garbanzos”.

Mientras tanto a los ciudadanos nos entretienen deleitándonos con sus broncas y eternas discusiones sobre el ancho de las vías de la famosa variante de Pajares, obra ésta interminable, pero de la que vengo oyendo habar a los políticos desde mi más tierna adolescencia (y ya llovió).

Pero, dejando a un lado los sueldos, dietas etc. de cada diputado, que eso ya sabe el lector que se computa aparte, lo cierto es que desde la entrada en vigor de dicha reforma los partidos FORO, IU y VOX reciben de las arcas públicas, además de las asignaciones anteriormente citadas (19.680 euros/mes por grupo y 2.500 euros/mes por diputado), otros 72.400 euros al año cada uno, aumentando así la dotación para poder contratar mayor número de “asesores y personal de apoyo”, que es como en la Junta General se denomina eufemísticamente a los enchufados (en la actual no lo sé seguro, pero en la legislatura anterior hubo 48 “asesores” para 45 diputados).

El presupuesto 2020 del parlamento regional asturiano es de un total de 15.119.000 euros, de los cuales 2.632.000 euros son para diputados, 3.585.000 euros para personal y, ¡¡¡ ojo al dato !!!, 2.071.000 euros para “asesores”.

Pues bien, la bromita en cuestión, la de que todos los partidos tengan su propio grupo parlamentario, nos va a costar a los asturianos, en los cuatro años de legislatura, casi otros dos millones de euros más de lo previsto.

Y suma y sigue.

¡¡¡ Son unos sinverguenzas !!!

La “otra” Asturias

/0 Comentarios/en /por Mario Gómez Marcos (Cangas del Narcea, 1960 - 2023)

En una entrada anterior (“Los limosneros piden limosna”) escribí que los presupuestos generales de la Administración del Principado de Asturias para el año 2020 ascendían nada menos que a los cuatro mil setecientos cincuenta y siete millones doscientos setenta y tres mil setecientos cuarenta y cinco euros (4.757.273.745 €), que se dice pronto, y que son casi ochocientos mil millones de las antiguas pesetas.

El lector pensará que ese dinero es para pagar las retribuciones de los empleados autonómicos (que son unas 36.000 almas) y los demás gastos propios de cualquier Administración Pública. Totalmente cierto.

Pero lo que no sabe el ingenuo lector es que, además de esos gastos, con dichos presupuestos también se hace frente a los devengados por el Real Instituto de Estudios Asturianos, el Museo Etnográfico de Grandas de Salime, el Ente Público de Servicios Tributarios, el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (“SEPA”), el Consejo de Transparencia y Bueno Gobierno, el Centro Regional de Bellas Artes, la Orquesta Sinfónica del Principado (“OSPA”), el Consejo de la Juventud, la Comisión Regional del Banco de Tierras, los Establecimientos Residenciales para Ancianos (“ERA”), el Servicio de Salud del Principado (“SESPA”), la Junta de Saneamiento y el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (“SERIDA”).

Todo ello por la módica suma de dos mil ciento setenta y cinco millones trescientos sesenta y siete mil doscientos setenta y dos euros (2.175.367.272 €) al año, que son más de trescientos sesenta mil millones de las antiguas pesetas.

Hasta aquí todo correcto, vamos a decir.

Pero la cosa no queda ahí, ¡¡¡ sólo faltaría !!!. Porque con cargo a los presupuestos asturianos se costean, asimismo:

  • Fundación Asturiana de Atención a Personas con Discapacidad (“FASAD”);
  • Fundación Comarcas Mineras (“FUCOMI”);
  • Fundación Fomento Economía Social (“FFES”);
  • Fundación Asturiana de la Energía (“FAEN”);
  • Fundación Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (“SASEC”);
  • Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer-Principado de Asturias;
  • Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (“FICYT”);
  • Fundación La Laboral, Centro de Arte y Creación Industrial;
  • Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (“IDEPA”); y
  • Consorcio de Transportes de Asturias (“CTA”).

Esto cuesta otros ciento cuatro millones novecientos noventa y cinco mil trescientos ochenta y seis euros (104.995.386 €) al año, que son casi diecisiete mil millones y medio de las antiguas pesetas.

