Recuerde el lector lo que en anterior entrada escribí sobre los sueldos, dietas y ayudas de los diputados del Parlamento Europeo (“Europarlamentarios: lo que se le oculta al pueblo”) y abróchese el cinturón porque ahora dejamos Bruselas para volar a Madrid. En “bisnes”, claro, como aquellos.

Nos vamos a la Carrera de San Jerónimo, concretamente al Congreso de los Diputados, también denominado la Cámara Baja.

Este órgano legislativo está compuesto por un total de 350 diputados cada uno de los cuales, durante éste año 2020, percibirá mensualmente:

1. Un sueldo de 3.050,62 euros;

2. Un complemento por razón del cargo, a saber:

2.1. Presidente: 3.337,60 euros por ser miembro de la Mesa, 3.624,38 euros por gastos de representación y 2.971,67 euros por gatos de libre disposición.

2.2. Vicepresidentes (que son cuatro): 1.313,66 euros por ser miembro de la mesa, 1.097,79 euros por gastos de representación y 767,92 euros por gastos de libre disposición.

2.3. Secretarios (que son otros cuatro): 1.025,71 euros por ser miembro de la mesa, 888,86 euros por gastos de representación y 735,62 euros por gatos de libres disposición.

2.4. Portavoces (que son uno por cada grupo parlamentario): 1.890,98 euros por gastos de representación y 1.006,00 por gastos de libre disposición.

2.5. Portavoces adjuntos: 1.544,32 euros por gastos de representación y 718,10 euros por gastos de libre disposición.

2.6. Presidentes de Comisión (actualmente hay veinticuatro en total): 1.551,58 euros por gastos de representación.

2.7. Vicepresidentes de Comisión: 1.134,40 euros por gatos de representación.

2.8. Secretario de Comisión:  756,27 euros por gastos de representación.

2.9. Portavoz de Comisión: 1.134,40 euros por gastos de representación.

2.10. Portavoz adjunto de Comisión: 756,27 euros por gastos de representación.

3. Y una indemnización de 1.952,62 euros o 935,37 euros según la circunscripción electoral por la que el diputado haya sido elegido.

Además de estas remuneraciones, el Congreso de los Diputados cubre los gastos de transporte en medio público (avión, tren, automóvil o barco) de los diputados, así como los gastos derivados del aparcamiento en las estaciones de tren y aeropuertos. Se trata de un reembolso de gasto, es decir, no se facilita una cantidad al parlamentario, sino que se le abona directamente el billete a la empresa transportista. Excepción hecha, claro está, del uso del propio automóvil en sus desplazamientos a la Cámara para el cumplimiento de sus funciones parlamentarias, en cuyo caso y previa justificación, se abona 0,25 euros por kilómetro así como, en su caso, los importes de los peajes de autopistas.

Asimismo la Cámara facilita a cada diputado que no dispone de vehículo oficial una tarjeta personalizada que permite abonar el servicio de taxi en la ciudad de Madrid. La disponibilidad de dicha tarjeta tiene un límite anual de 3.000,00 euros.

Por último, los gastos de manutención y desplazamiento generados con ocasión de viajes oficiales de los diputados son reintegrados a cada uno de ellos con el límite de 150,00 euros por día en desplazamientos al extranjero y 120,00 euros diarios para viajes dentro del territorio nacional.

Y, claro, para que estos abnegados servidores públicos no tengan que ponerlo todo, la Cámara también facilita a cada diputado un “iPad” y un teléfono móvil de alta gama.

Todo ello sin perjuicio de poner de relieve que en la cafetería del Congreso de los Diputados rigen los siguientes precios: un café 0,74 euros, una caña 0,81 euros, una copita de vino de Rioja 1,43 euros, un desayuno completo 1,82 euros y un menú del día (buffet) 7,89 euros.

A mí todo esto ya me parece excesivo pero, lamentablemente, la cosa no queda ahí.

Además de que todos y cada uno de los diputados cuentan con despacho propio en el Congreso, algunos de ellos (miembros de Mesa, Presidentes de Comisión) disponen de personal de confianza para apoyarles en el ejercicio de su función. Así por ejemplo:

• 6 personas en la Presidencia;

• 2 personas por cada Vicepresidente (que son cuatro) y Secretario (que son otros cuatro); y

• 1 persona por cada Presidente de Comisión.

Todo este personal “auxiliar” es contratado libre y arbitrariamente.

Como también son elegidos “a dedo” los 318 “asesores” y “asistentes” previstos para el resto de los diputados.

La distribución de éstos últimos, que, insisto, son de “libre designación”, es, cuando menos, perversa, pues hay prácticamente los mismo «asesores» que diputados, según la siguiente distribución referida únicamente a los partidos políticos mas importantes.

El coste medio de todo este “personal eventual” supera ampliamente el medio millón de euros al mes.

Sin embargo, no vale lo mismo contratar a un “asesor” que a un “asistente”. Mientras estos últimos cobran 2.027,00 euros mensuales, los asesores perciben el doble, 4.054,00 euros cada mes, por lo que un asesor equivale a dos asistentes. Entre medias, hay otros cargos que también pueden fichar: asistente A (2.533,00 euros/mes), asistente técnico (3.040,00 euros/mes) y asistente técnico A (3.547,00 euros/ mes).

