La Asturias «oficial»

/2 Comentarios/en /por Mario Gómez Marcos (Cangas del Narcea, 1960 - 2023)

Hace unos días escribí aquí La «otra” Asturias para referirme a esa enorme telaraña de tenderetes y chiringuitos tejida alrededor de la Administración autonómica y que engloba en total más de 30 fundaciones, sociedades y consorcios públicos que marchan prácticamente al margen de esta.

Pero tengo que advertir que en aquella relación no se incluyeron empresas públicas como las siguientes:

  • Sociedad para la Gestión y Promoción del Suelo S.A. (SOGEPSA);
  • Sociedad Mixta Centro de Transportes de Gijón S.A.;
  • Sociedad Mixta Ciudad Asturiana del Transporte S.A.;
  • Avilés Isla de la Innovación S.A.;
  • Gijón al Norte S.A.;
  • Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias S.A. (ZALIA); y
  • Radiotelevisión del Principado de Asturias S.A. (RTPA).

Como se ve, es más que evidente que a los políticos no les duelen prendas a la hora de gastar el dinero de todos.

Señalé igualmente entonces que Asturias es una comunidad autónoma uniprovincial de apenas un millón de habitantes y que, en el año 2019, es decir, antes de desatarse la crisis del COVID-19, ya tenía una tasa del 14% de desempleados, otro porcentaje similar en riesgo de pobreza y más de un 25% de su población superaba los 64 años.

Y también puse de relieve en aquella entrada que los presupuestos de la Administración del Principado para este año 2020 alcanzan la friolera de los cuatro mil setecientos cincuenta y siete millones doscientos setenta y tres mil setecientos cuarenta y cinco euros (4.757.273.745 €), que se dice pronto, y que son casi ochocientos mil millones de las antiguas pesetas, pero la verdad es que no me extraña, viendo lo derrochadora que nos ha salido la clase política.

Desde el año 2019, en que Don Adrián Barbón Rodríguez (para mi “Adrián el de la muda”) fue investido presidente del Principado, la estructura orgánica de nuestra Administración autonómica consta de los correspondientes órganos supremos, que son:[1]

  • Presidencia.
  • Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático.
  • Consejería de Presidencia.
  • Consejería de Hacienda.
  • Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica.
  • Consejería de Educación.
  • Consejería de Salud.
  • Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.
  • Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca.
  • Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo.
  • Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad.

En total, pues, la presidencia y 10 “ministerios”, todos ellos regulados minuciosamente por los Decretos 77/2019 a 87/2019, ambos inclusive, publicados en el BOPA 3/09/2019.

Pero si tomamos al azar una Consejería cualquiera, por ejemplo la de Presidencia, que es una especie de cajón de sastre que aparentemente no tendría por qué tener mucho contenido, pues ya existe la Presidencia propiamente dicha (que cuenta a su vez con sus propios gabinetes, asesores, etc., etc.), nos topamos de bruces con la siguiente estructura orgánica “básica”:[2]

1. Consejero:

1.1. Gabinete (cuatro miembros).

1.2. Consejo de Dirección.

2. Secretaría General Técnica:

2.1. Servicio de Asesoramiento Jurídico Administrativo.

2.2. Servicio de Asuntos Generales.

2.3. Servicio de Contratación.

3.1. Viceconsejería de Justicia:

3.1.1. Servicio de Relaciones con la Administración de Justicia.

3.1.2. Servicio de Apoyo Administrativo a la Administración de Justicia e Infraestructuras Judiciales.

3.1.3. Servicio de Justicia del Menor.

3.2. Dirección General de Sector Público, Seguridad y Estrategia Digital:

3.2.1. Servicio de Interior.

3.2.2. Servicio de Infraestructuras TIC.

3.2.3. Servicio de Desarrollo de Aplicaciones.

3.2.4. Servicio de Seguridad.

3.2.5. Servicio de Procesos Administrativos.

3.3. Dirección General de Función Pública:

3.3.1. Servicio de Atención de Personal.

3.3.2. Servicio de Gestión Económica de Personal.

3.3.3. Servicio de Relaciones laborales.

3.3.4. Servicio de Ordenación de Recursos Humanos.

3.3.5. Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

3.3.6. Inspección General de Servicios.

4. Dirección General de Administración Local:

4.1. Servicio de Relaciones con las Entidades Locales.

4.2. Servicio de Cooperación y Desarrollo Local.

5. Dirección General de Emigración y Memoria Democrática:

5.1. Servicio de Emigración.

5.2. Instituto de la Memoria Democrática del Principado de Asturias.

6. Dirección General de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030:

6.1. Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos, Documentación y Participación Ciudadana.

6.2. Servicio de Atención Ciudadana.

Los hasta aquí enumerados son los órganos centrales, pero también existen los órganos desconcentrados, a saber:

7. Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” (con rango de dirección general):

7.1. Secretaría Genera.

7.2. Servicio de Formación.

7.3. Servicio de Selección.

7.4. Escuela de Seguridad Pública.

8. Instituto de la Memoria Democrática del Principado de Asturias.

9. Instituto Asturiano de la Juventud (con rango de dirección general):

9.1. Servicio de Juventud.

10. Agencia Asturiana de Cooperación y Desarrollo (con rango de dirección general).

También están adscritos a esta misma Consejería los organismos que a continuación relaciono:

11. Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA);

11.1. Área 112 Asturias y Protección Civil.

11.2. Área Bomberos de Asturias.

11.3. Servicio Jurídico-Económico y Administrativo.

12. Consejo de la Juventud del Principado de Asturias;

13. Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos;

14. Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Principado de Asturias; y

15. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias.

Pero si con todo lo anterior no hubiera suficiente, que parece ser que no, esta Consejería cuenta también con órganos de asesoramiento y apoyo, como son:

  • Comisión Superior de Personal;
  • Comisión paritaria de formación local del Principado de Asturias;
  • Comisión de Coordinación de las Policías Locales;
  • Consejo Asesor de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas del Principado de Asturias;
  • Comisión técnica de expertos para la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura;
  • Consejo de la Memoria Democrática del Principado de Asturias;
  • Consejo Asturiano de Cooperación al Desarrollo;
  • Comité de Estrategia Digital y de Seguridad de la Información del Principado de Asturias;
  • Comisión de Comunicación Institucional; y
  • Comisión de Protección Civil del Principado de Asturias.

Y tienen igualmente relación con la Consejería que nos ocupa:

  • Consejo de Comunidades Asturianas, del que a su vez depende la Oficina de Relaciones con las Comunidades Asturianas; y
  • Comisión Asturiana de Administración Local.