A mayor abundamiento, los referidos presupuestos se hacen cargo igualmente de:

  • Sociedad Regional de Recaudación del Principado de Asturias S.A.;
  • Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales S.A.U. (“SADEI”);
  • Sociedad Inmobiliaria del Real Sitio de Covadonga S.A.;
  • Hostelería Asturiana S.A. (“HOASA”);
  • Inspección Técnica de Vehículos de Asturias S.A.U. (“ITV”);
  • Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias S.A. (“SRP”);
  • Sedes, S.A.;
  • Viviendas del Principado de Asturias, S.A. (“VIPASA”);
  • Empresa Pública Sociedad de Servicios del Principado de Asturias, S.A. (“SERPA”);
  • Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U.;
  • Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U. (“GISPASA”);
  • Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias, S.A. (“ASTUREX”);
  • Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, S.A. (“GITPA”);
  • S.P. Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, S.A.U. (“RECREA”);
  • Radiotelevisión del Principado de Asturias, SAU (“RTPA”);
  • Albancia, S.L.; y
  • SRP Participaciones, S.L.

Este apartado tiene un coste de doscientos millones cincuenta y nueve mil treinta y dos euros (200.059.032 €) al año, que son más de treinta y tres mil millones de las antiguas pesetas.

Pero si todo lo hasta aquí expuesto no fuera suficiente, y porque en Asturias somo así de “grandones”, resulta que con los repetidos presupuestos se sufragan igualmente:

  • Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamiento (“CADASA”);
  • Consorcio Gestión residuos Sólidos de Asturias (“COGERSA”);
  • Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos (“CAST”); y
  • Consorcio Interautonómico “Parque Nacional de los Picos de Europa”.

Esto supone otros cuarenta y cinco millones trescientos treinta mil doscientos ochenta euros (45.330.280 €) al año, que son más de siete mil millones y medio de las antiguas pesetas.

La “otra” Asturias, compuesta por todas esas fundaciones, sociedades y consorcios que acabo de enumerar (¿chiringuitos?) y que integran el denominado sector público autonómico, nos cuesta en total a los asturianos la friolera de trescientos cincuenta millones trescientos ochenta y cuatro mil seiscientos noventa y ocho euros (350.384.698 €) al año, esto es, cincuenta y ocho mil doscientos noventa y nueve millones ciento ocho mil trescientos sesenta y una pesetas. ¡¡¡ Total nada !!!

Me permito recordarle al lector que Asturias tiene una población que tan solo ronda el millón de habitantes y que, en el año 2019, es decir, antes de desatarse la crisis del COVID-19, ya tenía una tasa del 14% de desempleados, otro porcentaje similar en riesgo de pobreza y más de un 25% superaba los 64 años.

El escenario es muy poco alentador, la verdad sea dicha; pero, como diría el otro, “¿será por perres, hó?”.

Así las cosas, ¿seguimos subiendo impuestos, reducimos pensiones y otras prestaciones oficiales o procedemos (de una vez por todas) a reestructurar el sector público y recortar gastos?.

Reorganización ministerial

/1 Comentario/en /por Mario Gómez Marcos (Cangas del Narcea, 1960 - 2023)

Hace un par de días escribí aquí (“Como éramos pocos …”) sobre la “remodelación” que actualmente estaba llevando a cabo el Gobierno en la cúpula de la Administración estatal.

Dije entonces que ya se habían publicado en el BOE tanto la “reestructuración” del Gobierno en 22 ministerios como la estructura orgánica básica de los mismos, es decir, los órganos superiores y directivos de cada departamento hasta el nivel de dirección general, porque, de ahí para abajo, cada ministerio ha desarrollado a su vez su propia estructura orgánica básica.

Pero vayamos a lo práctico, y veamos como se las gastan realmente nuestros gobernantes a la hora de “reorganizarse”, esto es, de crear cargos públicos para sus adláteres, en plena pandemia y ante una crisis económica sin precedentes en la España moderna.

Baste como ejemplo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como suena, un departamento creado ex novo el pasado día 12 de enero y cuya estructura orgánica se publicó precisamente ayer en el BOE.