Termino: la Cámara ha fijado una subvención fija cuya cuantía, para cada Grupo Parlamentario, es de 29.606,56 euros mensuales mas una subvención variable, en función del número de diputados de cada uno de ellos, a razón de 1.703,57 euros mensuales por diputado.

Y suma y sigue.

Mientras tanto, el ciudadano de a pie se encuentra en la siguiente situación referida al año 2019:

Está clarísimo: nuestros políticos ¡¡¡no tienen vergüenza!!!.

Tradicionalmente, los ministros solían ser personas relacionadas profesionalmente con las materias propias de sus competencias oficiales, hasta que hace unos años, cuando la democracia se empezó a convertir en “demogresca”, se sustituyó a los tecnócratas por los políticamente afines.

Ahora los ministros ya no tienen por qué saber nada de lo que se traen entre manos; vale cualquiera con tal de que sea de la “cuerda”.

Un caso paradigmático de esta deriva es el de Don Salvador Illa Roca, actual ministro de sanidad, “filósofo” de formación, cuyo curriculum laboral se circunscribe, amén de un breve paso por una productora de dibujos animados (lo que no deja de tener su gracia), a la Administración pública. Entre otros menesteres ocupó durante diez años la alcaldía de La Roca del Vallés, que es un municipio barcelonés con menos habitantes que Cangas.

Hasta que Don Miguel Iceta Llorens, secretario general del Partido Socialista de Cataluña, lo ungió como su lugarteniente y, aprovechando el flirteo con el nacionalismo catalán, fue catapultado a este ministerio (que exigía un perfil bajo, dado que las competencias sanitarias están prácticamente en manos de las comunidades autónomas), básicamente porque, debido a su cercanía al entorno catalán, podría actuar también como cauce de comunicación con el independentismo.

Pero, de repente, irrumpió el COVID-19, con las catastróficas consecuencias por todos conocidas, y al Sr. Illa Roca el ministerio se le fue de las manos. Porque este personaje, como suele decirse coloquialmente, cada vez que habla sube el pan.

Ahora, en medio del escándalo por la mala gestión de la crisis de la pandemia, hasta se niega (?) a facilitar información sobre la identidad de la empresa intermediaria en la compra de material sanitario. ¡¡¡Viva la transparencia!!!

Cuando, con anterioridad al Sr. Illa Roca, fue nombrada ministra de sanidad la asturiana Doña María Luisa Carcedo Roces, que hasta entonces había desempeñado el rimbombante e inocuo cargo de Alta Comisionada para la Lucha contra la Pobreza Infantil (con Don Perico Pinocho bromas, las justas), se dijo que era el perfil idóneo, dado que se trataba de una licenciada en medicina con amplia experiencia (?) en la sanidad pública. Mentira.

Pero con la designación del Sr. Illa Roca como titular de dicho ministerio, se cambia el discurso, y ahora se justifica la elección en su capacidad de gestión (aunque de materia sanitaria sepa tanto como yo, es decir, nada) y en la presencia en su ministerio de sesudos expertos que completarían su nula formación al respecto. Mentira también.

Sobre la capacidad de gestión, a las pruebas me remito, que están ahí para ver; y en cuanto a lo de los expertos, se trata de una disculpa muy recurrente para los políticos. Baste decir que, desde el inicio de la crisis del COVID-19, cada vez que el Gobierno toma una decisión errónea (y son muchas), se escuda en sus asesores, siendo mucho más que sospechoso que, sin embargo, la identidad de estos se mantenga oculta en todo momento.

Sobre los asesores de los políticos tendría para escribir una novela, aunque fuese de terror. Por eso más adelante les dedicaré una entrada monográfica; para que los lectores sepan de qué estamos hablando y lo que nos cuestan estos individuos cuya contratación se justifica, digámoslo en voz alta y de una vez, en las absolutas carencias de sus “superiores”, tratándose siempre de fichajes de incompetencia contrastada procedentes de los semilleros del partido en el poder.

Se trata de vulgares enchufados que pasan a trabajar para la Administración pública sin cumplir con los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Otro despilfarro más de dinero público, del patrimonio de todos los ciudadanos, pero muy eficaz en materia de clientelismo político para el partido gobernante.

El pasado domingo, el Ministro del Interior compareció ante los medios informando de que hasta entonces las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado habían impuesto más de 330.000 sanciones por infracciones a la normativa reguladora del estado de alarma.

En este país, toda sanción administrativa requiere, inexcusablemente, de la previa sustanciación de un procedimiento o expediente, que podríamos definir como una serie o sucesión de actos a través de los cuales la Administración ejerce su potestad sancionadora, y cuyo procedimiento tiene, como consecuencia de encontramos en un Estado de Derecho, un fin garantista de los derechos de los administrados en tanto que supone el rechazo a las sanciones dictadas de plano.