¡¡¡ Dios mío, qué nervios !!!. ¿Se me habrá olvidado algo?

La sofisticación administrativa socialista, la verdad es que impresiona a cualquiera: todo regulado milimétricamente y hasta el más mínimo detalle. Aunque el lector atento se habrá percatado de que existen duplicidades, solapamientos … pero no hay que preocuparse, todo sea por la causa.

Y me pregunto yo: ¿si esta es la estructura orgánica “básica” de la Consejería de Presidencia, cómo será la estructura completa?. No quiero ni pensarlo.

Todo esto, en una sola Consejería de las diez que hay en total en el Principado de Asturias, presidencia aparte, así que póngase el lector a imaginar todo el “tinglao” en su conjunto.

El conglomerado de direcciones generales, servicios, institutos, consejos, comisiones, consorcios, etc., etc., no es que me parezca excesivo, es que me resulta completamente exagerado y desproporcionado, mírese como se quiera, y mucho más tratándose de Asturias, una comunidad autónoma uniprovincial, de apenas un millón de habitantes, que lleva años en franca regresión económica y sin visos de recuperarse.

Y no pasa nada, ya lo he dicho más veces, la clase política ha resucitado, aunque de una manera obscena y provocadora para el resto de los mortales, una novedosa versión del mito de las dos “Españas”: la suya y la de los demás.

Pero ahora, con la que se nos viene encima, y yo creo que, para quedarse, ¿seremos capaces de mantener todo esto o habrá que volver a subir impuestos y recortar pensiones?

¡¡¡ Ay de mi güey !!!

PD. Por esa manía mía de que todo se explica desde Cangas, quiero destacar que los puestos anteriormente identificados bajo los nº 3.1.1 – 6.2 – 9 y 11 están bajo la responsabilidad de personas (tres mujeres y un hombre, para más señas) nacidas, residentes o familiarmente relacionadas con este concejo, personas contra las que obviamente no tengo nada y a las que deseo francamente todo lo mejor.

[1] Decreto 13/2019, de 24 de julio (BOPA 25/07/2019).

[2] Decreto 79/2019, de 30 de agosto (BOPA 3/09/2019).

COVID-19: políticos, pensionistas y empleados públicos

/2 Comentarios/en , , /por Mario Gómez Marcos (Cangas del Narcea, 1960 - 2023)

No descubriré nada diciendo que la pandemia provocada por esta nueva variedad del coronavirus está arrasando con todo lo que encuentra a su paso salvo, de momento, con los políticos, los pensionistas y los empleados públicos.

Lo de los políticos, me parece una verdadera indecencia que la crisis no les esté afectando absolutamente para nada. Ellos siguen cobrando sus retribuciones, e incluso sus dietas, sin ni siquiera acudir a sus “puestos de trabajo”, resucitando así, de una manera grosera e insultante, una novedosa versión del mito de las dos “Españas”: la suya y la de los demás.

De los pensionistas, me refiero a los que ya no pueden trabajar porque se lo prohibe la ley, nada tengo que decir porque, en la mayoría de los casos, bastante tienen sobreviviendo con lo poco que les paga la Seguridad Social, que vergüenza tenía que darnos a todos.

Ahora bien, lo de los empleados públicos (salvo los sanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y todos aquellos que durante los momentos mas duros del estado de alarma han estado siempre al pie del cañón), está dando lugar a una situación que exige una reacción ciudadana, al menos por dos razones fundamentales: porque provoca un anormal funcionamiento de los servicios públicos y por el agravio comparativo que su estatus supone respecto de los empleados privados.

Hace unas semanas, aprovechando la cantidad de tiempo libre que me está dejando el estado de alarma, decidí hacer un muestreo telefónico en las administraciones estatal, autonómica y local. Y de todas las personas por las que pregunté, en las tres oficinas a las que me dirigí, ninguna de ellas se encontraba en su puesto de trabajo porque, según me dijeron los interlocutores, todas estaban “teletrabajando”.

Sobre el trabajo a distancia ya me pronuncié aquí en anterior ocasión (“A vueltas con el teletrabajo”) y a lo que entonces escribí remito ahora al lector para evitar reiteraciones.

Esto es otra impudicia. Porque no es que los empleados públicos tengan o no en sus domicilios equipos informáticos susceptibles de servir para el trabajo a distancia, de lo que albergo mis más serias dudas, es que las Administraciones públicas carecen por completo de sistemas de funcionamiento normalizados mínimamente adecuados para desarrollar el “teletrabajo” que, en consecuencia, lo que en la práctica está suponiendo no es más que un absentismo laboral puro y duro, impensable en el caso de los empleados privados.

Con motivo de la pandemia, en las Administraciones públicas se ha dejado de trabajar o, en el mejor de los casos, se está trabajando muy poco. Así como suena.

Y las consecuencias de este desbarajuste administrativo las estamos sufriendo todos los ciudadanos y las podremos comprobar de primera mano cuando la situación se normalice y el retraso endémico de nuestras Administraciones públicas vuelva a aflorar.

Porque, con la mayoría de las oficinas cerradas al público y sus empleados “trabajando” en casa, después de dos meses desde que se decretó el estado de alarma no deberían de existir tareas pendientes y todo tendría que estar perfectamente al día, pero estoy más que convencido de que no será así y de que no seguiremos como siempre sino incluso peor, bastante peor. Al tiempo.

Pero ya no es solo el trabajo a distancia. Es que, sin ir más lejos, el otro día me encontré en el supermercado a un empleado público en horario laboral quien, ante mi sorpresa, me espetó sin ningún rubor que en su oficina estaban trabajando a turnos: una semana uno y otra semana su compañero. Y se quedó tan campante. Para mí, unas vacaciones a costa del erario.

No dudo de que entre la legión de empleados públicos habrá muchos que estén trabajando ahora tanto o incluso más que antes, qué menos, pero también estoy seguro de que, por desgracia, esos son minoría.

Numerosos empleados privados están actualmente en casa por haber sufrido un ERTE, pero como las Administraciones públicas no pueden hacer ese tipo de regulaciones laborales, porque la ley no se lo permite (“Empleados públicos: cosas veredes”), entonces para muchos de sus empleados se han inventado el “teletrabajo” o los turnos de trabajo. ¡¡¡Total, qué más da, si al final sus sueldos los pagamos todos!!!.

Y a mí, que en el siglo XXI siga existiendo esta discriminación entre empleados públicos y empleados privados, y no lo digo solo por lo de los ERTE, me resulta odioso e intolerable.