Este Ministerio tiene los siguientes órganos superiores y directivos, que en el diario oficial aparecen organizados así:

1 – MINISTRO:

      1.1. Gabinete compuesto de 10 miembros.

2 – SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA:

      2.1. Gabinete compuesto de 4 miembros.

      2.2.  DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS.

            2.2.1. Subdirección General de Hidrocarburos y nuevos combustibles.

            2.2.2. Subdirección General de Energía Eléctrica.

            2.2.3. Subdirección General de Energía Nuclear.

            2.2.4. Subdirección General de Minas. 

            2.2.5. Subdirección General de Energías Renovables.

            2.2.6. Subdirección General de Eficiencia Energética.

      2.3. Subdirección General de Prospectiva, Estrategia y Normativa en Materia de Energía.

      2.4. Junta Asesora Permanente.

      2.5. INSTITUTO PARA LA TRANSICIÓN JUSTA.

            2.5.1. Instituto Ciudad de la Energía (CIUDEN)

      2.6. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.

      2.7. Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

      2.8. Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA)

      2.9. Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES)

3 – SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE:

      3.1. Gabinete compuesto de 4 miembros.

      3.2.  DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA (bajo cuya dirección estarán también las Confederaciones Hidrográficas y la Mancomunidad de los Canales de Taibilla):    

            3.2.1. Subdirección General de Planificación Hidrológica.

            3.2.2. Subdirección General de Programación y Gestión Económica y Presupuestaria.

            3.2.3. Subdirección General de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos

            3.2.4. Subdirección General de Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras.

      3.3. OFICINA ESPAÑOLA DEL CAMBIO CLIMÁTICO:

            3.3.1. Subdirección General de Coordinación de Acciones frente al Cambio Climático.

            3.3.2. Subdirección General de Mercados de Carbono

      3.4. DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL:

            3.4.1. Subdirección General de Economía Circular

            3.4.2. Subdirección General de Aire Limpio y Sostenibilidad Industrial

            3.4.3. Subdirección General de Evaluación Ambiental  

      3.5. DIRECCIÓN GENERAL DE LA COSTA Y EL MAR:

            3.5.1. Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre.

            3.5.2. Subdirección General para la Protección de la Costa

            3.5.3. Subdirección General para la Protección del Mar

      3.6. DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, BOSQUES Y DESERTIFICACIÓN:

            3.6.1. Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina.

            3.6.2. Subdirección General de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación

            3.6.3. Organismo autónomo Parques nacionales.

            3.6.4. Fundación Biodiversidad

      3.7. Agencia Estatal de Meteorología (AEMET):

      3.8. Fondo de Carbono para una Economía Sostenible (FES-CO2)

4 – SECRETARÍA GENERAL PARA EL RETO DEMOGRÁFICO:

      4.1. Gabinete compuesto de 4 miembros.

      4.2. DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN:

            4.2.1. Subdirección General de Análisis, Planificación y Coordinación

            4.2.2. Subdirección General de Iniciativas

5 – SUBSECRETARÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO:

      5.1. Gabinete compuesto de 4 miembros.

      5.2. SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA:

            5.2.1. Vicesecretaría General Técnica.

            5.2.2. Subdirección General de Legislación y Desarrollo Normativo.

            5.2.3. Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de Justicia

      5.3. DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS:

            5.3.1. Oficina Presupuestaria.

            5.3.2. Oficialía Mayor.

            5.3.3. Subdirección General de Recursos Humanos e Inspección de los Servicios.

            5.3.4. División de Sistemas y Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones

      5.4. Subdirección General de Relaciones Internacionales.

Si el lector se ha mareado, que no me extrañaría, descanse un rato antes de proseguir.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es de nueva creación, como ya dije, y su estructura orgánica ha sido “rediseñada” ahora (en plena crisis del COVID-19), motivo por lo que aquí no sirve la tan manida disculpa de que es lo que había, lo que nos encontramos al llegar, pues en realidad no existía nada, todo es nuevo.