Así las cosas, o el Ministro se ha explicado mal o los medios de comunicación no entendieron bien lo que quiso decir, porque, obviamente y por razones de tiempo, el procedimiento para sancionar no pudo seguirse en todos sus trámites, así que es mejor que nos quedemos con que a lo que el Ministro se refirió entonces en dicha rueda de prensa fue a la formulación de denuncias y no a la imposición de sanciones.

La circunstancia de ser España un Estado de Derecho, hace que el procedimiento administrativo sancionador se asiente sobre una serie de principios básicos, a saber:

• principio de legalidad, que requiere que la potestad sancionadora de la Administración esté reconocida en una norma con rango de ley;

• principio de irretroactividad, que impide aplicar una norma a situaciones anteriores a su entrada en vigor, salvo que resulte más favorables al presunto infractor;

• principio de tipicidad, a cuyo tenor sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del Ordenamiento Jurídico previstas como tales infracciones por una ley (ojo, porque rango de ley no lo tienen ni los reales decretos -salvo que sean real decreto ley-, ni los decretos, ni las órdenes, resoluciones e instrucciones ministeriales, etc., etc.);

• principio de responsabilidad, conforme al cual sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa;

• principio de proporcionalidad, que exige la clasificación de las infracciones y sanciones en leves, graves y muy graves al tiempo que obliga a modular la sanción a imponer teniendo en cuenta la concurrencia de circunstancias atenuantes y agravantes;

• principio de prescripción, que afecta tanto a la infracción (el procedimiento sancionador tiene que incoarse dentro de un plazo a contar desde el día en que se cometió la presunta infracción) como a la sanción (la ejecución de la sanción tiene que comenzar dentro de un plazo a contar desde que la misma sea posible de cumplirse); y

• principio non bis in idem, según el cual nadie puede ser castigado dos veces por los mismos hechos.

Dicho esto, y hablando en términos generales (pues existen muchas especialidades procedimentales en las que no me voy a detener aquí), una vez formulada la correspondiente denuncia se inicia el expediente sancionador, cuya apertura ha de notificarse al afectado, quien dispondrá de un plazo para formular alegaciones y proponer pruebas, abriéndose entonces el período probatorio, dictándose luego la propuesta de resolución, que también habrá de notificarse al interesado con ofrecimiento de nuevo plazo de alegaciones, recayendo luego la pertinente Resolución que será susceptible de los recursos procedentes -primero en la vía administrativa y luego  en la judicial-, siendo a partir de la decisión que ponga fin al último recurso, caso de interponerse, cuando la Resolución sancionadora adquirirá firmeza.

Todo lo anterior, lógicamente, lleva un tiempo no precisamente breve, pues téngase en cuenta que en el cómputo de los plazos administrativos y judiciales no se consideran ni los sábados ni los domingos ni los festivos.

Pues bien, volviendo al tema motivo de esta entrada (las sanciones administrativas como consecuencia del estado de alarma decretado para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19), resulta que la Ley Orgánica nº 4/1981, que es la que regula los estados de alarma, excepción y sitio, dispone textualmente en su art. 1-3 que

“Finalizada la vigencia de los estados de alarma, excepción y sitio decaerán en su eficacia cuantas competencias en materia sancionadora y en orden a actuaciones preventivas correspondan a las Autoridades competentes, así como las concretas medidas adoptadas en base a éstas, salvo las que consistiesen en sanciones firmes.”

Nótese que esta ley no se refiere al carácter ejecutivo de la Resolución sancionadora sino a su firmeza.

Ergo, en tanto las sanciones administrativas impuestas por infracción de las normas dictadas en desarrollo del estado de alarma decretado el pasado día 14 de marzo, como pueden ser las de desobedecer el mal llamado «confinamiento», que es como la izquierda caniche denomina al arresto domiciliario masivo a que hemos sido condenados sin ser oídos, digo, mientras dichas sanciones no adquieren firmeza las mismas quedarán automáticamente sin efecto en el momento en el que finalice el estado de alarma.

Y aquí paz y después gloria.

Según el último censo del Ministerio de Trabajo, a finales del año 2019 en España había un total de 3.283.224 autónomos, es decir, trabajadores por cuenta propia, de los cuales casi dos millones personas físicas.

Los autónomos, junto con las pymes, constituimos más del 90% del tejido productivo del país, y por tanto somos el motor de la actividad y el empleo en España.

Las cuotas que los autónomos pagamos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomo de la Seguridad Social (RETA) suponen la bagatela de 1.000 millones de euros al mes.

Pero, según los mejores augurios, a raíz del COVID-19 España perderá 500.000 autónomos, 100.000 más de los que desaparecieron en la crisis del 2008.

Desde la entrada en vigor del estado de alarma nuestra actividad se ha paralizado por completo o, en el mejor de los casos, se ha reducido notablemente, pues, aunque algunos, como los abogados, estemos ejerciendo “servicios esenciales”, según la denominación gubernamental, lo cierto es que, al haberse impuesto el “arresto domiciliario” de los ciudadanos y el cierre de los órganos judiciales, nuestra actividad es prácticamente nula.

