Supongo que la mayoría de los lectores, si no todos, habrán oído hablar de este repugnante suceso ocurrido en la localidad badajoceña de dicho nombre allá por el año 1902.

Este hecho conmovió a todo el país, habiéndose llevado al cine con la película “Jarrapellejos” (1988), dirigida por Antonio Giménez-Rico, protagonizada por Antonio Ferrandis e inspirada en el guion del escritor Felipe Trigo y Sánchez-Mora. Además la serie televisiva “La noche del Crimen” (1985-1991) le dedicó un capítulo dirigido por Antonio Drove, con Fernando Delgado, Emma Penella y Gabino Diego entre los actores de reparto.

La historia, que transcribo de la página web “Extremadura misteriosa”, es la siguiente:

“En la calle Padre Cortés de Don Benito vivían en un humilde zaguán, Inés María Calderón Barragán con su madre Catalina Barragán, viuda ésta desde hacía años. Ambas mujeres vivían solas, pues el otro hijo que tenía Catalina se encontraba realizando el servicio militar en Sevilla.

El pequeño zaguán tenía dos dormitorios, uno de ellos, alquilado al oculista Carlos Suárez, vecino de Villanueva de la Serena, el cual pasaba consulta allí. Madre e hija tenían muy buena fama en el pueblo, eran mujeres muy trabajadoras que se ganaban la vida cosiendo y planchando ropa para las familias más acaudaladas.

Inés, a sus 18 años, era una chica muy dulce y bella que levantaba pasiones en el pueblo, pero no era una chica fácil y llevaba por la calle de la amargura a uno de sus pretendientes, Carlos García de Paredes, “Don Carlos”, un joven cacique, soltero, de carácter chulesco, déspota y amigo de la bebida y de las mujeres.

También estaba enamorado de ella Saturnino Guzmán, un joven que profesaba un amor desmesurado hacia la joven, pero no correspondido. Saturnino a diferencia de “Don Carlos” era un chico educado y respetuoso.

Cansado, el señorito de las continuas negativas por parte de Inés de entregarse a él, un día decidió furioso que sería suya por las buenas o por las malas, en otras palabras o era para él o no era para nadie.

La noche del 19 de julio de 1902[1] “Don Carlos”, acompañado de uno de sus compañeros de juerga, Ramón Martín de Castejón, y ayudados por el sereno, Pedro Cidoncha, consiguen acceder a la casa de Catalina e Inés. Todo estaba perfectamente organizado: mientras el sereno llamaba a la puerta, “Don Carlos” y Ramón permanecerían escondidos y tras una señal del sereno, entrarían rápidamente.

Y así sucedió todo. Cidoncha llamó a la puerta de Catalina, que en un principio se resistió a abrir por ser ya de noche, hasta que el sereno le dijo que Carlos, el oculista, se había olvidado el maletín y venía a recogerlo, entonces Catalina abrió la puerta y le entregó el maletín, en ese momento y con el fin de despistar, el sereno le pidió un vaso de agua a Catalina, cuando esta va a por él, el sereno realizó con el farol una señal a “Don Carlos” y Ramón que rápidamente salieron de su escondite, entrando en la casa y escondiéndose.

En el momento en que Catalina se despidió del sereno y cerró la puerta, “Don Carlos” y Ramón, la emprendieron a golpes en la cabeza con ella hasta que cayó al suelo sin vida.

Al escuchar los gritos de su madre Inés, desde su habitación y muy asustada, se levantó de la cama y echó la frágil aldabilla de la puerta, pero de poco sirvió; a los asesinos no les costó echar la puerta abajo, y comenzó un forcejeo entre Inés y los asesinos. Inés logró escapar y ocultarse debajo de la cama de la otra habitación pero los asesinos la sacaron por los pies y tras abusar sexualmente de ella, la asestaron varias puñaladas que acabaron con su vida en aquel mismo lugar.

Al día siguiente, con la luz del día se descubrió todo. Pancha, la lechera que diariamente las servía, se extrañó al ver que por más que llamaba a la puerta nadie la respondía, por lo que decidió entrar en la casa, encontrándose directamente el cadáver de Catalina sobre un enorme charco de sangre. Muy asustada avisó a la Guardia Civil que no tardó en personarse en el lugar.