¡¡¡Ay de mi güei!!

Un diputado, dos diputados, tres diputados …

/1 Comentario/en /por Mario Gómez Marcos (Cangas del Narcea, 1960 - 2023)

No piense el amable lector que estamos en “Barrio Sésamo”, en absoluto, sino ante un tema que revela una vez más como se las gastan nuestros políticos en lo tocante a la mamandurria.

En la Junta General del Principado de Asturias, que por si alguien no lo recuerda es el órgano legislativo de esta Comunidad Autónoma, la normativa siempre exigió que para tener un grupo parlamentario propio cada formación política debía de contar con un mínimo de tres diputados.

En este parlamento regional, en el que dicen que es donde reside la soberanía popular asturiana, cada grupo parlamentario percibe una asignación fija de 19.680 euros al mes para su “funcionamiento”, más una variable de 2.500 euros mensuales por cada diputado (la cámara la componen un total de 45), así que vaya el lector haciendo números teniendo en cuenta que los sueldos, dietas, etc. de los diputados van aparte.

En las últimas elecciones autonómicas (2019) resultó que FORO, IU y VOX solo obtuvieron dos diputados cada uno, con lo cual no podían formar grupo parlamentario propio, sino que todos los diputados de las tres formaciones debían de integrarse en el denominado grupo mixto.

Sin embargo, por aquello de que “entre bomberos no se pisan la manguera”, el pasado mes de septiembre esos tres partidos consiguieron, con el voto favorable del PSOE y la abstención de PODEMOS, la reforma “exprés” de la normativa interna, reduciendo a dos el requisito de los tres diputados, de suerte, nunca mejor dicho, que a partir de entonces todos tienen grupo parlamentario propio: PSOE (20 diputados), PP (10 diputados), CIUDADANOS (5 disputados), PODEMOS (4 diputados), FORO (2 diputados). IU (2 diputados) y VOX (2 diputados).

Y aquí todos felices y contentos. El parlamento asturiano se ha convertido así en el primero de España en permitir la constitución de grupos de tan solo dos diputados.

Como asturiano que soy, me emociona profundamente ver cómo todos estos partidos proclives a la indicada reforma (unos votándola a favor y otro absteniéndose para no obstaculizarla), pese a estar ideológicamente tan distantes entre sí y tener discursos tan diferentes, rápidamente se ponen de acuerdo cuando se trata … de sus “garbanzos”.

Mientras tanto a los ciudadanos nos entretienen deleitándonos con sus broncas y eternas discusiones sobre el ancho de las vías de la famosa variante de Pajares, obra ésta interminable, pero de la que vengo oyendo habar a los políticos desde mi más tierna adolescencia (y ya llovió).

Pero, dejando a un lado los sueldos, dietas etc. de cada diputado, que eso ya sabe el lector que se computa aparte, lo cierto es que desde la entrada en vigor de dicha reforma los partidos FORO, IU y VOX reciben de las arcas públicas, además de las asignaciones anteriormente citadas (19.680 euros/mes por grupo y 2.500 euros/mes por diputado), otros 72.400 euros al año cada uno, aumentando así la dotación para poder contratar mayor número de “asesores y personal de apoyo”, que es como en la Junta General se denomina eufemísticamente a los enchufados (en la actual no lo sé seguro, pero en la legislatura anterior hubo 48 “asesores” para 45 diputados).

El presupuesto 2020 del parlamento regional asturiano es de un total de 15.119.000 euros, de los cuales 2.632.000 euros son para diputados, 3.585.000 euros para personal y, ¡¡¡ ojo al dato !!!, 2.071.000 euros para “asesores”.

Pues bien, la bromita en cuestión, la de que todos los partidos tengan su propio grupo parlamentario, nos va a costar a los asturianos, en los cuatro años de legislatura, casi otros dos millones de euros más de lo previsto.

Y suma y sigue.

¡¡¡ Son unos sinverguenzas !!!

La «otra» Asturias

/0 Comentarios/en /por Mario Gómez Marcos (Cangas del Narcea, 1960 - 2023)

En una entrada anterior (“Los limosneros piden limosna”) escribí que los presupuestos generales de la Administración del Principado de Asturias para el año 2020 ascendían nada menos que a los cuatro mil setecientos cincuenta y siete millones doscientos setenta y tres mil setecientos cuarenta y cinco euros (4.757.273.745 €), que se dice pronto, y que son casi ochocientos mil millones de las antiguas pesetas.

El lector pensará que ese dinero es para pagar las retribuciones de los empleados autonómicos (que son unas 36.000 almas) y los demás gastos propios de cualquier Administración Pública. Totalmente cierto.

Pero lo que no sabe el ingenuo lector es que, además de esos gastos, con dichos presupuestos también se hace frente a los devengados por el Real Instituto de Estudios Asturianos, el Museo Etnográfico de Grandas de Salime, el Ente Público de Servicios Tributarios, el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (“SEPA”), el Consejo de Transparencia y Bueno Gobierno, el Centro Regional de Bellas Artes, la Orquesta Sinfónica del Principado (“OSPA”), el Consejo de la Juventud, la Comisión Regional del Banco de Tierras, los Establecimientos Residenciales para Ancianos (“ERA”), el Servicio de Salud del Principado (“SESPA”), la Junta de Saneamiento y el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (“SERIDA”).

Todo ello por la módica suma de dos mil ciento setenta y cinco millones trescientos sesenta y siete mil doscientos setenta y dos euros (2.175.367.272 €) al año, que son más de trescientos sesenta mil millones de las antiguas pesetas.

Hasta aquí todo correcto, vamos a decir.

Pero la cosa no queda ahí, ¡¡¡ sólo faltaría !!!. Porque con cargo a los presupuestos asturianos se costean, asimismo:

  • Fundación Asturiana de Atención a Personas con Discapacidad (“FASAD”);
  • Fundación Comarcas Mineras (“FUCOMI”);
  • Fundación Fomento Economía Social (“FFES”);
  • Fundación Asturiana de la Energía (“FAEN”);
  • Fundación Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (“SASEC”);
  • Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer-Principado de Asturias;
  • Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (“FICYT”);
  • Fundación La Laboral, Centro de Arte y Creación Industrial;
  • Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (“IDEPA”); y
  • Consorcio de Transportes de Asturias (“CTA”).

Esto cuesta otros ciento cuatro millones novecientos noventa y cinco mil trescientos ochenta y seis euros (104.995.386 €) al año, que son casi diecisiete mil millones y medio de las antiguas pesetas.