Ante esta cruda realidad, el Gobierno solo ha permitido a los autónomos la “suspensión” de sus cotizaciones al RETA en dos casos puntuales:

• cuando hayan tenido que cerrar sus negocios; o

• cuando hayan sufrido una caída de sus cifras de negocios de al menos el 75% respecto al promedio del semestre anterior.

Pero fuera de estos dos concretos supuestos, para los autónomos todo sigue como hasta ahora; como si aquí, pese a la que está cayendo, no hubiera pasado nada.

Bien es verdad que el Gobierno también ha aprobado para los autónomos la posibilidad de percibir una prestación extraordinaria, equivalente al 70% de la base reguladora de su cotización al RETA, pero siempre que se dé alguno de los dos supuestos anteriores y además su duración será solo por 1 mes.

Pero los autónomos que no puedan acogerse a esa prestación extraordinaria tienen que seguir pagando la cuota mensual del RETA, los sueldos y seguros sociales de sus empleados y, el próximo día 20, el pago fraccionado a cuenta del IRPF y el IVA del primer trimestre de este ejercicio.

El Gobierno también contempla la posibilidad de que los autónomos que sigamos en activo podamos obtener moratorias en el pago de las cotizaciones al RETA, siendo curioso que esta norma se emita justo cuando ya se han abonado las cuotas correspondientes al primer trimestre, y por eso la medida se refiere únicamente a las que se devenguen entre los próximos meses de mayo y julio.

En definitiva, que para muchos autónomos puede resultar peor el remedio que la enfermedad, con la consecuencia de que entonces los que no se mueran del COVID-19 lo harán de hambre.

Pero lo hasta aquí expuesto tampoco afecta a todos los autónomos, sino solo a los que estén dados de alta en el RETA, pues también existe un gran número de profesionales por cuenta propia que cuando comenzaron su andadura tenían prohibido afiliarse a la Seguridad Social, como es el caso de los abogados, arquitectos superiores, químicos, aparejadores y arquitectos técnicos, procuradores de los tribunales, ingenieros civiles, médicos, ingenieros industriales, gestores administrativos e ingenieros técnicos industriales, colectivos éstos que se vieron obligados a constituir sus propias mutualidades al margen del sistema público, profesionales que sin embargo ahora han sido injustamente discriminados por el Gobierno respecto al resto de trabajadores autónomos, pues han quedado fuera de las “ayudas” comentadas.

Resumiendo: a pesar de que los autónomos somos la columna vertebral de la economía española, lo cierto es que el Gobierno nos desprecia olímpicamente.

Todo lo anterior se comprenderá mucho mejor si se repara en que, entre los 23 miembros del Consejo de Ministros (el número de ministros más grande de la historia de España, que para eso somos rojos y “yo lo valgo”), no hay ni uno solo que alguna vez haya pagado una nómina o pedido un crédito a un banco o tratado con proveedores o, en definitiva, atravesado la incertidumbre de abrir cada mañana la puerta de un negocio.

En conclusión: necesitamos urgentemente políticos que sepan de verdad lo que es una empresa y conozcan el mundo real, pero esos probablemente no abunden en los partidos de izquierda.

PD. En una entrada aparte me ocuparé de las ayudas “previstas” para los autónomos por parte del Ayuntamiento de Cangas del Narcea y del Principado de Asturias; porque la cosa también tiene mucha coña.

No tengo la más mínima duda de que, en las circunstancias actuales, la salud de los ciudadanos tiene que estar por encima de cualquier otro parámetro, pero no lo está tanto si no se puede mantener la actividad como hasta ahora, al ralentí, evitando el cierre total, porque mucho me temo que eso supondrá no solo hambre para hoy sino, desgraciadamente, también hambre para mañana.

Porque si volver a arrancar una economía en prácticamente “punto muerto”, como hasta hace unos días estaba la española, es complicado, engrasar la maquinaria cuando el parón es total requiere, sin duda, muchísimo más esfuerzo y tiempo, y eso es algo que, probablemente, no podamos permitirnos.

En otras palabras: se trata, simplemente, de que el remedio no sea más grave que la enfermedad.

A este respecto, un médico, miembro del comité asesor científico del COVID-19, decía la semana pasada que las medidas de contención deben de ser una cirugía selectiva: “Hay que intentar que el país funcione porque después nos tenemos que activar. La recesión económica posterior al coronavirus podría dañar la salud igual o incluso más que la epidemia.”

El Gobierno, con ese optimismo suicida de la “izquierda” que les hace creerse sus propias mentiras, no tomó en serio la aparición del coronavirus en el otro extremo de Asia ni adoptó las medidas adecuadas contra él (incluso cuando hacía estragos en Italia), creyendo que, como el Ëbola y el Sars, se consumirían en poco tiempo.

Sobre la cronología de este disparate gubernamental me remito a una entrada anterior (“Datos de un despropósito con resultado mortal”) poniendo ahora únicamente de relieve que incluso el diario “El País”, en su editorial de ayer, reprobaba la tardanza del Gobierno en reaccionar.