Allí, la Benemérita, además de hallar el cuerpo de Catalina encontró también el cadáver de su hija Inés, en el suelo de una habitación, con la cabeza debajo de la cama y el camisón subido hasta la cintura, con sus manos protegiendo los muslos. Parecía por su posición que se estaba defendiendo de una agresión sexual. 21 puñaladas tenía su cuerpo.

La casa se encontraba muy revuelta, con muchas marcas de sangre por suelo y paredes. Durante la inspección ocular llamó la atención la existencia de un maletín médico a los pies del cadáver de Catalina.

Don Benito estaba conmocionado y a la vez indignado por lo espeluznante del crimen. El Gobierno, quizás temiendo un levantamiento popular, hizo que las investigaciones se agilizaran, deteniendo en un primer momento a Carlos Suárez, el medico oculista, y a Saturnino Guzmán, el enamorado de Inés.

A pesar de esto, el pueblo no estaba contento, en las calles un clamor popular acusaba a Carlos García Paredes del asesinato, pero las autoridades se resistían a que prestase declaración. Seguramente por pertenecer a una familia adinerada se tardó en interrogarle, a pesar de que tenía un pasado bastante turbio, pues años atrás fue acusado de haber apaleado a un sereno, violar a una deficiente y de haber apuñalado a su propia madre.

El 3 de julio de 1902 a las detenciones de Carlos Suarez y Saturnino Guzmán se unieron las de García Paredes, su criado Juan Rando, acusado de limpiar las manchas de sangre del traje del señorito, y el sereno Pedro Cidoncha.[2] Por lo tanto existían entonces 5 sospechosos detenidos, proclamándose todos inocentes.

El día 1 de septiembre, sin que la presión popular del municipio hubiera remitido, apareció un testigo por sorpresa, el joven labrador Tomás Benito Alonso Camacho, que declaró que mientras volvía a su casa por la Calle Valdivia, había visto al sereno conspirando en la calle junto a “Don Carlos” y Ramón. El labrador contó cómo mientras el sereno llamaba a la puerta de Catalina, Ramón y “Don Carlos” se escondían y que en un momento dado el Cidoncha hizo un gesto con el farol que fue la señal para que los asesinos entraran en la casa.

Desconocemos por qué esta persona habló tan tarde, seguramente en un primer momento la recompensa ofrecida de 500 pesetas no fuera suficiente. Cidoncha y Ramón fueron identificados claramente por Tomás. Se supo posteriormente que Ramón pretendió a Catalina en repetidas ocasiones sin éxito años atrás. Este testimonio dejó en libertad a Saturnino Guzmán y al médico.

Los meses siguientes se celebró un largo juicio en el que fueron encontrados culpables “Don Carlos”, Ramón y Cidoncha. El 18 de noviembre de 1903 se conoció la sentencia: “Don Carlos” y Ramón condenados a garrote vil y el sereno a cadena perpetua.

Las ejecuciones se llevaron a cabo el 5 de abril de 1905 en Don Benito, cuentan que el fanfarrón de “Don Carlos” se vino abajo cuando tuvo que enfrentarse a su verdugo tanto que le fue imposible controlar sus esfínteres, por otra parte, Ramón sufrió bastante al morir, no falleció hasta el tercer intento del verdugo, ya que al haber padecido bocio tenía el cuello muy grueso. Podríamos decir que la torpeza del verdugo hizo de asesino de su víctima.”

Y el lector se preguntará que por qué escribo yo aquí, en esta bitácora canguesa, sobre El crimen de Don Benito.

Pues muy sencillo, porque el médico oculista inicialmente sospechoso del crimen era Carlos Suárez Flórez, natural de Cangas del Narcea y, para más señas, hermano de mi bisabuela materna. Y siempre oí contar en la familia que el pobre, pese a ser todavía joven, murió poco después de haber sido puesto en libertad a consecuencia del sufrimiento padecido durante sus mas dos meses en prisión acusado de un delito espantoso del que era completamente inocente.

¡¡¡ Ay de mi güey !!!