A mayor abundamiento, los referidos presupuestos se hacen cargo igualmente de:

  • Sociedad Regional de Recaudación del Principado de Asturias S.A.;
  • Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales S.A.U. (“SADEI”);
  • Sociedad Inmobiliaria del Real Sitio de Covadonga S.A.;
  • Hostelería Asturiana S.A. (“HOASA”);
  • Inspección Técnica de Vehículos de Asturias S.A.U. (“ITV”);
  • Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias S.A. (“SRP”);
  • Sedes, S.A.;
  • Viviendas del Principado de Asturias, S.A. (“VIPASA”);
  • Empresa Pública Sociedad de Servicios del Principado de Asturias, S.A. (“SERPA”);
  • Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U.;
  • Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U. (“GISPASA”);
  • Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias, S.A. (“ASTUREX”);
  • Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, S.A. (“GITPA”);
  • S.P. Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, S.A.U. (“RECREA”);
  • Radiotelevisión del Principado de Asturias, SAU (“RTPA”);
  • Albancia, S.L.; y
  • SRP Participaciones, S.L.

Este apartado tiene un coste de doscientos millones cincuenta y nueve mil treinta y dos euros (200.059.032 €) al año, que son más de treinta y tres mil millones de las antiguas pesetas.

Pero si todo lo hasta aquí expuesto no fuera suficiente, y porque en Asturias somo así de “grandones”, resulta que con los repetidos presupuestos se sufragan igualmente:

  • Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamiento (“CADASA”);
  • Consorcio Gestión residuos Sólidos de Asturias (“COGERSA”);
  • Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos (“CAST”); y
  • Consorcio Interautonómico «Parque Nacional de los Picos de Europa».

Esto supone otros cuarenta y cinco millones trescientos treinta mil doscientos ochenta euros (45.330.280 €) al año, que son más de siete mil millones y medio de las antiguas pesetas.

La “otra” Asturias, compuesta por todas esas fundaciones, sociedades y consorcios que acabo de enumerar (¿chiringuitos?) y que integran el denominado sector público autonómico, nos cuesta en total a los asturianos la friolera de trescientos cincuenta millones trescientos ochenta y cuatro mil seiscientos noventa y ocho euros (350.384.698 €) al año, esto es, cincuenta y ocho mil doscientos noventa y nueve millones ciento ocho mil trescientos sesenta y una pesetas. ¡¡¡ Total nada !!!

Me permito recordarle al lector que Asturias tiene una población que tan solo ronda el millón de habitantes y que, en el año 2019, es decir, antes de desatarse la crisis del COVID-19, ya tenía una tasa del 14% de desempleados, otro porcentaje similar en riesgo de pobreza y más de un 25% superaba los 64 años.

El escenario es muy poco alentador, la verdad sea dicha; pero, como diría el otro, “¿será por perres, hó?”.

Así las cosas, ¿seguimos subiendo impuestos, reducimos pensiones y otras prestaciones oficiales o procedemos (de una vez por todas) a reestructurar el sector público y recortar gastos?.

Los limosneros piden limosna

/1 Comentario/en /por Mario Gómez Marcos (Cangas del Narcea, 1960 - 2023)

Aunque lo parezca, el título no es ningún trabalenguas sino la triste realidad.

Siéntese el amable lector, porque lo que voy a contar a continuación puede provocar vahídos y desvanecimientos, al menos entre los ciudadanos de bien.

El Principado de Asturias, con una población que ronda el millón de habitantes, tiene un presupuesto para el presente año 2020 que asciende a la friolera de cuatro mil setecientos cincuenta y siete millones doscientos setenta y tres mil setecientos cuarenta y cinco (4.757.273.745,00) euros.

En medio de éste “tinglao”, los sueldos de los gerifaltes autonómicos son de 67.776,68 euros anuales, en el caso del Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno del Principado, y de 58.130,32 euros anuales, en el de los secretarios generales técnicos, directores generales y “altos cargos” asimilados, cantidades éstas que no incluyen las cotizaciones a la Seguridad Social (que superan el 40% de los sueldos) ni, por supuesto, las dietas y los gastos de representación y protocolarios, que tampoco son broma.

Pues bien, en este escenario “idílico”, resulta que la Administración autonómica ha abierto una cuenta bancaria para recibir donaciones de particulares destinadas a la lucha contra el COVID-19, así como suena, porque, según ha declarado tan alegre el presidente del gobierno asturiano (otro con la hoja laboral en blanco), si bien el ejecutivo autonómico siempre ha defendido y defiende que los servicios públicos se tienen que financiar con los impuestos, la magnitud de la pandemia y el coste económico que se está generando, ha obligado a decantarse por habilitar una cuenta bancaria y recabar ayuda privada. Y aquí no pasa nada.

Don Adrián “el de la muda”, que, sin ir más lejos, promete 400,00 euros por cada autónomo moribundo (por cada trabajador por cuenta propia que se encuentre en los estertores de la muerte empresarial), tiene la desfachatez de ponerse ahora, cuando ni siquiera ha comenzado a pagar dichas “ayudas”, a pedir donativos para sufragar los gastos de la pandemia.

Sintetizando: el que ofrece limosnas pide a su vez limosnas. Puro trilerismo.

El limosnero, que tiene un sueldazo de 67.776,68 euros al año, más seguros sociales, que reside en una casa y se traslada en un vehículo que son de todos nosotros, que desayuna, come y cena (y, por su corpulencia, supongo que también picará algo entre horas) a costa del erario y que, además, por si todo ello no fuera suficiente, percibe las dietas y los gastos de representación y protocolarios, no tiene el más mínimo empacho en salir a los medios a solicitar la ayuda de los ciudadanos para combatir la pandemia del COVID-19.

Una Administración autonómica, cuyo presupuesto es de casi ochocientos mil millones de las antiguas pesetas, que se dice pronto, acude a la limosna para sufragar los gastos públicos.

Sí, el lector ha entendido bien: nada de recortes ni de reajustes ni de apretarse el cinturón, solo faltaba; nada de rebajar sueldazos ni de suprimir prerrogativas y prebendas, hasta ahí podíamos llegar. Eso ni tocarlo, eso inamovible.

Y en estas circunstancias, con semejantes sueldos y tamaño presupuesto, ante una emergencia sanitaria, la clase política solicita impertérrita la ayuda directa de los ciudadanos. Un pitorreo en toda regla.

Está claro: la crisis es del pueblo, no de los políticos; por consiguiente, que la paguen los de a pie.