Sin embargo, como desgraciadamente no fue así, es por lo que ahora, envuelto todo en palabrería tranquilizadora y tras dos semanas defendiendo que las decisiones adoptadas ya eran de las más drásticas del mundo, Don Pedro Sánchez y compañía han decidido una intensificación de las medidas para que todos los trabajadores de actividades no “esenciales” se queden en casa las próximas dos semanas; lo que ellos eufemísticamente denominan “hibernación”.

Lamentablemente, la parte más “sensata” del Gobierno ha terminado por sucumbir a las presiones de los podemitas y así el pasado domingo se ha decretado el cierre prácticamente total sin tener en cuenta que las consecuencias de extender la recesión, cuando todavía no hemos llegado a superar del todo la crisis financiera y económica de la pasada década, pueden ser catastróficas.

Parece ser que en los Consejos de Ministros el duelo que mantienen Don Pablo Iglesias, un botarate peligroso y con alucinaciones bolivarianas, y Doña Nadia Calvino, una tecnócrata de prestigio y con experiencia contrastada, alcanza temperaturas farenheit.

Así, a partir del lunes, la actividad laboral ha quedado limitada de forma drástica, aprobándose un permiso retribuido recuperable que se aplicará a todos los trabajadores que no puedan trabajar porque su puesto no es esencial o porque no pueden teletrabajar, es decir, que durante los días de este permiso retribuido los trabajadores “continuarán recibiendo su salario con normalidad” y cuando acaben esta situación entonces recuperarán las horas de trabajo “de manera paulatina y espaciada en el tiempo”, lo que pondrá patas arriba toda la organización interna de las empresas afectadas, las jornadas y los turnos.

Dicho en román paladino: las empresas que no sean consideradas servicios esenciales dejaron de producir a partir del lunes, pero tendrán que seguir asumiendo sus costes laborales habituales en un contexto en el que el Gobierno ha prohibido por ley los despidos objetivos por causas económicas, técnicas y de producción y ha prorrogado los contratos temporales. En definitiva, que serán las empresas las que tengan que asumir todo el coste sin tener ingresos, bonificaciones ni aplazamientos fiscales.

Esta medida supondrá un parón aún mayor de la actividad, pues solo funcionarán servicios de muy primera necesidad, por lo que la propuesta, rechazada por el mundo empresarial dado el enorme impacto económico y social que va a tener, hundirá actividad y empleo y dificultará la posterior recuperación económica del país.

La ruina nacional está servida.

Por eso yo espero y deseo que, cuando terminen los arrestos domiciliarios y la gente salga libremente a la calle, lo que creo que asusta al Gobierno solo de pensarlo, se arme la de dios en el buen sentido de la palabra. Es lo que nos queda.

Desde la declaración del estado de alarma, y el consiguiente arresto domiciliario de la mayor parte de la ciudadanía, el Gobierno, consciente de que esta parálisis social no va a traer muy buenos resultados, que se diga, se ha emperrado en proponernos machaconamente el teletrabajo.

Lo que hasta ahora era un recurso de conciliación laboral, de repente Pedro Sánchez y Cía. pretenden convertirlo en una opción de supervivencia empresarial. Casi nada.

Pero el Gobierno ignora por completo las verdaderas circunstancias concurrentes. Porque, dígase lo que se diga, en España no estamos todavía preparados para trabajar en remoto.

Remitir a la gente a trabajar en casa, así como suena, requiere de una logística en la que nuestros gobernantes todavía no parecen haber reparado.

En primer lugar, y aunque resulte verdad de Perogrullo, es necesario que el trabajo en cuestión sea susceptible de poder desarrollarse en remoto, lo que casi lo reduce al de oficina. A este respecto, la empresa “Randstad”, líder nacional en recursos humanos, dio a conocer la semana pasada que en nuestro país solo el 22,3% de la población ocupada podía teletrabajar, siendo sobre todo técnicos y profesionales científicos e intelectuales, seguidos con notable diferencia de contables, administrativos y otros empleados de oficina, los únicos que podrían hacerlo.

Pero es que, además, resulta imprescindible contar con la correspondiente tecnología, esto es, no solo con una buena conexión a internet (lo que, al menos en el caso de Cangas del Narcea, aleja de la solución a los residentes en la zona rural) sino, igualmente, con el conjunto de programas y aplicaciones informáticas que permiten a los ordenadores realizar las tareas necesarias y, por supuesto, también con los elementos físicos o materiales que constituyen un sistema informático (ordenadores, etc.), El uso de las tecnologías de la información y comunicación (más conocidas como TICs), obviamente, no está al alcance de cualquiera, ni mucho menos de hoy para mañana.

Como, lamentablemente, el teletrabajo no es compatible con otras actividades domésticas, es ineludible que la casa desde la que se pretenda trabajar cuente con la posibilidad de independizarse o abstraerse de lo que está sucediendo alrededor, lo que actualmente resulta harto complicado para la mayoría de los mortales al tener a sus hijos también en arresto domiciliario.

Pero es que, aun contando con todo lo anterior, que no es poco, para poder desarrollar el trabajo a distancia resulta imprescindible una experiencia previa, unos protocolos y simulacros ensayados, una transición y adaptación del sistema de trabajo habitual o tradicional al teletrabajo, una formación mínima al respecto, etc., etc.