[1] Según el relato del Fiscal, los hechos sucedieron en la noche del 18 al 19 de junio (cfr. Diario ABC del 20/11/1903).

[2] El cronista se olvida de Ramón Martín de Castejón, que también fue detenido.

En los últimos años hemos leído y escuchado numerosos relatos sobre los maestros de la República, aquél colectivo tan importante de luchadores comprometidos contra el atraso y la incultura, símbolo de la preocupación por la educación plasmada ya en la Constitución de la Segunda República (1931), que en su artículo 48 definía un modelo de enseñanza pública, obligatoria, laica y gratuita.

El Estado se comprometía entonces a facilitar el acceso a todos los grados de enseñanza a los españoles económicamente necesitados “a fin de que no se halle condicionado más que por la aptitud y la vocación”, algo que hoy, en pleno siglo XXI y tras décadas del PSOE en el poder, todavía no se ha conseguido.

Yo tuve la grandísima suerte de ser alumno de Don Francisco Gallart (“Don Francisco el de La Cortina”) y de Don José Granell (“Don José El Astorgano”), maestros inolvidables, a los que cito aquí por el mismo orden en el que me dieron clase en la escuela primaria (3º y 4º, respectivamente), y que fueron, de una u otra forma, víctimas de la “represión” durante y tras la guerra civil.

Tengo unos maravillosos e imborrables recuerdos de ambos educadores, verdaderos maestros en el sentido clásico de la expresión, con una exquisita formación, porque sabían de todo lo que un rapacín puede alcanzar. Personas que, aunque fueses un niño de 8 o 9 años, como era mi caso, te impactan para siempre. Y cuando luego, ya de mayor, te enteras de lo que les pasó solo por formar parte de aquél colectivo de profesionales de la enseñanza, esa admiración adquiere tintes reverenciales.

Pero no solo los maestros fueron represaliados con traslados forzosos y verdaderos confinamientos lejos de sus lugares de origen. También sufrieron “purgas” los jueces y magistrados, con separación de sus cargos e inhabilitación para volver a ejercerlos, y sin embargo de estos no parece acordarse nadie.

Durante la guerra civil, la estructura judicial penal fue radicalmente modificada en el lado republicano. Hasta entonces, casi igual que como ahora, existían los Juzgados de Instrucción, las Audiencias Provinciales y el Tribunal Supremo, pero todos ellos fueron pronto sustituidos por los “jurados populares”, purgándose a todos los jueces y magistrados “desafectos”.

El detonante vino tras el asalto de la cárcel modelo de Madrid el día 22 de agosto de 1936 por parte de los milicianos, episodio en el que fueron ejecutados importantes políticos republicanos, entre ellos el famoso abogado asturiano Don Melquiades Alvarez González-Posada (1864-1936), por lo que el gobierno de Don Manuel Azaña Díaz (1880-1940), en un intento de poner cauce al descontrol de los grupos armados y de recuperar el orden perdido, ideó sobre la marcha una nueva planta de la Justicia que dejaba de lado la citada organización tradicional hasta entonces existente.

Se suprimieron las togas, por entender que eran un símbolo de la burguesía, y se crearon los “jurados populares”, cuya estructura era la siguiente:

• Tribunales Populares, que en un principio solo eran competentes para juzgar los delitos de rebelión y sedición y los cometidos contra la seguridad del Estado por cualquier medio, aunque luego se ampliaron a conocer de los delitos militares o comunes cometidos por militares o paisanos durante las operaciones de la guerra con ocasión de las mismas o en territorio donde dichas operaciones se realizaban y que por la índole de la infracción fuesen susceptibles de perturbar el normal desarrollo de las mismas. Estaban formados por tres jueces profesionales leales a la República, uno de los cuales actuaba como juez, y por 14 jurados populares designados por los partidos que integraban el Frente Popular y organizaciones sindicales afectas al mismo, atribuyéndose dos miembros a cada uno de dichos partidos y organizaciones El juez y los miembros del tribunal del jurado se sentaban todos juntos. El magistrado en el centro, acompañado del secretario, y rodeado por el resto de los jurados populares. El procedimiento de actuación del nuevo Tribunal era sumarísimo y se autorizaba a su presidente a designar fiscal y secretario; podía, además, actuar por sí solo en caso de notoria urgencia. Los Tribunales Populares venían a sustituir a las Audiencias Provinciales y podían imponer hasta penas de muerte.