Digo esto, porque, más que una estructura, se trata de una verdadera “megaestructura” de altos cargos públicos: más de 50 sin incluir los integrantes de la Junta Asesora Permanente y de los gabinetes

El anterior organigrama comprende únicamente los órganos superiores y directivos de este ministerio, es decir, los puestos ocupados por cargos políticos designados discrecionalmente: en teoría el presidente del Gobierno elige al ministro y éste a su vez a los titulares del resto de dichos órganos.

Pero nótese que, en la precedente relación, es decir, en el alto nivel ministerial, ya figuran previstos puestos para nada menos que 22 enchufados, que son los miembros de los famosos gabinetes, todos ellos seleccionados arbitrariamente y, en consecuencia, trabajando para la Administración sin cumplir con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, como se le exige al resto de los mortales. Y quede claro que para formar parte de uno de estos gabinetes no se precisa cumplir con ningún requisito académico ni de cualquier otro tipo, salvo el de fidelidad al “régimen” o vaya uno a saber.

Fíjese el lector el grado de mamoneo que se está alcanzando en las actuales circunstancias que, para menos de sesenta altos cargos, ya hay previstos veintidós “asesores” en los gabinetes (la proporción supera ampliamente el 2 a 1) y todo ello, insisto, en plena pandemia y en medio de la mayor crisis económica de los últimos cien años.

Luego, si este es el nivel más alto de un solo ministerio, imagínese el lector todo lo que queda por “repartir” de ahí para abajo (y recuerde que hay otros 21 ministerios más).

Y por favor, dirán desde Ferraz (y seguro que antes desde Génova, porque, como ya escribí aquí, en esto de la mamandurria son todos parecidos), si algún compañero o compañera no encuentra su plaza en este organigrama, que lo diga cuanto antes para volver a “reestructurar” el Ministerio; porque organizándose hay sitio para todos.

¡¡¡ SON UNOS SINVERGUENZAS !!!

Por eso yo no dejo de preguntarme continuamente: ¿el pueblo hasta donde tiene que aguantar?, ¿cuál es el límite para lanzarnos a saltar la valla y acabar de una vez con este putiferio?.

Empleados públicos: cosas veredes

/0 Comentarios/en /por Mario Gómez Marcos (Cangas del Narcea, 1960 - 2023)

Dejando a un lado a los funcionarios, que se rigen por una normativa específica mucho más tuitiva y protectora, los empleados laborales de las Administraciones Públicas están sometidos al conocido Estatuto de los Trabajadores, uno de cuyos preceptos regula la suspensión de los contratos de trabajo y la reducción de la jornada laboral, en ambos casos por las concretas causas que el mismo contempla, lo que tiene lugar a través del denominado expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

Todos hemos oído hablar éstos días de que, a raíz de la declaración del estado de alarma, las empresas pueden promover estos ERTE, siendo precisamente la pandemia una de las causas que los justifican, de manera que el alcance y duración de las medidas de suspensión de los contratos o de reducción de la jornada se adecuarán al nuevo escenario derivado del COVID-19.

En éste contexto, que es temporal, el trabajador no podrá acudir a su puesto de trabajo ni percibir su salario durante el tiempo que dure la suspensión (salvo que se trate de un ERTE de reducción de jornada, en cuyo caso trabajará solo durante el horario de la jornada reducida y percibirá la parte proporcional de su salario original), ni tampoco indemnización alguna por parte de la empresa, sino que cobrará la correspondiente prestación por desempleo hasta que la situación se normalice.

Sin embargo, durante el mandato de Don Mariano Rajoy Brey (años 2011 a 2018) tuvo lugar la denostada reforma laboral, que aun siendo tan criticada por la izquierda caniche resulta que hoy continúa en vigor y, además, aplicándose en toda España un día sí y otro también (baste decir que actualmente es la base legal de cualquier ERTE), pero, para sorpresa de todos, es precisamente debido a la reforma laboral de Rajoy por lo que ni a los Ayuntamientos ni al resto de las Administraciones Públicas se les permite  promover un ERTE contra sus empleados laborales: ni por el COVID-19 ni por ninguna otra causa.

En definitiva, en España todos los trabajadores sin excepción son susceptibles de quedar sometidos a un ERTE, salvo los empleados laborales de las Administraciones Públicas.