¡¡¡ Son unos sinvergüenzas !!!

Pensiones no contributivas y ayudas a los autónomos

/2 Comentarios/en , /por Mario Gómez Marcos (Cangas del Narcea, 1960 - 2023)

He estado echando una ojeada en la página web de la Seguridad Social y me encuentro con las denominadas “pensiones no contributivas”, que son prestaciones económicas que se reconocen a aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad protegible, carezcan de recursos suficientes para su subsistencia en los términos legalmente establecidos, aun cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo, distinguiéndose a éste respecto entre:

  • pensión de invalidez, que asegura a todos los ciudadanos en situación de invalidez y estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva; y
  • pensión de jubilación, que asegura a todos los ciudadanos mayores de 65 años y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva.

El importe mínimo de ambas pensiones para el año 2020 es de 5.538,40 euros a abonar en doce mensualidades más dos pagas extraordinarias al año, es decir, 395,60 euros al mes.

Me parece muy bien la política del pomposamente llamado Estado del Bienestar.

Pero aparte estamos los autónomos, que hemos venido cotizando y tributando regularmente a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública todos estos años, para los que ahora las Administraciones autonómica y local han previsto unas ayudas con el fin de que, según dicen ellas, podamos afrontar los gastos fijos de funcionamiento derivados de la titularidad, ejercicio y desarrollo de un negocio o actividad comercial, que se haya suspendido como consecuencia del estado de alarma, para lograr que, una vez finalizado el período de cierre obligatorio dictado por el Gobierno de España, se produzca, lo antes posible, la reanudación de nuestra actividad económica.

Qué bonito suena todo esto !!!

Pero la realidad no solo es bien distinta sino que podríamos calificarla hasta de cruel: las Administraciones autonómica y local nos despachan ahora a los autónomos, los que hemos cotizado y tributado al erario,  con una ayuda única por todos los conceptos de 400,00 euros, en el caso -ya aprobado- por el Principado de Asturias, o de 300,00 euros, en el caso -todavía sin aprobar- del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, ayudas ambas que, además, son incompatibles entre sí.

Dicho en otras palabras: las Administraciones autonómicas y local, ahora que ha llegado la crisis del COVID-19, se desentienden de los autónomos con una ayuda única cuyo importe es prácticamente igual al de una sola mensualidad de cualquiera de ambas pensiones no contributivas (las que se conceden a los que no han cotizado a la Seguridad Social ni tributado a la Hacienda Pública), con la importantísima diferencia de que éstas pensiones son, en principio, de carácter indefinido, en tanto que la ayuda a los autónomos es, insisto, una y única.

Y mientras tanto los políticos tan campantes, pues siguen percibiendo sus emolumentos como si aquí no pasara nada, ajenos por completo a la crisis de la pandemia, porque se trata de un problema que al parecer a ellos no les afecta.

Por eso ya no volveré nunca a decir aquello de que ¡¡¡ no tienen vergüenza !!! sino que de ahora en adelante afirmaré rotundamente que ¡¡¡SON UNOS SINVERGUENZAS!!!.

De limosnas y limosneros

/1 Comentario/en , /por Mario Gómez Marcos (Cangas del Narcea, 1960 - 2023)

No hace ni un mes cuando, en una entrada anterior (“Los autónomos”), me comprometí a volver un día a tratar aquí sobre las ayudas previstas para los autónomos por parte del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Cangas del Narcea.

Decía yo entonces que, según el último censo del Ministerio de Trabajo, a finales del año 2019 en España había un total de 3.283.224 autónomos, es decir, trabajadores por cuenta propia, que, junto con las pymes, constituimos más del 90% del tejido productivo del país y, por tanto, somos el motor de la actividad y el empleo en España o, más gráficamente, la columna vertebral de la economía nacional.

No creo descubrir nada nuevo si digo que, como han reconocido todas las Administraciones Públicas, la declaración del estado de alarma ha obligado a muchos autónomos a cerrar sus negocios o suspender su actividad, urgiendo por tanto prestarles un apoyo económico que les permita afrontar la situación en mejores condiciones y, a los que sobrevivan, reanudar su actividad una vez superada la crisis sanitaria.

En el ámbito de la comunidad autónoma del Principado de Asturias se dictó el Decreto 12/2020, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, que establece que el crédito máximo disponible para la financiación de las ayudas a conceder a los autónomos es de 4.000.000 de euros y que la subvención a percibir por los beneficiarios será de un pago único y total por la cantidad de 400,00 euros, “… importe a tanto alzado teniendo en cuenta los gastos fijos de funcionamiento, entre los que se incluyen los de alquiler del local o gastos hipotecarios derivados de su compra, cuotas mínimas de suministros de electricidad, combustibles, agua, telefonía y conexión a Internet, seguridad, gastos de asesoría fiscal y contable, seguros, publicidad y redes sociales, gastos financieros, adquisición y mantenimiento de software entre otros.”

No sé cuántos autónomos me seguirán, pero estoy seguro de que los que lo hagan se morirán de risa (más bien de pena) al leer los términos de esta disposición autonómica.

Por eso ya entonces advertí de que lo que necesitábamos urgentemente en España eran políticos que supieran de verdad lo que es una empresa y el mundo real, gente que alguna vez hubiera pagado una nómina o pedido un crédito a un banco o tratado con proveedores o, en definitiva, atravesado la incertidumbre de abrir cada mañana la puerta de un negocio.

Y como, lamentablemente, estas personas que tanto necesitamos ni están ni se les espera, pues nos encontramos ante esta tomadura de pelo de la que, para muestra, bien vale un botón. Porque cuando en el mes de julio de 2019 fue investido como Presidente del Principado de Asturias, Don Adrián Barbón, hoy conocido como “Adrián el de la muda”, procedió a remodelar su ejecutivo con dos nuevas consejerías, tres nuevas viceconsejerías, etc., etc., esta renovación, absolutamente superflua e innecesaria y mucho más en éstos tiempos de crisis, según toda la prensa regional tendrá un coste de más de 1.000.000 de euros anuales.

Luego, descendiendo a la cruda realidad, resulta que este “apoyo económico” tiene un crédito máximo que solo cuadriplica lo que supuso remodelar el gobierno autonómico y que además se traduce en ayudas por un importe nominal, único y total de 400,00 euros, es decir, prácticamente lo mismo que percibe diariamente un eurodiputado (no de sueldo, que eso va aparte) en concepto de dieta de alojamiento.

Resumiendo: el Principado se quita del medio a los autónomos mediante una ayuda total y única de 400,00 euros por todos los conceptos.