El trabajo en remoto exige decidir y ajustar muchos parámetros: desde qué espacio de la casa se destinará a trabajar, hasta negociar con la empresa cómo se retribuirán los gastos del domicilio por realizar esas tareas o cómo garantizar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales (ventilación, iluminación, etc.), lo que, obviamente, no se logra de un día para otro.

El trabajo a distancia demanda la adaptación al nuevo escenario laboral no solo de los trabajadores (tan dados en España al contacto y la socialización) sino también de las empresas (que habrán de ir olvidándose de la atención directa y personal al cliente, etc. y, en definitiva, de esa arraigada cultura del presentismo) y esto, los lectores convendrán conmigo, no es nada fácil.

Todo ello sin perjuicio de poner de relieve que el trabajo en remoto también tiene desventajas, como son la falta de ambiente laboral y disminución de las relaciones sociales, que también puede repercutir en conflictos familiares, ya que se difuminan las barreras entre trabajo y familia.

Luego, una vez más, el Gobierno trata de colocar el carro delante de las vacas o, mejor dicho, de ponerse las vendas antes de las heridas, consciente de lo que se nos viene encima.

La improvisación, tan arraigada en este país, es la antítesis tanto de la innovación como de la renovación.

Se acabó la tregua. Se acabó mi tregua. Me hice la promesa de moderar las críticas, pero me tiran de la lengua estos canallas. Me dicen que no es momento de polémicas, pero los políticos al mando y sus voceros se encargan de dividir. Me dicen que es mejor guardar silencio por ahora, pero veo que mi silencio sólo sirve para que otros hablen y construyan su relato. Me dicen que hay que estar con el Gobierno, pero el Gobierno no está conmigo. Me dicen que no hay que señalar, pero ellos, además de no ayudar, señalan con dureza a los profesionales sanitarios.

El Gobierno está acojonado. No cabe duda. Es la primera vez en medio siglo que los pacientes y los profesionales de la medicina vamos de la mano en algo. Ha tenido que ocurrir una desgracia para que la sociedad española comprenda que los políticos (todos) han esquilmado –literalmente– la sanidad pública, y que los médicos y las enfermeras no hemos sido los culpables, sino las víctimas. Tan víctimas como los pacientes. Y están acojonados los políticos. Muy acojonados. Esos aplausos a las ocho de la tarde, día tras día, les ponen los huevos de corbata porque entienden (con razón) que los pacientes y los médicos ya formamos una piña. Ya no vale la leyenda construida de que los médicos somos los despilfarradores del sistema, los vagos, los maleantes, los culpables de las demoras, los privilegiados en el sueldo. Ha tenido que llegar un virus para mostrar a las claras las vergüenzas de estos mierdas: la falta de mascarillas, la falta de respiradores, la falta de buenas batas, la falta de profesionales, la falta de organización, la falta de protocolos y la falta de liderazgo.

El desastre organizativo ha sido tan absoluto, la incompetencia tan burda, la imprudencia tan visible, la mentira tan palpable, la desidia tan evidente, que el Gobierno (o los Gobiernos) nos piden ahora silencio para ir ellos construyendo su relato. El relato que los salve. El chivo expiatorio que revuelva de nuevo a los pacientes contra quienes se encargan de la salud. La ignominia llevada a un grado sumo. Maestros de miserables.

En un país donde los médicos y las enfermeras se protegen con bolsas de la basura para atender a sus pacientes, en un país donde se confeccionan mascarillas con papel higiénico o con bordados de punto de cruz, en un país donde ya están cayendo médicos, enfermeras y guardias civiles en acto de servicio, en un país que ya supera a China en número de fallecidos por el coronavirus, se dice por una consejera socialista de sanidad que los médicos se están contagiando por viajar mucho. Por viajar mucho. Por viajar mucho. No por trabajar mucho y en penosas condiciones. No. No por la criminal negligencia de quienes, a fecha de hoy, han tenido que pedir ayuda a la OTAN para traer a España los test del coronavirus. No. No por quienes han incumplido la promesa realizada hace dos semanas de que, “en pocos días”, tendríamos a nuestra disposición las mascarillas FPP2 y FPP3. No. No por quienes ya permiten, con manifiesta impotencia, que los propios profesionales nos vistamos con bolsas de la basura y con caretas de papel de celofán. No. Ha sido por viajar. Por viajar mucho. Los médicos nos contagiamos por viajar.

Ya estamos otra vez en lo de siempre. En lo de siempre. En escupir a la cara a quien nos cuida para salvar ellos el culo. En intentar explicar lo inexplicable atacando al punto débil del sistema. El jefe sioux haciéndole la vida imposible al indio. El general de cinco estrellas abofeteando al soldadito bajo su mando.