Privilegios de la reforma de Rajoy.

Quién les iba a decir a los empleados públicos en régimen laboral que sus contratos de trabajo, a diferencia de los del resto de los mortales, quedarían blindados frente a todos los ERTE debido precisamente a esa reforma de la “derechona”.

Lo dicho: cosas veredes.

Como éramos pocos …

/2 Comentarios/en /por Mario Gómez Marcos (Cangas del Narcea, 1960 - 2023)

La verdad es que, con solo leer el diario oficial, uno ya no gana para sobresaltos. Los aficionados a la novela negra tienen ahí un buen filón y además gratuito.

En el BOE de 13/01/2020 se publicaron la reestructuración de los ministerios del actual Gobierno de España (un total de veintidós ministerios que, junto con el presidente, hacen que el Consejo de Ministros cuente con veintitrés miembros) y la creación de sus cuatro vicepresidencias.

Este Gobierno es el más numerosos no solo de la Unión Europea sino de la historia de España, hasta el punto de que la cifra deja pequeña la bancada azul del Congreso de los Diputados, compuesta por tan solo veinte asientos.

Mas tarde, en el BOE de 29/01/2020, apareció publicada la estructura orgánica básica de los distintos ministerios, es decir, los órganos superiores y directivos de cada departamento hasta el nivel de dirección general, porque, de ahí para abajo, cada ministerio ha desarrollado a su vez su propia estructura orgánica básica.

En fin, un galimatías de cargos, destinos, funciones y competencias, un despilfarro de dinero público, de muy difícil control por la dispersión legislativa con la que deliberadamente se actúa en estos casos para despistar al personal y porque, como tantas veces he denunciado aquí, lo de la transparencia no deja de ser una quimera cuya ley reguladora constituye otra tomadura de pelo en toda regla.

Con el nuevo Gobierno ya no se trataba solo del PSOE, sino que había que dejar sitio (más bien crearlo ex novo) para las compañeras y los compañeros de Unidas Podemos, ¡¡¡ qué también tienen que vivir de algo, caramba !!!.

Precisamente la decisión de dar cabida a Unidas Podemos generó la necesidad de nuevos puestos en la cúpula del poder, lo que supuso no solo la fragmentación de ministerios ya existentes hasta entonces (como son los casos de los de Trabajo, Universidades, Consumo e Igualdad) sino también la creación de nuevas áreas (como sucede con la de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), entre otras novedades.

Pero el problema no son solo los veintidós ministerios, que no es poco, el verdadero desatino es que cada uno de ellos tiene a su vez sus correspondientes secretarías de estado, secretarías generales técnicas, subsecretarías, direcciones generales y un largo etcétera, y todo ello, por supuesto, con sus oportunos asesores, asistentes y gabinetes.

Las nuevas secretarías de estado arrancaron con una previsión de treinta y un cargos, un rango que también ostentan los titulares de la presidencia del Consejo Superior de Deportes (CSD) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno; en total, pues, treinta y cuatro secretarías de estado, otro récord nacional.

Más allá de un mayor número de altos cargos, el aumento en los primeros niveles del Gobierno (presidente, vicepresidentes, ministros y secretarios de estado) implica más gasto en personal eventual o de libre designación, es decir, los sempiternos enchufados, los “cachorros” o jenízaros de los partidos en el poder, que son legión pero que están estratégicamente distribuidos junto a los gerifaltes del régimen.

A falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado, en la actualidad las retribuciones son de casi 83.000 euros el presidente, 77.991 euros cada uno de los cuatro vicepresidentes y 73.211 euros cada uno de los dieciocho ministros restantes, sin incluir otras cantidades a las que también tienen derecho, como trienios por antigüedad si proceden de la Administración, etc., etc.

Mayores son los salarios de los secretarios de estado, subsecretarios y directores generales, todos ellos mejor retribuidos que el presidente del Gobierno, los vicepresidentes y los ministros, pues sus emolumentos alcanzan cifras que se mueven entre los 92.000 y los 115.000 euros, más esas otras prestaciones complementarias.

En fin, un mamoneo en toda regla porque, claro, hay que disponer de tajada para todos.