• Tribunal Especial de Responsabilidades Civiles, formado por cinco funcionarios de Justicia, nombrados por el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, y doce jurados, seis de los cuales eran diputados a Cortes y los otros seis se extraían de una lista de veinticuatro que cada cuatro meses formarían los partidos y organizaciones sindicales del Frente Popular. Este Tribunal Especial tenía el poder de incautar los bienes de todos los desafectos al régimen y sospechosos de traición y espionaje, aunque no hubieran cometido delito alguno.

• Juzgados de Urgencia, a los que se les dio el cometido de conocer y castigar penalmente los actos de hostilidad y desafección al régimen que no fuesen constitutivos de los delitos previstos y sancionados en el Código Penal y en las Leyes penales especiales. Tenían esa consideración el dificultar voluntariamente y en forma no grave las normas para la defensa, la difusión de falsos rumores o noticias sobre operaciones de guerra, actuación del gobierno, situación económica o cualquier cosa que tendiera a crear alarma o estados de opinión adversos a la República, observar una conducta que, sin ser delito, demostrara que quien la practicara era una persona desafecta al régimen, alterar el precio, calidad, peso, racionamiento y distribución de artículos alimenticios, acapararlos, practicar la usura y cualquier otro acto que, por sus circunstancias y consecuencias se estimara nocivo a los intereses del gobierno del pueblo y de la República. Los Jurados de Urgencia podían ordenar penas de internamiento en campos de trabajo por un tiempo superior a un año e inferior a cinco.

• Jurados de Guardia, con responsabilidad para castigar las infracciones a los Bandos del Ministerio de la Gobernación que se consideraran como perturbadores del orden público, o que tendieran a perturbarlo, y aplicaban estrictamente el procedimiento sumarísimo regulado en el Código de Justicia Militar. Los Jurados de Guardia contemplaban las penas que establecía dicho Código.

• Jurados de Seguridad encargados de castigar a los presuntos vagos habituales y que asumieron las funciones que, hasta entonces, tenían los jueces de instrucción. Su ámbito de competencia eran los partidos judiciales, pero podían extenderse a toda una provincia. Los recursos de apelación contra sus sentencias los atendían los “Tribunales Populares” de la provincia respectiva. Los Jurados de Seguridad podían acordar el internamiento en campos de trabajo por el mismo tiempo que los Jurados de Urgencia.

De la antigua estructura judicial penal permanecieron el Tribunal Supremo, para conocer los recursos, y las Audiencias Territoriales (antecedentes directos de los actuales Tribunales Superiores de Justicia), con competencias facultativas, disciplinarias y de instrucción.

Cuentan las crónicas de la época que los jueces y magistrados profesionales que habían sobrevivido a las “purgas”, al igual que los fiscales y los secretarios judiciales, para mimetizarse con el ambiente, llegaban a ponerse el típico mono azul que vestían muchos milicianos.

Sin ánimo de desmerecer a los maestros, nada más lejos de mi intención, creo que los jueces y magistrados “purgados” por la República también se merecen un respetuoso recuerdo.

¡¡¡ Ay de mi gúey !!!

Para los que ya peinamos canas esto de internet nos ha pillado algo mayores.

Por eso, cuando el pasado día 1 de febrero me entró un ataque de “modernidad” y decidí abrir esta bitácora, no era consciente de la repercusión que la misma podía tener.

En poco más de un mes ha tenido casi 10.000 visitas (ayer sábado, sin ir más lejos, 397, y el mes pasado cerca de 7.000), que se dice pronto, y quizá lo más importante, 18 comentarios.

Los comentarios me parecen pocos, tengo que reconocerlo, pero soy muy consciente de que desde hace años en este país estamos perdiendo paulatinamente la libertad de opinión que tanto costó conseguir. La gente tiene “miedo” a exponer públicamente lo que piensa, a significarse, a mostrar sus ideas … y por ahí creo que vamos, muy mal no, fatal. Porque si en una democracia perdemos eso, el sagrado derecho a manifestar públicamente lo que pensamos, para mí lo hemos perdido todo.