Un artículo publicado anteayer en El País demuestra la incompetencia y la desidia criminal de este Gobierno. Un Gobierno que, durante los cruciales meses de enero, febrero y marzo, estuvo distraído en los tres problemas “más acuciantes” de España. A saber: la lucha contra el heteropatriarcado opresor de las mujeres, la colocación de Pablo Iglesias en el CNI y la satisfacción de los antojos a los desleales catalanes, incluido un proyecto inminente de amnistía. Y mientras tanto, mientras todo eso sucedía, afirmaba Pedro Sánchez con rotundidad que “la sanidad española estaba perfectamente preparada” (sic) para la pandemia de coronavirus que se nos venía encima. Hoy sabemos que no era así. Que nos mentía. Que le importaba una higa poner a los sanitarios a los pies de los caballos. Que lo suyo era el feminismo, y la formación sexual en las escuelas, y los talleres de masturbación para mujeres empoderadas, y el ofrecer millones de euros a quien decía sin pudor en el Congreso que la estabilidad de España le importaba una putísima mierda: a los independentistas catalanes.

El artículo de El País de anteayer decía así:

Pasados más de diez días de pandemia (hoy son doce), el ministro de Sanidad empieza a desvelar la magnitud de uno de los problemas más preocupantes causados por el coronavirus: unos 4.000 sanitarios ya han caído contagiados (hoy son casi 6.000). El daño que el coronavirus está haciendo en la salud del personal sanitario que lo combate ES MUCHO MAYOR QUE EN OTROS PAÍSES. En Italia los médicos y enfermeras suponen el 8% de los contagiados totales, frente al 12% de España (hoy ya es el 14%). En China no llegaron ni al 4%. Las organizaciones profesionales llevan desde principios de marzo urgiendo medidas a los gestores sanitarios para evitar contagios. El Sindicato de Enfermería sabe de centros donde se lavan las batas y las mascarillas para reutilizarlas, algo aberrante en términos de higiene sanitaria. No hubo previsión en las autoridades y, ante la avalancha de enfermos, el personal médico y de enfermería de primera línea de batalla ha tenido que buscarse la vida para ponerle barreras al coronavirus: se fabrican equipos de protección con bolsas de la basura, cosa que a estas alturas no debería ser admisible. Y mientras los epidemiólogos aspiran a que las medidas de distanciamiento social aplanen cuanto antes la curva de propagación en la población en general, el freno a la expansión de la enfermedad entre los sanitarios no tiene un horizonte nada claro. Es una curva propia que, seguramente, tardará más tiempo en aplanarse porque los sanitarios van a seguir más expuestos y durante más tiempo. El problema sólo se frenará cuando se acabe con la acuciante falta de equipos de protección adecuados. La escasez afecta mucho a las máscaras FPP2 y FPP3 que protegen de las secreciones del paciente, y a las batas impermeables. Hubo mucha improvisación inicial y bastante relajación. No se le dio la importancia necesaria y faltó una centralización de las medidas.

Y por todo eso, por esa criminal negligencia, porque a 25 de marzo estamos igual que en febrero, el Consejo Estatal de Médicos ha presentado hoy una denuncia ante el Tribunal Supremo para que el nefasto Gobierno de ensoberbecidos inútiles que nos ha tocado padecer haga por fin su trabajo y nos permita realizar el nuestro sin enfermar, sin que caigamos como moscas en esta guerra en la que nos han metido sin un maldito fusil, sin una bala.

Hay tantos izquierdistas de caché ingresados en la Ruber que ya la llaman Ruberlingrado. Y allí, en Ruberlingrado, me imagino que estarán pensando y discutiendo la forma de dimitir. De dimitir, cabrones. De dimitir. Que no es un nombre ruso dimitir, sino la única acción honorable que le queda a un irresponsable cuando se ha demostrado sobradamente su irresponsabilidad.

Y no digo que dimitáis ahora, en plena crisis, sino luego: cuando estemos en la calle los que queden. Porque en la calle nos veremos, sí. No lo dudéis. Iremos todos, de la mano. Y se abrirán para nosotros las grandes alamedas, como decía Salvador Allende poco antes de morir asesinado. Y allí, en la calle, en esas grandes alamedas, estaremos todos juntos: las enfermeras, los celadores, las auxiliares de las residencias, los pacientes, los médicos, los conductores de las ambulancias, los taxistas, los bomberos, los jubilados, las cajeras, los transportistas, las amas de casa, los autónomos, los farmacéuticos… Todos. Todos juntos, de la mano. Todos en defensa de la Sanidad Pública. Todos contra el mal Gobierno. Y esta vez nada de batas blancas, ni de lazos amarillos, ni morados feministas, ni verde de los maestros. Todos de riguroso negro. De negro color de luto. De negro como las negras togas del Tribunal Supremo que os habrán de juzgar algún día. De negro como las negras bolsas de basura que se han de poner mis compañeros.

El Real Decreto por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 establece una serie de medidas “imprescindibles” para hacer frente a la misma y que, a la postre, suponen importantes restricciones en materia de derechos y libertades básicos.

Lo primero que me ha llamado la atención es que ésta declaración se haya hecho por Real Decreto y no por simple Decreto, que es lo único que exige el art. 116-2 de la Constitución (CE), así que no acabo de entender que pinta en todo esto el Jefe del Estado.