Pero si ahora dejamos la Administración autonómica y nos vamos a la local, resulta que el Ayuntamiento de Cangas está “prometiendo” a los autónomos (y digo prometer porque 44 días después de decretarse el estado de alarma todavía no hay nada aprobado) unas líneas de ayudas directas por importe total de 150.000 euros, según ha publicado la prensa, porque la triste realidad es que en la página web del ayuntamiento no hay la más mínima información al respecto.

Según lo manifestado por el alcalde-abogado a un diario regional tales ayudas serán asignadas mediante dos líneas: una de 350 euros, para aquellos negocios obligados al cierre (supongo que esta ayuda será para pagar una corona de flores con la leyenda R.I.P.); y otra de 300 euros, para quienes hayan mantenido su actividad, pero su facturación se haya reducido en un 75% o más en el mes de abril (esta ayuda ya no es para los muertos, como la anterior, sino para los moribundos).

Ambas cantidades, al igual que ocurre con la del Principado, son ayudas por importes nominales, únicos y totales, es decir, se pagan una vez y punto, lo que resulta insultante porque, como ya he dicho aquí en reiteradas ocasiones, los salarios y seguros sociales de los cuatro concejales liberados en el Ayuntamiento de Cangas suponen más de 200.000 euros al año (lo que en los cuatro años de mandato supera los 800.000 euros), es decir, que el coste del equipo de gobierno municipal en un año ya es bastante superior al total de las ayudas previstas por todos los conceptos para el conjunto de los autónomos del concejo.

Y esto es a lo que el alcalde-abogado denomina consolidar las empresas y ayudarlas a paliar las consecuencias de esta crisis.

Pero la perversión de estos individuos no tiene límites y su desfachatez menos: las ayudas autonómicas y locales son incompatibles, es decir, solo se puede optar por una o por otra pero no simultanear ambas.

¿Será por eso por lo que las ayudas del Ayuntamiento son mas bajas que la del Principado? No quiero ni pensarlo.

En fin, lo dicho tantas veces, ¡¡¡no tienen vergüenza!!!.

«… y los sueños, sueños son.»

/2 Comentarios/en /por Mario Gómez Marcos (Cangas del Narcea, 1960 - 2023)

Esta noche tuve un sueño.

Soñé con un “portal de transparencia” de la Administración Pública (estatal, autonómica y local) en el que los ciudadanos de a pie, de un solo “click” como se dice ahora, pudiéramos conocer en cualquier momento:

  • la relación alfabética y pormenorizada de todos los empleados públicos (políticos incluidos), con detalle de sus puestos de trabajo, ubicación física, formación académica, categoría profesional y modo de acceso al empleo, así como con especificación de sus retribuciones económicas por todos los conceptos (salarios, pluses, primas, dietas, indemnizaciones, prestaciones en especie, etc., etc.); y
  • la misma identidad respecto de todas las personas, tanto particulares como empresas, que ostentasen la condición de contratistas, proveedores, etc., con expresión de las cantidades que en cada momento “recolectan” del erario también por cualquier concepto.

Y pensaba yo en mi fantasía que, mientras este tipo de medidas tan sumamente higiénicas no se adoptasen, no solo no tenía por qué creerme nada de buenas prácticas administrativas ni de transparencia ni de gestión eficiente ni de ahorro, sino que estaba en mi perfecto derecho a seguir especulando con la permanente presencia de la corrupción y sus inevitables secuelas, pues no era de recibo que pleno siglo XXI, con la que está cayendo y con los medios técnicos de los que hoy se dispone, los ciudadanos no pudiéramos conocer en todo momento datos tan elementales como estos.

Durante el sueño apareció de pronto en escena Don Adrián Barbón (“Adrián el de la muda”), otro profesional de la política con la hoja laboral en blanco que no tiene el mas mínimo empacho en ofrecer a los moribundos autónomos asturianos una ayuda única por todos los conceptos de cuantía económica similar a la dieta diaria para alojamiento que percibe cada eurodiputado (incluidos los del PSOE), quien rápidamente me opuso la imposibilidad de acceder a mi alucinación por el rigor de la legislación sobre protección de datos, contestándole yo, ingenuamente, que entre la información pública y la intimidad de las personas, siempre tendría que prevalecer aquella, máxime tratándose del dinero de todos; a lo que añadí que, si preciso fuera modificar esa normativa, pues adelante con la reforma, aprovechando entonces para recordarle que en el año 2011, y en prácticamente una semana, se había modificado nada menos que el art. 109 de la Constitución a instancia precisamente del PSOE, cuya entrada en vigor, sin embargo, no tendría lugar hasta muchos años después.

Trataba yo de razonar que si la Administración, fundamentalmente a través de sus servicios tributarios, sabía prácticamente todo lo habido y por haber sobre las personas, lo que me parecía perfecto, lo justo y lógico sería estar a la recíproca y que los ciudadanos pudiéramos conocer también en todo tiempo cómo se repartían los recursos públicos entre los particulares.

Pero en éstas, el Sr. Barbón hizo mutis por el foro al asomar su coche oficial, con escolta y todo, para, saltándose el arresto domiciliario, trasladarse a Laviana a recoger una “muda”.

Y en ese momento fue cuando desperté sobresaltado y reparé en aquello de que “… y los sueños, sueños son”. [i]

[i] Monólogo de Segismundo, en “La vida es sueño”, de Pedro Calderón de la Barca (1600-1681).

Los Fondos Mineros

/1 Comentario/en , /por Mario Gómez Marcos (Cangas del Narcea, 1960 - 2023)

El dinero que llovió en Asturias gracias al Plan del Carbón (4.484 millones de euros) fue una millonada, gestionada por los gobiernos central y autonómico, y los propios sindicatos mineros, que tendría que haber servido para la reindustrialización de las comarcas mineras y la sustitución del carbón por otras actividades productivas.

Sin embargo, nada de ello se produjo. Las inversiones se dedicaron a alimentar la corrupción con infraestructuras y servicios en gran parte perfectamente prescindibles y, lo que es peor, hoy económicamente insostenibles en su mayoría.

Ahora, en un demoledor informe del Tribunal de Cuentas, se concluye que las subvenciones asignadas al carbón para el periodo 2006/2017 se gestionaron de forma irregular, sin control interno y de forma ineficiente.