Me llama la atención que por la calle unos (los más) me jaleen, en tanto que otros (los menos) me pongan cara larga. Pero esto para mí es muy reconfortante: los que me aplauden, porque eso siempre agrada, y los que me miran serios, porque me dan a entender que voy por el buen camino, que ladran, luego cabalgamos.

Pero dejando a un lado lo de la libertad de expresión, que no es broma, yo pensé que todo esto iba a quedar por la zona, pero resulta que la plataforma me informa de que los visitantes de la bitácora proceden de cuatro de los cinco continentes, quien lo iba a pensar, porque los hay de USA (166), Irlanda (111), Hong Kong (30), Reino Unido (19), Suiza (18), Francia (9), Suecia (7), Argentina (5) y un largo etcétera que incluye Alemania, Bélgica,  Canadá, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Japón, México, Perú, Portugal, República Dominicana, Serbia, Sudán … ¿Habrá algún cangués en Sudán?.

En fin, que lo de esta bitácora me está dejando “ojiplático”, como se dice ahora.

El pasado martes día 25 de febrero fallecía en su domicilio de Cangas del Narcea, a punto de cumplir los 101 años de edad, mi querido y admirado amigo y compañero don Florentino Quevedo Vega, doctor en Derecho y prestigiosísimo abogado, a quien en su día se le condecoró, a propuesta del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, con la Cruz Distinguida de la Orden de San Raimundo de Peñafort, galardón creado en el año 1944 y que el Ministerio de Justicia concede para premiar los relevantes méritos de cuantos intervienen en el cultivo y la aplicación del estudio del Derecho en todas sus ramas.

Fue precisamente con ocasión de la imposición de dicha condecoración, en un entrañable acto celebrado en la sede colegial el día 28 de enero de 2011 con asistencia de las más altas personalidades de la magistratura, la fiscalía y la abogacía asturianas, así como importantes representantes del mundo empresarial, un nutrido grupo de entusiastas amigos y, por supuesto, muchos familiares, cuando tuve el privilegio de realizar la laudatio in honorem de don Florentino Quevedo Vega y que, como dije entonces, no se trataba de una laudatio en el sentido de simple alabanza de los méritos, como consideraba Cicerón, sino en su más profunda acepción de laudare que, en los primeros tiempos del latín, significaba “designar al que es digno de ocupar puesto en la memoria y conversaciones de los hombres”.

Don Florentino Quevedo Vega había nacido en la localidad de San Miguel de Mones, municipio de Petín, provincia de Orense, el día 11 de Marzo de 1919.

En el año 1940 fue destinado como maestro a la villa de Cangas del Narcea, que pasó a ser desde entonces el lugar de su residencia habitual y el eje central de todas sus actividades.

En el año 1943 fue nombrado director interino de las escuelas de Cangas del Narcea hasta que, en el año 1949 y tras las correspondientes oposiciones, ganó la plaza en propiedad, desempeñando la misma de forma continuada hasta el año 1980 en que solicitó su jubilación voluntaria. Dedicó por ello a la enseñanza pública, como maestro y como director de un grupo escolar, prácticamente cuarenta años ininterrumpidos de su vida.

Sin embargo, don Florentino Quevedo Vega no se dio por satisfecho y así, en el año 1948, causó alta como procurador de los tribunales en el partido judicial de Cangas del Narcea, ejerciendo dicha profesión hasta que en el año 1961 cesó voluntariamente en la misma por las razones que ahora diré. Dedicó pues a la procuraduría casi trece años seguidos de su vida.

Pero en ese constante afán de superación que siempre le caracterizó, don Florentino Quevedo Vega todavía encontró tiempo para matricularse como alumno libre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo. Estamos hablando de los duros años cincuenta del pasado siglo, de una persona casada y con hijos, residente en una recóndita localidad asturiana donde trabajaba como maestro-director de las escuelas y ejercía como procurador de los tribunales, por lo que en estas circunstancias el estudio de la carrera de Derecho, con notables calificaciones como fue su caso, se convirtió en toda una proeza excepcional.