Ignoro por completo cual es la base científica que ampara dicha decisión, aunque es probable que no sea ninguna, porque, en definitiva, todo esto no es para proteger la salud de los ciudadanos sino para algo más prosaico como es evitar el colapso de los hospitales.

El virus en cuestión deambula impunemente por el país desde hace semanas, lo que no impidió que hace ocho días hubiese importantes concentraciones de personas para celebrar el día de la mujer, festividad que el gobierno no se atrevió a suspender por temor a la reacción de los movimientos feministas, lo que al final supuso el contagio de la ministra Irene Montero y de la esposa del presidente del gobierno, resultando sorprendente que el ministro Pablo Iglesias haya suspendido la cuarentena a la que estaba sometido por el estado de salud de su citada cónyuge para acudir al Consejo de Ministros en el que se decretó el estado de alarma. Sin comentarios.

A pesar de que el art. 35-1 CE dispone que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo y de que el art. 38 CE reconoce la libertad de empresa, garantizando y protegiendo su ejercicio y la defensa de la productividad, lo cierto es que este Real Decreto ordena el cierre al público de todo el comercio minorista, establecimientos de hostelería, restauración y ocio, etc., etc., salvo determinadas excepciones, pero limitando incluso la permanencia en aquellos cuya apertura se permite.

Esto va a tener un coste económico importantísimo para los dueños de estos negocios, pues el estado de alarma se ha decretado por plazo de quince días prorrogables, y mucho me temo que para algunos de ellos todo esto supondrá el cierre definitivo de los mismos. Sin embargo, este Real Decreto no contempla medida económica alguna para proteger a estos pequeños empresarios, porque al parecer en las siete horas que duró el Consejo de Ministros hubo importantes discrepancias al respecto entre sus variopintos miembros, por lo que todo esto ha quedado pospuesto para el martes. Ya veremos en que quedan esas medidas; yo me pongo en lo peor. Por el contrario, Alemania anunció ya el vienes 500.000 millones de euros (ampliables) con el fin de ofrecer liquidez ilimitada a las empresas para mitigar el impacto del coronavirus.

Pero si todo esto es gravísimo, por el impacto económico y personal que va a tener, más lo es la limitación a la libertad de circulación consagrada como derecho fundamental por el art. 19 CE.

Con esta limitación solo se permite a los ciudadanos deambular por las vías públicas para el ejercicio de determinadas actividades, que el propio Real Decreto enumera y entre las que, por cierto, no se encuentra, por mucho que ayer se haya empeñado en negarlo Pedro Sánchez en la rueda de prensa, la de sacar al perro a hacer sus necesidades, así que espero la reacción de los propietarios de los canes y de las asociaciones animalistas.

La chapuza legislativa es de tal envergadura que yo el lunes por la mañana, cumpliendo escrupulosamente con este Real Decreto, lo primero que tengo pensado hacer será ir a comprar el pan y el periódico, luego a cortarme el pelo, pasaré por la óptica a preguntar por mis nuevas gafas, acudiré al despacho a tratar de poner los asuntos al día y de regreso a casa me detendré en el estanco para proveerme de tabaco y en la farmacia para comprar la medicación habitual y finalmente en el supermercado para adquirir los imprescindibles alimentos y bebidas. Luego, por la tarde, me acercaré hasta la tintorería a recoger un traje, pasaré por la tienda de telefonía a cambiar la tarjeta del móvil y terminaré comprando la comida para el gato.

Pero, bromas aparte, la limitación a la libertad de circulación se asemeja muy mucho a la antigua pena de arresto domiciliario, hoy pena de localización permanente, pero en este país, que es un Estado de Derecho, las penas las imponen los Tribunales de Justicia y, además, la tutela judicial efectiva, que es otro derecho fundamental consagrado en el art. 24-1 CE, implica, entre otras garantías, que nadie pueda ser condenado sin haber tenido la oportunidad de ser oído y vencido en juicio.

No se me oculta que la Ley Orgánica nº 4/1981, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, establece en el apartado a) de su artículo once que la declaración del estado de alarma podrá acordar, entre otras medidas, “Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos” , pero aquí la medida adoptada por el Consejo de Ministros no se circunscribe a horas o lugares determinados sino que se extiende por el plazo de quince días prorrogables a todo el territorio nacional sin excepción.

Pero si lo anterior es cierto también lo es que el art. 25-3 CE, que en la jerarquía de normas está por encima de las leyes orgánicas, dispone textualmente que “La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad”; y resulta que la pena de localización permanente, que como ya dije es a lo que en la práctica más se asemeja la medida de limitar la libre circulación, está clasificada en el vigente Código Penal como una pena privativa de libertad.

Dudo por tanto de la constitucionalidad de la medida del Real Decreto que restringe la libre circulación.

Y, por último, estoy absolutamente convencido de que unas medidas de esta trascendencia para la economía y para las personas solo las pueden imponer los partidos de izquierdas; jamás se atreverían Casado, Arrimadas o Abascal a aplicar unas restricciones de semejante envergadura por aquello de que en España la derecha es prisionera de su “pecado original”.

Esto es lo que hay.