Este informe del Tribunal de Cuentas no deja lugar a dudas y refleja con una contundencia inusual el descontrol en las ayudas a la minería del carbón. En total, 1.786 millones de euros que se han movido de forma “ineficiente”, “irregular”, “discrecional” o, incluso, de forma opaca. En todos los casos, al margen de las mínimas normas de contabilidad pública. De esa cantidad, 1.105 millones de euros fueron destinados a infraestructuras y 681 millones a proyectos empresariales “sin que se elaboraran estudios, análisis o memorias que facilitasen información sobre el impacto de los fondos aplicados”.

El Tribunal de Cuentas se refiere al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, que era el encargado de gestionar los fondos públicos pese a que carecía de medios técnicos y humanos suficientes para gestionar tantos cientos de millones de euros.

El Tribunal de Cuentas pone como ejemplo la inexistencia de exámenes de viabilidad de las actuaciones a financiar, pero es que tampoco se fiscalizó si en la selección de las transferencias se tuvieron en cuenta ayudas previas en la ejecución de la misma infraestructura. Es decir, sí se cobraba dos veces o más por el mismo proyecto. Igualmente, tampoco se concretó la documentación técnica a aportar en relación con cada proyecto.

Entre las múltiples deficiencias se destaca el excesivo grado de discrecionalidad en la política de subvenciones, lo que unido al hecho de que el instituto para la reestructuración de la minería renunciara a las labores de comprobación e inspección, alimentó ese descontrol.

Y entre las irregularidades se encuentra la existencia de obras subvencionadas que se ejecutaron sobre terrenos de los que el ayuntamiento beneficiario “no era propietario”, lo que incumplía uno de los requisitos para obtener la subvención. Y se pone como ejemplo un caso en el que se descubrió la adquisición, financiada con cargo a las subvenciones de infraestructuras, por un ayuntamiento de un inmueble a una institución sin fin de lucro ajena al sector público. Esta operación, según el Tribunal de Cuentas, supuso un triple incumplimiento de la contabilidad pública.

Por todo ello, el secretario general de Podemos en Asturias, Daniel Ripa, ha puesto el grito en el cielo y anunciado que exigirán responsabilidades políticas ante la Fiscalía. Y yo me pregunto: esto es un chiste?, porque no hace falta ser ningún jurista para percatarse de que los fiscales solo están para depurar responsabilidades penales. Al menos hasta ahora.

Esto, en un “librín” que tengo yo en el despacho, se denomina delito de malversación y está castigado con penas de prisión. Pero no pasa nada, absolutamente nada, porque para eso somos todos de “izquierdas” y, además, bien sabido es que entre bomberos no se pisan las mangueras.

Muniellos

/1 Comentario/en , /por Mario Gómez Marcos (Cangas del Narcea, 1960 - 2023)

El monte de Muniellos es desde el siglo XVIII un bosque muy conocido y su fama ha atraído a numerosos naturalistas, industriales, ingenieros y turistas al concejo de Cangas del Narcea. Es, sin duda, uno de los símbolos de la naturaleza asturiana y, por tanto, uno de los principales recursos turísticos con que cuentan los concejos de Cangas del Narcea e Ibias.

Como natural y vecino de Cangas del Narcea, estoy muy interesado en conservar este monte, en protegerlo de amenazas (furtivismo, fuego, masificación de visitantes) y en preservarlo como una reserva natural para las generaciones futuras.

Hace más de cuarenta años que solo se permite el acceso al monte a veinte personas al día. En todo este tiempo el estado del monte ha cambiado y se ha regenerado considerablemente, en especial si tenemos en cuenta que desde 1973 no se ha vuelto a talar un árbol en su interior.

Igual que el bosque, en estos últimos cuarenta años, la sociedad y la actividad económica de Cangas del Narcea e Ibias también han cambiado mucho: la minería prácticamente ha desaparecido; la pérdida de población no cesa año tras año; el turismo, antes inexistente, se ha convertido en un medio de vida para bastantes familias; la declaración hace casi veinte años del Parque Natural de Fuentes del Narcea provocó unas expectativas que no se han cumplido; se ha construido un Parador Nacional en el monasterio de Corias y la actual crisis económica está agravando aún más las cosas en un territorio que ya lo tenía difícil.

A la vista de los cambios mencionados, y después de haber transcurrido más de cuarenta años, creo que ha llegado el momento de reflexionar sobre el sistema de visitas y entradas al monte de Muniellos, y de estudiar un posible cambio que, sin perjuicio del monte, favorezca la actividad turística de la población local.

Existe una demanda por parte de los propietarios de casas, hoteles y apartamentos rurales, y en general por todo el sector que vive de la hostelería y del turismo, para que se permita la entrada a más personas en el monte de Muniellos, y existe, también, una queja continua por parte de los turistas debido a las restricciones para entrar en él. El número de turistas que llega al concejo de Cangas del Narcea es pequeño, alrededor de diez mil personas al año, y, por supuesto, muchos quieren entrar en Muniellos.

Muniellos, como ya dije, es el símbolo de una determinada naturaleza y de un territorio, y la mecánica del turismo es acudir a esos lugares emblemáticos, que son los que las administraciones públicas “venden” u ofrecen para atraer la presencia de turistas. Es decir, que aunque el Parque Natural de Fuentes del Narcea sea muy extenso y tenga muchos lugares hermosos, la mayoría de las personas que visitan Cangas del Narcea quieren ver y pisar Muniellos. Esto no significa que estas personas tengan que internarse en lo más profundo del monte, ni que vayan a realizar una larga y fatigosa caminata por él. Eso es otra cosa. Lo que quieren es “tocar” el monte de Muniellos.

Por todo ello, considero que la Consejería competente debería de revisar el actual modelo de acceso al monte de Muniellos y sus medios de difusión. Según mi parecer, debería permitirse la entrada a más personas durante los meses y épocas de vacaciones, pues todo sabemos que en los meses de invierno las visitas son muy escasas e incluso algunos días no hay ningún visitante. Asimismo, debería valorarse la posibilidad de autorizar una entrada especial al lugar de Tablizas, para que un número mayor de visitantes pudiese recorrer un espacio acotado y durante un tiempo determinado; esto permitiría, por ejemplo, a escolares, personas mayores y familias con niños andar uno o dos kilómetros junto al río por ese lugar de entrada al monte, pero dentro de él.

Pienso que el monte de Muniellos debería contar con un servicio de visitas guiadas más completo que el que existe en la actualidad, que abarcase todas las situaciones, o sea tanto la visita de largo recorrido, como las visitas cortas al entorno de Tablizas. Los guías tendrían la misión de acompañar a los excursionistas en sus recorridos, explicándoles todo lo que van a observar: árboles, plantas, huellas de animales, paisaje, antigua actividad humana, etc. y también de ayudar, controlar y educar en el respeto a la naturaleza. Con este servicio de pago se crearían puestos de trabajo para jóvenes, que bien los necesita la zona. También debería fomentarse algún medio de transporte para grupos que una el pueblo de Moal con la entrada al monte.