En el año 1961, nada más causar baja como procurador de los tribunales, puso en práctica su licenciatura en Derecho incorporándose como letrado ejerciente a al Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, habiendo pertenecido también a los colegios de Gijón, León, Valladolid y Madrid, entre otros, iniciando así su actividad de abogado que continuó desempeñando ininterrumpidamente  hasta pasados los 97 años. Dedicó así a la abogacía más de cincuenta y cinco años continuados de su vida y, además, de una forma absolutamente espectacular. Porque desde su bufete en Cangas del Narcea don Florentino Quevedo Vega intervino a lo largo y ancho de la geografía nacional en asuntos de la más variada índole, con notables éxitos en todas las ramas del Derecho que cultivó en su prolífica y espléndida actividad profesional.

Pero no contento con ser maestro-director de las escuelas y con ejercer como abogado, en una muestra más de su batalladora personalidad y de su extraordinaria capacidad de trabajo, realizó su tesis doctoral sobre Derecho Minero, alcanzando el grado de doctor en el año 1963.

En el año 1964 la prestigiosa «Editorial Revista de Derecho Privado» publicó en dos gruesos volúmenes su tesis doctoral bajo el título de «Derecho Español de Minas. Tratado teórico práctico» que rápidamente se convirtió en todo un referente en la materia y que, desde entonces hasta la actualidad, más de cincuenta y cinco años después (y esto, en el mundo del Derecho, es casi una eternidad), sigue siendo cita obligada en cualquier trabajo sobre Derecho Minero. Estos estudios de don Florentino Quevedo Vega abarcan desde las instituciones básicas de nuestros derechos público y privado hasta el análisis del Derecho comparado, de suerte que hay páginas dedicadas a los derechos francés, portugués, italiano e incluso al Derecho ruso, lo que si hoy, con los actuales medios, sería complicado, excuso decir lo que tuvo que suponerle en aquellos difíciles años, máxime al tener que compatibilizar las horas dedicadas a la tesis doctoral con sus trabajos como maestro-director de las escuelas y como abogado.

Para calibrar la importancia y trascendencia de ésta magnífica obra de don Florentino Quevedo Vega quiero referirme al siguiente sucedido: entre los años 2005 y 2006 se celebraron en Alicante las “II Jornadas Nacionales sobre Derecho de Daños” en las que intervinieron como ponentes más de 50 especialistas de toda España (baste decir que participaron en sus sesiones magistrados de todas las salas del Tribunal Supremo) y entre esos expertos se encontraba, nada más y nada menos, que don Luis Díez-Picazo y Ponce de León, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid, Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Presidente de la Sección Primera de Derecho Civil de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, Juez, Consejero de Estado y Magistrado del Tribunal Constitucional. Pues bien, este reputadísimo jurista participó en éstas jornadas con una ponencia titulada “Indemnización de daños y restitución de enriquecimientos” en el curso de cuya comunicación relató que hacía unos años, en su acreditado bufete madrileño, había llevado un caso de intrusismo minero que le había dado muchos quebraderos de cabeza pero que al final lograría resolver satisfactoriamente para los intereses de su cliente gracias precisamente a este libro de don Florentino Quevedo Vega al que citó expresamente en su conferencia y así figura recogido en las actas de las jornadas, que en el año 2007 publicó la “Editorial Dykinson”, y también en los «Anales» de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de ese mismo año 2007.

Aunque, como ya dije, el despacho profesional de don Florentino Quevedo Vega siempre estuvo radicado en la villa de Cangas del Narcea, se da la circunstancia de que su rigor y éxito en el trabajo le llevó a traspasar no solo las fronteras locales y regionales sino también las nacionales.

Conocí a don Florentino Quevedo Vega hace muchos años: como director del grupo escolar donde cursé mis estudios primarios, luego como buen amigo de mi padre, también abogado en Cangas, y, por último, desde el año 1984, como compañero en el ejercicio de la abogacía. Intervinimos juntos en muchos pleitos: unas veces enfrentándonos noblemente, como nos corresponde a los abogados, y otras ocupando ambos la misma posición procesal, intercambiando entonces argumentos jurídicos y compartiendo estrategias judiciales. Sé pues muy bien de quien estoy hablando.