Pues bien, sin haber transcurrido tres meses desde entonces y con el COVID-19 de por medio, el Gobierno ha decidido “remodelar” las altas esferas del poder ejecutivo, de suerte que ahora, pese a la que está cayendo, ha resuelto aumentar el número de altos cargos.

En efecto, el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes día 28 cinco reales decretos modificando la estructura de otros tantos departamentos ministeriales, de suerte que al final, tras mucha literatura jurídica y pese a la crisis de la pandemia y sus catastróficas consecuencias para la ciudadanía, se han creado nada menos que once nuevas subdirecciones generales, supongo que porque todavía quedaban “amiguetes” sin colocar en la nomenklatura.

¡¡¡Son unos sinvergüenzas!!!

Por eso yo no dejo de preguntarme: ¿el pueblo hasta donde tiene que aguantar?, ¿cuál es el límite para lanzarnos a saltar la valla y acabar de una vez con este putiferio?.

Caos económico y subvenciones a partidos: ¿son todos iguales?

/4 Comentarios/en /por Mario Gómez Marcos (Cangas del Narcea, 1960 - 2023)

El impacto del COVID-19 será de una brutalidad sin precedentes para la economía española; hasta el punto de que, según el propio Gobierno, la misma se desplomará un 18,2%, el déficit público alcanzará el 10,3% y el empleo caerá un 9,5%, elevando así la tasa de paro hasta el 19%.

Pero que nadie se asuste; no pasa nada. Absolutamente nada.

Hace unos días, cuando ya llevábamos más de un mes en estado de alarma, se aprobaron unas subvenciones para los partidos y formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados (BOE de 24/04/2020).

Se trata de dos subvenciones trimestrales distintas: una por gastos de funcionamiento ordinario y otra por gastos de seguridad.

Su distribución es la siguiente:

PARTIDO FUNCIONAM. SEGURIDAD TOTAL
PSOE 3.595.757,58 184.631,37 3.780.388,88
PP 2.298.615,90 150.375,66 2.448.991,50
VOX 2.018.671,11 103.652,73 2.122.323,80
PODEMOS 1.216.096,40 62.442,93 1.278.539,30
CIUDADAN 741.998,07 38.099,37 780.097,44
Resto 2.623.450,45 137.527,92 2.760.978,30

Me llama la atención que el Partido Socialista de Cataluña (PSC) reciba ambas subvenciones aparte y por importe de otros 447.447,96 y 22.975,11 euros, respectivamente.

Pero estas subvenciones también las perciben Esquerra Republicana de Cataluña, Junts, Comú, PNV, EH-Bildu, Mas País-Equo, Unidad Popular, Foro, Coalición Canaria, UPN, Compromís, BNG, PRC y Teruel Existe, cuyos importes he sumado a los del PSC y puesto en la última fila del cuadro anterior. Y como puede verse son otro pastizal importante.

La suma de estas dos subvenciones trimestrales asciende a los 13.171.318,00 euros.

Insisto en lo de trimestrales, porque durante el resto del año se pagarán a todos estos partidos y formaciones políticas (en total nada menos que 20) otras tres tandas más de subvenciones por los mismos conceptos y por importes similares, lo que en total nos sitúa casi en los cincuenta y tres millones de euros anuales.

Esto solo para funcionamiento y seguridad porque, como ya expuse en una entrada anterior –“Los diputados y las diputadas (o viceversa)”-, aparte van los sueldos, dietas y gastos de diputados, asesores, asistentes y resto del personal “de confianza” y, además, estos partidos y formaciones políticas también perciben una subvención fija cuya cuantía para cada grupo parlamentario es de 29.606,56 euros mensuales[i], más otra subvención variable, en función del número de diputados de cada uno, a razón de 1.703,57 euros mensuales por escaño[ii].

Comoquiera que todo lo hasta ahora expuesto se limita al Congreso de los Diputados, otro tanto de gasto (?) habrá para los partidos y formaciones con representación en el Senado y, por supuesto, también en los 17 parlamentos autonómicos.