En definitiva, mi propuesta pretende favorecer el desarrollo económico de los concejos de Cangas del Narcea e Ibias, y el mejor conocimiento del monte de Muniellos y la naturaleza, así como su conservación para las generaciones venideras.

Me consta que en el año 2013 desde “El Tous pa Tous, Sociedad Canguesa de Amantes del País” se hicieron gestiones al respecto ante el Principado de Asturias y que la Administración autonómica contestó diciendo que “… actualmente ya se está estudiando la posibilidad de modificar el número máximo diario de visitantes a la Reserva …” de Muniellos, pero lo cierto es que transcurridos más de siete años desde entonces seguimos esperando una solución.

Paciencia.

Un panorama inquietante que exige ponerse a actuar

/0 Comentarios/en , /por Mario Gómez Marcos (Cangas del Narcea, 1960 - 2023)

Transcribo a continuación el editorial de hoy del diario «La Nueva España».

Un panorama inquietante que exige ponerse a actuar

El Principado cuenta con potencial para reinventarse y capear los temporales: el sector agroalimentario progresa con mucha solidez y la marca Asturias como imagen natural y saludable cotiza al alza

23/02/2020

A perro flaco todo son pulgas y no hay mal que por bien no venga. Ambas expresiones del refranero popular sirven para la actual situación de Asturias. La repentina coincidencia de circunstancias adversas convierte este momento en inquietante para la región. Al cambio energético que tambalea el actual modelo económico se le unen un severo recorte de los fondos europeos, los próximos aranceles de EE.UU. a determinados productos, el veto a la industria armamentística y nuevas demandas de las autonomías nacionalistas, insaciables a la hora de obtener privilegios. Pero estos procesos –más que un cambio, otra época– también están abriendo oportunidades que hay que ayudar a nacer. A los asturianos y a los políticos concierne apuntalarlas para transmitir esperanza.

A la región se le acumulan las dificultades. Si negativas son las perspectivas de conseguir con la rebaja eléctrica planteada una igualdad competitiva de las multinacionales del metal frente a las europeas, el encubierto veto español a las exportaciones de armas compromete el panorama de otra rama industrial asturiana altamente especializada. Las complicaciones a este sector llegan por razones puramente ideológicas, no de rentabilidad económica o de ineficiencia de los trabajadores. A la par se incendia el campo. La reducción del presupuesto comunitario por el Brexit y la reorientación de las ayudas hacia otras prioridades deja tocados los fondos agrarios. De ellos depende entre el 30% y el 40% de la renta de los agricultores.

Salvar el medio rural y evitar el despoblamiento de las aldeas, de lo que tanto se habla, depende en gran medida de mantener las actividades agrícolas y ganaderas. Los agricultores de todo el país se han hartado de tanta demagogia. Nadie se da por aludido con su lamento. En una supina hipocresía, muchos de los culpables de su desesperada situación, empezando por los políticos, agarran incluso la pancarta de la protesta. Y restan escasos días para que llegue otro hachazo: la entrada en vigor de los aranceles de EE.UU. por la guerra comercial emprendida por Trump. Aunque el vino y el aceite van a ser los productos más damnificados, los quesos, la carne de cerdo y la sidra espumosa sufrirán aquí las consecuencias.

Por si fuera poco, las autonomías nacionalistas no dejan de pegar dentelladas a la tarta que suponen una amenaza para la igualdad entre los ciudadanos de un mismo país. Desinflamar el “procés” y “reencontrarse” con los independentistas va camino de costar muchos millones. Si se comprometen para Cataluña será a costa de dejar de invertir en otras partes. Asturias no puede tolerar más retrasos en sus infraestructuras básicas. Y el PNV acaba de lograr una aspiración histórica: la gestión de los 9.500 millones de las pensiones vascas. El Estado, todos los españoles, pone el dinero y el Gobierno vasco paga.

Viendo la habilidad de Euskadi en el manejo de cuentas como las del cupo acabarán obteniendo algún beneficio económico con esta operación. Pero lo decisivo de la cesión de competencias de la Seguridad Social a otra administración es que, a largo plazo y por la puerta de atrás, posibilita que el Ejecutivo de Ajuria Enea pueda incrementar los ingresos de sus jubilados, por cierto, los más beligerantes del país a la hora de exigir revalorizaciones. Un agravio, si eso llegara, para el resto de pensionados españoles, como también lo fue en su día la hacienda foral.

El Principado cuenta con potencial para reinventarse y capear los temporales. El sector agroalimentario progresa con mucha solidez. La marca Asturias como imagen natural y saludable cotiza al alza. El turismo tiene recorrido ofreciendo calidad, experiencias inéditas y aventura. El sector biosanitario está por desarrollar. En el ámbito tecnológico y científico, el incipiente polo consolidado constituye una buena base para despegar. Las multinacionales tradicionales investigan para convertirse en limpias. La transición verde descubre otros nichos en fabricación y diseño: molinos de viento, plataformas eólicas marinas y barcos que las asistan, estructuras para parques solares, biomasa, aprovechamiento forestal, almacenamiento de energía… Mismamente la cultura puede convertirse en una industria poderosa, al igual que la “economía plateada”, la asistencia específica a un segmento de población maduro de alto poder adquisitivo.

Para que el discurso positivo arraigue hacen falta dirigentes con criterio propio, ideas claras y un plan creíble en varios frente que una fuerzas.

Hay dos formas de afrontar las situaciones delicadas. O lamiéndose las heridas y paralizándose, añorando cualquier tiempo pasado que, aunque fuera mejor, nunca volverá, o poniéndose con valentía en marcha y pasando rápidamente a la acción. A los asturianos les toca exigir soluciones realistas y vigilar por su cumplimiento. Pero también implicarse en ellas con una actitud receptiva a los cambios, sin recelar de lo desconocido ni miedo a fracasar. La región necesita sacudirse el pesimismo. Para que el discurso positivo arraigue hacen falta dirigentes con criterio propio, nunca subordinados a otra causa que no sean los intereses de la región, ideas claras y un plan de actuación en varios frentes que resulte creíble y una fuerzas. Ante lo que está ocurriendo, caben muchas respuestas excepto una: el inmovilismo.