Por eso, si ahora tuviera que resumir la personalidad de don Florentino Quevedo Vega, diría:

• que fue discreto, porque allí donde iba le gustaba pasar completamente inadvertido;

• que fue prudente, porque sabía lo aventurado que es el mundo del Derecho para un abogado;

• que fue tenaz, porque no daba nada por perdido, hasta el punto de que, en mi modesto criterio, pienso que su máxima vital podría ser perfectamente la del viejo aforismo que alude a “el agua que orada la roca”;

• que fue laborioso e infatigable, porque, por ejemplo, la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 jubiló a muchos abogados bastante más jóvenes que él, incapaces de abordar los enormes cambios que la misma iba a introducir en prácticamente todos los procedimientos judiciales, y sin embargo don Florentino Quevedo Vega, sin ayuda y a base de estudio, sacrificio y dedicación, llegó a dominar como nadie el nuevo rito procesal;

• y que poseía una gran inteligencia, porque sin ella no hubiera podido alcanzar nunca la cima de una profesión tan compleja como es la abogacía.

Pero quiero decir también que todas estas virtudes, que indudablemente adornaban a don Florentino Quevedo Vega, sin embargo no le impedían en absoluto ser:

• no solo una persona modesta, porque pudiendo vanagloriarse de tantas hazañas jurídicas protagonizadas, sin embargo nunca presumió de ninguna de ellas,

• sino también una persona humilde, porque en el trato con los demás no lo vi nunca, y nadie me lo ha comentado jamás, tomar actitud de persona de superior categoría, inteligencia o saber, aunque no hay ninguna duda de que poseía todo ello.

Don Florentino Quevedo Vega era un hombre hecho a sí mismo al que las vicisitudes de la vida, sobre todo en la Galicia profunda y en los duros tiempos en los que le tocó nacer, le obligaron desde muy pequeño al esfuerzo y al sacrificio permanentes. Y en esas continuó hasta el final, con un ritmo de trabajo frenético tanto en el tiempo (por las muchas horas que le dedicó pues lo hacía a tiempo completo) como en el espacio (por los numerosos viajes profesionales que continuamente realizaba) y, además, con una hiperactividad que a la mayoría de los jóvenes abogados de hoy les resultaría muy difícil de seguir.

Fue un auténtico titán de la abogacía, un insigne y eminente letrado reconocido como tal a nivel nacional, al que no se le puso nunca nada por delante, desde el conocimiento de disciplinas jurídicas prácticamente inexistentes en su época de formación universitaria hasta el empleo de las últimas tecnologías de la informática, asumiendo siempre con igual dedicación, esfuerzo y responsabilidad todos los asuntos que se le encomendaron, desde el más intranscendente hasta el más importante.

Para mí es el abogado “más completo” y “más eficaz” que he conocido nunca o, si se me permite emplear un anglicismo, propio del ámbito deportivo pero en todo caso sumamente expresivo por su significado, fue todo un ‘crack’ de la abogacía.

Don Florentino Quevedo Vega fue, nunca mejor dicho tratándose de toda una autoridad en Derecho Minero, una especie de “bulldozer” procesal en el sentido de que era un abogado que, con escrupuloso acatamiento de todas las normas de la deontología profesional y respetando siempre las reglas de la buena fe y la lealtad procesales (que, por cierto, tanto se echan de menos en los actuales tiempos), solía llevarse al contrario por delante en el sentido forense de la expresión, de suerte que las más de las veces resultaba un abogado imbatible.

Y terminaba yo diciendo en aquella laudatio in honorem: que, aunque quien tiene verdaderos y reales méritos no busca ni el aplauso ni los honores, en esta ocasión el Ministerio de Justicia había acertado de pleno al conceder tan alta distinción in iure mérita a don Florentino Quevedo Vega, condecoración otorgada al margen por completo de puestos políticos o de cargos institucionales pues, en mi humilde opinión, creo que esa fue de las escasísimas cruces de San Raimundo de Peñafort concedida única y exclusivamente en atención a una larga, brillante, fructífera y ejemplar trayectoria profesional como abogado.

Querido amigo y admirado Maestro, sid tibi terra levis.