Sin desmerecer los beneficios de los demás, que no son broma, es evidente que los grandes partidos y formaciones, los que cuentan con representación en todas estas instituciones, tienen que estar haciendo el gran negocio a costa del erario.

¡¡¡Esto es un verdadero escándalo!!!

Pero, por desgracia, no he visto nunca a ningún partido político renunciar a estas prebendas, por lo que entre todos terminan haciendo buena esa frase tan triste y demoledora en una democracia de que “son todos iguales”, pues, mientras que en cuestiones de lo más baladí surgen disputas absurdas, por el contrario, en lo tocante al reparto de este “botín”, existe un sospechoso consenso.

La mamandurria no conoce de creencias, convicciones e ideologías, así que este despilfarro de dinero público tiene mal arreglo. Los partidos son felices con este statu quo.

¡¡¡Son unos sinvergüenzas!!!

Por eso yo no dejo de preguntarme: ¿el pueblo hasta donde tiene que aguantar?, ¿cuál es el límite para lanzarnos a saltar la valla y acabar de una vez con este putiferio?.

[i] Teniendo en cuente que en la actual legislatura existen 10 grupos parlamentarios, esta subvención asciende en total a 592.131,20 euros mensuales, es decir, 7.105.574,40 euros al año.

[ii] Al existir 350 diputados, esta subvención asciende en total a 596.249,50 euros mensuales, esto es, 7.154.994,00 euros al año.

Los limosneros piden limosna

/1 Comentario/en /por Mario Gómez Marcos (Cangas del Narcea, 1960 - 2023)

Aunque lo parezca, el título no es ningún trabalenguas sino la triste realidad.

Siéntese el amable lector, porque lo que voy a contar a continuación puede provocar vahídos y desvanecimientos, al menos entre los ciudadanos de bien.

El Principado de Asturias, con una población que ronda el millón de habitantes, tiene un presupuesto para el presente año 2020 que asciende a la friolera de cuatro mil setecientos cincuenta y siete millones doscientos setenta y tres mil setecientos cuarenta y cinco (4.757.273.745,00) euros.

En medio de éste “tinglao”, los sueldos de los gerifaltes autonómicos son de 67.776,68 euros anuales, en el caso del Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno del Principado, y de 58.130,32 euros anuales, en el de los secretarios generales técnicos, directores generales y “altos cargos” asimilados, cantidades éstas que no incluyen las cotizaciones a la Seguridad Social (que superan el 40% de los sueldos) ni, por supuesto, las dietas y los gastos de representación y protocolarios, que tampoco son broma.

Pues bien, en este escenario “idílico”, resulta que la Administración autonómica ha abierto una cuenta bancaria para recibir donaciones de particulares destinadas a la lucha contra el COVID-19, así como suena, porque, según ha declarado tan alegre el presidente del gobierno asturiano (otro con la hoja laboral en blanco), si bien el ejecutivo autonómico siempre ha defendido y defiende que los servicios públicos se tienen que financiar con los impuestos, la magnitud de la pandemia y el coste económico que se está generando, ha obligado a decantarse por habilitar una cuenta bancaria y recabar ayuda privada. Y aquí no pasa nada.

Don Adrián “el de la muda”, que, sin ir más lejos, promete 400,00 euros por cada autónomo moribundo (por cada trabajador por cuenta propia que se encuentre en los estertores de la muerte empresarial), tiene la desfachatez de ponerse ahora, cuando ni siquiera ha comenzado a pagar dichas “ayudas”, a pedir donativos para sufragar los gastos de la pandemia.

Sintetizando: el que ofrece limosnas pide a su vez limosnas. Puro trilerismo.

El limosnero, que tiene un sueldazo de 67.776,68 euros al año, más seguros sociales, que reside en una casa y se traslada en un vehículo que son de todos nosotros, que desayuna, come y cena (y, por su corpulencia, supongo que también picará algo entre horas) a costa del erario y que, además, por si todo ello no fuera suficiente, percibe las dietas y los gastos de representación y protocolarios, no tiene el más mínimo empacho en salir a los medios a solicitar la ayuda de los ciudadanos para combatir la pandemia del COVID-19.

Una Administración autonómica, cuyo presupuesto es de casi ochocientos mil millones de las antiguas pesetas, que se dice pronto, acude a la limosna para sufragar los gastos públicos.

Sí, el lector ha entendido bien: nada de recortes ni de reajustes ni de apretarse el cinturón, solo faltaba; nada de rebajar sueldazos ni de suprimir prerrogativas y prebendas, hasta ahí podíamos llegar. Eso ni tocarlo, eso inamovible.

Y en estas circunstancias, con semejantes sueldos y tamaño presupuesto, ante una emergencia sanitaria, la clase política solicita impertérrita la ayuda directa de los ciudadanos. Un pitorreo en toda regla.

Está claro: la crisis es del pueblo, no de los políticos; por consiguiente, que la paguen los de a pie.

¡¡¡ Son unos sinvergüenzas !!!

Aniversario trimestral

/1 Comentario/en , /por Mario Gómez Marcos (Cangas del Narcea, 1960 - 2023)

Hoy hace exactamente tres meses que inauguré esta bitácora con aquella entrada titulada El despoblamiento de Cangas del Narcea, que tanto éxito tuvo.

Todo comenzó cuando, al cansarme de esperar a que dicho texto se publicara en la sección de cartas al director de un diario regional, el día 1 de febrero acudí a “Blogger” y creé la bitácora en la que lo difundí.

Empecé tímidamente, pero, poco a poco, debido a la resonancia local que iban alcanzando los sucesivos comentarios, fui haciéndolos diarios.

El día 28 de marzo decidí trasladarme con todos los bártulos a “WordPress”, por sus ventajas técnicas, hoy indudables.

En este trimestre la bitácora superó las diecisiete mil visitas en “Blogger”, lleva ya cerca de diez mil en “WordPress” y tiene actualmente más de ochenta suscriptores. Diariamente el promedio de visitas no baja de las trescientas.

Su título, DESDE EL CORAZÓN DE CANGAS (yo no quiero que mi concejo se muera), explica perfectamente su razón de ser: llamar la atención y protestar contra la galopante despoblación de Cangas, y sus lamentables consecuencias, ante la pasividad y desidia de nuestros responsables políticos, a los que parece que esta sangría demográfica, que ya nos está pasando factura y que terminará por hundirnos irremediablemente, les trae por completo sin cuidado. Una situación intolerable desde cualquier punto de vista.

Pero, por desgracia, el despoblamiento, aunque siempre latente, ha pasado a un segundo plano con la llegada de esta pandemia del COVID-19 que mucho me temo que, si no andamos aliechos, nos dé el aldabonazo definitivo y final.

Lo que le hace falta a Cangas, hoy más que nunca, es gente decidida a emburriar; y cuántos más seamos, mejor. Si ahora no estamos unidos en pro del concejo mucho me temo que ya no lo estaremos jamás, entre otras cosas porque con el tiempo aquí no quedará casi nadie. Toca pues reinventarnos, empezar a tener conciencia local y, por supuesto, apoyar todo lo nuestro, lo de aquí, lo que supondrá una radical modificación de hábitos en la producción, en el consumo, etc. Cangas tiene que ser nuestra preferencia absoluta.

Aunque los que me conocen saben perfectamente que no soy nada “canguesón“ o chauvinista, lo cierto es que desde hace ya años sostengo que todo se explica desde Cangas, en el sentido de que cualquier cosa que ocurra en España (e incluso en el mundo) tiene su correspondiente referencia local a escala infinitamente menor, claro, y que a mí, particularmente, me permite una mejor comprensión del suceso de que se trate.

Por eso, con el devenir del tiempo, la bitácora ha pasado de tratar del despoblamiento a abordar múltiples temas que, en mi opinión, tienen su resonancia en el concejo. Porque, insisto, para mí todo se explica desde aquí, por lo que mientras tenga fuerzas seguiré escribiendo de todo un poco, aunque siempre con dicha referencia local.

Muchas gracias a todos los lectores y, como dice el himno de “El Tous pa Tous”, cuya letra ahora recuerdo especialmente dada la gravísima situación que estamos atravesando, que no nos falte de nada cuando volvamos a venos.